El plan de ajuste del PP y los escándalos de la monarquía alimentan la rebelión en España

Derrotada la aventura imperial napoleónica en 1815, los conservadores ingleses y franceses  se dieron cuenta que detener, o incluso regresar los cambios sociales, resultaba contraproducente a todas luces pues alimentaba el conflicto social y las rebeliones, con lo que se ponía en riesgo la buena marcha de los negocios. Dos siglos después, la derecha española parece haber olvidado que la ‘transición política’ le abrió la puerta a los socialistas al gobierno para que la derecha y la monarquía siguieran mandando. Y vaya que les funcionó por más de veinte años, al grado de que en México los especialistas en la democracia la ponen como ejemplo de una transición exitosa y claro, democrática. Qué ironía que hoy por hoy, ambos países estén gobernados por la derecha, en una profunda crisis económica y con una tendencia muy marcada a aumentar impuestos y cercenar derechos sociales con el garrote en una mano y la constitución en la otra. ¿Final feliz?

Los recortes y apretones de cinturón al gasto público en el reino de España están cobrando víctimas a diestra y siniestra. Por un lado la sumisión de Rajoy a los designios de los banqueros alemanes está provocando una avalancha de despidos, desahucios, suicidios, crisis familiares, embargos… Las mayorías están enfrentando una terapia de shock para mantener los privilegios de unos cuantos, entre los que se distingue por supuesto la familia real y toda su corte de terratenientes y militares, pero que es la otra víctima evidente de la política económica del Partido Popular.

Habrá que decir que la monarquía también ha contribuido para acrecentar el número de personas opuestas al régimen. La irrefrenable ambición de enriquecimiento de Juan Carlos acabó convirtiendo a la familia real en un bufete de gestores comerciales y de negocios que, dado que se mueve en la ilegalidad sistemáticamente, acabó pasándole la factura, en particular a su yerno Iñaki Urdadangarín, quien enfrenta cargos por desfalco y corrupción pero sobre todo visibiliza el hecho del enorme enriquecimiento de la familia real gracias a su influencia en el gobierno y su relativa impunidad. 

Pero además, el rey parece seguir viviendo en un mundo en el que puede hacer lo que quiera sin enfrentar las consecuencias, cuando la situación es precisamente la contraria. Ya desde su altercado con el presidente Chávez se mostró ajeno al protocolo que exigen las reuniones de jefes de estado. Pero su viaje a Botsuana para matar elefantes podría ser una muestra más clara de esta esquizofrenia real. Justo en el momento en que la crisis económica estalla con toda su fuera en España el jefe del estado se encuentra matando animales protegidos a costa del erario y, para rematar, se cae y se fractura la cadera, lesión por excelencia de la senilidad. Los actores políticos institucionales, tan bien acomodados al régimen llegaron a sugerir la idea de que Juan Carlos debería abdicar para poder llevar la vida que desea y dejar los asuntos de estado a su heredero.

Y los tropezones han estado a la orden del día, desde los literales como el de principios de agosto hasta los virtuales como el reciente video en donde manotea y reconviene a su chofer enfrente de las cámaras. Resulta inevitable relacionar semejantes accidentes con la decadencia no sólo de su persona sino también de la monarquía como institución. La lista de pifias y muestras de rechazo por parte de la sociedad española es larga y la de los escándalos del rey aun más larga. El texto de Pascual Serrano De los escándalos sexuales al "Caso Urdadangarín"  me parece un excelente recuento porque al mismo tiempo que ofrece una panorámica de los escándalos subraya la complicidad de los medios de comunicación y de buena parte de la clase política española, no se diga la iglesia católica o los duques, barones y demás fauna. Después de todo están plenamente conscientes de que sus privilegios sólo serán maximizados en una monarquía, por lo que obstaculizan y criminalizan cualquier intento de cambio significativo, aun dentro de los márgenes de una economía capitalista.

Y es aquí en donde la derecha y el PP se dan un tiro en el pie. Al agraviar sin miramientos con un ¡Qué se jodan! a los pueblos de España para mantener las cosas como están aunque ya no den para más, simplemente legitiman la rebelión. Y en un contexto como ése sólo hace falta un actor/catalizador que acelere el descontento y al mismo tiempo lo alimente. Juan Carlos de Borbón está apoyando todas las medidas económicas tomadas por el gobierno de Rajoy y declarando a favor de ellas.

