La espiral de violencia en las fronteras de nuestro país parece no tener fin, demostrando día con día que las autoridades han sido rebasadas, a pesar de las enormes cantidades de dinero que invierten en combatir al crimen organizado. Los feminicidios en Cd. Juárez están en el corazón de dicha espiral. Además de ser parte de la cada vez más abultada lista de asesinatos con violencia en dicha ciudad, han puesto en evidencia, una y otra vez, la misoginia de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia pero sobre todo su ineficacia calculada, su desprecio burlón. Recordemos que el actual procurador general de la república fue procurador del estado de Chihuahua, donde se le recuerda por recomendar a las jovencitas juarenses inscribirse en cursos de defensa personal.
En este sentido, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 10 de diciembre, con respecto a los tres casos de mujeres encontradas sin vida en Campo Algodonero, colonia de la ciudad fronteriza, es un hecho histórico, pues nunca antes se había logrado una condena a los feminicidios de Juárez. Pero además, el fallo estipula que "El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables" La CIDH realizará un seguimiento de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para evaluarlas. En caso de que el estado mexicano no responda satisfactoriamente, la CIDH informará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que sea ella la encargada de presionar a las autoridades mexicanas para cumplir la sentencia.
Después de años y años de negligencia resulta difícil pensar que los asesinatos de mujeres se terminarán gracias al fallo de la CIDH. Hará falta la movilización de la sociedad civil –algo que parece tomar impulso en Juárez- y la transformación radical de las políticas de seguridad de Calderón para hacer frente al problema. Las condenas de organismos internacionales pueden ayudar, de eso no cabe duda, pero habrá que pensar que mientras la población en su conjunto se mantenga al margen de las políticas de seguridad, o peor aún, sea vista como sospechosa por parte de las fuerzas de seguridad (no encuentro otra explicación para las reiteradas violaciones a los derechos humanos denunciadas en todo el país, por parte de las fuerzas armadas) las cosas van seguir empeorando.
No hay que olvidar que las violaciones a los derechos humanos son las omisiones de las autoridades para garantizar la vida digna de los ciudadanos. Las consecuencias que resultan de esas omisiones degradan la vida cotidiana, rompen con el tejido social y demuestran la debilidad y negligencia de los gobiernos. El terror como forma de vida sólo beneficia a unos cuantos. La falta de protección y de respeto a los derechos humanos nos perjudica a todos.
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