A la ley rogando y con el tolete dando: la imposición de la reforma educativa.

Si en Veracruz y Michoacán la disidencia magisterial demostró que sólo con acarreos en camiones y helicópteros más la policía -uniformada o no- golpeando a diestra y siniestra,  el gobierno federal logró a medias desarrollar la evaluación del Desempeño Magisterial, en Oaxaca la reforma educativa se juega su futuro.

Es por ello que el gobierno federal ha puesto en marcha un operativo más acorde con la misión de combatir el narcotráfico que para llevar a cabo un proceso que, según ellos, beneficiará a la niñez mexicana. Diez mil gendarmes y policías federales y estatales tienen así la encomienda de contener la protesta más que garantizar la imposición de la envenenada reforma educativa.

Es tal la preocupación que el tanto Gabino Cué como Aurelio Nuño se reunieron días antes para afinar los detalles y coordinar la represión. Con el discurso del respeto a la ley, ambos personajes se pusieron en manos del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo: a la ley rogando y con el tolete dando. En las declaraciones del titular de la SEP, se dejó entrever el verdadero objetivo de la reforma educativa la cual, según él, incorpora ‘componentes laborales’ pero sobre todo procura cambiar “… una estructura de poder clientelar, corporativo y opaco”. No quedó claro si se refirió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), paradigma del clientelismo y la corrupción, pilar histórico del charrismo sindical, o al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encabezado por el charro de moda, Carlos Romero Deschamps. 

En el colmo del cinismo, Nuño se proclamó como el defensor de  los maestros disidentes -que lo son porque los obligan y no porque sean ciudadanos con derechos y opiniones propias, amén de las muchas veces terribles condiciones en las que tienen que trabajar- cuando afirmó que “… los maestros ya no tendrán que marchar más con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Digo, más claro ni el agua: la reforma está diseñada para acabar con un actor político opositor al régimen. Lo demás es lo de menos.

Por si hiciera falta apoyo, otro actor siempre atento al beneficio de la niñez mexicana -sobre todo de la que asiste a las escuelas públicas- la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en la persona de su representante en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, reforzó la cantinela de aplicar la ley ya que no se pretende, según él, reprobar a los maestros; lo que se busca es detectar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza… (y, agrego sin temor a equivocarme, culminar la privatización de la educación, oscuro objeto histórico del deseo empresarial mexicano).

La evidente contradicción entre la necesidad de desaparecer a un actor político disidente de las políticas educativas de un gobierno neoliberal y la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza no es otra cosa que una estrategia de comunicación encaminada a darle gusto, tanto a los que responsabilizan a los maestros, disidentes o no, de la situación en la que se encuentra la educación pública del nivel básico, como a las buenas conciencias que sólo piensan en lo mejor para los niños y niñas que asisten a las primarías públicas. Todo ello promovido intensamente desde hace años por los medios de comunicación y en consonancia con los dictados de la OCDE y el Banco Mundial.

Habrá que señalar que tanto las buenas conciencias como los promotores del odio y la discriminación abrevan del mismo río: la ignorancia. Y no tanto porque no sepan lo que en realidad hay detrás del conflicto educativo sino porque no quieren saber. Y es que si se atrevieran a saber, se vería obligados a reconocer que la educación es un campo de disputa en el seno de una sociedad determinada y que todos sus integrantes tenemos que participar en la definición de sus fines y procesos. La educación no puede ser un campo restringido a las decisiones de un funcionario, un policía o un empresario prominente. 

Y esto último es algo que los maestros disidentes, no sólo de la CNTE, comprenden a cabalidad. Resistir la imposición de una reforma laboral diseñada por unos cuantos, que son además los principales promotores del clientelismo y la corrupción prevalecientes en nuestro país, resulta una acción indispensable para abrir el debate de la educación a todos los sectores involucrados. Los maestros en Oaxaca lo han comprendido desde hace tiempo. Y por ello buena parte del éxito o fracaso de la reforma educativa se jugará en la tierra de Juárez.

Carlos Slim y su biografía política

Luis Hernández Navarro/La Jornada

En las contiendas electorales la inmensa mayoría de los candidatos usualmente preguntan: ¿qué hacemos con los pobres? La otra campaña zapatista de 2005 y 2006 puso de cabeza esta lógica y cuestionó: ¿qué hacemos con los ricos? Cronista privilegiado de ese periplo, Diego Enrique Osorno comenzó a preguntarse a partir de entonces cómo hacer un periodismo que cuente también la realidad del México de arriba. Su último libro, Slim: biografía política del mexicano más rico del mundo, es el producto de esta apuesta.