Recientemente se reunió el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), compuesto por los beneficiarios de las políticas de ajuste y que, sobra decirlo, seguirán como si ellos no tuvieran nada que ver con la crisis actual como: César Alierta (Telefónica), Francisco González (BBVA), Isidre Fainé (La Caixa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Pablo Isla (Inditex), Antoni Brufau (Repsol), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Juan Roig (Mercadona), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona). Según la nota “El objetivo del CEC es aportar propuestas que ayuden a la recuperación de la economía española, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la confianza internacional en España.” Nótese que cuando se habla de la economía española se refieren a sus negocios y no a los de todos los habitantes del país; cuando hablan de competitividad se planean las reformas necesarias para bajar salarios, reducir derechos sociales y aumentar impuestos; cuando hablan de confianza del mundo se refieren a que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional confíen en el gobierno español y Rajoy cómo conductores de los programas de ajuste económico. Lejos está Juan Carlos en estas reuniones con los causantes de la debacle financiera de convocar a un referéndum o un plebiscito para conocer la opinión de las mayorías. Más bien está preocupado de salvar a los banqueros para salvarse él. 

Dicen que la razón por la cual apresaron a Luis XVI en Varennes fue por disfrazarse para ocultar su verdadera identidad; tal vez si hubiese ido vestido de acuerdo a su rango no se hubieran atrevido. En todo caso, el hecho de haber intentado huir -abandonando a su reino para salvar su poder- fue un golpe mortal para la monarquía francesa como institución, a pesar de la restauración y los dos imperios. ¿Por qué no pensar que los continuos tropiezos de Juan Carlos y su desprecio por las consecuencias, mas la inhumana política económica de Rajoy abonarían al creciente desprestigio de la monarquía española y su eventual desaparición para abrirle el paso a la república? Si agregamos la decadencia de la iglesia católica en España y su complicidad tradicional con la monarquía, estamos frente a una situación en la que todo el prestigio ganado por Juan Carlos, a chuecas o a derechas, con el intento de golpe de estado de Tejero está evaporándose y de paso debilitando as aún la viabilidad del régimen. 

La derecha española mientras tanto atiza el fuego sin darse cuenta de que el costo político de los ajustes económicos no sólo le afecta al PP y su gobierno sino al régimen en su conjunto, con el rey a la cabeza.  No se ve que vaya a cambiar el rumbo de la política económica a corto plazo; en la medida en que se vayan asentando los recortes y aumentando el desempleo y la precariedad el descontento crecerá aun más. Y tal vez entonces, en un afán desesperado por salvar sus privilegios, los dueños del dinero en España le abrirán la puerta a la república para que pase por encima del cadáver de la monarquía y finalmente se cierre el trágico e infame periodo que inició con el golpe de estado encabezado por el ejército y la iglesia y que aun no finaliza, a pesar de transiciones pactadas o tal vez, precisamente por eso.

RIP al PRI

El #YoSoy132 –movimiento que consignará al museo de arqueología al decrépito dinosaurio tricolor– tiene claro quién es el enemigo a derrotar, a superar, y lo define con precisión histórica, política e intelectual. 

El PRI, dicen los sepultureros del octogenario, es el más oneroso lastre de México. Pero no el PRI como noción o estructura llanamente partidaria; más bien el PRI como concepción de Estado, como dictadura oficial que recurre al mimetismo multicolor (PAN, PRD etc.) para generalizar su monopolio. La competencia interpartidista no suprime el carácter monopólico del PRI, su fundamento empírico e ideológico, simplemente lo universaliza, le provee tentáculos que allanan el camino para una extensión irrestricta, anidándose, con éxito otrora irrefrenable, en las conciencias de todo un pueblo. Es la voluntad de una élite, cortejada por una sociedad que no acaba de fundar una auténtica patria, una sociedad hasta ahora incapaz de romper la siniestra sucesión de fracasos que la definen, aún titubeante ante la opción de un horizonte exento de coloniaje. El PRI es la expresión más nítida del carácter prehistórico de la nación mexicana. Es un signo de impotencia, es un recordatorio de la insuperable infancia de un pueblo que se debate entre el ser o no ser. Es un poder que miente y se miente a sí mismo, pues sólo la mentira convalida, legitima, excusa su existencia. Es la corrupción disfrazada de legalidad. Por eso la impunidad constituye un componente identitario persistente en su actuar. El PRI, de acuerdo con el #132, es una realidad nacional, una manera de ser, marcada por el autoritarismo, la degradación de la persona, la simulación sin recato, la mentira como factor aglutinador. Es el mito fundacional (Quetzalcóatl) devenido poder fetichizado (PNR, PRM, PRI-Estado). 

