La solicitud de
licencia de Ángel Aguirre Rivera a la gubernatura del estado de Guerrero parece
ser el banderazo de salida para ‘resolver’ la crisis desatada como consecuencia
de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala. Como por
arte de magia, una vez resuelto el problema ‘político’ –prioridad indiscutible
del gobierno federal- cobran vida una serie de acontecimientos que apuntan a la
‘solución’ del problema. Lo que pretende Peña Nieto es eludir su responsabilidad
en los hechos y, al mismo tiempo, obtener beneficios políticos.
En primer lugar, la
designación de Rogelio Ortega Martínez al gobierno guerrerense por parte del
congreso local parece satisfacer a tirios y troyanos. Sin identificación
partidista y con perfil académico, el gobernador sustituto goza de cierto
prestigio entre los estudiantes normalistas aunque también cuenta con el visto
bueno de la chuchada, o sea, de la corriente dominante del PRD en el estado. Con
poco menos de dos años por delante, el Dr. Ortega se propone reestablecer el
ambiente político y social en Guerrero para que las elecciones del próximo año
no enfrenten ningún obstáculo. Por lo visto, y a pesar de su trayectoria como
luchador social, lo que más le preocupa es la continuidad de las instituciones,
las mismas que causaron el conflicto en Iguala.
Casi al mismo tiempo,
en Cuernavaca fueron detenidos algunos de los presuntos responsables de las
desapariciones de los normalistas, quienes señalaron un basurero en el
municipio de Cocula, Gro. como el lugar en donde los habían enterrado. Así que una
vez consumado el besamanos en Los Pinos, las acciones de la Procuraduría
General de Justicia (PGR) cobran vida y después de un mes empiezan a rendir
frutos sus investigaciones. ¡Qué casualidad!
Por su parte, el
supuesto jefe de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias, acusó a la esposa del presidente municipal de
Iguala, María de los Ángeles Pineda, de ser la autora intelectual de las
desapariciones forzadas de los normalistas, la cual además fue señalada como la
coordinadora de la policía municipal y de los Guerreros Unidos en la región. Pero
al mismo tiempo, asume la responsabilidad en la ejecución de la orden de
desaparecer a los estudiantes normalistas.
Con lo anterior queda
plenamente demostrado, según el gobierno federal, que los responsables de los
crímenes fueron la delincuencia organizada, tanto en su versión paramilitar
como en la oficial, o sea el gobierno municipal y sus empleados oficiales y no
tanto. Con ello se busca fortalecer la versión promovida desde Los Pinos de que
la responsabilidad no es del gobierno federal y que si bien participaron las
instituciones del estado, éstas fueron sólo del nivel local y nunca del
federal.
Lamentablemente para
Peña y su equipo, las actividades de Abarca y su esposa no eran ni son desconocidas
para la PGR. En su momento René Bejarano señaló al expresidente municipal de
Iguala como autor de asesinatos políticos y relaciones con el narcotráfico.
Este dato echa por tierra la estrategia de Peña para evitar que se le
involucre en los crímenes de lesa humanidad. Pero en el ánimo de mantenerse
libre de cualquier sospecha, el presidente utiliza otros distractores para
evitar asumir su responsabilidad y la de su gabinete en el caso Iguala. Sólo
así se puede entender que ahora se pretenda involucrar a López Obrador en las
desapariciones, aunque sea de manera tangencial, pero con la clara intención de
desviar la atención pública y de paso debilitar a Morena. Habrá que reconocer
que el tabasqueño se tomó su tiempo para fijar su posición en el caso Iguala y
además insiste en colocar en la
candidatura de Morena para la gubernatura en Guerrero a una persona que ha sido
señalada por sus estrechas relaciones con Abarca y su esposa.
Lo que resulta
inocultable en todo esto es que el gobierno federal no está dispuesto a
reconocer su responsabilidad por los hechos en Iguala pero además pretende
sacar provecho político. Ante la ausencia de un operador político del PRD en
Guerrero para mantenerlo al frente del gobierno estatal -ya que Aguirre no
estará al frente de la campaña electoral en 2015 con todo el presupuesto estatal
a su disposición- el PRI se frota las manos y empieza a mover sus piezas, con
Rosario Robles a la cabeza, para manipular al electorado y ganar la elección.
Dependerá en mucho
que los estudiantes y ciudadanos que hoy protestan y se manifiestan en todo el
país, e incluso fuera de él, consideren al gobierno federal como el principal
responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sólo así será
posible detener las artimañas de Peña Nieto para aumentar su poder. De lo
contrario, lo que hoy abominamos se repetirá una y otra vez.
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