El gasolinazo en Bolivia enfrentó fuertes movilizaciones por parte de amplios sectores de las organizaciones sociales y políticas, al grado de que Evo Morales tuvo que invalidar el decreto que casi duplicó el precio de los hidrocarburos. El argumento que utilizó el gobierno para justificar el aumento fue que el contrabando hacia los países limítrofes, sobre todo Perú, florecía gracias a las diferencias de precios. Pero además los voceros afirmaron que el subsidio a las gasolinas podría ser utilizado en inversión social, cosa que me recordó a los políticos mexicanos, en lugar de favorecer a los dueños de autos y empresas de transporte.
Lo interesante del hecho fue que la respuesta de la ciudadanía organizada fue contundente pero sobre que fue escuchada. Al derogar el aumento el gobierno boliviano demostró que no teme la crítica y en lugar de presentar justificaciones técnicas -al estilo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- actuó en consecuencia. Este tipo de acciones gubernamentales no se ven muy seguido en el mundo que vivimos. Por el contrario, aun en los países mejor colocados en el sistema mundo, los gobiernos y sus líderes se ufanan de aplicar los aumentos con lujo de violencia o los recortes como los casos recientes de Inglaterra, Francia e Italia. No se diga aquí en México, donde el presidenciable Marcelo Ebrard no le tiembla la mano para sacar a los granaderos y hacer cumplir la ley (o sea su voluntad).
La lectura habitual hecha por un observador improvisado de la marcha atrás de los aumentos por parte del gobierno de Evo Morales se apuraría a decretar su debilidad evidente ya que no pudo hacer entrar en razón a sus gobernados. La razón de estado es el bien supremo en política por la sencilla razón de que siempre coincide con los intereses de los dueños del dinero. Imponerla se convierte en el mantra de nuestros gobiernos aunque se desgañiten afirmando que es el pueblo y su bienestar el fin último de sus desvelos.
El error de Evo fue no consensar primero el aumento entre la ciudadanía organizada, tratando de incorporarla en la toma de decisiones, sino que se aventó como Fox cuando intentó construir el aeropuerto en las tierras de San Salvador Atenco, siguiendo la frase: el que pega primero pega dos veces. Lo mismo hizo Ebrard con la supervía, lo que demuestra su debilidad frente a los dueños del dinero, las empresas que se llevaron los contratos y todos los desarrolladores inmobiliarios de Santa Fe.
La fortaleza de los gobernantes radica precisamente en su cercanía con los ciudadanos, en evitar el cínico argumento tan de moda en nuestro país: ni los veo ni los oigo. El gobierno de Evo Morales deberá aprender de esta amarga lección pero de entrada ha tomado una medida valiente y consistente con su discurso y su proyecto para Bolivia. Y consciente de la necesidad de abrir la participación política de las y los bolivianos convocó a un debate nacional para hacer frente al problema del precio de los combustibles.
Los gobiernos deben estar abiertos a la crítica y dispuestos a enmendar errores, considerando a la participación popular en las decisiones económicas como un síntoma de fortaleza y no de debilidad. Los ciudadanos debemos estar conscientes de nuestras obligaciones y recordarles de vez en cuando a nuestros mandatarios que están ahí para ejecutar un mandato y no para inventárselo a contentillo. No queda más que agradecerle al pueblo boliviano que nos lo haya recordado.
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