La sola irrupción del #132 anuncia la caducidad del sistema-Estado priista, y la nulidad de sus personeros PAN-PRD. Supone una conmoción en los cimientos de un edificio en ruinas. Se ha abierto una llaga en la parte más vulnerable de un cuerpo político doliente: su legitimidad ideológica. El #132 reprueba las formas caciquiles, congénitas al PRI-gobierno, no sólo discursivamente, sino también, y acaso más vigorosamente, en la práctica. Cabe aquí hacer un paréntesis para advertir que la expresión más vívida de los resabios ideológicos priistas se observa en los alaridos que acusan al #132 de estar dirigido por un cacique. El cacicazgo dormita en la psique de las conciencias retrogradas, y a menudo se le endosa a los grupos en animadversión con el gobierno constituido. Pero no es más que un síntoma de una deformación patológica, tristemente presente en muchos mexicanos, que impide concebir una asociación humana desprovista de caciques, caudillos o dirigentes protagónicos. Para el PRI-conciencia, todo acto es resultado de un proceso vertical, jerarquizado. 

Empero, en esta renuncia deliberada a las formas y fórmulas priistas, el #132 explícitamente prefigura un cosmos societal que niega cabida al cacicazgo, y envía un mensaje tácito pero irreductible: los mexicanos no necesitan ser conducidos. 

Dice el refrán que 'muerto el perro se acabó la rabia'. Pero acá se invierte la ecuación. La enfermedad que por mucho tiempo nos cegó, inmovilizó, enemistó, está siendo erradicada con base en un remedio efectivo: el encuentro con el otro, la unión, la colaboración horizontal. Una vez expirada la rabia, el perro queda solo, sin argumentos. El PRI no será más necesario: México quiere “ser”. Desde abajo se construye una sociedad cuyos postulados son: “Alteridad, Solidaridad, Liberación”. En una comunidad que predica estos principios, el PRI-realidad-nacional es un anacronismo. 

El fin del PRI es inexorable. Como alguna vez expresara el infame Fox: tan sólo “hay que darle un empujoncito”.

¿Es tan malo ser antisistema?

Francisco Fernández Buey y Jordi Mir

 Público

Venimos observando que, en los últimos tiempos, los medios de comunicación de todo tipo han puesto de moda el término antisistema. Lo usan por lo general en una acepción negativa, peyorativa, y casi siempre con intención despectiva o insultante. Y aplican o endosan el término, también por lo general, para calificar a personas, preferentemente jóvenes, que critican de forma radical el modo de producir, consumir y vivir que impera en nuestras sociedades, sean estos okupas, altermundialistas, independentistas, desobedientes, objetores al Proceso de Bolonia o gentes que alzan su voz y se manifiestan contra las reuniones de los que mandan en el mundo.

Aunque no lo parezca, porque enseguida nos acostumbramos a las palabrejas que se ponen de moda, la cosa es nueva o relativamente nueva. Así que habrá que decir algo para refrescar la memoria del personal. Hasta comienzos de la década de los ochenta la palabra antisistema sólo se empleaba en los medios de comunicación para calificar a grupos o personas de extrema derecha. Vino a sustituir, por así decirlo, a otra palabra muy socorrida en el lenguaje periodístico: ultra. Pero ya en esa década la noción se empleaba principalmente para hacer referencia a las posiciones del mundo de Herri Batasuna en el País Vasco. En la década siguiente, algunos periódicos a los que no les gustaba la orientación que estaba tomando Izquierda Unida ampliaron el uso de la palabra antisistema para calificar a los partidarios de Julio Anguita y la mantuvieron para referirse a la extrema derecha, a los partidarios de Le Pen, principalmente, y a la llamada izquierda abertzale. Así se mataba de un solo tiro no dos pájaros (de muy diferente plumaje, por cierto) sino tres.

Esa práctica se ha seguido manteniendo en la prensa aproximadamente hasta principios del nuevo siglo, cuando surgió el movimiento antiglobalización o altermundialista. A partir de entonces se empieza a calificar a los críticos que se manifiestan de grupos antisistema y de jóvenes antisistema. Pero la calificación no era todavía demasiado habitual en la prensa, pues el periodista de guardia de la época, Eduardo Haro Teglen, en un artículo que publicaba en El País, en 2001, aún podía escribir: “Las doctrinas policiales que engendra esta globalización que se hace interna hablan de los grupos antisistema. No parece que el intento de utilizar ese nombre haya cundido: se utilizan los de anarquismo, desarraigo, extremismo, agitadores profesionales. Pero el propio sistema tendría que segregar sus modificaciones para salvarse él si fuera realmente un sistema y no sólo una jungla, una explosión de cúmulos”.

En cualquier caso, ya ahí se estaba indicando el origen de la generalización del término: las doctrinas policiales que engendra la globalización. Desde entonces ya no ha habido manifestación en la que, después de sacudir convenientemente a una parte de los manifestantes, la policía no haya denunciado la participación en ellas de grupos antisistema para justificar su acción. Pasó en Génova y pasó en Barcelona. Y también desde entonces los medios de comunicación vienen haciéndose habitualmente eco de este vocabulario.

