La impunidad no es algo inédito en México. Es cierto que tiene larga raigambre histórica en el país. El crimen, la corrupción, la condición deficitaria del sistema de procuración de justicia, el fuero extralegal de servidores públicos y la frágil penalidad o castigo del delito en México nunca fueron fenómenos ajenos a la vida pública del país. Pero si bien se trata de un flagelo histórico, no es menos cierto –aunque algunos analistas minimicen u omitan flagrantemente este hecho– que la guerra contra el narcotráfico profundizó la crisis de justicia, amplió el horizonte de la corrupción y enseñoreó el abuso de poder y los excesos de la violencia estatal. En Veracruz esta crisis tiene rasgos de tragedia humanitaria. En esta sexta y última entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados bajo el título de “El Archivo del Terror de Javier Duarte”, abordamos el fenómeno de la impunidad en la administración del exgobernador Duarte de Ochoa, acudiendo a los testimonios de actores sociales para la reconstrucción de esa historia de horror no contada, y que, apenas transcurridos unos meses de ese fin de ciclo gubernamental, sigue causando escozor y sembrando muerte y destrucción en el estado.
VI. La ley de hierro de la impunidad
Durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, diversas organizaciones documentaron el enseñoramiento de la impunidad en el estado. Por cierto que esa ley de hierro de la impunidad persiste hasta la fecha. En Veracruz, sólo ciertos crímenes, que a menudo están envueltos en escándalos mediáticos, son meritorios de una averiguación ministerial o de una diligencia con estándares mínimos de apego procedimental-institucional. Que la violencia se recrudeciera en un contexto de impunidad ampliada no es ningún accidente: la excepcionalidad jurídica es una licencia para matar con fuero irrestricto. Guillermo O’Donnell alguna vez señaló que la corrupción, violencia e impunidad es resultado de una “evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado”. A propósito de esta cuestión, el investigador Salvador Maldonado aclara:
“[…] corrupción o impunidad no son prácticas que solamente distorsionen un estado de derecho o que sean un producto ‘natural’ de Estados deficientes o fallidos. Tampoco son prácticas y discursos que suspenden la ley o el derecho con el fin de afrontar situaciones excepcionales y posteriormente retornar a la ‘normalidad’… [Más bien] forman parte de ciertas tecnologías políticas que posibilitan la dominación por medio de la excepción a través de la suspensión del derecho y la amenaza de la violencia… la suspensión de la ley significa que la excepción no es un acto preestablecido, sino una voluntad del soberano, justo porque éste encarna la ley pero al mismo tiempo se sitúa por fuera de ella” (Maldonado, 2012).
Naturalmente estos “espacios” de excepción que describe el autor cobraron una dimensión extraordinariamente anti-social tras la declaratoria de guerra y el avance de la militarización.
Especialmente en el caso de las desapariciones, el saldo del gobierno de Javier Duarte es demostrativo de la inmunidad que dispuso el crimen para delinquir sin pena o castigo. En ese sexenio, la inmunización del criminal reposó, por añadidura, en la criminalización de las víctimas. El resultado es una historia probada de éxito criminal: impunidad a prueba de fuego.
En entrevista con el colectivo Equifonía, el personal denunció que el gobierno saliente únicamente efectuó medidas cosméticas, como la instauración de “mesas de trabajo” para dar seguimiento a los casos de desaparición, pero que nunca cumplió con el objetivo, que es la localización con vida de las víctimas.
“Lo que sí ha cambiado es el tener reuniones con una autoridad donde van a estar los MP’s que llevan el caso y van a informar a un superior. Eso ya le da otro matiz. Las familias nos cuentan que antes ellas tenían que hacer todas las diligencias, para recabar pruebas, para avanzar en cuanto a tener pistas sobre donde localizar a las familias. Ahora, aunque pueda haber una disposición por parte de ciertos servidores públicos, lo que no cambia es que no se localizan [a las personas desaparecidas]”.
Y esa notoria ineficacia es signo de una falta de voluntad política y de estructuras institucionales criminalmente reguladas frente a las cuales la población está totalmente inerme:
“Diligencias básicas, sí, a propósito de una disposición gubernamental. Pero lo que no cambia son las circunstancias que favorecen este tipo de delitos. Ahí es donde se han agravado. Pues es estar contracorriente. Y la corriente cada vez está más furiosa”.
“¿Dónde está la fuente de esta sistemática privación de derechos y justicia?”, se le pregunta a Equifonía. Lacónicamente advierten: “El poder criminal y el gobierno están coludidos”.
El testimonio del Colectivo por la Paz Xalapa es asombrosamente similar. Para efectos de practicidad expositiva, se reproduce parcialmente la entrevista sostenida en 2014 con integrantes del Colectivo, y que versó sobre el tema de la impunidad en la administración de Duarte. El testimonio de este colectivo y otros actores, constituye un insumo imprescindible en la documentación del terror que envolvió a Veracruz en ese aciago sexenio del ahora prófugo exgobernador (y protégée del PRI y del gobierno federal) Javier Duarte de Ochoa.
¿Si tuvieran que resumir la experiencia legal-procedimental de los deudos o familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría etc.), cuál sería su dictamen o juicio?
