Apenas el domingo pasado, tras emitir su voto en las elecciones ibéricas, el presidente saliente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró: “El voto es el mejor camino para afrontar los problemas que nuestro país tiene”.Un día antes, en Torreón, Coahuila, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de una gira por el norte del país, advirtió (parafraseando): votar, única forma de transformar al país.
Estas declaraciones de dos protagonistas de la arena política mundial, naturalmente desacertadas pero comprensibles, forman parte de un discurso que, no obstante su nulo apego con la realidad, continúa surtiendo efecto en ciertos sectores de la sociedad, especialmente entre la cada vez más reducida e irascible clase media. Vuelve la burra al trigo: la sociedad civil frente a un dilema trillado: tomar parte o abstenerse en las jornadas comiciales, sabedora de la inutilidad política de este sistema de participación ciudadana.
El 2012 será un año particularmente duro para la llamada “democracia electoral” regional; año en que se empalman las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y México. Cuando decimos que será un año duro, nos referimos no sólo a las controversias que previsiblemente van a seguir a los comicios, ya que se espera un cierre apretado, sino en particular al descrédito que va a sufrir todo el sistema de votación y representación en ambos países, como ha ocurrido ya en España, donde hubo una abstención significativa en las últimas elecciones. Si bien los estratos medios se van a dar cita en las urnas para ejercer el derecho (bastante incoloro) de depositar una papeleta con el nombre de un candidato que fue previamente elegido por la cúpula de un consejo partidista, con el previo aval de una cúpula de hombres de negocios con evidente filiación político-empresarial e intereses tercamente antipopulares, cabe anticipar la presencia de tres componentes inescapables: polarización, abstencionismo, y el desencanto habitual, pero esta vez seguido de una agitación que desencadenará una resistencia, o bien, una impugnación sin rubor de los mecanismos de representación política.
En México se prevé un escenario análogo al 2006: un candidato con el apoyo irrestricto de los poderes fácticos, y un contendiente con una plataforma electoral marcadamente popular que las élites miran con un recelo casi dogmático, no obstante su discurso modulado. (La propuesta de López Obrador está más próxima al lulismo en Brasil –permisivo con las operaciones del capital transnacional– que al chavismo en Venezuela). Mientras que en Estados Unidos, el escenario electoral es aún más descolorido: la continuidad de Barack Obama, republicano de closet, o el retorno anunciado de los republicanos a la Casa Blanca (hoy Negra), cuyos aspirantes fuertes son Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska, y Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts. Allí la disyuntiva es todavía más sombría: un esbirro cauto del capital financiero, o un(a) lunático(a) fundamentalista impulsor de políticas domésticas racistas articuladas a una franca vocación imperial.
En todo caso podemos augurar una crisis del sistema de votación y representación existente. Las urnas nos son la vía ideal –pese a la insistencia de los actores gubernativos– para el ejercicio de derechos políticos. La democracia electoral es más bien un recurso para suspender indefinidamente la transformación del sistema político.
Es más que factible que al término de los respectivos períodos electorales, en Estados Unidos y en México, una vasta gama de segmentos sociales, ante el inexorable desencanto, reivindique activamente el más consecuente de los argumentos anti-electorales: “Si el voto cambiara algo, sería ilegal”.
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