El reiterado uso del término antisistema empieza a ser ahora paradójico. Pues son muchas las personas, economistas, sociólogos, ecólogos y ecologistas, defensores de los derechos humanos y humanistas en general que, viendo los efectos devastadores de la crisis actual, están declarando, uno tras otro, que este sistema es malo, e incluso rematadamente malo. Académicos de prestigio, premios Nobel, algunos presidentes en sus países y no pocos altos cargos de instituciones económicas internacionales hasta hace poco tiempo han declarado recientemente que el sistema está en crisis, que no sirve, que está provocando un desastre ético o que se ha hecho insoportable. Evidentemente, también estas personas son antisistema, si por sistema se entiende, como digo, el modo actualmente predominante de producir, consumir y vivir. Algunas de estas personas han evitado mentar la bicha, incluso al hablar de sistema, pero otras lo han dicho muy claro y con todas las letras para que nadie se equivoque: se están refiriendo a que el sistema capitalista que conocemos y en el que vivimos unos y otros, los más moran o sobreviven, es malo, muy malo.

Resulta por tanto difícil de entender que, en estas condiciones y en la situación en que estamos, antisistema siga empleándose como término peyorativo. Si analizando la crisis se llega a la conclusión de que el sistema es malo y hay que cambiarlo, no se ve el motivo por el cual ser antisistema tenga que ser malo. El primer principio de la lógica elemental dice que ahí hay una incoherencia, una contradicción. Si el sistema es malo, y hasta rematadamente malo, lo lógico sería concluir que hay que ser antisistema o estar contra el sistema. Tanto desde el punto de vista de la lógica elemental como desde el punto de vista de la práctica, es indiferente que el antisistema sea premio Nobel, economista de prestigio, okupa, altermundista o estudiante crítico del Proceso de Bolonia.

Si lo que se quiere decir cuando se emplea la palabreja es que en tal acción o manifestación ha habido o hay personas que se comportan violentamente, no respetan el derecho a opinar de sus conciudadanos, impiden la libertad de expresión de los demás o atentan contra cosas que todos o casi todos consideramos valiosas, entonces hay en el diccionario otras palabras adecuadas para definir o calificar tales desmanes, sean éstos colectivos o individuales. La variedad de las palabras al respecto es grande. Y eligiendo entre ellas no sólo se haría un favor a la lengua y a la lógica sino que ganaríamos todos en precisión. Y se evitaría, de paso, tomar la parte por el todo, que es lo peor que se puede hacer cuando analizamos movimientos de protesta.

Francisco Fernández Buey y Jordi Mir son Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1208/%C2%BFes-tan-malo-ser-antisistema/

La alianza entre Felipe Calderón y Enrique Peña y el affaire MVS en México

Uno de los obstáculos vigentes del régimen político y baldón definitivo de la falsa transición a la democracia en México son los medios de comunicación, quienes cumplen grosso modo el mismo papel que cumplieron en los tiempos de Ruiz Cortines o Echeverría: apuntalar la dominación y beneficiarse, vía alianza con el presidente en turno, lo más que se pueda, porque los vientos políticos suelen cambiar. Si no pregúntele a Carlos Slim, que de haber sido el más beneficiado con la ola de privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas pasó a ser el puerquito de los presidentes panistas. No se ve que vayan a cambiar muchos las cosas con el próximo presidente; la alianza recién desechada por el IFE entre Peña y Televisa -visible para mucho- seguramente se mantendrá, sobre todo ahora que el candidato priísta podrá repartir el pastel de la banda de 2.5 Ghz. 

Las pugnas entre fracciones de la burguesía por monopolizar las frecuencias y ofrecer banda ancha que, como el agua o la luz, serán parte de la cotidianidad de millones de personas, tendrán al presidente en turno como fiel de la balanza. A éste no le importarán lo intereses colectivos si no, como lo demuestra el caso MVS plenamente, los intereses de su grupo, a pesar de que para ello deba interferir para impedir una mejor la calidad en las comunicaciones, afectando a millones de personas. Por un lado Calderón y los de su clase su ufanan de ofrecer internet gratis y equipos de cómputo pero por el otro mantienen a los cibernautas nacionales con tecnología de segunda para favorecer las ganancias de una o varias corporaciones que le ayuden a mantenerse en la silla. Al permitirles gozar de un monopolio de facto, con la condición de que desinformen y manipulen a la audiencia en su beneficio, los presidentes mexicanos se han esmerado en mantener una pieza clave del régimen político presidencialista, incluso al grado de que es posible percibir un mayor margen de maniobra por parte de las televisora, al mismo tiempo que los políticos dependen más de los medios para existir.

Toda la discusión en curso sobre la expropiación de la banda de los 2.5 Ghz, en buena parte está concentrada en la ‘injusticia’ que se comete contra el MVS al retirarle el usufructo casi con los mismos argumentos que los que usaron en contra de Chávez en Venezuela cuando el estado decidió no renovar las concesiones de televisoras que utilizaron todo su poder mediático para derrocar al propio Chávez años atrás. Entonces como ahora se coloca el conflicto en términos de ataques a la libertad de expresión y libertad de empresa.

