La alianza entre el PRI y el PAN demuestra claramente la inclinación del primero por reforzar su poder, aun a costa de ceder en cuestiones antes intocables para los miembros del otrora partidazo. Esto significa la derechización de un partido que, en su afán por seguir haciendo de las suyas, apuesta a la neutralización de la izquierda partidista para darle vida a un bipartidismo conservador que permita que las cosas sigan como están y con la esperanza de volver al gobierno federal.
Esta no es una idea nueva en el PRI. Ya desde el salinato se apostó a una alianza con la derecha política como la única salida para enfrentar a la alianza entre el cardenismo y la izquierda partidista, la cual supuestamente ponía en riesgo el desarrollo dependiente de los Estados Unidos y la venta de los bienes públicos nacionales. Fue por eso que Salinas impulsó el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano y una serie de reformas que provocaron su participación abierta en la política.
Las consecuencias del viraje salinista a la derecha -que le abrió la puerta a la iglesia católica para promover su agenda política, sobre todo en cuestiones educativas y en derechos de la mujer- la consolidó como un factor de poder, parapetada atrás del PAN y, desde el 2000, del gobierno federal. Gracias a ellos pero también del PRI, la sucursal del Vaticano en México ha podido revertir derechos fundamentales en buena parte del país. En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz fueron las bancadas priístas las que impulsaron las leyes antiaborto, mientras que en San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California fueron los panistas, con ayuda del PRI.
El caso veracruzano se distingue por las declaraciones de los actores que impulsaron la reforma. El obispado local, a través de sus voceros, declaró que ellos no tenían nada que ver en el asunto y peor aún, que fue el mismísimo padre celestial el que se apersonó en el Congreso, logrando influir en las almas desesperadas de los diputados. Por su parte, el gobernador pretendió quedar bien con tirios y troyanos (¿otra vez?) dejando sin efecto las penas de cárcel contra las mujeres para aplicárselas a los médicos que realizaran abortos. Sin embargo, sigue declarando que hay que proteger la vida desde la concepción y envió una propuesta de reforma constitucional para que semejante disparate sea parte nuestra Carta Magna. Y para no quedarse atrás en las puntadas declaró que la reforma antiaborto tiene como fin último proteger a la mujer. Pero le faltó decir que esa protección es contra sí misma. ¡Pobres mujeres que no saben lo que hacen!
Esta no es una idea nueva en el PRI. Ya desde el salinato se apostó a una alianza con la derecha política como la única salida para enfrentar a la alianza entre el cardenismo y la izquierda partidista, la cual supuestamente ponía en riesgo el desarrollo dependiente de los Estados Unidos y la venta de los bienes públicos nacionales. Fue por eso que Salinas impulsó el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano y una serie de reformas que provocaron su participación abierta en la política.
Las consecuencias del viraje salinista a la derecha -que le abrió la puerta a la iglesia católica para promover su agenda política, sobre todo en cuestiones educativas y en derechos de la mujer- la consolidó como un factor de poder, parapetada atrás del PAN y, desde el 2000, del gobierno federal. Gracias a ellos pero también del PRI, la sucursal del Vaticano en México ha podido revertir derechos fundamentales en buena parte del país. En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz fueron las bancadas priístas las que impulsaron las leyes antiaborto, mientras que en San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California fueron los panistas, con ayuda del PRI.
El caso veracruzano se distingue por las declaraciones de los actores que impulsaron la reforma. El obispado local, a través de sus voceros, declaró que ellos no tenían nada que ver en el asunto y peor aún, que fue el mismísimo padre celestial el que se apersonó en el Congreso, logrando influir en las almas desesperadas de los diputados. Por su parte, el gobernador pretendió quedar bien con tirios y troyanos (¿otra vez?) dejando sin efecto las penas de cárcel contra las mujeres para aplicárselas a los médicos que realizaran abortos. Sin embargo, sigue declarando que hay que proteger la vida desde la concepción y envió una propuesta de reforma constitucional para que semejante disparate sea parte nuestra Carta Magna. Y para no quedarse atrás en las puntadas declaró que la reforma antiaborto tiene como fin último proteger a la mujer. Pero le faltó decir que esa protección es contra sí misma. ¡Pobres mujeres que no saben lo que hacen!
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