Como obrero de la información, Diego Osorno ha narrado episodios claves en la historia de la resistencias recientes del México de abajo. En los últimos años reporteó el recorrido zapatista por todo el país, viajó a los Loxichas para documentar el memorial de agravios sufridos por los pueblos zapotecos de la región, relató el levantamiento popular magisterial del 2006 en Oaxaca, se sumergió en la resistencia de los mineros michoacanos y acompañó a la Caravana por la paz de Javier Sicilia para escribir en tiempo real un testimonio de la valentía.

En eso estaba hasta que un día se desayunó con la noticia de que, según la lista elaborada por la revista Forbes, Carlos Slim se había convertido en el hombre más rico del mundo. Una ola de indignación lo sacudió. ¿Cómo era posible que en un país con más de 50 millones de pobres una persona amasara una fortuna de esa magnitud?, se preguntó. Y, convencido de que el tamaño de esa desigualdad es una afrenta, decidió averiguar su origen.

Consciente de que no podía escribir esa historia libro desde la indignación, emprendió con paciencia la tarea de acopiar información, hacer entrevistas con personajes claves –Carlos Slim incluido–, litigar para tener acceso a archivos y adentrarse en los laberintos que conectan el mundo de la política y las finanzas en México.

La estrella polar que guió esa travesía fue la de desentrañar el contexto político detrás de la fortuna del potentado. Encontrar las tramas de falta de regulación y transparencia estatal que la hicieron posible, así como las redes de corrupción que envuelven y lubrican el mundo de los negocios hechos al amparo de la privatización de las grandes empresas públicas.

La tarea no fue fácil. Las fuentes disponibles para investigar son escasas y sesgadas. Los ricos mexicanos huyen, como si fuera la peste, del escrutinio público. Sobre sus vidas personales y sus relaciones con el poder han levantado fosos tan grandes como los que han construido para resguardar sus mansiones. Lo que se sabe de su existencia está elaborado sobre la base de crónicas de sociales y reportajes en las revistas del corazón que ellos mismos pagan, y de columnas en la sección de finanzas de diarios y revistas. Su presencia mediática genera la ilusión de que todo mundo los conoce aunque nadie sepa realmente a ciencia cierta quiénes son.

Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo no es una historia lineal que relata cronológicamente la vida del potentado. Es, más bien, un libro que narra temas y momentos claves del personaje. Un libro que salta en el tiempo para detenerse en la forma en la que adquirió Teléfonos de México, su disputa con Televisa y Televisión Azteca o su visión y práctica de la filantropía.

Es, además, un trabajo que confronta, más allá de los chismes y rumores, los mitos que sobre el multimillonario corren en la realidad. ¿Es cierto que Carlos Slim es el prestanombres de Carlos Salinas, como dice la rumorología popular? El periodista responde que no, y aporta y ordena gran cantidad de información que demuestra su aseveración. Y, más lejos aún, muestra cómo en la actualidad la relación entre el empresario y el ex mandatario es sumamente tirante.

El libro de Diego Osorno es una brillante radiografía del neoliberalismo mexicano o, más bien, de la forma en que el neoliberalismo adquiere carta de naturalización en México. De la misma manera que Charles Darwin elabora su teoría de la selección natural a partir de un viaje por las islas Galápagos, así el periodista regiomontano de 34 años, desarrolla las pistas claves del nuevo darwinismo social que ha echado raíces en nuestro país a partir de su expedición por la vida, obra y milagros del dueño de Sanborns. El magnate es un arquetipo del capitalismo mexicano de fin de siglo, un personaje límite.

En esta dirección, Osorno recupera la historia de cómo Slim se involucró en 1984, junto a los millonarios Emilio Azcárraga Milmo, Antonio del Valle, Carlos Autrey, Roberto Sertvije y Juan Gallardo, entre otros, en la altruista formación de una compañía llamada Libre Empresa SA. Su objetivo explícito fue consolidar una estrategia para hacer viable el proyecto del PRI en el poder. También, adquirir del Estado todas las empresas que éste opera (...) y así auxiliarlo en la responsabilidad que tiene. Una labor seguramente desinteresada en la que tuvieron gran éxito...

