En un texto publicado recientemente en el portal de la Agencia Latinoamericana de la Información, Raúl Zibechi atinadamente analiza los cambios en la estrategia militar de los Estados Unidos, los cuales se caracterizan por el desplazamiento de su atención desde el medio oriente hacia el continente asiático. Con el objetivo de seguir dominando el mundo (o imaginar ilusamente que lo pueden seguir dominando), Obama y sus patrones han asumido públicamente que la verdadera amenaza viene de China, con lo que la guerra contra el terror perderá fuerza poco a poco para que el Pentágono se pueda concentrar en contener al gigante asiático. Las consecuencias para América Latina son evidentes. “Si el objetivo de Estados Unidos frente a China consiste en “poner de rodillas a su economía, mediante el bloqueo de sus vías de suministro de energía”, esa política -que no es nueva- es de hecho un anuncio para el resto del mundo.” Y en particular, agregaríamos, para países con grandes reservas petroleras, como México.
Frente a la posibilidad de un conflicto armado, la plutocracia yanqui ha empezado por fortalecer su presencia militar al sur del Río Bravo con el Plan Colombia y el Plan Mérida que, con el pretexto del combate al narcotráfico, ha profundizado el control de los ejércitos de Colombia y México sin intentar ocultarlo. Es el caso de la reciente incursión de militares estadounidenses al cuartel militar ubicado en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera norte de México. Fuertemente escoltados, por el ejército mexicano, armados y vistiendo su uniforme, los oficiales yanquis ingresaron a territorio nacional para sostener una reunión con altos mandos del ejército mexicano mientras un helicóptero violaba el espacio aéreo mexicano para reforzar la vigilancia.
Este hecho podría parecer una operación de rutina pero resulta muy ilustrativo de los niveles de intervención estadounidense en la política doméstica de México, la cual poco a poco se va mostrando con mayor confianza y de manera pública, como para que la población se vaya acostumbrando a ver militares extranjeros en suelo mexicano. ¿Qué necesidad de realizar un operativo de esa naturaleza para entrevistarse con sus pares mexicanos? Lo podrían haber hecho con mayor discreción. Pero no, pues de lo que se trata es de sondear las reacciones de la sociedad para una eventual invasión más en forma.
Y es que cualquiera sabe que la presencia de la inteligencia yanqui en México ha crecido a pasos agigantados a partir de la firma del Plan Mérida, en la que no sólo se pactó una ayuda económica para enfrentar el narcotráfico sino el apoyo logístico del Pentágono para someter a los mandos militares mexicanos, empezando por su Comandante en jefe, Felipe Calderón, a los objetivos geopolíticos de los plutócratas de Washington. Para muestra un botón: “Altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirmaron a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.” (www.jornada.unam.mx/2011/12/18/politica/010n1pol) O sea que, al igual que los gobiernos golpistas sudamericanos en los años setenta, el gobierno mexicano y algunos de sus integrantes ya no trabajan para México sino para los Estados Unidos. ¿Quien en su sano juicio, y tomando en cuenta las enseñanzas de la historia de las últimas décadas, puede pensar que esos ex servidores públicos piensan primero en su país en lugar de privilegiar intereses extranjeros? El control sobre tales ex servidores públicos es inexistente. Según la nota, si bien “… los agentes estadunidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que han contratado, ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.”
Asimismo, los operativos como Rápido y Furioso contribuyen a dimensionar la enorme autonomía de la que gozan los mandos militares y políticos estadounidenses con respecto al gobierno de México y el triste papel que juega éste último que simplemente se hace de la vista gorda o de plano ni se entera de lo que hacen nuestros ´protectores’, al margen de la gritos y sombrerazos de algunos funcionarios mexicanos para aparentar indignación por la violación de la soberanía nacional o las investigaciones del congreso estadounidense al respecto.
En este sentido, el viraje de la estrategia militar de los Estados Unidos está sometiendo sin rubor y sin resistencia a los gobiernos y ejércitos de la región para un posible conflicto armado con China y sus socios. Los casos de Colombia y de México son paradigmáticos de dicha estrategia y prefiguran conflictos con otros países de la región, como Brasil y Venezuela, que han resistido con mayor éxito el reacomodo del sistema mundo contemporáneo pero que no por ello están en la mira de los halcones de Washington. La lucha contra el narcotráfico resulta así un simple pretexto para realinear a los ejércitos de la región con el objetivo de resguardar su ‘patio trasero’ de cara a una probable guerra mundial. Y nuestros gobernantes están completamente de acuerdo, en lugar de empezar a desmarcarse de los planes yanquis para mantener su cada vez más deteriorado control del mundo.
