Ayotzinapa y la razón de estado

Acuñada por Maquiavelo para explicar las medidas extraordinarias que aplica un gobernante para mantener su poder, la razón de estado se justifica gracias a la idea de que la existencia del estado es un valor que está por encima de los derechos sociales o individuales. Así, el estado puede justificar sus acciones independientemente de que sean legales o ilegales, legítimas o ilegítimas. Soporte del estado liberal contemporáneo para mantener la dominación capitalista, la razón de estado no es otra cosa que la justificación de la violencia institucional, de los crímenes de lesa humanidad, de la corrupción y los fraudes electorales (recuérdese el fraude patriótico de 1988).

Utilizar el concepto de razón de estado para comprender las acciones del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, sin el afán de justificarlo, puede servir para comprender la dinámica de la respuesta estatal a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la ejecución extrajudicial de seis estudiantes, a los que hay que sumas 40 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Lo que está en juego no es solamente la maltrecha legitimidad de Peña Nieto y su grupo para mantenerse en el poder, coordinando y beneficiándose de la venta de los recursos naturales y humanos. Además está en juego la legitimidad de las fuerzas armadas, actor clave en la noche de Iguala pero también actor clave en la política exterior estadounidense, materializada en el Plan Mérida y el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Frente a la pérdida de popularidad de Peña Nieto y la creciente ola de protestas a lo largo y ancho del país, las fuerzas armadas devienen un actor central para mantener condiciones mínimas para mantener el saqueo y el robo sistemático.

De las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos en Iguala y Cocula hay un elemento que se destaca: el papel que jugó el ejército. Si bien no existen pruebas fehacientes de la participación directa del 27 Batallón de Infantería, del informe presentado por el GIEI se infiere que el comandante a cargo del mencionado batallón, coronel José Rodríguez Pérez, estuvo al tanto de todas los detalles de la operación efectuada por fuerzas policiacas locales. En el resumen ejecutivo del Informe Ayotzinapa el GIEI señala que, de acuerdo al “... un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena” y se agrega que en varios momentos del ataque a los estudiantes estuvieron presentes efectivo del ejército y la policía federal. 

 

Las reiteradas peticiones del GIEI para entrevistar a elementos del 27 Batallón han sido ignoradas sistemáticamente por el gobierno federal, lo que sin duda pretende evitar cualquier filtración de información en lo relativo a la presencia y accionar de los elementos en cuestión. Pero en el resumen ejecutivo del GIEI se establece que, dado el número de efectivos policiacos fue necesaria la coordinación de los operativos, es decir, de un mando central que diera las órdenes. Tomando en cuenta el protocolo de seguridad vigentes en el país, la coordinación de los mandos policiacos viene desde los cuarteles por lo que resulta bastante probable que dicha coordinación fuera realizada por mandos militares o que, al menos, ellos estuvieron al tanto de todo a lo largo del operativo dejando que se desarrollaran los acontecimientos sin que interviniera para proteger a los estudiantes. 

 

Si a lo anterior se agrega que el GIEI sugiere que el móvil del ataque a los estudiantes fue el tráfico de drogas (el quinto autobús contenía droga en tránsito a la frontera) las consecuencias de involucrar al ejército en el operativo son enormes. No sólo habría coordinado las acciones de la policía para operar el ataque sino que además lo hizo para proteger los negocios del narco, cosa que no sería una novedad en la historia del narcotráfico en México. Baste recordar al otrora todopoderoso zar del narcotráfico, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien aplicó dicha estrategia a favor del Cártel de Juárez a finales de los noventa, para presentar resultados en la supuesta lucha contra el narcotráfico y que a la postre significó su caída y encarcelamiento. 

 

Todo lo anterior apunta a señalar al ejército como un actor clave en los sucesos del 26 de septiembre de 2014. La 'verdad histórica' no tiene otro objetivo que deslindar a los mandos militares de cualquier intervención en el operativo, a pesar de que estuvieron enterados de la situación todo el tiempo y de su largo historial de corrupción y tráfico de influencias. La razón de estado, en este caso, está dirigida a proteger a una institución clave del estado mexicano para mantener al país alineado a la dinámica militarista para mantener el saqueo de sus recursos naturales. En el contexto de la cuarta guerra mundial es indispensable para el estado mexicano proteger a costa de lo que sea -incluso del desprestigio creciente del entramado institucional y de los partidos políticos, así como de la popularidad de Peña Nieto y su grupo- la imagen de las fuerzas armadas. De ellas dependen cada vez más para mantenerse en el poder. Y ésa si que es una verdad histórica del estado liberal en México y en el mundo.