C.P.X. “En primer lugar, de los 67 casos que acompañamos, en todas, sin excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte de la procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía ministerial, servicios periciales…
“A veces cuando las familias tienen recursos, no sólo económicos sino recursos para la exigencia, logran avanzar un poco más, logran engrosar sus investigaciones. Pero la constante es que las instituciones no se mueven. Y dejan pasar todo el tiempo. Dejan pasar cinco años, y después de cinco años quieren ir a hacer una inspección ocular al lugar de los hechos. Esa es una constante. El camino legal varía mucho. Por ejemplo, hay una persona que desapareció hace tres años, cuyo familiar se le hizo una prueba de ADN, y no estaba en la base de datos tres años después. Varía. Pero la constante es la omisión”.
Pregunto porque hace poco un auxiliar de un agente ministerial confesó que la orden de “arriba” es abortar cualquier seguimiento en casos de desaparición.
C.P.X. “Me he encontrado con personal de menor rango en la procuraduría que me dicen: ‘Qué bueno que exijan’… Esto está arreglado, efectivamente, desde arriba. A veces nosotros hacemos un mapeo de actores, para tratar de conocer algunos antecedentes. Pero no veo que en Veracruz vaya a parar la desaparición forzada. No lo tengo documentado, pero a partir de algunos testimonios se sabe que ellos al tener el control de cerezos, al tener el control de Tránsito, tienen el control de todo. Y no permiten que haya una investigación real sobre los casos. Ellos nunca van a reconocer que un agente del Estado desapareció o mató a tal o cual persona. Y si el Gobernador mantiene en su puesto a ese agente sospechoso, entonces hay aquiescencia…
“Quienes se atreven a denunciar, o quienes integran las investigaciones han recibido amenazas. Entonces, si efectivamente hay órdenes para eso, ¿quién va a abrir una investigación por participación del crimen organizado o elementos estatales? Tiene que venir la Procuraduría General de la República. Aquí ni hay la capacidad ni hay la libertad ni hay condiciones. Si asomas la cabeza te dan ‘cuello’”.
¿Advierten una relación entre la guerra contra el narcotráfico y la socavación de derechos o la erosión de las instituciones responsables de la procuración de justicia (el orden legal)?
C.P.X. “Volvemos a la cuestión de los intereses, a los grupos que han permeado en el estado y en el gobierno. Si hay algún interés que deba protegerse, intereses políticos o económicos, entonces se dispondrá de todo el aparato del Estado para proveer impunidad e impedir la acción legal. Y también para pasarlo inadvertido. Todos esos intereses abonan a que la ley no se cumpla. El eslabón más bajo tiene la instrucción de que no se investigue. Efectivamente, la guerra va en detrimento de la funcionalidad de las instituciones...
“El Colectivo ha tomado un lugar importante, por ejemplo, en la interlocución con el procurador de justicia. Pero me da pena decirlo. Porque esa interlocución sólo ocurre en ciertos casos. Esa interlocución no debería ser un caso para unos cuantos. Debería ponerse al servicio de todas las víctimas directas e indirectas de estos delitos tan fuertes todo el aparato de procuración de justicia. Es muy selectivo por ese papel que tenemos de visibilizar y poner en evidencia cómo el Estado no actúa. Es una descomposición. Y el derecho es la primera víctima…
“Cualquier persona con un cargo mínimo puede accionar en contra de aquellas personas a las que debe proteger…
“El Estado no se preocupa de garantizar los derechos. Tenemos que asistir a instancias internacionales. El Estado nos ha vendido gradualmente. Esta es una estrategia que tiene décadas. Hay algunos poderes e intereses que no están descritos en el discurso. Todo lo mueven los intereses económicos; somos monedas de cambio. No hay un límite en utilizar el aparato del Estado, justificándolo a través de reformas, a través de guerra contra el narcotráfico. Usan el poder a su antojo y en función de sus intereses…
“Estamos en el país donde el peor criminal se puede ir por la puerta grande, y puede quedar todo en la impunidad. Este es el país no sólo donde nos venden, sino es el país donde todo queda impune. Y el Estado le abre las puertas a la impunidad, y a quienes se quieran adueñar de lo que tenemos. Esto tiene décadas tramándose. En México un partido lo impulsó”.
De los casos que sigue el Colectivo, ¿cuántos han sido resueltos satisfactoriamente por las instituciones responsables de la procuración de justicia? ¿Tiene noción más o menos de los porcentajes de impunidad?
C.P.X. “Se han resuelto 13. Y están pendientes 68. Pero no intervino la autoridad. Es más, en un caso de un desaparecido, después de ser liberado recibió amenazas de muerte. Y poco tiempo más tarde fue asesinado. Estuvieron involucrados policías. Verle la cara a alguien aquí es motivo suficiente para asesinar a una persona…
“En cuestión de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se localizaron los cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona que esté consignada ni procesada ni nada. En las desapariciones vigentes y que hacemos acompañamientos, solo en un caso hay alguien procesado por delitos federales. Y eso porque asesinaron a cuatro marinos en Poza Rica”.
¿Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad?
C.P.X. “Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario