Si en Veracruz y Michoacán la disidencia magisterial
demostró que sólo con acarreos en camiones y helicópteros más la policía -uniformada
o no- golpeando a diestra y siniestra, el
gobierno federal logró a medias desarrollar la evaluación del Desempeño
Magisterial, en Oaxaca la reforma educativa se juega su futuro.
Es por ello que el gobierno federal ha puesto en marcha un
operativo más acorde con la misión de combatir el narcotráfico que para llevar
a cabo un proceso que, según ellos, beneficiará a la niñez mexicana. Diez mil
gendarmes y policías federales y estatales tienen así la encomienda de contener
la protesta más que garantizar la imposición de la envenenada reforma educativa.
Es tal la preocupación que el tanto Gabino Cué como Aurelio
Nuño se reunieron días antes para afinar los detalles y coordinar la represión.
Con el discurso del respeto a la ley, ambos personajes se pusieron en manos del
comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo: a la ley rogando y
con el tolete dando. En las declaraciones del titular de la SEP, se dejó
entrever el verdadero objetivo de la reforma educativa la cual, según él, incorpora
‘componentes laborales’ pero sobre todo procura cambiar “… una estructura de
poder clientelar, corporativo y opaco”. No quedó claro si se refirió al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), paradigma del clientelismo y
la corrupción, pilar histórico del charrismo sindical, o al Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encabezado por el charro de moda, Carlos
Romero Deschamps.
En el colmo del cinismo, Nuño se proclamó como el defensor
de los maestros disidentes -que lo son
porque los obligan y no porque sean ciudadanos con derechos y opiniones propias,
amén de las muchas veces terribles condiciones en las que tienen que trabajar- cuando
afirmó que “… los maestros ya no tendrán que marchar más con la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Digo, más claro ni el agua: la
reforma está diseñada para acabar con un actor político opositor al régimen. Lo
demás es lo de menos.
Por si hiciera falta apoyo, otro actor siempre atento al
beneficio de la niñez mexicana -sobre todo de la que asiste a las escuelas
públicas- la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en la
persona de su representante en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, reforzó la
cantinela de aplicar la ley ya que no se pretende, según él, reprobar a los
maestros; lo que se busca es detectar áreas de oportunidad para mejorar la
calidad de la enseñanza… (y, agrego sin temor a equivocarme, culminar la privatización
de la educación, oscuro objeto histórico del deseo empresarial mexicano).
La evidente contradicción entre la necesidad de desaparecer
a un actor político disidente de las políticas educativas de un gobierno
neoliberal y la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza no es otra cosa
que una estrategia de comunicación encaminada a darle gusto, tanto a los que
responsabilizan a los maestros, disidentes o no, de la situación en la que se
encuentra la educación pública del nivel básico, como a las buenas conciencias
que sólo piensan en lo mejor para los niños y niñas que asisten a las primarías
públicas. Todo ello promovido intensamente desde hace años por los medios de
comunicación y en consonancia con los dictados de la OCDE y el Banco Mundial.
Habrá que señalar que tanto las buenas conciencias como los
promotores del odio y la discriminación abrevan del mismo río: la ignorancia. Y
no tanto porque no sepan lo que en realidad hay detrás del conflicto educativo
sino porque no quieren saber. Y es que si se atrevieran a saber, se vería
obligados a reconocer que la educación es un campo de disputa en el seno de una
sociedad determinada y que todos sus integrantes tenemos que participar en la
definición de sus fines y procesos. La educación no puede ser un campo
restringido a las decisiones de un funcionario, un policía o un empresario
prominente.
Y esto último es algo que los maestros disidentes, no sólo
de la CNTE, comprenden a cabalidad. Resistir la imposición de una reforma
laboral diseñada por unos cuantos, que son además los principales promotores
del clientelismo y la corrupción prevalecientes en nuestro país, resulta una
acción indispensable para abrir el debate de la educación a todos los sectores
involucrados. Los maestros en Oaxaca lo han comprendido desde hace tiempo. Y
por ello buena parte del éxito o fracaso de la reforma educativa se jugará en
la tierra de Juárez.
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