México es un país productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesa amapola y mariguana. De hecho, es ya el segundo fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas, con precursores químicos que llegan de Oriente a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Nuestro país es también zona de paso de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y, sobre todo, a partir de que los cárteles colombianos comenzaron a pagar a sus socios mexicanos en especie y no sólo con dinero o armas, un creciente consumidor de estupefacientes.
La economía mexicana está entre las 15 más grandes del mundo. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de 1.5 billones de dólares al año, 300 mil millones provenientes de exportaciones. De acuerdo con un estudio del Congreso Mexicano, las actividades económicas del crimen organizado representan el 10% del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares.
De esta cantidad, 40 o 45% proviene del tráfico de drogas, alrededor de 30 o 32% se obtiene del tráfico de personas, alrededor del 20% de la piratería y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares del tráfico de drogas. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, la principal empresa del país. Al no haber empleo, el gran empleador es el narcotráfico.
La implicaciones de este flujo de dinero son múltiples: en el terreno económico-financiero, en la política y en la procuración de justicia.
Las empresas que manejan comercio clandestino de drogas se rigen por las mismas leyes que gobiernan la evolución de las empresas capitalistas en cualquier rama de la industria o de los servicios. Por ejemplo, la realización de dos actividades simultáneamente les reduce los costos unitarios, de tal manera que es más barato producir esos dos productos simultáneamente que producirlos por separado. Por ejemplo, trasladar droga y migrantes. Las rutas, las redes de protección y la logística son las mismas.
Para algunos grupos de narcotraficantes el tráfico de drogas no es su principal ingreso. Hasta 2007 teníamos un patrón en donde los narcotraficantes eran narcotraficantes y los contrabandistas eran contrabandistas. Pero, a partir de 2007, los Zetas encuentran en esto otra área de oportunidad y empiezan a controlar de manera simultánea contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de blancas.
Esquemáticamente, podemos decir que en México existen dos economías que marchan a velocidades distintas. Por un lado, tenemos una economía clandestina, con grandes cantidades de flujos de capital; por otro lado, una economía estándar, la economía legal, digamos estancada, que está en el piso, que no puede crecer.
La economía criminal necesita blanquear sus ganancias, es decir, introducir el capital líquido a los canales legales de la economía. Para ello se establecen empresas que empiezan a hundir sus raíces en la economía, en el tejido económico, de manera muy profunda.
Uno de los mecanismos usuales de lavado de dinero es el turismo, con los hoteles, antros, compañías que alquilan coches, etcétera. Es muy importante también la compra de bienes raíces, de autos, de joyas y de arte. Pero, sin duda alguna, el principal canal para el lavado de dinero es el sistema financiero, a través de casas de empeño, de centros cambiarios, de empresas que se dedican a transferir las remesas. Y, por supuesto, de los grandes bancos.
El mejor ejemplo de cómo el dinero sucio del crimen organizado se blanquea en los circuitos financieros legales es el caso del banco HSBC. Este banco reconoció públicamente que había movilizado entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. Aquí en México fue multado por una cantidad que más o menos equivale como al 10% de sus ganancias en un trimestre. Pero no hay un solo preso.
Sobre el lavado de dinero hay mucha impunidad. Lavar dinero, introducir dinero sucio al sistema financiero no es delito si estás en posibilidad de pagar una multa.
Sin embargo, la asociación entre empresarios de cuello blanco y narcotraficantes va más allá del negocio de lavado. Asolados por la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad, muchos empresarios pactaron acuerdos con el crimen organizado para conseguirla. Los narcos ofrecen el servicio del transporte, ofrecen la protección, ofrecen la comercialización, ofrecen las custodias.
De allí la relación pasó a niveles de otra naturaleza. Por ejemplo, pedir otro tipo de favores, como cobrarle a un proveedor que no paga o sacar a un competidor del mercado. Dos casos de esta alianza son el robo y venta de combustibles y la minería.
Tanto dinero líquido proveniente del narco ha alterado la política mexicana. Los viejos vicios han crecido y se han ensanchado. Bajo su influjo, el viejo cáncer ha hecho metástasis. Como ha señalado Edgardo Buscaglia, México es un país de muy bajo costo para los grupos criminales internacionales. Y cuando llegan tratan de capturar a políticos a bajo costo también. Es muy fácil hacerlo. De la mano entra en escena la violencia. La ecuación es sencilla. La violencia ya existía. Ahora se ha multiplicado gracias a la corrupción política.
¿Que pasaría si quitamos del circuito financiero los 65 mil millones de dólares que entran por concepto de tráfico de estupefacientes? Mientras va droga, regresa dinero. Por un lado, ese dinero representa -seguramente de una forma indeseada- capacidad de una familia para consumir, para comprar, para mover los pequeños negocios de esa comunidad. Por el otro, es una dependencia insana como todas las dependencias. Hay dependencia de las drogas y hay dependencia de ese dinero de las drogas.
Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal, hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado.
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