La reconfiguración del sistema mundo tiene y tendrá enormes consecuencias para los países de todo el mundo pero sobre todo para los que han integrado tradicionalmente la esfera de influencia estratégica para los Estados Unidos. El entreguismo y corrupción del gobierno de México han facilitado enormemente las cosas para la plutocracia yanqui que, en un escenario diferente, enfrentaría una gran oposición por parte de la sociedad mexicana. La reciente ‘invasión’ de mandos militares estadounidenses a Matamoros no es más que la punta del iceberg del sometimiento progresivo del estado mexicano y sus dueños a los designios y aspiraciones de nuestros otrora vecinos distantes pues ahora no sólo están más cerca sino en el corazón mismo de las instituciones nacionales.
Lo que mal empieza mal acaba. No nos referimos al año que está próximo a culminar. Tampoco a las profecías apocalípticas que presuntamente se avecinan. Qué bien que pudiéramos ocuparnos de amenas trivialidades. En este caso, fatal e infausto caso, el ciclo al que aludimos no corresponde a ningún calendario religioso: más bien a ciclos regidos por la profana historia política del México simbólicamente descolonizado. Nótese que se advierte una independencia sólo simbólica: ancestral problema irresuelto que condena al fracaso los ciclos del país. La sangre es y ha sido el abono para la fecundación (anti)nacional. En este país todos los caminos llevan al mismo desenlace: muerte, exterminio, violencia. O para ser más precisos: es la frustración de los caminos soberanos lo que conduce al sempiterno atolladero.
No son pocos los que cándidamente conciben el virtual regreso del PRI al poder como el retorno del autoritarismo ciego al país. Si bien las prácticas autoritarias son un gesto inequívoco del priismo, aquí el error de percepción radica en imputarle al partido tricolor el signo del autoritarismo como una característica privativa, esto es, que no comparten las otras asociaciones partidarias. El sostén ideológico –exculpatorio– de las últimas dos administraciones federales (panistas) se nutre de esta soberbia falacia. Sin distingo de colores y/o idearios falsamente enarbolados, los gobiernos del país –aquí también, sin distingo de jurisdicción: federal, estatal, municipal– invariablemente ejercen el poder con un acento especialmente autoritario. Y es que este aspecto de coerción despótica reside en un ámbito más hondo, inapreciable para el ojo acrítico. Los partidos simplemente constituyen una extensión, un apéndice, de la estructura autoritaria que nos rige: el estado. No es gratuito que la teoría política se muestre particularmente seducida por los teoremas apologéticos del estado. En el terreno teórico, el estado se define como un mal necesario, un monstruo cuya –válgase la redundancia– monstruosidad (el Leviatán de Hobbes) ha de sustraer la violencia congénita del individuo común para acapararla, centralizarla, en nombre del bienestar común. Esta disertación supone dos premisas tácitas, a nuestro juicio, marcadamente espurias: uno, que el hombre es “naturalmente” propenso al ejercicio de la violencia, y dos, que la configuración de un monstruo aún más violento es el único recurso para dar viabilidad a la vida en común. En todo caso, dotando teórica e ideológicamente al hombre de una violencia cuasi indómita, se ha conseguido justificar la existencia de una maquinaria política –el estado–, aquí sí naturalmente, proclive al despotismo.
Las movilizaciones estudiantiles en Latinoamérica han sacudido a la opinión pública y han logrado visibilizar la problemática provocada por la privatización de la educación. En Chile y Colombia, el movimiento estudiantil ha cobrado fuerza y simpatía de cara a la población al grado de que Camila Vallejo supera al presidente chileno en popularidad y en Colombia los jóvenes lograron desarticular una propuesta de reforma educativa promovida por el presidente Santos con la intención de iniciar poco a poco la privatización de la enseñanza. En este contexto, las movilizaciones de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se inscriben plenamente en esta ola de protestas, provocando una reacción violenta por parte de las autoridades locales y federales que dejó un saldo trágico y que demostró, una vez más, que la militarización del país ha generado un clima de represión y satanización de los movimientos sociales.
