La semilla del autoritarismo

No son pocos los que cándidamente conciben el virtual regreso del PRI al poder como el retorno del autoritarismo ciego al país. Si bien las prácticas autoritarias son un gesto inequívoco del priismo, aquí el error de percepción radica en imputarle al partido tricolor el signo del autoritarismo como una característica privativa, esto es, que no comparten las otras asociaciones partidarias. El sostén ideológico –exculpatorio– de las últimas dos administraciones federales (panistas) se nutre de esta soberbia falacia. Sin distingo de colores y/o idearios falsamente enarbolados, los gobiernos del país –aquí también, sin distingo de jurisdicción: federal, estatal, municipal– invariablemente ejercen el poder con un acento especialmente autoritario. Y es que este aspecto de coerción despótica reside en un ámbito más hondo, inapreciable para el ojo acrítico. Los partidos simplemente constituyen una extensión, un apéndice, de la estructura autoritaria que nos rige: el estado. No es gratuito que la teoría política se muestre particularmente seducida por los teoremas apologéticos del estado. En el terreno teórico, el estado se define como un mal necesario, un monstruo cuya –válgase la redundancia– monstruosidad (el Leviatán de Hobbes) ha de sustraer la violencia congénita del individuo común para acapararla, centralizarla, en nombre del bienestar común. Esta disertación supone dos premisas tácitas, a nuestro juicio, marcadamente espurias: uno, que el hombre es “naturalmente” propenso al ejercicio de la violencia, y dos, que la configuración de un monstruo aún más violento es el único recurso para dar viabilidad a la vida en común. En todo caso, dotando teórica e ideológicamente al hombre de una violencia cuasi indómita, se ha conseguido justificar la existencia de una maquinaria política –el estado–, aquí sí naturalmente, proclive al despotismo.

La historia del estado moderno es la historia de un cleptómano sigiloso. El estado ha robado, gradualmente, el poder del pueblo (por “pueblo” entiéndase toda persona que no tiene control sobre el timón de los asuntos públicos). En el presente, la decisiones en materia de política se toman en privado (de ahí la expresión “secreto de Estado” o “información confidencial”), y las figuras del “referéndum” o “consulta popular” existen sólo en la más grisácea de la teorías. Y allí donde casi milagrosamente se consigue un sufragio exhaustivo y franco, el estado manipula la intención de voto con el uso de dispositivos mediáticos. En economía, todas las disposiciones se acuerdan en los consejos administrativos de los conglomerados empresariales, con la venia de las autoridades políticas, y la insistente omisión de las demandas sociales. Y cuando los circuitos de coacción jurídica no bastan para amainar reclamos colectivos, el estado (“el más frío de los monstruos fríos” –Nietzsche) acude a la agresión, a la violencia sistemática, a la eliminación física de la desobediencia civil.

El reciente asesinato de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz Crisóforo, ambos integrantes del MPJD (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad), y de dos estudiantes normalistas en Guerrero (Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera), desvela, escandalosamente, la vocación natural del estado: el autoritarismo, la negación del consenso con base en el disenso (premisa elemental de cualquier organización justa), el ejercicio dictatorial.

Rojos, azules o amarillos, todos los colores partidarios prefiguran una sola cosa: la conservación del autoritarismo. La “transición democrática” (sofisma expiatorio) devino ferocidad autoritaria. Se transitó de un autoritarismo consensual a un autoritarismo tiránico. Y a esto, PAN, PRI y PRD, le llaman “democracia”. Felipe Calderón no escatima autoelogios: “plantamos la semilla de una nueva patria democrática, ordenada y generosa”

Ayotzinapa y la militarización en México

Las movilizaciones estudiantiles en Latinoamérica han sacudido a la opinión pública y han logrado visibilizar la problemática provocada por la privatización de la educación. En Chile y Colombia, el movimiento estudiantil ha cobrado fuerza y simpatía de cara a la población al grado de que Camila Vallejo supera al presidente chileno en popularidad y en Colombia los jóvenes lograron desarticular una propuesta de reforma educativa promovida por el presidente Santos con la intención de iniciar poco a poco la privatización de la enseñanza.