Sin embargo, la injusticia radica en que son sólo un puñado de personas son en realidad las que disfrutan de las condiciones económicas y posibilidades políticas para desarrollar proyectos como el que hoy MVS comienza a perder. La inmensa mayoría no tendrá semejante privilegio y además será la que le genere, atada a los monopolios, enormes beneficios a esos pocos ‘suertudos’. La discusión no está en las injusticias sufridas por un pez gordo, miembro distinguido de la burguesía nacional, como Joaquín Vargas; no, está en la búsqueda de nuevas formas de acceso a las frecuencias, más desde una perspectiva incluyente y abierta, que haga posible que la sociedad en su conjunto pueda acceder al uso democrático de la banda 2.5 Ghz. Que no sea el dinero el factor determinante para asignar concesiones pues este criterio deja a la mayoría fuera de la posibilidad de definir los contenidos para comunicarse con la comunidad, la región, el mundo. Nos convierte en consumidores pasivos de contenidos definidos de acuerdo a criterios particulares y además sin poder articular mensajes.

Al observar el revuelo que ha causado el conflicto entre Calderón y MVS no puede uno dejar de pensar en la represión que enfrentaron los miembros del Excélsior y su director, Julio Scherer y en cómo el presidencialismo todavía agita con fuerza una de sus alas para mantener vivo el régimen político. Si los transitólogos pensaron que con la alternacia, la confiabilidad en las elecciones y la existencia de instituciones autónomas –que por cierto cada vez se sostienen menos, sobre todo los dos últimos, y cada vez son menos autónomas si alguna vez lo fueron- la transición estaba realizada se olvidaron de las facultades metaconstitucionales de presidencialismo mexicano. Y si bien la clase política se empeñó en desarmar al ejecutivo federal esto no quiere decir que ha dejado de existir su poder. El mecanismo de la concesión le da un enorme margen de intervención y de afectación de particulares pero sobre todo de incidir, de estorbar y favorecer, con limitaciones claro, en el desarrollo de la economía. 

Tal vez por ello lo que habría que hacer es sacar el conflicto del espacio de la injusticia hacia un particular, MVS, para discutir como abrir los procesos de concesiones a la sociedad civil. En Acapulco Guerrero, lo que queda del Movimiento Progresista “adoptó un resolutivo especial mediante el cual acordó luchar por rescatar la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) para Multivisión (MVS)” en lugar de promover leyes que rompan con la concesión a grupos privilegiados y de acuerdo a la coyuntura política. La izquierda mexicana defendiendo a la burguesía nacional no parece ser algo nuevo aunque habría que subrayar la ausencia de crítica del conflicto, insistiendo en alinearse con los intereses de una empresa privada y de la partidocracia en su conjunto, deslindándose definitivamente de AMLO para empezar los ‘acuerdos’ con el PRI y el PAN para las reformas anunciadas por Peña Nieto.

Al final el conflicto con MVS denota una clara ruptura en el seno de la clase dominante ya que el enfrentamiento tiene significado económico pero sobre todo político. Al surgir una veta de explotación para los próximos cincuenta años es normal que los dueños del dinero se empujen y eventualmente se maten, pero también es un buen momento para tratar de cambiar el rumbo y develar lo que hay detrás de las cuestiones de legalidad o los supuestos berrinches de Calderón. Las pugnas por el botín que ‘reparte’ el presidente son consustanciales a un régimen que está muy lejos de ser democrático, como tanto presume. Mas parece un virrey quien, sujeto a poderes superiores, procura aprovechar las ventajas de estar en el territorio y, si a veces no puede impedir,  si puede poner obstáculos formidables que pospongan indefinidamente una causa.

La prueba de lo anterior descansa en el hecho de que el fin último de la expropiación no es revalorizarla para lograr mayores ganancias si no ponerla a tiro para que Televisa lleve mano en un eventual proceso de asignación de concesiones y pueda ampliar su fuerza frente al grupo de Slim, reordenando el sector para mantener un club privilegiado que responda utilizando toda su capacidad mediática para fortalecer la alianza. Al igual que el caso Assange, en donde el pretexto es el cargo por violación en Suecia cuando el fin último es que sea juzgado en los Estados Unidos, el argumento del gobierno mexicano es que MVS pagaba muy poco por los derechos cuando que también Televisa ha recibido concesiones pagando muy debajo del precio internacional. Todos los detalles de si fue Aristegui la que causó todo o de que si el honor de un presidente estaba en juego dejan de lado el proceso en su conjunto, sobre todo después del 2000, cuando el PAN tomó Los Pinos y se empezó a reconfigurar la red de alianzas del gobierno federal con los empresarios. Insisto, el regreso del PRI no va a cambiar mucho las cosas. La pregunta persiste: ¿Qué hacer para democratizar el acceso a las comunicaciones y a la información? ¿Qué tiene que ver con la banda 2.5 Ghz?

