martes, 29 de septiembre de 2020
martes, 15 de septiembre de 2020
La corrupción en México: el caso Lozoya y el juicio a los expresidentes.
Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.
En la última entrega de La Náusea TV, se lleva a cabo una reflexión sobre el sentido y las implicaciones del problema de la corrupción, partiendo de la problemática conceptual hacia dos casos concretos: el de Emilio Lozoya y la prouesta de juicio a los expresidentes.
martes, 8 de septiembre de 2020
MORENA y la sombra del caudillo
Por: Rafael de la Garza Talavera
Los conflictos políticos
derivados del proceso para la elección de la dirigencia del partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) son una muestra clara de una
organización (y de un sistema político) que padece de un defecto estructural:
la dependencia ideológica y política de su líder carismático y, para colmo,
presidente de la república. Intervenga o no en la vida interna del partido, la
sombra que proyecta su poder eclipsa cualquier posibilidad de que se convierta
en el espacio de discusión y definición del rumbo del país que desean buena
parte de sus integrantes.
Este hecho no es nuevo en la historia
política nacional; más bien se podría decir que es la constante, derivada de la
construcción de un sistema político que
desde su nacimiento estuvo definido por el poder de los caudillos. Así fue en
1929, cuando el general Plutarco Elías Calles convocó a las fuerzas políticas
afines a los ideales de la revolución mexicana. Sólo el poder y prestigio del
caudillo hicieron posible que innumerables grupos -sin una estructura nacional
y mucho menos una ideología compartida- se sometieran a su liderazgo. En este
sentido, más que un partido fue un
frente político nacional que incluyó a todo el que quisiera participar, siempre
y cuando aceptara el poder del jefe máximo de la revolución. Así nació el
Partido Nacional Revolucionario (PNR), pieza clave del sistema político que
colocó al presidente-caudillo por encima de todos.
Poco
después, el general Lázaro Cárdenas reforzó al partido y al sistema
político integrando a los trabajadores y campesinos organizados del país
gracias, otra vez, a su liderazgo carismático, derivado de su política de masas
y una acto nacionalista como el que más: la expropiación petrolera en 1938. Una vez más la
organización política dependerá completamente del poder del caudillo, de su
capacidad para colocarse por encima del conflicto de clases y darle vida al
bonapartismo mexicano. Un privilegiado
testigo de la época, Leon Trotsky , escribió al respecto:
“En los países
industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí
la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado
nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila
entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil
burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al
gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva,
por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien
convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado
con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el
proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la
posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas
extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus
mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y las compañías
petroleras”[i]
La
debilidad de la burguesía nacional es un hecho estructural en la formación
social mexicana y sigue tan vigente, o incluso más, que en los años treinta.
Tal vez la diferencia es que hoy no existe un proletariado organizado como el
de aquellos años, aunque sí una mayoría de trabajadores pauperizados –sea en el
sector formal o informal- por la dinámica del modelo neoliberal a lo largo de
las últimas cuatro décadas. Son entonces las condiciones políticas y la
correlación de fuerzas de las clases sociales las que determinan el carácter,
que no la naturaleza, del bonapartismo. Esta se configura como una necesidad
del régimen para mantener el dominio de la burguesía, aunque el estilo o el
discurso político y ciertas políticas públicas puedan enfrentarse en apariencia
a dicho dominio.
A partir
de los años del cardenismo y hasta el agotamiento del modelo económico en los
años setenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -nieto del PNR e
hijo desobediente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado por el
cardenismo para reconfigurar el naciente presidencialismo mexicano- el sistema
político mantuvo su estabilidad gracias a una relativa bonanza económica y una
represión sistemática a todo aquel que se opusiera al caudillo en turno. Pero
nada es para siempre y la adaptación a las nuevas recetas económicas impuestas
por el imperio y las transnacionales obligaron a la modificación de los
equilibrios del viejo sistema para, poco a poco, imponer otro más acorde con
los nuevos tiempos.