En este contexto, las movilizaciones de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se inscriben plenamente en esta ola de protestas, provocando una reacción violenta por parte de las autoridades locales y federales que dejó un saldo trágico y que demostró, una vez más, que la militarización del país ha generado un clima de represión y satanización de los movimientos sociales.

Las demandas principales de los estudiantes normalistas que bloquearon la carretera en Chilpancingo son: ampliación de la matrícula, profesores de carrera o aumento de la plantilla de profesores y audiencia con Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Las dos primeras resumen claramente las necesidades más urgentes para los estudiantes. Por un lado y frente a la paulatina desaparición de las normales rurales en México (llegaron a ser 36 y hoy sólo funcionan 16) llevada a cabo por las autoridades educativas, las posibilidades de que los hijos de los campesinos puedan tener acceso a la educación media y superior se han reducido brutalmente. Es por ello que los estudiantes normalistas exijan ampliar la cantidad de estudiantes matriculados. Por el otro, la demanda de ofrecer mejores condiciones laborales para los profesores o de ampliar su número aparece como un antídoto a la estrategia gubernamental de asfixiar a las normales rurales contratando profesores por horas y sobrecargándolos de trabajo.

Dada la naturaleza de las demandas, la reacción de las autoridades estatales resulta a todas luces desproporcionada y muy sintomática de la manera en que los gobiernos pretenden resolver las demandas sociales. En lugar de privilegiar el diálogo y la negociación a partir del reconocimiento de los derechos, el gobernador y sus representantes optaron por la represión y la mentira, echando mano de fuerzas policiales dedicadas al combate al narcotráfico. La renuncia de algunos de sus colaboradores -después de haber intentado a través de los medios de comunicación de responsabilizar a los estudiantes por los hechos- no pretende cambiar la dinámica represiva sino salvar la cabeza del gobernador, que de haber hecho su trabajo recibiendo en audiencia a los representantes estudiantiles no estaría ahora en el centro del huracán.

La muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Édgar David Espíritu es entonces responsabilidad exclusiva del gobernador Aguirre quien, a pesar de contar con el apoyo del gobierno federal y de fracciones de la ‘izquierda’ partidista, tendrá que hacer frente a las movilizaciones estudiantiles que seguramente se radicalizarán y cobrarán un nuevo impulso. Los estudiantes normalistas cuentan con una larga tradición de lucha por lo que no se van a replegar fácilmente. A las demandas originales se habrán de agregar la detención de los responsables de los asesinatos y el esclarecimiento de los hechos. Así, un conflicto que defendía intereses predominantemente estudiantiles se ha convertido, gracias a la torpeza y soberbia gubernamental, en un conflicto político que puede detonar protestas en otros lugares del país. La militarización en México está empezando a rendir sus podridos frutos.

“El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog…”

Degradada. Degradante. Risible. La arena política se despoja de sus prendas interiores y se exhibe desguarnecida públicamente, sin en el menor recato o decoro, sin un ápice de respetabilidad. Los protagonistas del teatro político nacional se disputan el espacio público para exclamar perogrulladas a granel, con el sólo propósito (nótese la dimensión del insulto) de seducir a un auditorio crecientemente aturdido, pero, por increíble que parezca, aún expectante. Lo más alarmante no es la deshonra manifiesta, sino el fondo oculto tras la rusticidad discursiva de la nomenclatura partidaria: el envilecimiento de la esfera pública, la condición fraudulenta de la institucionalidad en vigor.

Comenzando con el más populista de los mandatarios que ha padecido el país (crónico padecimiento el nuestro), Vicente Fox (ranchero iletrado, curiosamente honoris causa), el analfabetismo se extendió cual cáncer maligno a lo largo de todo el cuerpo político, convirtiéndose en moneda corriente de los funcionarios públicos (que no servidores públicos: “no hay servidores públicos, sino aprovechadores públicos” –Fernando Vallejo). Herederos de la misma escuela (nótese la ironía), Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Ernesto Cordero, Elba Esther Gordillo, se suben al ring político, centro del escarnio nacional, para entretener a las multitudes con lujo de piruetas poco diestras.

