La contracrónica de la copa: segunda semana o la responsabilidad social

Foto: Pablo Vergara_https://www.facebook.com/PVCfotografia?fref=ts

Acertaron los que anticipaban una desmovilización de la protesta anti-copa. Creció la expectativa en torno a las peripecias de la cancha. La inyección futbolera consiguió anestesiar a unos, y sólo provisionalmente a otros. Los ánimos nacionalistas arreciaron, con incursiones absurdamente ritualísticas. El latinoamericanismo se coronó al tenor de las derrotas europeas. Y los ídolos del fútbol actual, Neymar y Messi, alcanzaron simultáneamente el liderato de goleo, ratificando su hegemonía en el gusto de la afición. Pero algo no está bien. Y no es sólo la indignante satanización del ingenioso “quijadas” Luis Suárez, excepcional futbolista charrúa, a quien por cierto Eduardo Galeano –su compatriota– alguna vez recomendó comer un par de sándwiches antes de entrar al terreno de juego. Es algo más bien relacionado con esa terca e inalterable condición de vilo que define a las realidades latinoamericanas. Pero todavía más desconcertante. Acaso como un lamento contenido, que no es precisamente el lloriqueo del agredido italiano Chiellini. 

La tensión e inconformidad persisten en Brasil, pero subterráneamente. Y los reporteros foráneos se convirtieron sin preverlo en un buzón de quejas-sugerencias que reclaman inmediata atención. El personal de gobierno que atiende los asuntos técnicos de la copa aprovecha la proximidad con la prensa para denunciar los excesos de las policías militar, federal y estadual, que conjuntamente escudan con particular arrogancia las sedes. Incluso ellos deben restringir sus actividades, burlar con apuros los cercos de seguridad, e identificarse una docena de veces en el transcurso de una jornada laboral que dura cuatro o cinco horas, técnicamente. La remuneración de estos empleados ronda los mil reales (cerca de 450 dólares) por el trabajo correspondiente a todo el mes de la copa, sin una sola prestación o regalía (ni siquiera un boleto para un partido). Y uno de los requisitos para postular a uno de estos puestos temporales es hablar por lo menos dos idiomas adicionales al portugués. Ningún medio local está interesado en conocer su versión. Por eso buscan insistentemente a la prensa internacional. Su conocimiento de otras lenguas sirvió para contar una verdad obstinadamente silenciada: Brasil 2014 es la copa de la seguridad militar. 

La organización es un desastre. Que lo señale un mexicano es verdaderamente un motivo de preocupación. Que lo señalen todos los turistas es sencillamente un hecho alarmante. Y no tanto por los percances que enfrenta este sector en su visita a Brasil. Lo que realmente alarma es el tamaño del desfalco que acompaña el recibimiento de los megaeventos deportivos, en general, y de la copa mundial de fútbol, en particular. La provisión de servicios es desquiciadamente lenta e inoperante. La infraestructura está inacabada en todos lados. El transporte público no mejoró un ápice; sólo se improvisaron algunas rutas suplementarias, y se incrementaron indecorosamente los precios. En Río de Janeiro y área metropolitana, el costo del pasaje en autobús oscila entre dos y tres dólares. El boleto del metro cuesta poco menos de dos dólares. Francamente ridículo para los estándares adquisitivos de un país latinoamericano. En Recife, ciudad de asimetrías insospechadas, la tarifa del camión o metro es de un dólar aproximadamente. Pero la inadecuada planeación de la transportación urbana obliga a tomar dos o tres rutas para arribar al destino deseado. Esta antigua metrópoli fue la sede del último partido de la selección mexicana. Con asombro, los mexicanos descubrieron que el estadio, ubicado a las afueras de la ciudad, es virtualmente inaccesible para la población nativa. Más aún, trasladarse de Río de Janeiro, Sao Paulo, u otra ciudad del suroeste hasta Recife, en este contexto de la copa, es un auténtico viacrucis. Los vuelos en aerolíneas locales cuestan alrededor de 900 dólares. Los brasileños que realizan regularmente este trayecto, han tenido que optar por el transporte terrestre. El recorrido en autobús de esas ciudades sureñas al nordeste del país puede tomar dos o tres días, a veces más, a veces menos, según la distancia exacta de los destinos. Los turistas también han encontrado toda suerte de adversidades. Cambiar la fecha de un vuelo, para ajustarla a los itinerarios de la selección que uno sigue, es a menudo más costoso que comprar un vuelo redondo de cualquier ciudad de Brasil a Estados Unidos o Europa. El hospedaje está sobrevendido, y un reacomodo de última hora puede llegar a costar 300 dólares en un hostal, y hasta mil dólares en un hotel situado en los perímetros de la gran industria turística. Salir de estos suntuosos corrales urbanos, cuidadosamente ataviados para la recepción de los viajeros de alta ralea, involucra enfrentarse a la realidad de Brasil: la ineficiencia, las carencias, la mendicidad e indigencia de un pueblo colonizado en este momento por el imperio de los capitales deportivos, turísticos, telecomunicacionales, de seguridad e infraestructurales. En la práctica, Brasil 2014 es un ensayo de gentrificación intensiva. 

