jueves, 20 de mayo de 2010

La huelga de hambre del SME


Dueños de la palabra, amos monopólicos de la información. Los medios de comunicación, principalmente aquellos de amplia e ilimitada cobertura, ejercen un control deliberado sobre la información que se filtra a las audiencias. La prensa formal y oficialista selecciona minuciosamente las notas y noticias que han de colmar los espacios informativos. En este sentido, la manipulación periodística comienza con la elección particular de los temas y se consuma con la repetición incesante y fragmentaria de la nota, en claro detrimento de otros sucesos de mayor relevancia. Así, el cuarto poder (los medios masivos de comunicación), consuma su labor de contención en relación con lo políticamente incorrecto e inconveniente, al tiempo en que promueve la continuidad de los poderes establecidos.

Traigo esto a colación porque me parece esencial para comprender el panorama nacional, máxime cuando el cerco informativo desplegado intencionadamente en torno a la insumisión del sector obrero en México alcanza niveles alarmantes.

La huelga de hambre, como ejercicio de resistencia y rebelión políticas, es un plan de acción que regularmente se practica desde las cárceles que albergan opositores políticos y presos de conciencia. Sin embargo, ocurre que no pocas veces los Estados funcionan como centros de reclusión social, aplicando medidas “correccionales” a diestra y siniestra y ejerciendo un control unilateral sobre las poblaciones que aloja. En la literatura académica este aparato policiaco es denominado, nominal y eufemísticamente, Estado de Bienestar.

En este contexto de vigilancia y dominio omnímodos, la resistencia política clandestina es inviable e ineficaz. Los nuevos movimientos civiles y sociales han optado por hacer públicas sus demandas. Y muchas veces, la huelga de hambre es la última vía para hacer valer los reclamos de una sociedad víctima de la tiranía del Estado.

Esta aclaración resulta cardinal justo ahora que decenas de ex trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) están por rebasar los 30 días de ayuno en las inmediaciones del zócalo de la ciudad de México. Si uno mira con detenimiento podrá advertir que la información al respecto es prácticamente nula. Desde el histérico asalto (decreto de extinción, alegan los sofistas) a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) por parte del ejercito y la policía federal, la controversia en torno a este asunto se ha intensificado. Hoy no quedan dudas del carácter inconstitucional, ilegítimo y coercitivo de esta maniobra gubernamental. La concesión casi gratuita de las áreas que alguna vez pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro a manos de particulares es un hecho virtualmente consumado.

En virtud de detener el desmantelamiento de la compañía y de exigir la restitución de empleo a los 44 mil trabajadores afectados por el proceso de liquidación, un grupo de 95 electricistas (82 en el Distrito Federal y 13 en Toluca) inició una huelga de hambre para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego del amparo solicitado por los huelguistas del SME. Empero, está claro que una resolución favorable para el gremio de electricistas no podrá concretarse a través de la vía jurídica, pues se trata de un problema de corte estrictamente político. De ahí que su plan de acción resulte legítimo y plausible.

Los medios han convenido unánimemente omitir, censurar, este asunto por razones obvias. Se trata de un caso potencialmente desestabilizador. A pesar de la tenaz campaña mediática concertada desde la cúpula del poder político, la determinación de lucha de los electricistas continua firme e inalterable. Y no es para menos, pues a medida que transcurre el tiempo el reclamo ha cobrado mayor vigencia y validez. Las acusaciones que fundamentan el decreto de liquidación se han vuelto insostenibles. Los servicios eléctricos en las zonas que atendía LyFC se han deteriorado considerablemente. La flagrante violación a los derechos laborales se ratifica a medida que se acerca el desenlace de este ominoso caso. El creciente desmantelamiento del patrimonio de la nación se advierte con ascendente claridad. La tentativa privatizadora de la industria eléctrica es cada vez mas tosca y febril (véase Ley de Asociaciones Público-Privadas).

La estrategia del gobierno federal es fácilmente predecible: Confiar en la divulgación restrictiva de la información y el silencio del duopolio Televisa-Tvazteca; esperar la resolución final –anticipadamente favorable- de la instancias jurídicas; y confiar que con el tiempo el ímpetu de los huelguistas se sofoque paulatina e irremediablemente.

Las cartas están puestas sobre la mesa; el pronóstico es intrínsecamente reservado.

Sin embargo, lo peor que le puede ocurrir al movimiento es el olvido y/o la omisión de la opinión pública. Los compañeros electricistas y los numerosos grupos que simpatizan con esta resistencia han solicitado apoyo mediático. El estado de salud de estos hombres es precario, y conforme avancen los días irá empeorando inevitablemente. En este momento lo único que nos queda a quienes formamos parte del gremio periodístico es contribuir a la difusión de esta movilización. Este es un problema de carácter público y nacional, así que por su propia naturaleza nos compete a todos los mexicanos sin excepción.

En una declaración reciente, el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, apuntó lo siguiente: “Creemos que no es la ruta de las acciones desesperadas, de las acciones de esa naturaleza, como se solucionaran los problemas de los trabajadores... Esas acciones no corresponden a un Estado democrático de derecho.”

Después de leer este alegato me surgió una apremiante duda: ¿Se habrá referido a los huelguistas del SME, ó al encolerizado asalto (¿acción desesperada?) a la compañía de LyFC que impulsó y ejecutó el “Estado democrático de derecho” mexicano?

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