Terrorismo de estado a la veracruzana.

De acuerdo con la definición de Miguel Bonasso (Terrorismo de Estado, 1990) el terrorismo de estado es “… un modelo estatal contemporáneo que se ve obligado a transgredir los marcos ideológicos y políticos de la represión "legal" (la consentida por el marco jurídico tradicional) y debe apelar a "métodos no convencionales", a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada.” El ataqueperpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra de ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana cumple sin duda con los elementos básicos de la definición citada. Veamos por qué.

La coyuntura política en la que se dio el ataque estuvo marcada por el proceso electoral en un municipio que claramente ha demostrado su oposición al PRI en los últimos años. El movimiento #YoSoy132 tuvo en Xalapa la fuerza suficiente para distinguirse en al ámbito nacional por su vitalidad y empuje. Pero además, las acciones encabezadas por estudiantes universitarios fortalecieron la tendencia opositora al darle el triunfo a AMLO en todo el estado y en la capital del estado, en donde el PRI no ganó una sola casilla para la diputación federal, triunfó ampliamente al candidato a diputado federal del PRD. Hoy se vuelve a repetir la historia pero con Morena. Sin duda estamos frente a un agravio para los mapaches pero sobre todo para un gobierno acostumbrado al carro completo.

Xalapa ha sido testigo de un crecimiento importante del movimiento estudiantil en los últimos años, particularmente en la Unidad de Humanidades en la que se concentran las carreras de Sociología, Historia, Letras, Idiomas y Antropología. El movimiento estudiantil ha contribuido de manera importante a que distintas protestas tomen fuerza y sean visibles incluso fuera del estado. Al mismo tiempo ha construido opciones de participación entre las que destacan el Comedor Autónomo, localizado en Humanidades, así como acciones de ocupación urbana como en su momento lo fue Casa Magnolia. Lo anterior es sólo la punta de iceberg de una corriente crítica en el estado, encabezada por el movimiento estudiantil, que ha generado la creación de grupos y colectivos dirigidos a la formación política y el trabajo comunitario.

Esta vitalidad del movimiento estudiantil ha sido sin lugar a dudas una piedra en el zapato del gobierno estatal, el cual ha respondido con ferocidad. Baste recordar la represión llevada a cabo por fuerzas regulares acompañadas de los habituales ‘civiles’ la noche del 15 de septiembre de 2013, cuando estudiantes y reporteros fueron agredidos sin miramientos en la plaza principal de la ciudad, al mejor estilo del gangsterismo político.  A este hecho habría que agregar todas las intimidaciones y amenazas sufridas por estudiantes vía telefónica o directamente al mantenerlos ‘vigilados’ que sólo eventualmente llegan a las páginas de los periódicos y que sistemáticamente ignoran las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La utilización de 'medios no convencionales’ por parte del gobierno veracruzano para contener el malestar social y la oposición crítica no se ha dirigido exclusivamente a los estudiantes sino a periodistas, miembros de ONG’s y a todo aquello que esté en contra de la dinámica estatal. El caso de las desapariciones forzadas en el estado no puede ser excluido de la dinámica represiva así como los feminicidios y los secuestros. Es difícil ignorar que, frente al debilitamiento de la legitimidad de las instituciones y la necesidad de imponer la venta de los recursos naturales del estado, las autoridades en Veracruz han decidido utilizar todos los medios posibles a su alcance para contener la protesta social. 

En el caso que nos ocupa, el ataque a ocho estudiantes no responde exclusivamente a una lógica determinada por el proceso electoral y la impotencia de los dueños del poder frente a la derrota en Xalapa. En realidad forma parte también de la lógica represiva estatal porque al perder claramente la capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía ha decidido echar mano de la fuerza para salir adelante con sus proyectos políticos y su necedad en mantener un modelo de desarrollo a todas luces incompatible con los intereses de las mayorías.

Al final, el ataque a los universitarios demuestra no sólo la crispación de las autoridades frente al crecimiento y organización de la protesta social sino un odio profundo (¿odio jarocho?) hacia los estudiantes que con su enorme vitalidad y generosidad han mantenido viva la oposición pública al gobierno. En un estado caracterizado por los altos niveles de violencia social y el enorme costo que implica la protesta para sus integrantes, los estudiantes universitarios han demostrado su inquebrantable compromiso ético, defendiendo los principios básicos de una sociedad que aspita a la democracia como su eje central. 

En este sentido, el ataque perpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra los ocho estudiantes es un crimen de odio (la saña con que fueron golpeados y luego la negligencia de las autoridades de seguridad para atenderlos lo confirman),  planeado para intimidar no sólo a los estudiantes activistas sino a todos aquellos que estén dispuestos a convertir la protesta en un acto de dignidad. Al igual que la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa representa sin lugar a dudas una muestra más en la dinámica del terrorismo de estado que vivimos.