Parte relevante del relato sobre lo que sucede en el México de hoy está hecho por periodistas, no por los académicos, ni por los analistas de centros de estudios no gubernamentales, ni por los intelectuales mediáticos. En muchas ocasiones, quienes lo hacen no forman parte de la plantilla regular de la prensa escrita o electrónica. En mucho, esta narrativa está presente en libros. Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo es clara muestra de esta tendencia.

Al escribir la biografía del constructor de Grupo Carso, Diego Osorno ha producido un libro muy importante para comprender el México de los últimos 25 años. Un libro que explica con sencillez y rigor la amarga paradoja de vivir en un país en que coexisten algunos de los hombres más ricos del mundo con muchos millones de pobres. Gracias a él, hoy sabemos más y con mayor profundidad sobre las relaciones entre el poder y las empresas en México, tarea central para dilucidar qué hacer con los ricos.

Nuevo rector en la UNAM, viejas prácticas para elegirlo.

Lo que para muchos fue un triunfo de la comunidad y la autonomía universitaria resultó más bien la victoria de viejas prácticas autoritarias y negociaciones entre unos cuantos. Encandilados con la misión de impedir que el candidato de Los Pinos, Sergio Alcocer, muchos universitarios respiraron aliviados cuando el ungido fue Enrique Garue Wiechers. Empero el mecanismo de elección tiene más en común con los cónclaves en El Vaticano para nombrar un nuevo dirigente, que a la sucesión de una institución superior en el seno de una sociedad que aspira a la democracia.

Resulta por demás incongruente que la institución de educación superior más importante del país siga siendo manejada por quince notables integrantes de la Junta de Gobierno, en lugar de poner en práctica mecanismos que hagan posible la participación efectiva de la comunidad universitaria. ¿Cómo arribar a una sociedad democrática si los futuros profesionistas son educados en un ambiente de autoritarismo, corrupción y negociaciones en lo oscurito? La UNAM sin duda representa un espacio privilegiado de discusión y producción de conocimiento pero, al mismo tiempo, un territorio controlado por unos cuantos grupos atrincherados en diversas facultades y, sobre todo, en los altos puestos de la burocracia universitaria.

Para nadie es un secreto que la UNAM ha sido controlada por décadas por una minoría que se alterna en los puestos directivos, manteniendo una legislación universitaria que ya no corresponde a la realidad nacional. Estrenada el 6 de enero de 1945, la Ley Orgánica respondió en su momento a una realidad política monopolizada por el partido del estado y que no concebía a la educación superior más que como un espacio de formación de cuadros afines a las instituciones posrevolucionarias. Por lo anterior, no se concebía una universidad abierta efectivamente a las mayorías sino un espacio para la educación de las élites, emulando al sistema político de la época.

La llegada del tercer egresado de la facultad de Medicina de manera consecutiva a la rectoría -después de Juan Ramón de la Fuente y José Narro- evidencia el enorme poder de dicha facultad. De los catorce rectores nombrados después de 1946, siete han sido egresados de medicina (Zubirán, Chávez, Soberón, Rivero, de la Fuente, Narro y Graue), tres de ingeniería (Carrillo, Barros Sierra, Barnés), dos de derecho (Garrido y Carpizo), uno de biología (Sarukhan) y otro de sociología (González Casanova). De las 115 carreras que ofrece la UNAM sólo cinco han tenido el honor de contar con al menos un egresado ocupando la rectoría. Si a esto se agrega que la UNAM cuenta con más de 300 mil alumnos, casi 40 mil profesores –de los cuales cerca de 12 mil son de tiempo completo- resulta grotesco que sólo quince gocen del privilegio para elegir al rector.

El doctor Enrique Graue posee sin duda un perfil sobresaliente en términos académicos y de investigación y ha declarado que el aumento de cuotas es un tema superado, lo cual honra el espíritu del artículo tres constitucional. Pero también dejó en claro que no tolerará la intromisión de los partidos políticos en la universidad y que la autonomía no significa extraterritorialidad. Todo bien, a no ser porque ratifica una vieja creencia universitaria, muy cómoda para los pocos que controlan la universidad: la neutralidad política. Dicho de otro modo, sólo la élite académica puede hacer política; el resto de la comunidad no.

