En medio del enorme
desprestigio y sacudido por su incapacidad de distinguir el bien público del
bien privado, Javier Duarte y lo que queda de su gobierno –diputados incluidos-
han decidido pagar favores políticos en plena campaña electoral al lobby
fundamentalista católico veracruzano. Al analizar semejante maniobra saltan a
la vista tres cosas: la perversa confusión entre bien público-bien privado; la
criminalización de la pobreza y del derecho de elegir; y el uso electoral del
periodo extraordinario de la LXIII legislatura estatal.
Con respecto a la
confusión entre lo privado y lo público no se caería en exageraciones si se
afirmase que la confusión es artificial y orientada a presentar un código de
valores privado como el equivalente de un código público. Dicho de otro modo,
la ley antiaborto, al igual que las aprobadas en legislaturas de otros estados,
insiste en poner por encima del principio de la naturaleza laico del estado y
sus instituciones a la moral cristiana y sus ideas con respecta a la vida
humana.
Hace ya algunos años,
la discusión con respecto a la legalidad del matrimonio entre personas del mismo
sexo realizada por la Suprema Corta de Justicia no dejó lugar a dudas de que es
el bien público el que debe ser salvaguardado por el estado sin menosprecio de
las morales privadas. En ésa ocasión los fundamentalistas católicos presentaron
un recurso de amparo afirmando que el matrimonio tiene como finalidad básica la
procreación, argumento que reproduce la moral cristiana respecto al matrimonio
e incluso al acto sexual. Los ministros de la corte rechazaron dicho argumento
al afirmar que de acuerdo a la constitución, el matrimonio no puede ser
considerado como un contrato civil con la única finalidad de tener hijos. Dos
personas pueden unirse en matrimonio legítimamente sin tener que estar
obligados a procrear, incluso si son católicos.
Por lo anterior se
deduce que el bien público está por encima del bien privado, como lo sería la
adopción de un credo religioso, ya que el que una persona asuma los valores
morales de una religión no significa que los puede imponer a los demás. Incluso
si la mayoría de los mexicanos se declaran católicos esto no obliga al resto a
seguir las máximas cristianas. Es curioso como en nuestro país nos
escandalizamos con el fundamentalismo musulmán, pasando por alto que la iglesia
católica y sus aliados políticos se comportan de la misma manera en nuestro
país. ¿No es acaso un rasgo fundamentalista de cualquier religión obligar a
personas que no la profesan a vivir de acuerdo a sus principios y además
estigmatizarlos como encarnaciones del mal, como enemigos de la vida si no lo
hacen?
Es por lo anterior
que la propuesta de Javier Duarte –que en realidad es la de la iglesia católica
oculta detrás de un grupo civil fachada, Sí a la Vida- utiliza argumentos ‘científicos’
aportados por una bióloga de la UNAM y que son reproducidos en el cuerpo del
proyecto de ley. De ese modo coloca fuera de foco el espíritu fundamentalista
de la ley contra el aborto a pesar de que está en el fondo del problema es
simple y sencillamente la imposición de la concepción católica de la vida –aunque
lo más seguro es que no se encuentra nada que soporte semejante idea en la
Biblia.
Por otro lado se ha
planteado que la ley no impedirá que las personas puedan viajar a la ciudad de
México o utilizar los servicios de un médico y un hospital privado para
realizar un aborto. Y es cierto, pero siempre y cuando las personas posean los
medios económicos para pagar gastos de traslados o atención privada y discreta
claro. De otro modo tendrá que continuar con su embarazo -sea este producto de
una violación o de relaciones sexuales sin intención de procrear; de si la persona
tiene los medios materiales para mantener al infante o no; de si es menor de
edad o no; de si el embarazo representa un riego para su salud o no.
La ley no acabará con
la simulación y la hipocresía de los estratos sociales acomodados, que seguirán
pagándoles a sus hijas abortos en clínicas en el extranjero –disfrazados de
viajes turísticos- pero profundizará la opresión hacia las mujeres que no
cuentan con los medios materiales para ello. Son ellas y sus descendientes las
que pagarán las consecuencias de la sumisión del gobernador del estado de
Veracruz para con el fundamentalismo católico, empecinado en imponer su credo
personal. Son ellas las que serán víctimas de una maniobra electorera -cuidadosamente
planeada por Duarte y la derecha veracruzana para que coincidiera con las
campañas- encaminada a presionar a los candidatos a definir su postura frente a
la ley antiaborto, o de plano a chantajearlos para obligarlos a apoyarla y
colocar el tema en el centro de la disputa por los votos.
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