Conseguir boletos para los partidos de la copa es como apostar en un casino. El sistema no es ineficaz, como sugieren algunos incautos. Es visiblemente efectivo, para el lucro a gran escala. La FIFA pone en venta una cuota restringida de entradas en el preámbulo del mundial. Pero previendo que los pronósticos siempre yerran, vende ingresos para los partidos de la segunda fase, y cobran 10 por ciento en caso de cancelación a aquellos que deciden volver a casa tras la eliminación de su equipo. Luego, revende esos boletos principalmente mediante tres vías: uno, a precio normal, pero administradamente, a través del portal electrónico oficial y los centros de atención certificados. Allí, en esos centros, la gente puede esperar hasta 15 horas para salir con las manos vacías. Otros, los revendedores al servicio de la FIFA –y esta es la segunda modalidad– compran boletos por anticipado, y colocan al mercado esas entradas cuando la fase de eliminación directa está definida. La policía sólo persigue al revendedor desorganizado o independiente. A leguas se advierte que unos pocos gozan de inmunidad, pues su presencia en las inmediaciones de los estadios es habitual, y se pasean cual mercaderes con venia vociferando los astronómicos precios. Los chilenos, por ejemplo, pagaron hasta mil dólares por una entrada para el partido España-Chile. Los revendedores “oficiales” normalmente se ubican en el medio del cerco policiaco y el personal acreditado de la FIFA. El tercer método es a través de las federaciones nacionales. El órgano internacional pone a disposición de los órganos locales una cantidad determinada de boletos. Las federaciones venden clandestinamente las entradas a sus respectivos conciudadanos a precios extraordinariamente elevados. Un mexicano, por ejemplo, compró a la Federación Mexicana de Fútbol dos ingresos para la final de la copa, cada uno en 2 mil 300 dólares. Así combate la FIFA la corrupción. 

Pero el gobierno brasileño también se suma, con análoga rigurosidad, al combate a las desviaciones e irregularidades ilícitas. Curiosamente, las casas de citas están situadas en las inmediaciones de los “fan fest”, que es donde se congregan los aficionados para seguir los partidos en pantallas gigantes. En esos centros se concentra el grueso de la afluencia turística. A escasos cien metros, el aficionado cómodamente puede encontrar una amplia oferta de sexo a la carta, diligentemente escoltada por la policía militar. No se juzga acá esa actividad comercial. Sólo llama la atención que en la antesala de la copa, la presidenta Dilma Rousseff advirtiera: “Brasil está feliz de recibir turistas para el Mundial, pero también está listo para combatir el turismo sexual”. 

Pero no podía faltar la dosis de filantropía y falsa responsabilidad social. La FIFA ahora decidió impulsar una campaña de reducción de la huella de carbono en el marco de la copa mundial. La leyenda reza: “La FIFA y las personas que ya tienen entradas apoyan los proyectos brasileños destinados a reducir la huella de carbono de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014… Para limitar la huella de carbono de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, invitamos a todos los que hubiesen conseguido entradas a que compensaran las emisiones resultantes de sus desplazamientos, de manera gratuita y sin importar el punto de origen de su viaje… Y ¿qué sucederá ahora? Diversos proyectos para la reducción de carbono, repartidos por todo el territorio brasileño, se beneficiarán del éxito de la iniciativa y, a su vez, las comunidades locales, en las que se crearán empleos y se capacitará a sus habitantes. Para obtener más información sobre los proyectos seleccionados junto con un programa sin ánimo de lucro para la gestión del carbono… Muchas gracias por brindar su apoyo a los proyectos de baja emisión de carbono en todo Brasil”. 

Pero no todos parecen advertir el gato encerrado en la copa. Muchos, por comodidad o ignorancia, prefieren creer el cuento. Un crédulo aficionado, de esos que abundan en estos megaeventos, ilustra la apreciación generalizada del turista estándar que asistió a Brasil 2014: “No sé de qué se quejan los brasileños. Si hasta a los recolectores de latas les va bien con el mundial de fútbol”. 