Las demandas principales de los estudiantes normalistas que bloquearon la carretera en Chilpancingo son: ampliación de la matrícula, profesores de carrera o aumento de la plantilla de profesores y audiencia con Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Las dos primeras resumen claramente las necesidades más urgentes para los estudiantes. Por un lado y frente a la paulatina desaparición de las normales rurales en México (llegaron a ser 36 y hoy sólo funcionan 16) llevada a cabo por las autoridades educativas, las posibilidades de que los hijos de los campesinos puedan tener acceso a la educación media y superior se han reducido brutalmente. Es por ello que los estudiantes normalistas exijan ampliar la cantidad de estudiantes matriculados. Por el otro, la demanda de ofrecer mejores condiciones laborales para los profesores o de ampliar su número aparece como un antídoto a la estrategia gubernamental de asfixiar a las normales rurales contratando profesores por horas y sobrecargándolos de trabajo.
Dada la naturaleza de las demandas, la reacción de las autoridades estatales resulta a todas luces desproporcionada y muy sintomática de la manera en que los gobiernos pretenden resolver las demandas sociales. En lugar de privilegiar el diálogo y la negociación a partir del reconocimiento de los derechos, el gobernador y sus representantes optaron por la represión y la mentira, echando mano de fuerzas policiales dedicadas al combate al narcotráfico. La renuncia de algunos de sus colaboradores -después de haber intentado a través de los medios de comunicación de responsabilizar a los estudiantes por los hechos- no pretende cambiar la dinámica represiva sino salvar la cabeza del gobernador, que de haber hecho su trabajo recibiendo en audiencia a los representantes estudiantiles no estaría ahora en el centro del huracán.
La muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Édgar David Espíritu es entonces responsabilidad exclusiva del gobernador Aguirre quien, a pesar de contar con el apoyo del gobierno federal y de fracciones de la ‘izquierda’ partidista, tendrá que hacer frente a las movilizaciones estudiantiles que seguramente se radicalizarán y cobrarán un nuevo impulso. Los estudiantes normalistas cuentan con una larga tradición de lucha por lo que no se van a replegar fácilmente. A las demandas originales se habrán de agregar la detención de los responsables de los asesinatos y el esclarecimiento de los hechos. Así, un conflicto que defendía intereses predominantemente estudiantiles se ha convertido, gracias a la torpeza y soberbia gubernamental, en un conflicto político que puede detonar protestas en otros lugares del país. La militarización en México está empezando a rendir sus podridos frutos.
Degradada. Degradante. Risible. La arena política se despoja de sus prendas interiores y se exhibe desguarnecida públicamente, sin en el menor recato o decoro, sin un ápice de respetabilidad. Los protagonistas del teatro político nacional se disputan el espacio público para exclamar perogrulladas a granel, con el sólo propósito (nótese la dimensión del insulto) de seducir a un auditorio crecientemente aturdido, pero, por increíble que parezca, aún expectante. Lo más alarmante no es la deshonra manifiesta, sino el fondo oculto tras la rusticidad discursiva de la nomenclatura partidaria: el envilecimiento de la esfera pública, la condición fraudulenta de la institucionalidad en vigor.
La desigualdad y la pobreza no son lo mismo, aunque estén estrechamente relacionadas. Confundirlas o utilizarlas indistintamente tiene como finalidad dirigir la atención a la segunda dejando de poner atención en la primera. Para el estado mexicano y para la mayoría de los políticos de nuestro sistema político, el combate a la pobreza ocupa sin discusión el primer lugar entre sus objetivos; todos los gobiernos estatales y el nacional coinciden en señalarla como el mayor flagelo que sufre nuestra sociedad precisamente para alejar la atención en un flagelo mucho más peligroso: la desigualdad. La pobreza sirve como catalizador para organizar todos los esfuerzos de nuestros representantes políticos, empresas y organismos internacionales en una auténtica cruzada a la que nadie se atrevería a criticar. Es un poco como la democracia, a la que nunca alcanzamos pero que ordena nuestros esfuerzos colectivos y es inatacable. Con la pobreza pasa algo similar, pues aparece como el horizonte inalcanzable que guía y legitima a los estados nacionales y a los discursos políticos, logrando de vez en cuando éxitos parciales pero siempre efímeros o poco significativos. Como el caso brasileño, que se ufana de haber sacado de la pobreza a millones de personas -gracias a las políticas de combate a la pobreza en el gobierno de Lula Da Silva- olvidando el hecho de que a pesar de semejante logro Brasil sigua siendo uno de los países más desiguales del mundo.
