El conflicto
escenificado por Carmen Aristegui y MVS ha provocado una amplia reacción de
parte de un importante sector de ciudadanos, periodistas, políticos y
organizaciones de la sociedad civil. El fondo del asunto ha quedado definido
por dos posiciones opuestas: la idea de que el problema es entre particulares,
sostenido por el gobierno federal, y la idea de que el asunto tiene que ver con
la libertad de expresión, que ha sido sostenido en general por los que apoyan a
la conocida periodista.
Efectivamente, el
despido de Aristegui puede ser reducido a la oposición arriba mencionada, la
cual define claramente los límites de los derechos humanos en una democracia liberal.
Si bien esta última resulta ser el espacio ideal para la defensa de los
derechos humanos –según los liberales de todos colores- dicha defensa se agota
en el momento en que se presenta ante el templo del dios todopoderoso del
liberalismo: la propiedad privada.
De nada sirven
los tratados internacionales, las leyes e instituciones promovidas hasta la
náusea por el estado liberal por medio de las cuales se promueven libertades y
derechos, la verborrea de los políticos y funcionarios que una y otra vez se inclinan
ante la majestad de la dignidad humana; porque por encima de todo eso está la
libertad de explotar a quien se pueda amparado en la sacrosanta propiedad
privada.
La propiedad privada
resulta entonces el valor central de toda la democracia liberal y todo lo demás
se subordina a ella pues, de acuerdo a los teóricos de la democracia (Sartori
por ejemplo, en su libro Teoría de la democracia), sin liberalismo, o sea sin
el respeto irrestricto y absoluto a la propiedad privada, no puede existir la
democracia. Dicho de otro modo: la democracia sólo puede existir en un estado
liberal, el cual coloca en el centro de su deteriorado edificio a la propiedad
privada. Más aún, y de acuerdo con el autor italiano: “… más democracia no
implica menos liberalismo… nuestra democracia no puede ser más que un orden
jurídico apoyado en un complejo de términos de libertad.” Y ese complejo de libertad descansa precisamente
en la propiedad privada y todas las demás libertades giran alrededor de ella.
Sobra decir que
la mayoría de las personas, al detenerse a observar la democracia liberal no
logran traspasar el velo de los derechos humanos, del pluralismo, del estado de
derecho, del voto universal y las lecciones periódicas, que está ahí precisamente
para ocultar el hecho de que la democracia liberal es un traje hecho a la
medida para mantener como su principio básico la propiedad privada.
Es por eso que
resulta interesante observar las protestas de la ciudadanía en el caso del conflicto
de MVS vs. Aristegui. Demuestran que el velo de las libertades ya no cumple
como antaño con la finalidad de ocultar sutilmente al verdadero dios de la
democracia liberal. Más que defender a la periodista están defendiendo la idea
de que los límites para la existencia de la libertad no radican en la defensa
de la propiedad privada sino en la defensa de los derechos, en este caso el
derecho a la información y de la libertad de expresión. Que la propiedad
privada como bien privado, debe estar subordinada a los derechos humanos como
bien público. En la medida en que esta confusión se aclare –o al menos se
discuta y se visibilize- colocando en la base al bien público sobre los
intereses privados, estaremos en condiciones de construir una democracia al
margen del liberalismo, a pesar de lo que dijo Sartori.
Por eso no
sorprende la posición del gobierno federal al asumir que es un conflicto entre
intereses privados, lo que me recuerda una de las frases famosas de Vicente
Fox: ¿Y yo por qué? para responder a la exigencia para que interviniera en el conflicto
entre dos canales televisivos en enero de 2003. A pesar de que el espectro
radioeléctrico no es propiedad privada sino pública -por lo que el estado está
obligado a garantizar que las empresas que gozan de dichas concesiones coloquen
el derecho a la información por encima de su propio interés- la tendencia en el
manejo de los medios de comunicación en México apunta a una mayor concentración
que fortalezca la violación sistemática de los derechos humanos y que defienda
y promueve intereses privados. El uso privado de bienes públicos es claramente
una manera de limitar o conculcar derechos. En la democracia liberal todos los
derechos a una vida digna son subordinados a la garantía absoluta de la
existencia y ampliación infinita de la propiedad privada. Bien decía Proudhon:
la propiedad es un robo.
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