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140626_235701_459 

La reforma de telecomunicaciones en México: pluralidad virtual y monopolio real

Para los estudiosos de la democracia, el pluralismo político es el concepto clave para cimentar la  legitimidad del ícono político del estado liberal. La democracia es el medio ideal, único dicen algunos, para regular la convivencia en una sociedad moderna, diversa, conformada por mayorías y minorías. Gracias a ella las élites, los grupos de interés y los partidos políticos inciden en las decisiones que afectan a los intereses de sus representados, estableciendo una sana regulación entre gobernantes y gobernados que tiene como eje el bien común. Pero el pluralismo político oculta el hecho de que, si bien se asume a la sociedad a partir de su diversidad, el pez grande se come al chico. Efectivamente, el mar social está compuesto de grupos diversos pero unos son muchos más poderosos que otros. Dicha asimetría rompe con la posibilidad de que el diálogo y la negociación se dé entre iguales; por el contrario, la negociación y la toma de decisiones la controlan los fuertes para imponerla a los débiles. Eso sí, siempre reconociendo a la democracia como marco regulador.

Un ejemplo de lo anterior es lo que está pasando en México con la formulación de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Para empezar, los monopolios de la comunicación son los actores preponderantes en las negociaciones. Son ellos los que aceptando el proceso de reforma pretenden -a fuerza de cabildeo y amenazas, que es más o menos lo mismo- que los cambios apunten a dejar todo igual, Y con esto me refiero, no solo a Televisa y TV Azteca, sino al grupo de Carlos Slim y de otras empresas que tiene el ojo puesto en contar con una generosa rebanada del pastel.

Tanto el duopolio televisivo como los actores emergentes tiene el mismo objetivo: controlar a la opinión pública para proteger sus negocios, ampliar su poder político y enriquecerse lo más que se pueda. Los emergentes no pretenden mejorar la calidad de la información o democratizar su producción y distribución. Tampoco creo que consideren fundamental ampliar la programación cultural o darle un sentido más transparente a sus componendas con presidentes, gobernadores o congresistas en tiempos de campañas y elecciones. En pocas palabras, la calidad de la información que recibimos hoy del duopolio no necesariamente va a mejorar porque existan otros actores en las telecomunicaciones mexicanas. El duopolio no se rompe, sólo se adapta y se fortalece, pero ahora en un ambiente de ‘competencia’ virtual.

Por su parte, la telefonía no va a bajar sus precios ni ampliar sus coberturas. Seguirá, al igual que las televisoras, gozando de un monopolio de facto que le permitirá manejar a su antojo el sector, afectando a la economía nacional y ampliando su poder financiero para ampliar sus negocios. Seguirá la impunidad y el cobro excesivo de sus servicios. Y además se extenderá al negocio televisivo para aumentar su poder político y servir al mejor postor. Y todo ello a cambio de burlar el derecho a la privacidad que es lo que menos les interesa a las empresas. Sacrificar los derechos de los ciudadanos a cambio de concesiones y licenicas será el pan de cada día.

Al mismo tiempo, el endurecimiento contra las radios comunitarias y televisoras públicas sigue su marcha. Por un lado, el acoso contra las radios de las comunidades indígenas o de organizaciones de la sociedad civil ha cobrado tintes de represión sistemática contra todo aquél que atente contra el monopolio real; por el otro, el envilecimiento de las televisoras públicas las cuales, respetando el monopolio, se convierten en las televisoras personales del gobernador en turno, renunciando a su obligación legal que es dar voz a la diversidad política y cultural a la ciudadanía. Tanto el obstruir la expresión diversa de una sociedad plural como manipular la información desde los medios públicos representan claramente la política de control social que apoyada por la militarización del país están lejos de abonra al desarrollo de la democracia en México.

Esta política represora del estado mexicano no sólo obedece a una lógica del capital sino también a una lógica del poder político, que se basa en la idea de que el control de la información es básico para el control social. El reparto de las concesiones y licencias para el uso del espectro radioeléctrico tiene la finalidad de mantener lealtades política e incluso ampliarlas con los actores emergentes. Al igual que la energética o la política, la reforma en telecomunicaciones no es más que la reconfiguración de un sector estratégico de la economía como consecuencia del regreso del PRI a Los Pinos. Es más de lo mismo, pero edulcorada con la idea de la pluralidad, del reconocimiento de la diversidad social, del fin de los monopolios. En realidad la reforma pretende reducir la posibilidad que los medios de comunicación sean un espacio de manifestación de las diferencias, de la diversidad política y cultural de México. Al igual que la política, representa un retroceso que se quiere vender como gran avance.