“Respetable público, lucharán dos de tres caídas, sin límite de tiempo: en esta esquina el Santo, el Cavernario; y en esta otra, Blue Demon y el Bulldog…”.

En sus más recientes alocuciones, Felipe Calderón urdió una secuencia de metarrelatos que habrán dejado boquiabiertos aun a sus más entusiastas feligreses. En el marco de su quinto informe, el Santo (pero no de nuestra devoción) cínicamente profirió: “plantamos la semilla de una nueva patria democrática, ordenada y generosa”. Y añadió con la habitual cuota de espuria heroicidad: “Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo a las familias mexicanas hasta el último día de mi mandato”. Más tarde, en el homenaje a Francisco Blake Mora, recurrió a la táctica rastrera: “Antes [los delincuentes] amenazaban con quitarles los apoyos, hoy amenazan a la gente que si vota por el PAN le quitan la vida y eso no se puede tolerar”.

“… métele la wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón… sácalo del ring”.

En un auditorio dispuesto a modo (FIL) para el candidato puntero 2012, Enrique Peña Nieto, se verificó un hecho de formidable valor cultural. A la pregunta de “cuales lecturas han influido más en usted”, el Cavernario, con incontestable erudición respondió: “He leído varias telenovelas (¡sic!)… la Biblia es uno… La Silla del Águila de Krauze (¡sic!)… Leí la antítesis (¿?)… las mentiras sobre el libro de este libro (¿?)”.

“… quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos… sácalo del ring”.

En este mismo tenor de exquisito iluminismo, Ernesto Cordero, el Blue Demon, cuya carta está tasada en 6 mil pesos, señaló que uno de sus libros favoritos es “La Isla de la Pasión” de Isabel Restrepo. ¿Quiso decir Laura Restrepo? No importa. El dice que lo agarraron temprano, que le apena mucho. ¿Un rudo cursi?

“… y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar… sácalo del ring”.

La maestra número uno del país, Esther Gordillo, conocida en el ámbito de la lucha libre como la Bulldog, recibió en 2009 el galardón de “menor aprovechamiento académico”, luego de cometer incontables pifias en un mismo discurso. Véase la memorable secuencia: “Los precios internacionales del ‘pretoleo’… la guerra contra la ‘dlelincuencia’… no podrá ‘fomar’ parte… la ‘pobeza’… que haga ‘irrevelante’… el riesgo ‘epimediológico’ fue ‘expotencial’…”

“En el ring luchaban, los cuatro rudos, ídolos de la afición”.

Desigualdad y pobreza

La desigualdad y la pobreza no son lo mismo, aunque estén estrechamente relacionadas. Confundirlas o utilizarlas indistintamente tiene como finalidad dirigir la atención a la segunda dejando de poner atención en la primera. Para el estado mexicano y para la mayoría de los políticos de nuestro sistema político, el combate a la pobreza ocupa sin discusión el primer lugar entre sus objetivos; todos los gobiernos estatales y el nacional coinciden en señalarla como el mayor flagelo que sufre nuestra sociedad precisamente para alejar la atención en un flagelo mucho más peligroso: la desigualdad.

La pobreza sirve como catalizador para organizar todos los esfuerzos de nuestros representantes políticos, empresas y organismos internacionales en una auténtica cruzada a la que nadie se atrevería a criticar. Es un poco como la democracia, a la que nunca alcanzamos pero que ordena nuestros esfuerzos colectivos y es inatacable. Con la pobreza pasa algo similar, pues aparece como el horizonte inalcanzable que guía y legitima a los estados nacionales y a los discursos políticos, logrando de vez en cuando éxitos parciales pero siempre efímeros o poco significativos. Como el caso brasileño, que se ufana de haber sacado de la pobreza a millones de personas -gracias a las políticas de combate a la pobreza en el gobierno de Lula Da Silva- olvidando el hecho de que a pesar de semejante logro Brasil sigua siendo uno de los países más desiguales del mundo.