La pobreza se mide en términos de la capacidad de consumo de un individuo. Se limita a señalar las fronteras cuantitativas que determinan quienes son pobres y quiénes no, con base en la cantidad de ingresos. Últimamente los administradores de la pobreza le han agregado calificativos como extrema, patrimonial, alimentaria, entre otros con la finalidad de que las cifras no sean tan alarmantes y pueda así demostrar el ‘éxito´ de sus políticas públicas. En todo caso, si utilizamos los límites fijados en los países de primer mundo para contabilizar a sus pobres, nos encontraremos que la clase media en México prácticamente no existiría pues la mayoría de sus integrantes no lograría sobrepasar la línea de la pobreza de Francia, por ejemplo.
Por el contrario, medir la desigualdad implica dimensionar las posibilidades de cualquier individuo para desarrollar plenamente su potencial como ser humano. En la medida en que cada vez menos personas tengan ésa posibilidad existirá mayor desigualdad. De nada sirve salir de pobre (o sea tener un mayor margen de consumo) si los ricos son inmensamente más ricos, pues es la desigualdad la que hace posible la explotación del hombre por el hombre.
¿Cómo se manifiesta la desigualdad en la realidad? En la incapacidad de un sociedad para evitar la violación sistemática de los derechos humanos; en la remota posibilidad de que cualquier ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos. Si unos pocos son muy poderosos y muchos son muy débiles la impunidad, la corrupción, el despojo, la discriminación y el racismo sentarán sus reales sin mucho esfuerzo. Podrá usted tener un mejor ingreso pero a la hora de ejercitar sus derechos, si éstos entran en conflicto con los intereses de una corporación internacional, difícilmente saldrá ganando. Es el caso de incontables comunidades, colonias y municipios que han protestado por la depredación ejercida por compañías mineras, maquiladoras, madereras, de energía y un largo etcétera. A pesar de que les asiste la razón jurídica, el saqueo no se detiene e incluso miembros activos de las comunidades son asesinados, secuestrados e intimidados no sólo por representantes de las corporaciones legales y no tanto, sino también por las propias autoridades.
Como mencionaba al principio, la desigualdad y la pobreza están relacionadas por el hecho de que la pobreza ensancha la brecha entre los que tiene mucho y los que tienen muy poco. Pero al mismo tiempo, la desigualdad promueve la pobreza pues la imposibilidad de gozar de un derecho como el salario justo o un trabajo digno contribuye a la pérdida de ingresos por parte de las mayorías.
Los gobiernos se inclinan por colocar a la pobreza por encima de la desigualdad con el argumento de que las personas no pueden ejercer derechos si no tiene satisfechas sus necesidades básicas pero esto pasaría por alto el hecho de que, por ejemplo, en nuestro país son los más pobres entre los pobres, los neozapatistas, los únicos que han articulado una programa político coherente y crítico de la realidad económica, política y social que vivimos. Si la lógica de los administradores de la pobreza funcionara en la realidad este hecho no sería posible. Sin embargo, han sido los pobres los que se han enfrentado a las políticas neoliberales mientras que el resto de la sociedad, bien nutrida y educada -incluida por supuesta la izquierda partidista, no ha logrado más que profundizar la desigualdad mientras combaten la pobreza y señalan el rumbo que debe seguir el país.
Tal vez por eso habrá que poner más atención en el combate a la desigualdad, vía ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, que en el de la pobreza, artilugio perverso de funcionarios y políticos de todos los colores para justificar su corrupción y su ineficacia. Y mientras nos distraen con sus programas de combate a la pobreza la desigualdad crece. No se trata de dejar de luchar por lograr mejores salarios y condiciones de trabajo sino de recordar que para lograr una mejor calidad de vida resulta indispensable que los ciudadanos tengamos un mayor control sobre las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. No sólo de pan vive el hombre.
