Determinar si se trata de una criatura del gobierno o de la delincuencia, o un frankenstein al servicio de ricos rancheros o poderosas empresas mineras, es una preocupación que gozó –acaso aún goza– de preeminencia en el tratamiento periodístico que se da a las autodefensas en Michoacán. Y las opiniones frecuentemente fluctúan entre dos posiciones que a menudo colindan: o bien que las autodefensas responden a una recomposición del territorio administrada por empresarios o caciques locales, o bien que “la mano que mece la cuna” mora los pasillos de la institucionalidad pública (gobierno, ejército etc.). Mientras se insista en abordar el fenómeno desde esta óptica, sólo se conseguirá reincidir en diagnósticos parciales o verdades a medias. Porque la irrupción de las autodefensas no tuvo un único epicentro originario. Tampoco fue el saldo de la maquinación de un solo hombre o grupo de hombres. Las autodefensas son la expresión, nunca estable, de una multiplicidad de procesos extra e intraterritoriales. No se aspira acá a desagregar a las autodefensas de su momento constitutivo. Tan sólo cabe reconocer que este momento constitutivo es multiforme. Las contradicciones e indeterminaciones de la agrupación confirman este razonamiento.
En las autodefensas convergen 36 coordinadoras y cerca de 100 comunidades levantadas en armas. A grandes líneas, esta confederación se divide entre quienes respaldan el acuerdo con el gobierno y aceptan la iniciativa de desarme, y quienes se oponen a esta tentativa de desactivación (presumiblemente la mayoría de las coordinadoras). El gobierno, los cárteles y quizá también algunos empresarios otrora afines a las autodefensas, temen esta última posición de resistencia e insubordinación. Aún cuando intervinieran poder fácticos o formales en el origen de las autodefensas, no se puede objetar que la moción autodefensiva ha cobrado un impulso disruptivo, que a más de una autoridad tiene en estado de vilo e intranquilidad. En otra oportunidad se consigno este carácter “potencialmente transgresor” de las guardias michoacanas:
“… cabe advertir que la sola participación (o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de riesgos virtualmente costosos para el poder constituido. Las propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos… acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por acción u omisión las autoridades públicas… El riesgo para el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía… y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon”.
El diálogo entre las autodefensas y el gobierno (o al menos los retazos de esa interlocución que se ventila públicamente) es altamente ilustrativo de este escenario u horizonte antes enunciado. Allí se asoman los primeros ribetes de una violenta confrontación en puerta, cuyo desenlace es de pronóstico reservado. Pero acaso lo más importante de este remedo dialógico, que a veces se acerca más a una yuxtaposición de soliloquios, es que consigna el germen de una insurgencia social.
Pero dejemos que los propios protagonistas señalen el camino hacia esta conjetura.
Autodefensas-gobierno: señales encontradas
Lunes 13 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fija la posición del gobierno:
“Se responsabiliza a las autodefensas por debilitar el Estado de derecho y por abonar en el terreno siempre arbitrario, inconstitucional y peligroso de la aplicación de la justicia por propia mano… los emplazo a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades estatales, se hacen cargo de la protección y seguridad de los habitantes de Tierra Caliente” (Nexos IV-2014).
El mismo día, las autodefensas responden:
“Que Osorio Chong venga a desarmarnos (...). Nunca va a venir, pero que lo intente” (El Universal 14-I-2014).
Viernes 17 de enero, Washington reitera su apoyo al gobierno mexicano, en un pronunciamiento del secretario de Estado, John Kerry, que no pocos analistas interpretan como reprimenda:
"Tenemos preocupación, no miedo [con el asunto de las autodefensas]. Trabajaremos con el gobierno [mexicano] y estamos preparados para tratar de ser tan útiles como podamos" (CNN 17-I-2014)
Jueves 3 de abril, casi tres meses después, Osorio Chong, sin virar un ápice la postura del gobierno, remacha el emplazamiento:
“Yo les diría que dejen a la autoridad cumplir su trabajo. Hubo acuerdos y nosotros tenemos que seguir cuidando la estabilidad y la seguridad en Michoacán. Los grupos que quieran ayudar lo podrán hacer y quienes no lo desean deberán regresar a sus actividades cotidianas” (Proceso 13-IV-2014).
Las autodefensas responden con una extensión de demandas:
Interlocución directa con el gobierno, liberación de los presos, captura de las principales cabezas de los Caballeros Templarios (que son 20, y no siete, de acuerdo con algunos líderes), restablecimiento del estado de derecho, incorporación de autodefensas al cuerpo de Guardias Rurales y las policías municipales, apoyo médico (La Jornada 11-IV-2014).
El líder de Tepalcatepec, José Manuel Mireles añade:
“Es malísimo que el gobierno piense que va a acabar con la insurrección por medio del discurso… No es mucho lo que pedimos, son dos cosas: seguridad pública eficiente y una justa impartición de justicia. Si el gobierno sabe lo que es la justicia debe entregársela al pueblo (sic), porque es para el pueblo la justicia (¡sic!), y la seguridad es una obligación constitucional del gobierno federal y de los estados y municipios. Pero en Michoacán no la tenemos desde hace más de 12 años” (Proceso 13-IV-2014).
El martes 8 de abril, en Chilchota, Michoacán, Enrique Peña Nieto profirió:
“Cueste lo que cueste y sin importar lo que se tenga que hacer para hacer valer y respetar el estado de derecho, se le brindará seguridad y tranquilidad a Michoacán” (Proceso 13-IV-2014).
El miércoles 9 de abril, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, secunda la intimidación de Peña Nieto, y lanza un ultimátum:
“En diálogo y avanzando en el acuerdo para la desmovilización y desarme de las autodefensas… El próximo 10 de mayo todos los integrantes de las autodefensas de la entidad deberán desarmarse” (Proceso 13-IV-2014)… “El 10 de mayo, lo que son las autodefensas legítimas desaparecen y los que quieran decir ‘somos autodefensas y seguimos’ serán detenidos y los tendremos como falsos autodefensas’’ (La Jornada 17-IV-2014).
Mireles revira:
“Si dejamos las armas nos van a matar… Nos quieren desarmar como si nosotros fuéramos los enemigos y no el crimen organizado” (Proceso 13-IV-2014)… “Si para el 10 de mayo ya cumplieron con todos los objetivos nos vamos a desarmar, no antes” (La Jornada 11-IV-2014)…
Un simpatizante anónimo de las autodefensas remata con otro ultimátum:
“Si para el 10 de mayo, el gobierno no ha cumplido su compromiso… que la marina y el ejército entreguen las armas”.
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