El tabú de la praxis política al interior de la universidad excluye a la inmensa mayoría de su comunidad para participar en los asuntos clave de la vida universitaria. La élite universitaria ha demostrado una y otra vez que no es inmune al canto de las sirenas proveniente del gobierno federal. Más de uno ha saltado de la rectoría a una secretaría de estado, por lo que cuesta trabajo creer que no es en pago a su sometimiento a la presidencia de la república. Y es precisamente el mantenimiento de ése tabú lo que ha sostenido el mecanismo antidemocrático de sucesión hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que, si los estudiantes universitarios son ciudadanos con plenos derechos y pueden votar y ser votados, al interior de la universidad sean tratados como menores de edad? La respuesta común es patética: es que los estudiantes son fácilmente manipulables. ¿Y acaso no lo son  los millones de votantes quienes, manipulados por medios de comunicación o por los ‘programas sociales’ votan por el mejor postor para formar gobiernos? 

Pensar que la educación debe mantenerse ajena a la confrontación de proyectos e ideas diferentes  es simplemente negar su naturaleza social y política. Todo lo que gira alrededor de la producción y reproducción del conocimiento es eminentemente político por ser fuente de conflicto. En una sociedad diversa y plural, la discusión acerca de qué, cómo, cuando, por qué y donde aprender debe ser abordada en el espacio público y no en las oficinas de la secretaría de educación o para el caso, en una mesa con quince notables. La educación es un asunto de todos.

El comal le dice a la olla: Los límites del conflicto entre la UV y el gobierno.

En otra ocasión se había comentado en este espacio acerca de la crisis política que se ha manifestado en el estado de Veracruz en los últimos meses. Provocada por la eminente sucesión en el gobierno del estado, la crisis se ha manifestado principalmente en el rompimiento de las tradicionales formalidades de la política institucional. La más evidente es la pugna abierta entre el gobernador y los aspirantes de su partido a sucederlo. Pero también en el aparente conflicto entre la burocracia universitaria y la gubernamental. 

En la semana que termina hoy, los dimes y diretes entre la rectoría de la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado muestran un enfrentamiento que ha rebasado las tradicionales genuflexiones que la alta burocracia de la UV le ha rendido el poder político estatal. La manzana de la discordia tiene que ver con el dinero, que no con los proyectos educativos, sociales o políticos puestos en práctica en el estado. En éstos últimos no hay diferencias importantes; la burocracia universitaria ha acompañado y apoyado sin reservas las políticas públicas estatales, o cuando mucho, se ha limitado a cuestionarlos en lo oscurito.

Sin embargo, por lo que toca a las finanzas, la rectora ha marcado una ruta que tiene como finalidad mantenerla a ella y a su grupo al frente de la UV. Considera, y con razón, que la asfixia financiera puede erosionar la endeble legitimidad de su gestión y provocar un conflicto con académicos y trabajadores que, en última instancia, le costaría el puesto. Es por eso que no ha dudado plantear el problema de manera reiterada desde mediados de año. Fue así como primero, en agosto, solicitó a los diputados electos del estado de Veracruz su apoyo para que el gobierno del estado liquidara el adeudo con la UV; luego, durante un encendido discurso con motivo de su primer informe de labores, la rectora Ladrón de Guevara le puso número a la deuda: dos mil millones y cachito, provocando que el gobernador, con su estilo habitual declarara que su gobierno no le debía nada a la universidad. El mismo mes de septiembre, la Junta de Gobierno de la UV secundó a la rectora y solicitó públicamente los recursos adeudados. Frente a la negativa del gobierno del estado de reconocer el adeudo –ahora afirmando que los subsidios no son obligatorios- la rectora logró el apoyo del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, el cual reclamó el pago de la deuda sin medias tintas. 

El conflicto se ha mantenido en una guerra de declaraciones, siendo la más reciente, el sumiso aporte del titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Adriano Fabre, quien declaró que lo que aporta la UV no alcanza para pagar a los maestros pensionados por lo que, según él, es la UV la que le debe al gobierno del estado. Semejante desfiguro provocó que el gobernador Duarte tuviera que declarar por twitter que la culpa de la crisis del sistema de pensiones del estado no es de nadie.

Lo anterior ha llamado la atención de tirios y troyano en el estado de Veracruz, al grado de que el senador José Yunes Zorrila ha decidido utilizar el conflicto -apoyando a la rectora- para fortalecer sus aspiraciones políticas, afirmando que el adeudo pone en riesgo la viabilidad de la educación universitaria en el estado. En este sentido, desde el Senado, el precandidato priísta a la gubernatura ha decidido gestionar para lograr que la UV reciba lo que le corresponde. Pero no es el único, pues el diputado Ahued también se ha subido al carro, sugiriendo la movilización de la comunidad universitaria para presionar al gobierno estatal. 