La pobreza se mide en términos de la capacidad de consumo de un individuo. Se limita a señalar las fronteras cuantitativas que determinan quienes son pobres y quiénes no, con base en la cantidad de ingresos. Últimamente los administradores de la pobreza le han agregado calificativos como extrema, patrimonial, alimentaria, entre otros con la finalidad de que las cifras no sean tan alarmantes y pueda así demostrar el ‘éxito´ de sus políticas públicas. En todo caso, si utilizamos los límites fijados en los países de primer mundo para contabilizar a sus pobres, nos encontraremos que la clase media en México prácticamente no existiría pues la mayoría de sus integrantes no lograría sobrepasar la línea de la pobreza de Francia, por ejemplo.

Por el contrario, medir la desigualdad implica dimensionar las posibilidades de cualquier individuo para desarrollar plenamente su potencial como ser humano. En la medida en que cada vez menos personas tengan ésa posibilidad existirá mayor desigualdad. De nada sirve salir de pobre (o sea tener un mayor margen de consumo) si los ricos son inmensamente más ricos, pues es la desigualdad la que hace posible la explotación del hombre por el hombre.

¿Cómo se manifiesta la desigualdad en la realidad? En la incapacidad de un sociedad para evitar la violación sistemática de los derechos humanos; en la remota posibilidad de que cualquier ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos. Si unos pocos son muy poderosos y muchos son muy débiles la impunidad, la corrupción, el despojo, la discriminación y el racismo sentarán sus reales sin mucho esfuerzo. Podrá usted tener un mejor ingreso pero a la hora de ejercitar sus derechos, si éstos entran en conflicto con los intereses de una corporación internacional, difícilmente saldrá ganando. Es el caso de incontables comunidades, colonias y municipios que han protestado por la depredación ejercida por compañías mineras, maquiladoras, madereras, de energía y un largo etcétera. A pesar de que les asiste la razón jurídica, el saqueo no se detiene e incluso miembros activos de las comunidades son asesinados, secuestrados e intimidados no sólo por representantes de las corporaciones legales y no tanto, sino también por las propias autoridades.

Como mencionaba al principio, la desigualdad y la pobreza están relacionadas por el hecho de que la pobreza ensancha la brecha entre los que tiene mucho y los que tienen muy poco. Pero al mismo tiempo, la desigualdad promueve la pobreza pues la imposibilidad de gozar de un derecho como el salario justo o un trabajo digno contribuye a la pérdida de ingresos por parte de las mayorías.

Los gobiernos se inclinan por colocar a la pobreza por encima de la desigualdad con el argumento de que las personas no pueden ejercer derechos si no tiene satisfechas sus necesidades básicas pero esto pasaría por alto el hecho de que, por ejemplo, en nuestro país son los más pobres entre los pobres, los neozapatistas, los únicos que han articulado una programa político coherente y crítico de la realidad económica, política y social que vivimos. Si la lógica de los administradores de la pobreza funcionara en la realidad este hecho no sería posible. Sin embargo, han sido los pobres los que se han enfrentado a las políticas neoliberales mientras que el resto de la sociedad, bien nutrida y educada -incluida por supuesta la izquierda partidista, no ha logrado más que profundizar la desigualdad mientras combaten la pobreza y señalan el rumbo que debe seguir el país.

Tal vez por eso habrá que poner más atención en el combate a la desigualdad, vía ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, que en el de la pobreza, artilugio perverso de funcionarios y políticos de todos los colores para justificar su corrupción y su ineficacia. Y mientras nos distraen con sus programas de combate a la pobreza la desigualdad crece. No se trata de dejar de luchar por lograr mejores salarios y condiciones de trabajo sino de recordar que para lograr una mejor calidad de vida resulta indispensable que los ciudadanos tengamos un mayor control sobre las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. No sólo de pan vive el hombre.