El derecho a la información es a todas luces saboteado con el espíritu de la nueva ley de telecomunicaciones, sin importar que surjan nuevas empresas. Y para aquéllos preocupados por medir la calidad de la democracia basados en el pluralismo político son malas noticias. Para el resto de los habitantes del país es simplemente la confirmación de que el autoritarismo y exclusión son las divisas del régimen.

La batalla por la seguridad nacional: Transparencia y derecho a la privacidad

El alcance político de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor de la obligación del estado para transparentar sus acciones y del derecho del ciudadano a su vida privada. El sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) fue denunciado precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones privadas mientras que se mantiene en las cárceles clandestinas a decenas de personas sin acusaciones formales y ajenas al escrutinio público.

En un momento en el que se discuten las características de una nueva Ley de Transparencia y de la Ley General para la Protección de Datos Personales en México habrá que tener muy presente las tendencias de los estados nacionales a espiar a sus gobernados y a ocultar lo mejor que puedan buena parte de sus actividades. De no hacerlo será muy difícil garantizar el disfrute de los derechos fundamentales. Los límites tienen que estar contemplados en las leyes mencionadas y antes habrá que incluirlos como puntos de discusión en foros y coloquios. La seguridad nacional como elemento central para justificar la opacidad del poder político y económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al ciudadano transparencia absoluta es inadmisible.

Si bien es cierto que el estado liberal como construcción histórica surge en un ambiente impregnado por la defensa de los derechos, no es menos cierto que en la actualidad las tendencias apuntan a debilitarlos para fortalecer la recuperación del modelo económico. El contexto mundial, al reconfigurarse en términos económicos, ha provocado gran incertidumbre entre los estados nacionales, lo que ha provocado intensas protestas por parte de la sociedad así como conflictos entre sus élites. En su afán por mantener el modelo económico, los gobiernos han echado mano del espionaje interno, procurando ganar control en el ciberespacio y limitando su uso a los ciudadanos.

Pero además, crece exponencialmente la tendencia a clasificar información pública alentada por la necesidad de ocultarle al ciudadano datos que pueden impulsar las protestas o que simplemente son considerados estratégicos para la seguridad del estado, o que –como se ha venido argumentando recientemente- violan la privacidad de altos funcionarios. La protección de los datos personales se ha convertido en un arma de doble filo que por un lado protege a los fuertes y deja en el desamparo a los débiles. La mayoría de los últimos están sujetos, por ejemplo, a que la información que proporcionan a las instituciones privadas y públicas sea vendida al mejor postor y que no tengan elementos legales para evitarlo o sancionar a los que lucran con ella.

Legislar sin tener en cuenta el contexto y las tendencias negativas relacionadas con la transparencia y la protección de la privacidad sólo las fortalecerá. La sociedad requiere un debate de altura que ponga en la balanza a la seguridad nacional y a los derechos humanos. Sin pretender negar la necesidad de prevenir agresiones a la paz pública es indispensable poner en primer lugar a los derechos, partir de ellos para ponerlos en su justa relación. Una sociedad vigilada y un estado opaco son una gran amenaza para la seguridad nacional, entendida ésta como la destinada a garantizar condiciones de vida digna a la población. La seguridad nacional no puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para defenderse de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección de la nación, que existe un sistema que lo vigila violando sistemáticamente su derecho a la privacidad.

La seguridad nacional después de la Segunda Guerra mundial estuvo enmarcada en el conflicto entre la desaparecida Unión Soviética y los EE. UU. y tuvo como eje la protección del enemigo externo. Hoy por hoy, finiquitada la primera Guerra Fría, la seguridad nacional en México ha desplazado su foco hacia los conflictos internos que puedan amenazar a las instituciones democráticas. Resulta contradictorio que teniendo como valor republicano fundamental a la democracia se violen los derechos que le dan vida.

El conflicto no es menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el “…poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse.” Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que promueva la el derecho a la información y el respeto a la privacidad  sino la sociedad en su conjunto, quien además está obligada a defender su derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla que viene, una vez que se consume la privatización de nuestros recursos naturales. Y dadas las circunstancias no será una batalla menor.