Fue
entonces cuando el PRI se resquebrajó, dando lugar al nacimiento de una nueva fuerza política que, coincidentemente
adoptó la forma de un frente político, esta vez llamado Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional (FCRN). Fundado en 1987, allanó el camino para la
aparición de un nuevo partido en el espectro político mexicano: El Partido de
la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, su fuerza política estaba localizada
en el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas.
Una vez más el poder del nuevo caudillo fue la clave para la construcción de un
partido político que agrupó a expriístas, excomunistas y buena parte de las
fuerzas políticas insatisfechas con el viejo partido de la revolución y con el
viraje económico e ideológico del sistema. La apertura del modelo electoral y
la transformación del sistema de partidos fue sin duda, en buena parte, obra
del trabajo político del PRD y sus militantes. Empero, su vida interna estuvo
siempre regulada por su fundador y luego por el caudillo emergente: Andrés Manuel López Obrador. Una vez que ambos
abandonaron al PRD, éste cayó en una grotesca decadencia, convirtiéndose en un
minipartido que no tiene poder alguno o peor, en una rémora de sus antiguos
adversarios políticos.
Es así
como la figura del líder carismático vuelve por sus fueros en el ámbito de los
partidos políticos. El fraude electoral de 2006 dio lugar al surgimiento un
nuevo frente político, concebido en el histórico plantón de miles de personas
en el Paseo de la Reforma: El Movimiento de Regeneración Nacional. Y, si bien
esta vez el liderazgo no estaba localizado en Palacio Nacional, la convergencia
de diferentes sectores y grupos políticos está amparada en la figura del caudillo.
La marca de nacimiento de MORENA es así la presencia de un liderazgo
carismático que se colocó por encima de tirios y troyanos para darle un nuevo
impulso al caudillismo en México.
Las
consecuencias de lo anterior están a la vista: imposibilidad de generar un
liderazgo al interior de la organización partidista; de contar con un
programa construido desde el partido; de no tener el control de la
selección de candidatos para las elecciones; y sobre todo, de no poder
intervenir, aunque sea de manera simbólica, en la elección de las políticas
públicas impulsadas desde el gobierno federal. Desde su fundación, MORENA sólo
contó con la presidencia fugaz del caudillo para no poder, hasta hoy, volver a
tener una presidencia que no fuera provisional. Y el conflicto se mantiene y si
bien no amenaza su existencia,
demuestra sin ambages su contradicción fundamental: aspirar a modificar
de manera democrática el sistema político dependiendo de un caudillo que
revitaliza la dinámica bonapartista en México.
Resulta
trágico que los millones de personas que impulsaron el surgimiento y desarrollo
de MORENA se vean hoy en una situación en la que, a pesar de sus enormes
esfuerzos y vitalidad, no puedan ni siquiera intervenir significativamente en
el proceso de selección de su dirigencia, ya
no se diga aspirar a transformar este país. Hasta el momento, los
conflictos internos del partido han impedido el nombramiento de un nuevo
presidente que coordine los esfuerzos para enfrentar las elecciones intermedias
del próximo año. En todo caso, gane quien gane el poder real vendrá de afuera
del partido y quien se enfrente a él no tendrá ninguna futuro en la
organización. Y esto a pesar de que el caudillo pretenda hacernos creer que él
no está dispuesto a intervenir en su vida interna, que el ya no es jefe del
partido sino jefe de Estado. La sombra del caudillo se proyecta en MORENA, y las consecuencias están a la vista de todos.
Su liderazgo, en la dinámica bonapartista de hoy, al
igual que la de ayer, no tiene otra misión que mantener el poder del capital y
proporcionarle al estado mexicano la legitimidad perdida. Lo demás, como decía Daniel
Cosío Villegas, es sólo el estilo personal de gobernar.
[i] Trotsky, León, “La industria nacionalizada y la administración
obrera”, publicado sin firma en Fourth International, agosto 1946. Tomado de
Trotsky León, Escritos Latinoamericanos, Buenos Aires-México, CEIP, 2013, p.
154 (https://www.laizquierdadiario.mx/El-marxismo-de-Trotsky-ante-Mexico-y-America-Latina#nb3)
El subrayado es mío.
sábado, 5 de septiembre de 2020
El problema no es Lozoya.