Galván Ochoa sobre las soluciones 'financieras' en boga por el mundo

Tasas de interés

"Países como Italia y Grecia están pagando rendimientos a los compradores de bonos de gobierno de poco más de 7 por ciento anual, y es un escándalo. Los expertos no creen que pueda mantenerse con buena salud su sistema financiero pagando tasas tan elevadas. En México, según Reuters, después de la decisión sobre tasas de interés del Banco de México del viernes pasado, el rendimiento a 10 años, con fecha de vencimiento del 10 de junio de 2021 , avanzó 0.07 puntos frente a su cierre del jueves, a un 6.38 por ciento. Y la tasa a 20 años, con vencimiento el 31 de mayo del 2029, cerró a 7.46 por ciento, 0.05 puntos por arriba de su cierre previo, de acuerdo con intermediarios. En otras palabras, también el banco central mexicano está pagando rendimientos altísimos con tal de retener los capitales golondrinos. Pero siguen huyendo, se refugian en bonos del Tesoro de Estados Unidos, así que no le ha quedado de otra más que vender dólares de su reserva internacional para contener la devaluación."

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/05/economia/008o1eco?partner=rss

¿Lucha contra el crimen o crimen contra la lucha?

El crimen constitucionalmente organizado lanzó recién una amenaza más, naturalmente dirigida contra la indefensa sociedad: “El gobierno de la república explora todas las alternativas (sic) para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [imputaciones a las autoridades] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”. Más de una voz secundó esta declaración intimidatoria. A los 23 mil ciudadanos que interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, el señor Ernesto Cordero, haciéndole honores a su apellido, repitióles el ultimátum: “Eso es lo que son, unos calumniadores, no veo por qué sea desmedida esta acción, son calumniadores, así hay que tratarlos y así hay que proceder”. ¿También embestirán a los “calumniadores” con la Marina y el Ejército?

Solo cabe esperar que a los ciudadanos denunciantes, cuyas razones son perfectamente legítimas, no les apliquen la ley de hierro panista, a saber: “Quienes actúan mal frente a la justicia tienen que pagar sus consecuencias, terminar en la cárcel; son los criminales los que han envenenado a miles de mexicanos”. (¿Podría ser más obtuso, anti didáctico, torpemente incendiario e intolerante el discurso de un régimen?)

En todo caso, si hay algo que irrita al Estado, además de las denuncias en instancias internacionales, es la tentativa de ciertas bandas criminales –las menos– de arrebatarle el monopolio de la violencia “legítima”. Véase la siguiente confesión involuntaria: “Son ellas [las bandas delincuenciales] las que pretenden suplantar la actividad de los gobiernos (¡autogol!), tener su propia fuerza armada, cobrar sus propias contribuciones a través de las extorsiones forzadas a los ciudadanos e imponer su propia ley”. Para beneplácito del lector, traducimos en lenguaje descodificado la anterior aserción: “Bajo ninguna circunstancia, el crimen constitucionalmente organizado va a consentir que la Secretaría de Seguridad Nacional, la Marina, el Ejército, la Secretaría de Hacienda, la Suprema Corte y los Tribunales, enfrenten escenarios de competencia leal o desleal”.

En fin. La actitud irascible del gobierno frente a la demanda internacional pone al descubierto su más profundo temor: el colapso del circo ideológico guerrerista, y el consiguiente develamiento del carnaval de corrupción gubernamental.

Si bien las “voces más autorizadas en la materia” han sugerido que la acusación es improcedente, cabe advertir que, no obstante el dictamen de la Corte, la guerra es, aquí sí incontrovertiblemente, una política deliberada de Estado cuyo fin es frenar, mediante la criminalización ciudadana, el exterminio aleatorio, la transformación de las estructuras políticas, con la excusa de combatir un enemigo prefabricado, concebido en tierras extrañas: el narcotráfico transnacional. (“Los EU carecen del pretexto anticomunista –aunque buscarán otros: las drogas, en primer término– para intervenir”. –Carlos Fuentes).