La contracrónica de la copa: preludio e inauguración

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Extraño ambiente el que se respira en territorio carioca. La ciudad de Río de Janeiro, a menudo considerada la ciudad-bandera de Brasil, acapara en el presente la atención de un auditorio internacional, con motivo de la copa mundial de fútbol. Este sólo hecho transfigura sustantivamente la temperatura social. Con más de 11 millones de habitantes (incluida la zona metropolitana), esta urbe de aparatosos contrastes ocupa el primer lugar en afluencia turística en el país, y es por sí sola, de acuerdo con las deshonestas valoraciones de los indicadores macroeconómicos, una de las economías en más rápido ascenso. La microeconomía, esa que atañe a los que entienden poco o nada de la ciencia económica, es igual de ingrata que en cualquier otro país latinoamericano. Ser pobre es un calvario. El milagro brasileño comparte una característica con esos otros prodigios económicos que cada cierto tiempo irrumpen para beneplácito de los economistas nobel y consortes: finge demencia con los damnificados de la bienaventurada bonanza. 

Acá en Río de Janeiro la copa es un acontecimiento que despierta poco entusiasmo. La atención está volcada a lo que a menudo se conoce como la “anti-copa”. Cuando el carioca aborda a un “gringo” (para el fluminense todos los extranjeros son merecedores de este hiriente epíteto), sin más fingimientos introductorios inquiere: “¿usted vino a Brasil para la copa o la anti-copa?” Lo curioso es que la gente en Río intuye que el interés de no pocos foráneos gravita alrededor de las movilizaciones y no de los “fan fest” o festivales para despreocupados aficionados del fútbol. Naturalmente la respuesta de los inquiridos varía significativamente. Algunos, condenados a una especie de estado esquizofrénico, divididos entre una simpatía irreductible con las causas anti-copa y una pasión no menos incorregible por el deporte que más devotos congrega, se ven obligados a responder sin ambages aunque no sin una cuota de vergüenza: “venimos a la copa y a la no-copa”. Lo cierto es que un porcentaje mayoritario de brasileños está inconforme con la celebración del mundial en su suelo. Y adviértase que se trata del país del fútbol. En Brasil, la copa del mundo es una especie de intruso malquerido, un arrimado que hace algún rato comenzó a apestar. No exageran los brasileños cuando acusan que la FIFA es el gobierno de facto en Brasil. La copa involucró una suerte de ocupación territorial, y por consiguiente una ocasión de confiscación de un patrimonio nacional: el fútbol. El movimiento anti-copa exitosamente evidenció que esta expropiación arrastra por añadidura un inventario de atropellos aún más graves o socialmente nocivos: desplazamiento de asentamientos, despojo de viviendas, policialización de las calles, reorientaciones presupuestarias claramente lesivas para las franjas poblacionales más desprotegidas, usufructo privado de los erarios públicos etc. No sorprende que el estado de ánimo que rodea al mundial sea de desconfianza e indignación. La pregunta que más inquieta no es en relación con quién será el campeón del certamen, sino cuál será el alcance de las protestas. Inédito e insólito: no se recuerda una copa tan señaladamente marcada por un asunto ajeno a las canchas, y en un país donde el fútbol es acaso algo más que una religión.

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Lo que mal empieza mal acaba. Tan sólo dos años después de la designación de Brasil como anfitrión de la copa del mundo, el propio presidente Lula se encargó de señalar los retrasos en las obras de urbanización e infraestructura previstas para el mundial. Lo que no agregó –por razones políticas facciosas– es que esas demoras eran resultado de las recompensas de los operadores políticos de la FIFA, solventadas con base en la malversación de los caudales dinerarios públicos. Con el mundial ya en marcha, las obras siguen inconclusas. Y es prácticamente un hecho que permanecerán inacabadas. Un carioca resume el sentir de los brasileños en torno a esta tomadura de pelo: “lo peor que pudo pasar es que no acabaran las obras antes del arranque del mundial; porque si no estuvieron listas para la copa no estarán listas nunca”. Sin el escrutinio internacional las obras están condenadas a la suspensión indefinida o definitiva. 

La semana que precedió a la inauguración de la copa fue un amasijo oscilante de nerviosismo de las autoridades públicas, desinterés ciudadano, descontento social, y poca o nula afluencia de turistas. La gente en Brasil sin tapujos admite que la expectativa es más alta cuando el mundial de fútbol se celebra en otro país. En Río los banderines sólo ondean en las favelas y en alguno que otro establecimiento comercial. El grafiti anti-copa tiene predominio en la decoración popular de la ciudad. Y muchos de los volantes que circulan en las calles anuncian convocatorias para las protestas, congresos y mítines políticos adversos a la copa del mundo. Los microeventos políticos ensombrecen el megaevento deportivo.