Aquí es necesario señalar que las frecuencias y los medios son parte de un mismo problema: la tremenda desigualdad que existe entre quienes las monopolizan y quienes, incluyendo el estado, dependen de las ´virtudes’ de la libre empresa a la hora de abrir el acceso al derecho a la información, por citar uno. Hasta ahora, mientras en EEUU la banda ancha es un hecho consolidado en México seguimos con banda normal, lo que nos coloca en otra dimensión para los que usamos el ciberespacio no sólo para el entretenimiento o la comunicación y para todo usuario. Encima de esto resulta que el servicio que ofrecen los monopolios para tener acceso a Internet son, agárrese, más caros. Sí, mucho más caros. Todo el asunto con MVS  está lejos de poner en cuestión la estrategia de las corporaciones que quieren ‘invertir’ en el campo de las telecomunicaciones, que no es otra que ganar dinero. Se enarbolan intereses privados ocultos detrás de intereses públicos, pero además está lejos de señalar la enorme discrecionalidad del poder presidencial para intervenir –cuando se dice y se repite que el estado no debe intervenir en la marcha de los negocios- y aunque todos pongan el grito en el cielo ninguno de ellos se está preguntando cómo evitar que el presidente en turno posea tal poder, mucho menos cómo abrir los medios y las frecuencias a la sociedad civil, a las comunidades indígenas, a las universidades y asociaciones, a los partidos y las iglesias. 

Al final, la jugada de Calderón le pone en bandeja a su sucesor la repartición de la banda ancha a cambio, es de suponer, de que sus tropelías, crímenes y corruptelas queden impunes. A Peña esta decisión le cae como anillo al dedo pues le abre la posibilidad de fortalecer su alianza con Televisa iniciando el sexenio gracias a las eventuales concesiones preferenciales de la bandad 2.5Ghz a la empresa de Azcárraga Jean. Si se toma en cuenta que Calderón permitió que Televisa entrara a la telefonía gracias a su alianza comercial con Iusacell y, al mismo tiempo, le cerró el paso a la posibilidad de que Telmex de entrar a la televisión, bien se podría afirmar que el ganador de las elecciones del 2012 no fue el PRI sino el duopolio televisivo.

El ocaso de los partidos políticos

Oscura realidad la que nos envuelve, asfixia, constriñe. Me pregunto si las generaciones que lucharon contra el régimen autoritario erigido en las postrimerías de la segunda posguerra y por la ampliación de derechos políticos, humanos, con pretensión universal, imaginaron que sus banderas e idearios serían toscamente contravenidos a la faz de una borrachera de poder a la que sólo fueron invitados los neófitos privilegiados del neocapitalismo mexicano. Asombra descubrir cuán eficaz ha sido el Estado mexicano para hacer valer el derecho privado y las apetencias egoístas en detrimento del derecho público. Y conste que las generaciones nuevas no conocemos vívidamente el alcance o radicalidad de aquellas luchas. Empero, pareciera que la resistencia de nuestros antepasados mediatos e inmediatos dejó intacto el carácter esencialmente autocrático del poder en México. Tan sólo véase cuanto poder discrecional acumulan los partidos políticos –instituciones irrenunciablemente corruptas enquistadas en el corazón de nuestro sistema social. En México, como en casi todas las latitudes de la mal llamada “aldea global”, el poder soberano radica en los partidos, nunca en el pueblo. Configuran una suerte de administrador omnímodo a cargo de la distribución de la riqueza mal habida y la miseria reiterativa. 

No pocos historiadores sostienen que la primera guerra mundial supuso para la izquierda una escisión de las organizaciones obreras, y la aquiescencia, si bien subterránea, de los totalitarismos fascistas, para la derecha. Pero, ¿qué hay de la segunda guerra mundial? Existe un millar de respuestas a esta interrogante. Un corolario que vale la pena destacar es la conformidad de la(s) izquierdas y la(s) derecha(s) en lo tocante a los partidos políticos como agentes efectivos de representación colectiva. A nuestro juicio, aquí es donde se hace más evidente la caducidad de la antinomia izquierda-derecha, pues la segunda guerra mundial, como bisagra histórica, supuso la delimitación de un campo en torno al cual habría de dirimirse todo lo político, esto es, todo lo concerniente al conflicto social y humano, así como la consolidación de los partidos como factores dinámicos del ejercicio político. Acordando, tácita o explícitamente, que todo cuanto desbordara estos limítrofes decretados debía sofocarse sin contemplaciones. Y vaya que perseveraron. Sólo así se entiende que las alternativas apartidistas figuren apenas accesoriamente en la política nacional. Y acaso también por esto Cuba significó una autentica indigestión para EE.UU. y la U.R.S.S. –grandes beneficiarios del reordenamiento mundial surgido de la segunda guerra mundial. Su sistema de partido único, si bien equivalente al partido comunista soviético, delegaba funciones legislativas a órganos barriales u organizaciones de menor rango, desafiando el centralismo congénito a cualquier sistema de partidos. Al final, el partido comunista cubano acabó por desempeñar el mismo papel que los sistemas pluripartidistas en otros países, monopolizando la toma de decisiones en un ejercicio deliberativo estrictamente cupular. 

