En otra ocasión se
había comentado en este espacio acerca de la crisis política que se ha
manifestado en el estado de Veracruz en los últimos meses. Provocada por la
eminente sucesión en el gobierno del estado, la crisis se ha manifestado
principalmente en el rompimiento de las tradicionales formalidades de la
política institucional. La más evidente es la pugna abierta entre el gobernador
y los aspirantes de su partido a sucederlo. Pero también en el aparente
conflicto entre la burocracia universitaria y la gubernamental.
En la semana que
termina hoy, los dimes y diretes entre la rectoría de la Universidad
Veracruzana y el gobierno del estado muestran un enfrentamiento que ha rebasado
las tradicionales genuflexiones que la alta burocracia de la UV le ha rendido
el poder político estatal. La manzana de la discordia tiene que ver con el
dinero, que no con los proyectos educativos, sociales o políticos puestos en
práctica en el estado. En éstos últimos no hay diferencias importantes; la
burocracia universitaria ha acompañado y apoyado sin reservas las políticas
públicas estatales, o cuando mucho, se ha limitado a cuestionarlos en lo
oscurito.
Sin embargo, por lo
que toca a las finanzas, la rectora ha marcado una ruta que tiene como
finalidad mantenerla a ella y a su grupo al frente de la UV. Considera, y con
razón, que la asfixia financiera puede erosionar la endeble legitimidad de su
gestión y provocar un conflicto con académicos y trabajadores que, en última
instancia, le costaría el puesto. Es por eso que no ha dudado plantear el
problema de manera reiterada desde mediados de año. Fue así como primero, en
agosto, solicitó a los diputados electos del estado de Veracruz su apoyo para
que el gobierno del estado liquidara el adeudo con la UV; luego, durante un
encendido discurso con motivo de su primer informe de labores, la rectora
Ladrón de Guevara le puso número a la deuda: dos mil millones y cachito,
provocando que el gobernador, con su estilo habitual declarara que su gobierno
no le debía nada a la universidad. El mismo mes de septiembre, la Junta de
Gobierno de la UV secundó a la rectora y solicitó públicamente los recursos
adeudados. Frente a la negativa del gobierno del estado de reconocer el adeudo
–ahora afirmando que los subsidios no son obligatorios- la rectora logró el
apoyo del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la
ANUIES, el cual reclamó el pago de la deuda sin medias tintas.
El conflicto se ha
mantenido en una guerra de declaraciones, siendo la más reciente, el sumiso
aporte del titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Adriano Fabre,
quien declaró que lo que aporta la UV no alcanza para pagar a los maestros
pensionados por lo que, según él, es la UV la que le debe al gobierno del
estado. Semejante desfiguro provocó que el gobernador Duarte tuviera que
declarar por twitter que la culpa de la crisis del sistema de pensiones del
estado no es de nadie.
Lo anterior ha
llamado la atención de tirios y troyano en el estado de Veracruz, al grado de
que el senador José Yunes Zorrila ha decidido utilizar el conflicto -apoyando a
la rectora- para fortalecer sus aspiraciones políticas, afirmando que el adeudo
pone en riesgo la viabilidad de la educación universitaria en el estado. En
este sentido, desde el Senado, el precandidato priísta a la gubernatura ha
decidido gestionar para lograr que la UV reciba lo que le corresponde. Pero no
es el único, pues el diputado Ahued también se ha subido al carro, sugiriendo
la movilización de la comunidad universitaria para presionar al gobierno
estatal.
En el fondo de todo
este sainete político subyace el agotamiento de un modelo de educación superior
y particularmente de su sistema de pensiones, lo cual no es privativo del
estado de Veracruz. El paulatino desmantelamiento del estado de bienestar ha
llegado a un punto en el que no sólo el sistema de pensiones sino también el
servicio médico, la renovación de la planta académica, el mantenimiento de la
infraestructura universitaria y la ampliación de la matrícula se encuentren en
franco retroceso. Pero esto viene de lejos, de años de inmovilismo y
sometimiento de la burocracia universitaria, de buena parte de la planta
académica y de trabajadores administrativos para con el gobierno del estado. El
resultado ha sido el rompimiento del sentido de comunidad al interior de la
universidad, la cual ha respondido tibiamente a la convocatoria para juntar
firmas en la plataforma de change.org para exigir el pago del adeudo, hecho por
demás significativo de lo anterior. La desconfianza entre autoridades y
trabajadores es mutua y es por eso que, a su vez, la rectora no se atreve a
movilizar a la comunidad universitaria. Prefiera los canales institucionales,
lo que demuestra en donde están los límites del conflicto.
Las consecuencias de
dicha dinámica están a la vista y el quebranto financiero de la universidad
forma parte de la quiebra de la finanzas del gobierno estatal, que se ha
endeudado sistemáticamente por años sin mayor oposición por parte de la
burocracia universitaria, la cual hasta ahora y después de haber gastado a
manos llenas para mantener lujos y complicidades (baste recordar al equipo de
básquetbol profesional Los Halcones), pone el grito en el cielo una vez que la
lumbre le llega a los aparejos. Por eso el conflicto financiero de la
universidad es un conflicto entre la burocracia estatal y la universitaria. No
es, hasta el momento, un conflicto entre la comunidad universitaria y la
sociedad veracruzana con el gobierno estatal.
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