Eduardo Galeano denuncia el fondo oscuro de la lucha antinarco: “La guerra contra las drogas es una máscara de la guerra social… En América Latina, donde los delincuentes pobres son el nuevo enemigo interno de la seguridad nacional, la guerra contra las drogas apunta al objetivo que Nilo Batista describe en Brasil: ‘El adolescente negro de las favelas, que vende drogas a otros adolescentes bien nacidos’. ¿Un asunto de farmacia o una afirmación de poder social y racial? En Brasil, y en todas partes, los muertos por la guerra contra las drogas son mucho más numerosos que los muertos por sobredosis de drogas”.

Es natural que el poder se agazape cuando la sociedad, en pie de lucha, denuncia el crimen soberanamente organizado: el Estado.

La tragedia de los derechos humanos en México

La reciente reforma constitucional relativa a los derechos humanos debería ser considerada como un parteaguas en la historia del derecho mexicano. Lamentablemente surge en un contexto de violación sistemática de tales derechos por parte del estado mexicano. Su eminente promulgación se dará después de que 23 mil ciudadanos han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar la posibilidad de iniciar una investigación para corroborar la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestro país. Junto con el delito de genocidio, son los únicos que la CPI puede castigar.

Y si bien el delito de genocidio no aplica estrictamente a la realidad nacional, los otros dos son en los que se enfoca la demanda. Las desapariciones forzadas y la tortura son los típicos delitos de lesa humanidad mientras que los crímenes de guerra son mencionados por los demandantes quienes consideran que vivimos una guerra civil durante la cual se han cometido delitos amparados por la visión militarista del estado mexicano.

La reacción del generalísimo no se hizo esperar, reiterando sin ambages el desprecio que siente por la opinión de sus representados, llegando incluso a comparar su persona con la Nación: si me acusan a mi perjudican a México, declaró con su acostumbrada soberbia. Repite la cantinela de que el jefe del poder ejecutivo está obligado a enfrentar el crimen organizado, cosa que nadie discute; el problema es la forma en que se está enfrentando el problema. Y es ahí en donde toma consistencia la denuncia ante la CPI.

En efecto, nadie puede negar que es indispensable enfrentar al narcotráfico. El problema está en la manera de hacerlo. El señor de los vinos y sus aliados insisten en la militarización como remedio, llamando daños colaterales a la práctica sistemática de la tortura, las desapariciones forzadas y la conculcación de derechos civiles. La ciudadanía insiste en que ningún estado nacional puede reducir o desaparecer las libertades públicas o violar los derechos humanos para enfrentar amenazas contra la Nación.

Los defensores de la militarización han calificado la demanda como una ilusión perversa y aseguran, al igual que su comandante, que la CPI la descartará. Además dicen que el sistema judicial mexicano está preparado para resolver todas las quejas que presente la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura no están tipificados como delitos en nuestras leyes por lo que se impone la necesidad de acudir a cortes internacionales para obtener justicia ya que aquí no hay como.

Uno de los elementos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que se inspira en los avances del derecho internacional y promueve la idea de que es necesario utilizarlos para mejorar la procuración de justicia en México. Pero nuestros representantes parecen no darse cuenta de lo que eso significa y ponen el grito en el cielo cuando son enderezados en su contra. En esta columna dijimos hace tiempo que los crímenes cometidos por las instituciones encargadas de la seguridad pública no preescriben y que, si no ahora, en el futuro existía la posibilidad de que fueran juzgados los responsables de la tortura y la desaparición forzada. Parece que esos 23 mil ciudadanos han decidió actuar inmediatamente, en lugar de esperar a que las autoridades rectifiquen. Resulta trágico que mientras nos felicitamos por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos el estado mexicano enfrente acusaciones en una corte internacional. Así están las cosas.