Por: Héctor A. Hoz Morales
El problema no es Lozoya. Y mucho menos lo es la corrupción. Así hay que decirlo, con todas sus letras, o se corre el riesgo de pasar por alto el trasfondo estructural de la situación que ha cimbrado la política nacional en las últimas semanas. Los esquemas descritos en la denuncia interpuesta por el ahora flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, así como en denuncias previas de casos similares a los que ahora se discuten, involucran a no pocos personajes: desde una periodista hasta tres expresidentes, pasando por legisladores y administradores de Pemex. De ahí que especialistas han insistido en que al caído Lozoya se le debe imputar por delincuencia organizada, y que el caso penal en su contra tendría que derivar en la instalación de un maxiproceso en el que todos los involucrados en los desfalcos señalados enfrenten a la justicia.
Existen distintos hechos que son inobjetables. En primer lugar, individuos en posiciones de poder hicieron uso de las mismas para obtener jugosos rendimientos en negocios turbios. Segundo, todos y cada uno de aquellos que violaron leyes deben ser sometidos a proceso y recibir las sanciones penales correspondientes. Tercero, menos obvio, y por tanto bastante más problemático: aun si hacemos un ejercicio imaginario de magnitudes formidables y suponemos a todos los involucrados tras las rejas (lo cual, convengamos, requiere altas dosis de optimismo -o alucinógenos, en su caso-), existe una realidad también incuestionable: el daño hecho está, es irreparable, y se seguirá pagando.
¿Es esto una exageración? Pongamos los argumentos en la mesa:
La propia Auditoría Superior de la Federación señalaba, en su revisión de la cuenta pública de 2017, que en el caso de la empresa de fertilizantes se habían adquirido equipos con 30 años de antigüedad y 18 fuera de operación (https://cutt.ly/6fcOjrA). El primer contrato de suministro de etano de PEMEX hacia lo que sería Etileno XXI se firmó en 2009, siete años antes de la entrada en funcionamiento de la planta, en condiciones nada favorables para la paraestatal desde ese momento. De estos hechos a suponer que había sobornos involucrados y enriquecimiento ilícito sólo había que dar un paso. En otras palabras, lo único que aporta la denuncia de Lozoya son los detalles anecdóticos: los montos de los sobornos, las cajas fuertes, los departamentos, las bolsas Louis Vuitton. El resto lo sabíamos todos.
¿Por qué el daño es irreparable? Pongamos tan solo un ejemplo: entre 2016 y 2018, PEMEX tuvo que pagar casi 3 mil millones de pesos en penalizaciones, al incumplir el contrato firmado con los dueños de Etileno XXI (https://cutt.ly/1fcOkxs). La FGR y su titular, por su parte, han declarado una y otra vez que el desfalco a la otrora paraestatal fue tan solo de 400 mdp (https://cutt.ly/TfcOki7). Nótese el contraste. Además, los daños indirectos o lo que los economistas eufemísticamente llamamos costos de oportunidad: lo que se dejó de hacer al pagar esas multas. Baste recordar las continuas denuncias de falta de medicamentos en los hospitales de Pemex, o el hecho de que la empresa mexicana abandonó sus propias instalaciones para enviar todo el gas a Etileno XXI.
Recordemos un agravante más, solo para dimensionar el absurdo: Agronitrogenados era, hasta 1992 y con el nombre de Fertimex, propiedad del Estado mexicano. Se privatizó, con acusaciones de corrupción de por medio, siendo el comprador, Rogelio Montemayor, priista señalado posteriormente por el Pemexgate. Y la trama no acaba ahí. Otra empresa privatizada, Altos Hornos de México (AHMSA), asocia su capital con Fertimex creando Agronitrogenados, que Pemex recompró en 2014.
Tras los hechos señalados, se vuelve imprescindible establecer una diferencia clave: lo que se ha descrito no son conductas anómicas de individuos ávidos de riqueza contra el Estado. Todo lo contrario: son acciones de individuos perfectamente racionales que actúan desde el Estado.