En el fondo de todo este sainete político subyace el agotamiento de un modelo de educación superior y particularmente de su sistema de pensiones, lo cual no es privativo del estado de Veracruz. El paulatino desmantelamiento del estado de bienestar ha llegado a un punto en el que no sólo el sistema de pensiones sino también el servicio médico, la renovación de la planta académica, el mantenimiento de la infraestructura universitaria y la ampliación de la matrícula se encuentren en franco retroceso. Pero esto viene de lejos, de años de inmovilismo y sometimiento de la burocracia universitaria, de buena parte de la planta académica y de trabajadores administrativos para con el gobierno del estado. El resultado ha sido el rompimiento del sentido de comunidad al interior de la universidad, la cual ha respondido tibiamente a la convocatoria para juntar firmas en la plataforma de change.org para exigir el pago del adeudo, hecho por demás significativo de lo anterior. La desconfianza entre autoridades y trabajadores es mutua y es por eso que, a su vez, la rectora no se atreve a movilizar a la comunidad universitaria. Prefiera los canales institucionales, lo que demuestra en donde están los límites del conflicto.

Las consecuencias de dicha dinámica están a la vista y el quebranto financiero de la universidad forma parte de la quiebra de la finanzas del gobierno estatal, que se ha endeudado sistemáticamente por años sin mayor oposición por parte de la burocracia universitaria, la cual hasta ahora y después de haber gastado a manos llenas para mantener lujos y complicidades (baste recordar al equipo de básquetbol profesional Los Halcones), pone el grito en el cielo una vez que la lumbre le llega a los aparejos. Por eso el conflicto financiero de la universidad es un conflicto entre la burocracia estatal y la universitaria. No es, hasta el momento, un conflicto entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana con el gobierno estatal.

¿Hemos interiorizado el fin de la historia?

Raúl Zibechi

La Jornada

El naufragio siempre es el momento más significativo, escribió Fernand Braudel en Historia y ciencias sociales (Escritos sobre la historia, FCE, 1991). En opinión del historiador, mucho más significativos aún que las estructuras profundas son sus puntos de ruptura, su brusco y lento deterioro bajo el efecto de presiones contradictorias.

En los debates de las izquierdas globales, parece haberse esfumado una tensión básica del pensamiento crítico, presente desde los primeros tiempos: la mirada larga en el tiempo, la negativa a jugar todo el movimiento en maniobras tácticas, tener siempre presente el legado a las generaciones futuras.

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“Las estructuras de partido es donde se vicia todo”

Tiene razón Omar. Con desenvoltura, sin preciosismos palabrarios, Omar García – uno de los sobrevivientes de la tragedia del 26 de septiembre– responde a su increpador en turno, el señor John Ackerman, miliciano de Morena-partido que cuestiona la falta de disposición electoral del movimiento por Ayotzinapa: “John, las estructuras de partido es donde se vicia todo”. Tiene razón Omar. 

Es posible pensar en algunos casos donde esta ley de hierro no se efectúa. Cierto. Generalmente se trata de partidos jóvenes que se forman ex profeso para arropar o capitalizar un movimiento social. Pero en todos esos casos, el apego del partido a las iniciativas populares tienen una duración restringida, que es básicamente mientras persiste el involucramiento dinámico de la población civil organizada. El partido se pervierte y sus plataformas se pudren y sus programas de gobierno se desvirtúan y sus afiliados se corrompen y sus procesos internos se vician cuando el agente vital de su empoderamiento languidece. Ese “agente vital” es la acción popular autónoma. Algunas experiencias al sur del continente rondan estos ingratos derroteros. Y lo mismo podría ocurrir en México, en el escenario de que Morena consiguiera ganar la presidencia en 2018, si la dirigencia del partido insiste en englobar toda la acción social bajo el paraguas partidario-electoral. Eso es exactamente lo que Omar trató de decir a Ackerman, en esa charla-debate que transmitió Rompeviento Tv. 

Ackerman repitió el estribillo de que “no todos los partidos son lo mismo”. Y otra vez, con lacónica certitud, y evocando a Lucio Cabañas, Omar respondió: “Es cierto… algunos garrotean menos que otros”. (Si este diálogo hubiera sido relatado por alguna de esas innoblemente nobles plumas del sitio web Vice, probablemente habría añadido una glosa marginal de exclamación, algo así como “in your face  motherf…” Felizmente los chicos Vice continúan recluidos en las cándidas jerigonzas de la política pop, y el desencuentro teórico-político de Omar y John siguió su ríspido pero cordial tenor). 

