Mientras la
opinión pública se encuentra concentrada en mostrar los detalles de la
aprobación de la reforma energética, 43 madres de migrantes centroamericanas cruzan
el país para arribar a los Estado Unidos, buscando a sus hijos, maridos,
hermanos y hermanas desaparecidas en su viaje hacia una vida más justa y digna.
La catástrofe humanitaria,
en la que se calcula en más de setenta mil migrantes desaparecidos desde el
inicio del gobierno de Felipe Calderón, empieza a producir un movimiento que
recuerda a la lucha de las Madres de Mayo, durante la dictadura militar en
Argentina. Comparten la angustia de no saber nada de sus seres queridos así como
la indiferencia, tanto de los gobiernos centroamericanos y como del mexicano,
así como las amenazas de la delincuencia organizada que lucra impunemente con
la desesperación de los migrantes.
La cuestión migratoria ha sufrido un crecimiento
acelerado, a partir de la imposición del modelo de desarrollo inspirado en el
neoliberalismo, en todo el planeta. En México, las oleadas migratorias
procedentes de Centroamérica iniciaron a finales de los años setenta, con el
recrudecimiento de la represión en Guatemala y las guerras civiles en El Salvador
y Nicaragua, y siguió creciendo gracias al empobrecimiento de los países de la
región. Muchos logran arribar a los Estados Unidos pero otros desaparecen a lo
largo del trayecto, sobre todo en el último decenio, cuando debido al control
del narcotráfico de las rutas migratorias se convirtieron en mercancía, en
contubernio con autoridades migratorias, para permitirles el paso a la frontera
norte del México.
Uno de los casos
que llamó la atención del mundo entero fueron las masacres de migrantes en San
Fernando, Tamaulipas; la primera, ocurrida en 2010 sumó cerca de ochenta personas
asesinadas mientras que la segunda, en 2012, sumó casi doscientas. Los datos
son sólo la punta del iceberg ya que el gobierno estatal y federal se han
empeñado en ocultar información que seguramente ampliaría enormemente el número
de asesinados.
En la guerra
entre carteles por el control de la región, los migrantes son la carne de
cañón. Algunas versiones apuntan a responsabilizar a los propios migrantes por
su muerte, al no poder pagar la cuota exigida por los sicarios, mientras que
otras sugieren la idea de que son asesinados para perjudicar económicamente al
cártel opositor, el cual controla la ruta y cobra derechos de tránsito y
traslado; al ser asesinados sus ‘protegidos’ deja de percibir una importante
suma de dinero.
Como se sabe, la
discriminación y el racismo son el motor de todo este asunto. Y los gobiernos
juegan un papel central en amplificarlos: los centroamericanos se desatienden
porque la inmensa mayoría son personas de bajos recursos mientras que el
mexicano los estigmatiza como delincuentes, migrantes ilegales que desconocen
sus derechos y representan una importante fuente de ingresos para los
funcionarios corruptos de la policía local y federal, las fuerzas armadas, los
gobiernos estatales y los agentes de
migración, sin olvidar claro a la delincuencia organizada.
Lo que tenemos
entonces es un crimen de lesa humanidad del cual son responsables directos los gobiernos
estatales y el federal, quienes están obligados a impedir que los derechos humanos
de los migrantes sean violados sistemáticamente, ya que de acuerdo a una
reforma migratoria aprobada en 2011, el migrante no es un delincuente pero se
le sigue tratando como tal. Pero al mismo tiempo que han renunciado en
defenderlos han hostigado o ignorado, que para el caso es lo mismo, a grupos de
la sociedad civil como Las Patronas –grupo de mujeres que asiste a los
migrantes en la ruta del golfo- o a defensores de los derechos humanos, como el
padre Solalinde. Éste último ha denunciado una y otra vez los mecanismos del
tráfico de personas y su relación con las autoridades, lo que le ha acarreado
innumerables amenazas.
En este sentido,
la Novena Caravana de las Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes
Desaparecidos ‘Emeteria Martínez’, que partió de la ciudad de la ciudad de
Guatemala el último día del mes de noviembre, representa un movimiento que,
como ellas mismas dicen, persigue tres objetivos: “Encontrar a los desaparecidos, hacer
visible la profundidad del problema y denunciar a los funcionarios que hacen
poco para proteger a los migrantes” Entre las organizaciones que coordinan la
caravana destaca el Movimiento Migrante Mesoamericano, que en voz de una de sus
integrantes, Marta Sánchez, afirmó que “Cuando empezamos hace nueve años estábamos solos. Ahora,
más de un centenar de organizaciones y un sinnúmero de personas nos ayudan” (Desinformémonos.org)
Los resultados están a la vista: han encontrado
a más de 200 personas y han documentado a miles de personas que son buscadas
por sus familiares. Pero sobre todo han abierto una esperanza a miles de madres
para volver a ver a sus seres queridos, al mismo tiempo que identifican a los
responsables y nos recuerdan que todos somos potencialmente migrantes, sobre
todo en tiempos de reformas neoliberales y empobrecimiento generalizado de grandes
franjas de la población.
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