En estos días en que la protesta social en México cobra
fuerza frente a las reformas instrumentadas por el gobierno de Peña y los
partidos políticos de ‘oposición’ convendría echar una mirada a lo que sucede
en España –país que se encuentra en una situación similar al nuestro, con un gobierno conservador empecinado en
limitar los derechos sociales, políticos y civiles para favorecer a sus
patrones. No lo hago con la intención de darle ideas a las mafias que habitan
en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales para reforzar su poder, sino para alertar a
las y los habitantes de este país que luchan todos los días en contra del
autoritarismo reciclado, de la clara tendencia en el mundo al reforzamiento del
control social.
Resulta que el gobierno de Rajoy está a punto de lograr
la aprobación de la ley de seguridad ciudadana -que más bien es de seguridad de
los gobiernos- lo que ha generado protestas incluso entre la comunidad europea
y sus órganos jurídicos. La ley pretende inhibir ‘ofensas contra España’ o sea
contra su clase dominante y las instituciones ‘democráticas’ que les facilitan
su dominio. Es tal su desesperación e
irritación por las continuas protestas de la ciudadanía española que con la
eventual aprobación de la ley en cuestión pretenden penalizar con multas a todo
aquel que se atreva, por ejemplo, a ‘alterar el orden público encapuchado’.
A reserva de enumerar más adelante algunas de las faltas
que pretende penalizar la ley, resulta que además formarían parte del
contencioso administrativo y no del penal, como hasta ahora sucede. Las
consecuencias de lo anterior son graves pues basta con la palabra de un policía
para sancionar -y es que los jueces españoles sistemáticamente les han dado la
razón a los ciudadanos, absolviéndolos de las detenciones policiacas, honrando
el espíritu de los derechos civiles básicos. Así que para evitarlo se saca a
los jueces de la jugada y las manifestaciones no autorizadas se convierten en
faltas administrativas, con multas de hasta 30 mil euros, que si bien pueden
ser apeladas frente a un juez, primero hay que pagarlas. Pasando por alto el
hecho de que buena parte de los manifestantes han perdido ingresos de manera
significativa (o tal vez por ello) ahora se pretende además quitarles lo poco
que les queda con multas administrativas.
En respuesta a los reclamos de los sectores más
conservadores de las sociedad española, el gobierno de Rajoy aprueba entonces
sanciones contra cualquier cosa que, de acuerdo al sano parecer de una
autoridad administrativa, pueda ser interpretado como ofensas o ultrajes a España. El propio
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se tomó el trabajo de definir lo
que es una ofensa a España: “Por ejemplo una manifestación en la que haya
consignas o pancartas claramente vejatorias con España o una de sus
comunidades, o sus símbolos, sus instituciones, la bandera de España, será
considerada como una infracción grave” O sea que si usted se atreve a quemar
públicamente la bandera del reino español o si saca una caricatura del rey le
va a salir caro.
Pero la lista
es larga y absurda: si algún ciudadano tomo fotos o video de las golpizas que
propina la policía a un ciudadano, en cumplimiento de su ‘deber’ claro, pues lo
van a multar por obstaculizar las heroicas laboras policiacas. Si la
manifestación se realiza en aeropuertos, centrales nucleares o instituciones
gubernamentales, los participantes estarán sujetos a multas. Si se le ocurre
protestar por el desahucio de alguna persona en el momento y lugar en que se
realiza o se reúne con otros para protestar frente al sagrado hogar de un
funcionario o representante popular que ha atentado contra sus derechos será
sancionado sin remedio. No le sigo porque la lista es larga. Baste señalar que
el eje alrededor del cual giran las sanciones reside en aumentar el poder y la
discrecionalidad del ejecutivo y la policía para hacerse respetar, para imponer
sin trabas el empobrecimiento y la pérdida de derechos para fortalecer así a
los dueños del dinero.
Y he aquí lo
absurdo de todo este asunto: el gobierno español quiere respeto de la
ciudadanía evitando preguntarse por qué lo ha perdido. Es evidente que las
medidas antipopulares ejecutadas por Rajoy están minando aún más la legitimidad
de su gobierno. Pero claro, admitirlo no es una opción así que mejor amplían
sus poderes para reprimir protestas sin considerar que dicha medida
profundizará aún más la crisis de legitimidad que se vive en España.
Aquí las
cosas no son muy diferentes. Al igual que al otro lado del charco, el estado
mexicano ha perdido prácticamente todas sus reservas de legitimidad política.
En los círculos gubernamentales se están preguntando cómo hacerle para seguir
imponiendo medidas claramente adversas a las mayorías sin tener que enfrentar
el escarnio, el desprecio y las movilizaciones ciudadanas de todos los días. No
me extrañaría entonces que voltearan hacia el experimento español para reforzar
el espíritu autoritario a su quehacer legislativo. Sería, como ellos dicen
ahora para justificar las reformas depredadoras, una cuestión de seguridad
nacional.
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