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El malestar social no es llanamente un reclamo por el derroche monetario que acarreó la organización del mundial de fútbol. Es más complejo, profundo e indeterminado el fondo de la agitación. Involucra la omisión de demandas sociales largamente desoídas; el abuso metódico a gran escala; la violencia efectuada contra los grupos favelados o más vulnerables; la obscena manipulación de la información; el alza astronómico del costo de vida, etc. Brasil es un compendio de contrastes inexcusables: los sectores medios-altos viven más o menos cómodamente (aunque en entornos de extraordinaria inseguridad); los pobres no ven lo duro sino lo tupido. Y aún cuando las manifestaciones no están conducidas por sujetos favelados (curiosamente destaca más la presencia indígena), el hecho es que el reclamo ciudadano general tiene un alto contenido popular. La protesta es un gesto de fastidio socialmente transversal. Y un signo de una conciencia política que avanza en sintonía con la creciente complejidad de los pueblos latinoamericanos, inscritos en el marco de una globalidad desfavorable para la región. En un país que ya conoce lo que es cambiar la política a través de la movilización (véase los orígenes del PT), es tan sólo natural que la gente estime con más criterio político la protección de sus derechos básicos. La movilización es fruto de una razón crítica apreciablemente extendida en Brasil. Es un rebase por la izquierda a esa izquierda partidaria que alguna vez trazó e inauguró en las calles el empoderamiento ciudadano, y que ahora encumbrada en el poder pretende frenar este proceso, en contubernio con las intrusivas transnacionales. En el contexto de la advenediza copa del mundo, las consignas políticas en Brasil están a tono con esta deshonrosa realidad: “Ocupa copa” o “FIFA go home”. 

La nota destacada de la inauguración fue la confrontación. El argentino Jorge Valdano, hombre de letras e inteligente, aunque desproporcionadamente apodado el “filósofo del fútbol”, declaró en alguna ocasión que este deporte se ha convertido en algo lo suficientemente importante como para demandarle un poco de responsabilidad social. Muchos en Brasil parecen coincidir con el exfutbolista argentino. Otros difieren, y desprenden el fútbol de su momento sociopolítico. Estas dos posiciones se enfrentaron física y verbalmente en Copacabana, el “día uno” de la justa mundialista. Brasileños pro-copa y anti-copa colisionaron en las inmediaciones de la emblemática playa carioca. El encuentro no fue nada tersa. Golpes, empellones y recordatorios de progenitora. Los menos fieros buscaron los micrófonos y cámaras para expresar, según fuera el caso, su simpatía o inconformidad con la copa. La policía militar reprimió sigilosa y selectivamente. No obstante, ese mismo día por la mañana, en el folclórico barrio de la Lapa, los llamados “robocops” disolvieron la primera manifestación de la jornada inaugural con lujo de garrotazos y explosivos lacrimógenos. Más de un manifestante fue detenido sin que los medios de comunicación pudieran dar cuenta de su nombre o paradero. Al final, todo marchó sin contratiempos y con singular festividad… de acuerdo con los reportes de la prensa tradicional.

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Con frecuencia se escucha decir, en una clara evocación de aquel emotivo discurso de Diego Armando Maradona, que la pelota no se mancha. Al menos esa es la expectativa de los esquizofrénicos sin cura que, por un lado, denuncian la colección de agravios que trae consigo la organización de la copa, y por otro, profesan incorregiblemente un culto al dios redondo: el fútbol. 

Balón dividido, auditorio dividido. Esta contradicción es la cifra dominante de Brasil 2014.

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Glosa marginal: un grupo de colegas chilenos-brasileños documentó la primera jornada de actividades del Congreso Intercultural de Resistencia de los Pueblos Indígenas y Tradicionales Maraká aná, celebrado en Seropédica, Río de Janeiro, del 4 al 8 de junio. Los orígenes de esta moción se remiten al desalojo en 2013 de las familias indígenas que habitaban la Aldea Maracaná, un antiguo edificio adyacente al mítico estadio de fútbol. La expulsión de los indígenas y la ulterior ocupación policial de las instalaciones puso al descubierto los violentos procesos de aristocratización socioespacial que escoltan la preparación de los megaeventos deportivos. Este es el testimonio audiovisual de los compañeros de Memoria Latina: https://www.youtube.com/watch?v=1wzxivHaX9U&feature=youtu.be

En Brasil, la acción está fuera de los estadios.

Una vez iniciado el mundial de futbol organizado por la transnacional conocida como FIFA, las cámaras y micrófonos no necesariamente estarán concentrados en las patadas y las tragedias nacionales provocadas por el balón. Todo parece indicar que, más bien, el mundial estará rodeado de protestas y manifestaciones de repudio al modelo económico impuesto por Lula y Dilma así como al sometimiento del estado brasileño a las exigencias de la FIFA, que en realidad son dos caras de la misma moneda.