Señalar esta cuestión resulta fundamental y pone en tela de juicio todo el discurso en torno a la corrupción. Permítaseme una digresión semántica: la palabra corrupción encuentra sus raíces etimológicas en el latín, específicamente en el verbo rumpere: quebrar, partir, hacer pedazos. En pocas palabras, romper. Los elementos descritos por Lozoya no sorprenden a nadie por una simple razón: en forma alguna rompen con la forma de operar del Estado, en este caso, del Estado mexicano. Al contrario, la vinculación cada vez más estrecha del poder público con el capital privado es el modus operandi por excelencia del Estado. Lo que vemos en todos los casos señalados no es sino la instrumentalización del Estado, la subsunción de este dentro de la lógica de acumulación cortoplacista característica del capitalismo, especialmente en su versión neoliberal.
Por supuesto que hay individuos responsables de las instituciones, pero el caso aquí es que las mismas instituciones son las que reproducen estos esquemas. Si los señalados por Lozoya y él mismo terminan en la cárcel, si los expresidentes son enjuiciados, aún si se rescinden los contratos que se tienen actualmente producto de estos actos, las instituciones y las formas de operar seguirán siendo las mismas en tanto no se ponga a discusión el problema de fondo: la captación del Estado por el capital.
Aceptar la hipótesis que señala que el principal problema es la corrupción confunde así síntomas por causas: al hacer recaer la culpa en individuos que, sin atisbo alguno de ética cometen actos impronunciables, al personalizar la situación, se acepta un implícitamente un supuesto de que estos pudieron haber actuado de forma distinta, o que otros no lo hubieran hecho así. El problema se convierte así en uno de índole moral y relacionado con cuestiones de voluntad antes que con problemas estructurales que han permitido la captura del Estado por parte de intereses económicos.
El problema de fondo, entonces, no es uno que vaya a resolver la Fiscalía con la ayuda de su testigo estrella, ni uno que se acabe por decreto desde Palacio Nacional. Es, sin duda, un problema de justicia, entendiendo esta en su sentido más amplio, justicia que no se puede obtener por medio de las instituciones existentes a menos que se lleve a cabo un debate público acerca de los límites y naturaleza del Estado y cuál debe ser su función frente a las lógicas del enriquecimiento privado. La 4T, hasta la fecha, no ha dado muestras de querer emprender ese debate en sociedad, y con el enfoque en combatir la corrupción ha dejado de lado la cuestión principal: la reivindicación de la política frente al afán lucrativo del capital.
martes, 1 de septiembre de 2020
AMLO y el fantasma del comunismo en la 4T
Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.
A partir de las declaraciones de diversos personajes y medios respecto al supuesto comunismo de López Obrador y la Cuarta Transformación, se discute el concepto de comunismo desde una perspectiva teórico-histórica, las coordinadas político-ideológicas de la 4T, y el uso del término por parte de la oposición.
El desarrollo sostenible y el progresismo en México
Por: Rafael de la Garza Talavera
A nadie
parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT). A menos
de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato -lo
que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el
súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del
agronegocio- la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México
confirma, una vez más, que la protección
de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de
ganancias de las transnacionales.
Resulta
muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del
entonces secretario de la SEMARNAT, la cual detonó todo el sainete a principios
de agosto: “no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de
contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en
el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente.”
Ya
desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente
planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las
consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se
definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en
el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras:
"Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea
sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias"
Sobra decir que la mayoría de los estados miembros
de la ONU
acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en
1988 se publicó la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión
Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, antecedente directo
de la SEMARNAT. El discurso político integró los conceptos básicos de la
protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el
Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.
En el contexto internacional, las cumbres
ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada
en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas
del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con
la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio
ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes
oficiales omitieron señalar la gran
contradicción: las buenas intenciones
del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y
político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.
Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la
salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas
como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas
se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor
del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO a la presidencia de la república mexicana suscitó
esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de
que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la
menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.
Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta
directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el
deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con
alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente
modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para aumentar la productividad. Habrá que sumar el
despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así
como el desprecio o apropiación
sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los
asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares
y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes
proyectos de inversión del agronegocio.
Los proyectos desarrollistas o progresistas como
el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional
son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado
a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las
maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en
evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto
económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por
encima de la vida de la población.
Y si, al igual que con la renuncia de Víctor
Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco
sorprende.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)