Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. Cifras oficiales relativas al período 2006-2012, reportan que en el curso de esos seis años desaparecieron 27 mil personas. Un dato conservador si se admite que la contabilización de la desaparición carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia (o connivencia) rutinaria de las autoridades públicas.
También en este renglón, como en otros referidos en las entregas anteriores, la administración de Javier Duarte presentó saldos trágicos. Y las secuelas de ese orden siguen propiciando las condiciones para la comisión de este delito de lesa humanidad. Tan sólo el pasado 5 de enero (2017) en el puerto de Veracruz, cinco jóvenes turistas originarios de Oaxaca fueron víctimas de ese estado de terror que reina en la entidad: dos fueron acribillados y los otros tres desaparecidos. El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que hipotéticamente constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. Las pruebas sugieren que se trata de otro caso más de multihomicidio y desaparición forzada en Veracruz que involucra a agentes estatales.
Cabe recordar dos aspectos fundamentales de la definición que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas sobre el concepto de “desaparición forzada”: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.
En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, la administración de Javier Duarte es un catálogo de pruebas autoincriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013:
“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Zavaleta en Proceso 19-VI- 2013).
O esa otra del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-IV-2014).
Pero a pesar de la persistente negativa de reconocimiento, en la era de Javier Duarte la incidencia de esta modalidad de crimen rebasó la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:
“En la última semana de abril pasado [2014], la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Zavaleta en Proceso 18-IV-2014).
Esta cifra coincide con la información que divulgó el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de 2014. El reporte advertía que en esas desapariciones había por lo menos122 menores de edad.
De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición; lo que ubicó a Veracruz en uno de los primeros sitios en ese renglón de delito. La danza de los números abona al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomática del afán de encubrimiento.
No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial, por decreto de Javier Duarte:
En la edición del 12 de diciembre de 2013, La Jornada Veracruz reporta:
“[…] preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las manifestaciones en contra del MU por los famosos ‘levantones’ (desapariciones) todos bajo una misma forma de operar, pues registran viviendas sin orden de cateo y después nadie sabe nada de los desaparecidos… Pese a que se han presentado más de una decena de manifestaciones desde la llegada del Mando Único, de este tipo de denuncias sólo anotan dos en Asuntos Internos, de las cuales en una se asentó un número de patrulla que no existía, mientras que la segunda está siendo investigada” (Díaz en La Jornada Veracruz 12-XII-2013).
Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos.
Al colectivo Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le preguntó en 2014 sobre las condiciones que promovían la incidencia de este crimen. En el colectivo consideraron que la clave está en “la participación cada vez más evidente y cínica de la Policía Estatal en la desaparición o en la protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones. Es una protección cada vez más descarada de quienes se supone que son los delincuentes. Quienes se supone que deberían perseguirlos, son finalmente quienes los están protegiendo”.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad precisamente porque involucra a agentes de Estado. La naturaleza de este crimen imposibilita conseguir el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica es asequible, porque el Estado es el que comete u ordena el crimen, e igualmente el que juzga el hecho delictivo. Al respecto, el Colectivo por Paz Xalapa advierte:
“Justamente se trata de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá en Veracruz hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca reconoce que una policía acreditada está involucrada en un caso de desaparición forzada. Eso nunca va a ocurrir. Entonces es contradictorio esa condición de juez y parte. La única forma que tenemos de documentar o comprobar la participación de elementos policiacos es consultar a las familias o víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de cómo configura una denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se tienen que cuidar para no decir que se trata de desaparición, porque los pueden correr. Prefieren omitir. La desaparición forzada es una cosa que, a decir de las familias, a menudo ocurre. Sin embargo, pocas veces tienen elementos para denunciar abusos como policías que han entrado a domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o que se llevan a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran armas, rostros cubiertos, violencia”.
La desaparición forzada también es signo de excepcionalidad. Pero justamente lo que permite deducir el comportamiento de este delito es que la excepcionalidad no es una ausencia de Estado: es la excepción elevada a norma operativa de Estado.
Testimonios dan cuenta de esa renuncia a “la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad” que imperó en los años de duartismo:
“La familia carga con todo, tenemos el peso brutal de lo que se está pagando, desgaste económico, físico, emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas llegó a vivir la angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con nosotros, cenan, desayunan y duermen con nosotros, eso es lo que no se vale” (Aguirre en La Jornada Veracruz 22-VI-2015).
En no pocos casos las familias de las víctimas denunciaron acoso de la fuerza pública, máxime allí donde se tenían suficientes pruebas para demostrar que se trató de una desaparición forzada:
“Frente a las instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares de las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo [2015], presuntamente por elementos de la Fuerza Civil…
“Familiares de los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de buscarlos. Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados en sus domicilios” (Chiñas en La Jornada Veracruz 15-VII-2015).
En el Veracruz de Javier Duarte, la regla fue: “Ni Justicia, Ni Verdad”. Y no fue un asunto de inoperancia institucional. Al contrario, fue el resultado de una acción gubernamental concertada y altamente exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de control: es una forma de gobernar en Veracruz que el duartismo elevó a procedimiento rutinario.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161114_093115_185
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