Organizar un mundial implica un gastar a manos llenas. En el portal de transparencia Copa 2014 aparece el total presupuestado: $25,608,111,426.94 de reales  (alrededor de $11,500 millones de dólares) pero la cifra anterior puede subir sobre todo por el atraso en las obras y la corrupción en el manejo de los recursos. Un referente de que los costos programados siempre quedan por debajo de los reales son los Juegos Panamericanos 2007, celebrados en Brasil, cuyo costo proyectado se multiplicó por 10. Habría que agregar los efectos de la llamada ‘Ley FIFA’ firmada por Dilma Rousseff, gracias a la cual los patrocinadores y la propia FIFA están exentos de pagar impuestos al gobierno brasileño por un año.

Al mismo tiempo, los desalojos de cientos de miles de personas para ‘liberar’ zonas urbanas y abrirlas a la inversión privada, las protestas  de trabajadores, estudiantes y ciudadanos orientadas a contener la militarización, el aumento del transporte, los recortes a la educación y un largo etcétera, abonan en la misma dirección: el repudio generalizado en Brasil al mundial de futbol. El ambiente que se vive en Rio de Janeiro está lejos de una fiesta popular. Más bien, el mundial representa para los brasileños una coyuntura favorable para protestar y poner en jaque al gobierno. No se puede olvidar que las elecciones generales serán poco después del fin del mundial y Dilma se juega su reelección.

A lo largo de los últimos mundiales organizados por la FIFA ha quedado cada vez más claro que lo importante es garantizar ganancias para Joseph Blatter y sus socios. Al mejor estilo de las mineras transnacionales, la FIFA pretende saquear a la población ‘bendecida’ con la celebración del mundial sin miramientos. Los griegos saben muy bien lo que significa ser sede de las Olimpiadas y las consecuencias en el erario público. La crisis griega estuvo determinada en buena parte por el enorme gasto realizado para que los juegos fueran un negocio redondo para Comité Olímpico Internacional.

Así las cosas, de lo que en el pasado significaron los mundiales de fútbol y las olimpiadas, a saber, un momento de convivencia entre los pueblos del mundo honrando en parte el espíritu de los juegos entre los antiguos griegos, hoy no queda prácticamente nada. Hoy por hoy, este tipo de justas no son más un pretexto más para impulsar las ganancias de las transnacionales y una excelente oportunidad para los políticos locales de acumular recursos para sus aspiraciones de poder y de paso mejorar su imagen pública de cara a la población.

Seguramente, el mundial en Brasil será un éxito financiero para las transnacionales pero no necesariamente un éxito político para su oligarquía política y económica.  La población enfrenta demasiadas calamidades como para que se deje engañar por el influjo de las batallas en la cancha. El mundial de este año puede dar al traste con los cálculos políticos de la burguesía brasileña y abrir paso a una transformación social que los obligue a modificar sus planes. Es por eso que el gobierno ha fortalecido su poder represor y hasta ahora ha demostrado que no cejará en su empeño de convencer a los brasileños que el mundial es una fiesta popular,  y no precisamente con los goles que anote su selección sino con los balazos, garrotazos, gases lacrimógenos y detenciones que seguramente superarán ampliamente en número a las anotaciones de los héroes del balón. 

Lo que no se dice sobre la abdicación del Rey

Vicenç Navarro

Público.es

La abdicación del Monarca, designando a su hijo Felipe como su sucesor en la posición de Jefe del Estado, ha generado toda una serie de eventos predecibles. Entre ellos, el más llamativo e importante es la respuesta unánime del establishment español, definiendo como tal al entrelazado de poderes que dominan los sectores financieros y económicos del país, los políticos que gobiernan el Estado, y los ideológicos y mediáticos que promueven los valores que lo sustentan, desde la Iglesia a los medios de información y persuasión. Este establishment se ha movilizado en bloque para expresar su agradecimiento al Monarca por habernos traído la democracia, tras una Transición que definen como modélica, añadiendo un elogio, igualmente unánime, hacia el que será nuevo Rey de España, Felipe VI, al que consideran como una figura perfecta para tutelar los cambios que consideran necesarios para asegurar la permanencia de este establishment en el poder. Contradiciendo la narrativa de su discurso oficial -según la cual el Rey es una mera figura simbólica-, esta estructura de poder pide al nuevo Rey que dirija los nuevos cambios que el país (es decir, sus intereses particulares) necesita, tal como hizo el que hoy abdica durante la Transición. La gran portada del principal rotativo de España, El País, así lo exigía, en su titular “El Rey abdica para impulsar las reformas que pide el país”, añadiendo, por si alguien no lo interpretaba bien, que el Príncipe de Asturias tiene la madurez necesaria para asumir esa responsabilidad. El País, hoy dirigido por una persona claramente de derechas (ver mi artículo “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de El País”, Público, 24.02.14), habla cada vez más claro y transparente en nombre de este establishment. Que conste, pues, que tal establishment nunca vio al Rey como una mera figura simbólica, sino como un garante de su poder.

