En el reporte
número 61, publicado el último día de febrero pasado por el International
Crisis Group -organización independiente que trabaja para prevenir guerras y
definir políticas para construir la paz en el mundo- se reconoce la crisis
humanitaria que azota a Veracruz desde hace una década como una muestra
emblemática de los problemas que enfrenta el país en su conjunto. Titulado “Veracruz;
reforma el estado de terror mexicano” el reporte apunta a la connivencia entre
el estado y los grupos criminales como la causa central del problema.
De acuerdo con las declaraciones
de Falko Ernst, responsable de la investigación, al semanario Proceso, lo que más
llamó su atención –después de entrevistar a ciudadanos, periodistas locales,
familiares de desaparecidos, colectivos, agentes de la FGE y políticos- fueron “…
las instrucciones institucionales para obstaculizar la procuración de justicia,
ocultar la violencia y perpetuar la impunidad” Esta observación es
consistente con lo que se ha denunciado sistemáticamente desde distintos
ámbitos de la sociedad veracruzana; la impunidad de la delincuencia organizada
se basa en una política de seguridad que por principio se niega a reconocer los
hechos y en consecuencia a registrarlos e investigar las denuncias, todo para
ocultar las dimensiones de la tragedia y claro, para mantener su poder.
La justicia penal debilitada, la guerra
contra las drogas y el enorme poder y autonomía del de los gobernadores frente
al poder central en el nuevo siglo son los factores centrales que identifica el
informe como causas de la crisis humanitaria en Veracruz. En medio de la
corrupción gubernamental rampante, la depredación del medio ambiente, la
represión de las protestas ciudadanas y las amenazas a organizaciones civiles y
defensores de derechos humanos, la violencia y la impunidad se han apoderado
del estado. Los gobiernos de Fidel Herrera y el de Javier Duarte fueron los que,
a partir de la guerra impulsada por Felipe Calderón, impulsaron un modelo de
control político basado en el terror y la impunidad.
Frente a esta situación, las señales
provenientes del gobierno de Yunes Linares con respecto a la aparición de 11
cuerpos en Boca del Río el primero de marzo, no resultan muy alentadoras. El
hallazgo se dio en el contexto de la llegada de la Gendarmería Nacional a
Veracruz, hecho que mantiene la política de seguridad inaugurada por Fidel
Herrera en su gobierno: militarizar al estado a cambo de impunidad para sus
corruptelas, garantizada desde Los Pinos. Pero además, las declaraciones precipitadas
de Yunes -en el sentido de que todos los cuerpos encontrados en el municipio
que gobierna su hijo eran de criminales- parecen confirmar la estrategia de ‘ni
los veo ni los oigo’. Más concentrado en ampliar y fortalecer su poder, el
gobernador se muestra inclinado a mantener la política de seguridad en el
estado sin cambios significativos, a pesar de reconocer que la violencia crece
y que “En efecto tenemos un problema
grave, de policía muy minada por el crimen organizado”
En un detallado
reportaje, Noé Zavaleta ofrece datos que no dejan lugar a dudas que la
inercia de la violencia se mantiene e incluso se extiende a asaltos de bancos, robo
de autos y comercios con violencia, por todo el estado. Y si bien el gobernador
Yunes pidió tiempo para lograr resultados, la llegada de la Gendarmería Nacional,
la actitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los procesos electorales
en ciernes prefiguran la continuidad y no el cambio en la estrategia de
seguridad veracruzana.
El cambio indispensable para hacer frente a
la tragedia humanitaria -o a la guerra contra la población- debe partir, tal
como lo propone el reporte en cuestión, del reconocimiento del problema de los
delitos de lesa humanidad cometidos por la acción u omisión del estado. Reconocer
de manera parcial semejante realidad (por ejemplo admitiendo que las policías estatales
están controladas por la delincuencia organizada) deja de lado que el problema
tiene varias causas pero, sobre todo, que debe ser el estado el que tome la
iniciativa para acabar con la dinámica de impunidad programada desde las
instituciones. Además será necesario colaborar con la sociedad civil organizada,
que buscan desesperadamente a sus seres queridos, así como fortalecer la autonomía
de la Comisión de la Verdad y solicitar apoyo de organismos internacionales
para cubrir los huecos que la crisis financiera del gobierno ha ensanchado.
El problema es de todos, no sólo del gobierno. En la medida en que éste
último apoye las acciones de la ciudadanía y esté abierto a nuevas definiciones
del problema se podrá hacer frente a una crisis social de enormes dimensiones,
la cual no será resuelta con golpes mediáticos o acciones autoritarias. Pero
antes que nada, el estado debe reconocerse como parte del problema. Sin ese
cambio de actitud no hay esperanza posible y la guerra seguirá como hasta
ahora.
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