De lo antedicho se desprenden las siguientes observaciones. Los partidos políticos tienen estructuras organizativas verticales: su propuesta de nación no puede ser otra que la de una sociedad igualmente jerarquizada. Los partidos políticos existen en función de intereses sectoriales: su oferta política necesariamente debe ser sectorial, más aún, de clase. Los partidos políticos, cuyo afianzamiento se realiza en el ocaso de la segunda posguerra, representan nuestro pasado político. El futuro debe prescindir de ellos. 

Alguien, en Estados Unidos, escribió: Es una pena que en este país el 1% de la población cuente con dos partidos mientras que el 99% con ninguno. ¿Acaso no aplica el mismo criterio para México?

¿POR QUÉ DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA?

(Segunda parte)

En primera instancia, si se parte de la premisa de que el Estado tiene como objetivo fundamental la preservación y promoción de la paz social -indispensable para generar un ambiente favorable a los ‘negocios’, aunque el caos que vivimos no parece afectarles mucho- es necesario que intervenga y regule la esfera educativa. Al uniformizar contenidos educativos, controlando y supervisando a las autoridades e instituciones educativas, el Estado no hace otra cosa que reducir la posibilidad de conflictos sociales. De otro modo, la Nación no contaría con una identidad colectiva, nacional, que le permitiera a sus miembros reconocerse como ciudadanos y por lo tanto estaría expuesta a constantes divisiones. Se podría objetar la neutralidad de la historia oficial, promovida en la educación pública, pero sería difícil no reconocer que el objetivo de dicha historia no es otra que dotar de símbolos nacionales que sirvan como asidero para no sólo formar parte formalmente de la Nación, sino para que el ciudadano se sienta parte de ella. La construcción de la Nación, o sea de esta comunidad de individuos que se siente parte de una cultura, una historia, un marco legal común, inició en México sólo después de la guerra de Reforma, en la que se debatieron precisamente los valores constitutivos de la nacionalidad, en particular del principal agente educador, la Iglesia o el Estado. La construcción de la nacionalidad mexicana pasó necesariamente por el control estatal de la educación. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario en el que se cimentaron los ejes constitutivos de nuestra mexicanidad; la escuela fue un espacio central de dicho proceso, al mismo tiempo que el Estado liberal empezaba a construirse, apostando precisamente por la invención de una Nación desde la escuela laica.

Ahora me gustaría abordar un segundo argumento, que está relacionado con lo que había señalado antes en términos de inversión y educación.

A diferencia de las instituciones privadas, las públicas se caracterizan por su gratuidad en términos de cuotas o colegiaturas. Este hecho -puesto en duda en los últimos años, sobre todo en las universidades mexicanas- representa otro elemento necesario para contestar a la pregunta de este ensayo. Desde la idea de la importancia de reconocer a la educación como un problema de carácter público, la gratuidad de la educación pública se basa en el principio de que no son los individuos los más beneficiados al adquirir conocimientos sino la sociedad en su conjunto. En este sentido, no es el individuo el que invierte sino la sociedad, ya que será ella la principal beneficiada al contar con ciudadanos y ciudadanas preparadas para atender los conflictos sociales y económicos de un país. 

El Estado, al invertir en la educación, promueve el enriquecimiento de la Nación y su capacidad para enfrentar los cambios que impone el mundo en el que vivimos. Para ello es necesario que el estudiantado no conciba a la educación como una inversión personal sino social. De este modo, el profesionista se incorpora al mercado laboral  pensando en que cómo retribuir a la sociedad, más que en cómo recuperar lo que gastó en su educación. Esta pequeña diferencia es, en mi opinión, en la que descansa uno de los más fuertes argumentos a favor de la educación pública: en lugar de salir a trabajar buscando cómo cobrarse, el individuo se incorpora a la sociedad pensando en que cómo retribuir, para quedar a mano con la sociedad que le concedió el privilegio de una educación universitaria. Es evidente que éste profesionista no se olvida de sí mismo y de sus necesidades, pero al sentir que está en deuda, por la educación que recibió, tendrá una visión más humana y social de su vida profesional y de su relación con la sociedad en la que vive. 