Tasas de interés
"Países como Italia y Grecia están pagando rendimientos a los compradores de bonos de gobierno de poco más de 7 por ciento anual, y es un escándalo. Los expertos no creen que pueda mantenerse con buena salud su sistema financiero pagando tasas tan elevadas. En México, según Reuters, después de la decisión sobre tasas de interés del Banco de México del viernes pasado, el rendimiento a 10 años, con fecha de vencimiento del 10 de junio de 2021 , avanzó 0.07 puntos frente a su cierre del jueves, a un 6.38 por ciento
. Y la tasa a 20 años, con vencimiento el 31 de mayo del 2029, cerró a 7.46 por ciento, 0.05 puntos por arriba de su cierre previo, de acuerdo con intermediarios
. En otras palabras, también el banco central mexicano está pagando rendimientos altísimos con tal de retener los capitales golondrinos
. Pero siguen huyendo, se refugian en bonos del Tesoro de Estados Unidos, así que no le ha quedado de otra más que vender dólares de su reserva internacional para contener la devaluación."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/05/economia/008o1eco?partner=rss
El crimen constitucionalmente organizado lanzó recién una amenaza más, naturalmente dirigida contra la indefensa sociedad: “El gobierno de la república explora todas las alternativas (sic) para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [imputaciones a las autoridades] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”. Más de una voz secundó esta declaración intimidatoria. A los 23 mil ciudadanos que interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, el señor Ernesto Cordero, haciéndole honores a su apellido, repitióles el ultimátum: “Eso es lo que son, unos calumniadores, no veo por qué sea desmedida esta acción, son calumniadores, así hay que tratarlos y así hay que proceder”. ¿También embestirán a los “calumniadores” con la Marina y el Ejército?
n la historia del derecho mexicano. Lamentablemente surge en un contexto de violación sistemática de tales derechos por parte del estado mexicano. Su eminente promulgación se dará después de que 23 mil ciudadanos han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar la posibilidad de iniciar una investigación para corroborar la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestro país. Junto con el delito de genocidio, son los únicos que la CPI puede castigar. Y si bien el delito de genocidio no aplica estrictamente a la realidad nacional, los otros dos son en los que se enfoca la demanda. Las desapariciones forzadas y la tortura son los típicos delitos de lesa humanidad mientras que los crímenes de guerra son mencionados por los demandantes quienes consideran que vivimos una guerra civil durante la cual se han cometido delitos amparados por la visión militarista del estado mexicano.
La reacción del generalísimo no se hizo esperar, reiterando sin ambages el desprecio que siente por la opinión de sus representados, llegando incluso a comparar su persona con la Nación: si me acusan a mi perjudican a México, declaró con su acostumbrada soberbia. Repite la cantinela de que el jefe del poder ejecutivo está obligado a enfrentar el crimen organizado, cosa que nadie discute; el problema es la forma en que se está enfrentando el problema. Y es ahí en donde toma consistencia la denuncia ante la CPI.
En efecto, nadie puede negar que es indispensable enfrentar al narcotráfico. El problema está en la manera de hacerlo. El señor de los vinos y sus aliados insisten en la militarización como remedio, llamando daños colaterales a la práctica sistemática de la tortura, las desapariciones forzadas y la conculcación de derechos civiles. La ciudadanía insiste en que ningún estado nacional puede reducir o desaparecer las libertades públicas o violar los derechos humanos para enfrentar amenazas contra la Nación.
Los defensores de la militarización han calificado la demanda como una ilusión perversa y aseguran, al igual que su comandante, que la CPI la descartará. Además dicen que el sistema judicial mexicano está preparado para resolver todas las quejas que presente la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura no están tipificados como delitos en nuestras leyes por lo que se impone la necesidad de acudir a cortes internacionales para obtener justicia ya que aquí no hay como.
Uno de los elementos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que se inspira en los avances del derecho internacional y promueve la idea de que es necesario utilizarlos para mejorar la procuración de justicia en México. Pero nuestros representantes parecen no darse cuenta de lo que eso significa y ponen el grito en el cielo cuando son enderezados en su contra. En esta columna dijimos hace tiempo que los crímenes cometidos por las instituciones encargadas de la seguridad pública no preescriben y que, si no ahora, en el futuro existía la posibilidad de que fueran juzgados los responsables de la tortura y la desaparición forzada. Parece que esos 23 mil ciudadanos han decidió actuar inmediatamente, en lugar de esperar a que las autoridades rectifiquen. Resulta trágico que mientras nos felicitamos por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos el estado mexicano enfrente acusaciones en una corte internacional. Así están las cosas.