Ciertas figuras políticas no entienden, o no quieren entender, o no les conviene entender, o hacen como que la virgen les habla, una distinción elemental entre poder y política. Es cierto que la relación es íntima, pero poder y política no andan de la mano para todos lados. Nadie puede objetar que un partido político, por definición, aspira a ejercer el poder (aún cuando ese poder en la globalidad neoliberal esté acotado). En cambio, un movimiento social a menudo aspira a hacer política, y no necesariamente a una posición de poder. El poder es la institución de un predominio de clase o de casta o de género o de estado. La política es la disputa por el predominio en una correlación de fuerzas asimétrica, cuyo objetivo es el control o gestión de los recursos económicos, simbólicos o militares. En general, el poder es el “desenlace” de la política, y la política es una “acción” en respuesta a ese poder. El Estado, por ejemplo, es una concentración de poder. Por eso “Estado democrático” es un barbarismo de la ciencia política, que tristemente ahora es de uso corriente. La democracia es una forma de articulación política, por definición disruptiva. No es ningún régimen de gobierno o Estado. A propósito de esos chiclerismos académicos, el filosofo Jaques Rancière dice: “No hay Estado democrático… no hay traducción institucional posible de este fondo disruptivo, expansivo, de la política… la democracia no se identifica con una forma de Estado, sino que designa una dinámica autónoma con respecto a los lugares, a los tiempos, a la agenda estatal…el principio estatal, a pesar de todo, siempre funcionó como un principio de confiscación y privatización del poder colectivo”. En pocas palabras, Rancière sugiere que eso que se conoce genéricamente como “democracia electoral” es esencialmente un mecanismo de defraudación desde el estado. Y lo que Omar le seguía tratando de explicar a John era eso. 

Bueno. El caso es que Omar le dice a John: “No mano, esta no es una lucha partidaria, esta es una lucha por un grupo de normalistas desaparecidos… [Y la idea es transitar] de un movimiento por los desaparecidos a un movimiento por la transformación del país”. No lo dice Omar, pero está claro que allí radica la condición de posibilidad de la democracia: a saber, en esa iniciativa popular “autónoma con respecto a la agenda estatal”. 

Atendiendo el razonamiento de Rancière, Amador Fernández-Savater escribe: “La democracia sería de ese modo lo ingobernable mismo en su manifestación, es decir, la acción igualitaria que desordena el reparto jerárquico de lugares, papeles sociales y funciones, abriendo el campo de lo posible y ampliando las definiciones de la vida común” (http://www.eldiario.es/interferencias/democracia-representacion-Laclau-Ranciere_6_385721454.html). No lo enuncia así. Es cierto. Pero Omar se lo dijo a John con menos enredos lingüísticos. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, debió pensar Omar. Para John, como para la generalidad de los samaritanos del liberalismo, la organización partidaria es una suerte de providencia o causa suprema. Todas las demás iniciativas sociales o políticas –de acuerdo con el credo liberal– son meras notas al pie de la lucha electoral.  

“Ayotzinapa es una coyuntura… y es la posibilidad de cambiar mucho”, soltó Omar. Y John asintió, no sin cierta desesperación. Y cuando por fin parecía que la dinámica dialógica alcanzaría un consenso, John se precipitó a una disertación de lo que a su juicio es la historia de México, y específicamente la historia de la izquierda partidaria en el país, y acerca de cómo esa historia presuntamente demuestra la relevancia política de Morena en el presente. Bien. El caso es que Omar recordó, a modo de recapitulación, que el movimiento por Ayotzinapa es una lucha por los desaparecidos, que sí tiene una agenda política latente, y que esa agenda responde a la coyuntura que inaugura la tragedia del 26 de septiembre. 

Esa discusión puso en evidencia una propiedad común a los partidos y sus huestes: a saber, que a los hombres de partido sí les interesa esas coyunturas, pero solamente por las posiciones que los actores centrales de esa coyuntura asuman en relación con los partidos políticos. En suma, les interesan los votos. Lo demás es lo de menos. Los partidos políticos son maquinarias atrapa-votos. Ese es el rasgo dominante de los partidos. Los principios se desdibujan, y la oligarquización interna acecha. Alguien, en algún lugar, observó que los partidos políticos no mueren de causas naturales; se suicidan. 

Y por eso Omar le decía a John: “las estructuras de partido es donde se vicia todo”. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/las-estructuras-de-partido-es-donde-se-vicia-todo/