En el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, hay un mural de David Alfaro Siqueiros que expresa este argumento de manera plástica lo anterior y que lleva por título: Del pueblo a la universidad, de la universidad al pueblo.

Independientemente de cual sea la posición que se defienda de algo estoy seguro: el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades es fundamental. En consecuencia es necesario abrir la discusión, involucrando a todos los actores sociales, para definir los objetivos de la educación y de la Nación, desde una perspectiva común, social, incluyente. Defender la educación pública consiste precisamente en evitar la exclusión desde una perspectiva familiar o religiosa, situando el problema en el espacio público y partiendo de la idea de una educación ajena a prejuicios y falsedades disfrazadas de sentido común.

Por eso, al preguntarnos ¿Por qué defender a la educación pública? habría que poner en la balanza los beneficios de la educación desde la perspectiva de las necesidades individuales o colectivas y plantear otra pregunta: ¿A qué clase de sociedad aspiramos? Al responderla estaremos en mejor posición para comprender la magnitud del problema.

Mitos y opinomanía

(segunda parte)

 

Reanudemos la recapitulación de las mentiras, falacias y mitos que dotan de legitimidad, aunque frágilmente, el (des)orden impuesto. 

Mito #6: Asistimos al adelgazamiento del Estado. 

Sueño húmedo de neoliberales recalcitrantes, el “adelgazamiento” del Estado es la expresión eufemística de la consolidación del poder corporativo, y el telón ideológico tras el cual se oculta un proceso exactamente opuesto al anunciado: el robustecimiento del Estado, fincado en una creciente asignación de recursos a los ejércitos y cuerpos policiales (seguridad pública, defensa nacional), y en la depuración de las funciones estatales primarias, a saber: el control, la vigilancia, la represión. Si bien la aplicación de la violencia a gran escala es un síntoma de salud deficitaria, cabe apuntar que la configuración de esta modalidad de Estado “mínimo”, que reemplaza el asistencialismo con militarismo, es el proyecto de una clase social que preconiza la guerra nuclear como salida a los problemas que encara la sociedad, sugiriendo, acaso subrepticiamente, que prefiere el apocalipsis, la autodestrucción, que la abdicación al poder. En este designio, el Estado es su personero más firme. Adviértase, no sin alarma, que la inversión en ciencia militar ha arrojado resultados positivos para la causa de las élites: actualmente cuentan con un arsenal suficiente para la aniquilación de la especie. 

Mito # 7: El Estado –un lastre para los circuitos económicos– interviene cada vez menos en la vida del individuo y el cuerpo social. 

Este mito va de la mano con el anterior. Hemos dicho que el Estado más que reducir sus funciones a una mínima expresión, sencillamente mudó el acento de su intervención a las áreas prioritarias de un poder anónimo –el capital multinacional. Este capital, no obstante, atraviesa por una crisis estructural en donde debe valerse de los Estados para resarcir los desequilibrios y restaurar el comportamiento ascendente de la tasa de ganancia. Aquí la función del Estado es clave, determinante para la vida de los individuos y el cuerpo social. Véase la fórmula truculenta de atraco discrecional: El capital responde al requerimiento de la ganancia irrestricta. Precisa un consumo masivo para una producción igualmente masiva. El consumo a gran escala sólo puede sostenerse con base en deuda; esto es, mediante la creación de dinero ficticio-diferido (créditos). Se inicia el tránsito de una economía basada en la producción e industria a una economía controlada por las esferas financieras. El capital especula con estos créditos, creando una economía de casino, altamente volátil. Cuando gana, se apropia de los beneficios; cuando pierde, pasa la factura al Estado (recuérdese FOBAPROA). El Estado instrumenta una política de conversión de deuda privada en deuda pública. La situación económica nacional se precariza. El Estado solicita línea de crédito a los organismos financieros internacionales –actores centrales en la trama de la crisis– sólo para contribuir al pago de la deuda que estos mismos provocaron. Este “préstamo”, no obstante, está condicionado. Le llaman ajustes estructurales. Consiste en renunciar a la vocación asistencial del Estado e implementar una política de “austeridad”, a fin de reorientar estos recursos para el subsidio del capital multinacional. ¡Sí, el mismo que provoca la crisis! El Estado aplica recortes presupuestales a la asistencia social, educación, salud, extermina organizaciones obreras, desmantela la industria nacional (recuérdese Luz y Fuerza del Centro, Mexicana de Aviación) y cede recursos por partida doble al capital –vía monetaria y patrimonial. La sociedad se indigna, asiste a las urnas; se organiza, toma las calles. El Estado responde, violenta las urnas; frena el cambio, militariza las calles…