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La dictadura perpetua y la monarquía en España

Por más que le de uno vueltas al asunto, resulta imposible negar que la monarquía española no es sólo el legado político exclusivo de la dictadura franquista sino que, al mismo tiempo, representa el único obstáculo institucional para la existencia de la república. Obsesionado con la corriente republicana española, Franco comprendió claramente que la única manera de perpetuar su régimen era a través de una monarquía reconfigurada.

Es por lo anterior que la corriente republicana ha cobrado protagonismo frente a la abdicación envenenada de Juan Carlos, que en su afán por sobrevivir y tragándose sus propias palabras, se hace un lado para cederle la corona a su hijo Felipe. Es tal su angustia que el rey se desprende de un traje que no le iba nada bien en los últimos tiempos: acosado por los escándalos y sus desplantes en el ámbito internacional, tiene también en su haber la calculada indiferencia para con el sufrimiento del pueblo que dice proteger. La crisis económica que azota al pueblo español, el desempleo rampante, los desalojos sistemáticos y la ola de suicidios que han provocado no parecen importarle. En contraste, se da el lujo de cazar elefantes y solapar corruptelas familiares.

El descrédito real fue cobrando fuerza y ni él ni su equipo de imagen pudieron contrarrestarlo, hasta que recurrió a la última carta que le quedaba: abdicar. Aun así, los medios de comunicación del poder reprodujeron la nota del traspaso de la corona, reforzada con la vieja cantinela de su convicción democrática, comprobada por muchos gracias a su intervención para sofocar el intento de golpe de Tejero. Sin embargo, se ha sugerido la idea de que el rey estuvo relacionado con el plan para ejecutar el golpe, lo que pone en duda la alegada convicción. Resulta difícil creer que Franco le hubiera legado el poder a un rey con veleidades democráticas. Lo que en realidad hizo fue asegurar la perpetuación del régimen utilizando a un individuo dispuesto a todo para convertirse en rey.

Juan Carlos representa sin lugar a dudas la continuidad de un régimen político que fue siempre un acérrimo enemigo de la república. Su función es precisamente impedir el regreso de la república. Por más que se declare democrática, la corona española existe para negarle su existencia a la república y lo de menos es calificar al sujeto que se monta en el trono. Es por ello que la presente coyuntura muestra a una monarquía débil y con crecientes 

manifestaciones públicas en su contra, difíciles de concebir hace dos décadas. Las silbatinas en los estadios de fútbol, las caricaturas y otras manifestaciones de repudio de la población alternan con el estado de excepción de la figura del rey, inmune a acusaciones o investigaciones de sus actos, colocado en un pedestal anacrónico e insultante para los millones de españoles que han experimentado un empobrecimiento en sus vidas.

La apuesta real es lavar la imagen de la corona con un rostro fresco y joven, ideal para una campaña de imagen que le haga olvidar al pueblo español los agravios sufridos por la soberbia de su monarca. El resultado de semejante esfuerzo dependerá de la fuerza de otra campaña, más prolongada y perversa, que promueve el olvido de los crímenes de lesa humanidad e incluso de genocidio cometidos por la dictadura franquista. Y es aquí en donde radica en realidad la función social de la monarquía: enterrar la atrocidades cometidas contra miles de españoles a lo largo de décadas. En la medida en que la población exija justicia la monarquía sufrirá embates que pueden sacarla de la historia pero que también podrían consolidarla. Si la monarquía se opone a recordar los agravios y juzgar a los responsables de la represión franquista, como lo ha hecho hasta ahora, será rebasada; pero si se suma a la demanda de juicios para los torturadores y asesinos podría recuperar parte de su legitimidad hoy puesta en cuestión.

Sobra decir que los partidos políticos y el entramado institucional del estado español no quieren destapar la cloaca; han dado múltiples señales de que ni siquiera lo quieren discutir a fondo. Basta revisar sus posicionamientos frente al grito callejero ¡Abajo la monarquía. Viva la república! para confirmarlo. Tiene que ser el pueblo español el que imponga condiciones para el regreso de la república. Y ese regreso será en primer lugar para hacerles justicia a los miles de desaparecidos por la dictadura. De otro modo, el franquismo vivirá escondido en la corona.