Autodefensas: la rebelión que sí puede ser

Determinar si se trata de una criatura del gobierno o de la delincuencia, o un frankenstein al servicio de ricos rancheros o poderosas empresas mineras, es una preocupación que gozó –acaso aún goza– de preeminencia en el tratamiento periodístico que se da a las autodefensas en Michoacán. Y las opiniones frecuentemente fluctúan entre dos posiciones que a menudo colindan: o bien que las autodefensas responden a una recomposición del territorio administrada por empresarios o caciques locales, o bien que “la mano que mece la cuna” mora los pasillos de la institucionalidad pública (gobierno, ejército etc.). Mientras se insista en abordar el fenómeno desde esta óptica, sólo se conseguirá reincidir en diagnósticos parciales o verdades a medias. Porque la irrupción de las autodefensas no tuvo un único epicentro originario. Tampoco fue el saldo de la maquinación de un solo hombre o grupo de hombres. Las autodefensas son la expresión, nunca estable, de una multiplicidad de procesos extra e intraterritoriales. No se aspira acá a desagregar a las autodefensas de su momento constitutivo. Tan sólo cabe reconocer que este momento constitutivo es multiforme. Las contradicciones e indeterminaciones de la agrupación confirman este razonamiento. 

En las autodefensas convergen 36 coordinadoras y cerca de 100 comunidades levantadas en armas. A grandes líneas, esta confederación se divide entre quienes respaldan el acuerdo con el gobierno y aceptan la iniciativa de desarme, y quienes se oponen a esta tentativa de desactivación (presumiblemente la mayoría de las coordinadoras). El gobierno, los cárteles y quizá también algunos empresarios otrora afines a las autodefensas, temen esta última posición de resistencia e insubordinación. Aún cuando intervinieran poder fácticos o formales en el origen de las autodefensas, no se puede objetar que la moción autodefensiva ha cobrado un impulso disruptivo, que a más de una autoridad tiene en estado de vilo e intranquilidad. En otra oportunidad se consigno este carácter “potencialmente transgresor” de las guardias michoacanas: 

“… cabe advertir que la sola participación (o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de riesgos virtualmente costosos para el poder constituido. Las propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos… acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por acción u omisión las autoridades públicas… El riesgo para el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía… y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon”. 

El diálogo entre las autodefensas y el gobierno (o al menos los retazos de esa interlocución que se ventila públicamente) es altamente ilustrativo de este escenario u horizonte antes enunciado. Allí se asoman los primeros ribetes de una violenta confrontación en puerta, cuyo desenlace es de pronóstico reservado. Pero acaso lo más importante de este remedo dialógico, que a veces se acerca más a una yuxtaposición de soliloquios, es que consigna el germen de una insurgencia social. 

Pero dejemos que los propios protagonistas señalen el camino hacia esta conjetura. 

Autodefensas-gobierno: señales encontradas 

Lunes 13 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fija la posición del gobierno: “Se responsabiliza a las autodefensas por debilitar el Estado de derecho y por abonar en el terreno siempre arbitrario, inconstitucional y peligroso de la aplicación de la justicia por propia mano… los emplazo a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades estatales, se hacen cargo de la protección y seguridad de los habitantes de Tierra Caliente” (Nexos IV-2014). 

El mismo día, las autodefensas responden: 

“Que Osorio Chong venga a desarmarnos (...). Nunca va a venir, pero que lo intente” (El Universal 14-I-2014). 

Viernes 17 de enero, Washington reitera su apoyo al gobierno mexicano, en un pronunciamiento del secretario de Estado, John Kerry, que no pocos analistas interpretan como reprimenda:

"Tenemos preocupación, no miedo [con el asunto de las autodefensas]. Trabajaremos con el gobierno [mexicano] y estamos preparados para tratar de ser tan útiles como podamos" (CNN 17-I-2014) 

Jueves 3 de abril, casi tres meses después, Osorio Chong, sin virar un ápice la postura del gobierno, remacha el emplazamiento: 

“Yo les diría que dejen a la autoridad cumplir su trabajo. Hubo acuerdos y nosotros tenemos que seguir cuidando la estabilidad y la seguridad en Michoacán. Los grupos que quieran ayudar lo podrán hacer y quienes no lo desean deberán regresar a sus actividades cotidianas” (Proceso 13-IV-2014). 

Las autodefensas responden con una extensión de demandas: 

Interlocución directa con el gobierno, liberación de los presos, captura de las principales cabezas de los Caballeros Templarios (que son 20, y no siete, de acuerdo con algunos líderes), restablecimiento del estado de derecho, incorporación de autodefensas al cuerpo de Guardias Rurales y las policías municipales, apoyo médico (La Jornada 11-IV-2014). 

El líder de Tepalcatepec, José Manuel Mireles añade: 

“Es malísimo que el gobierno piense que va a acabar con la insurrección por medio del discurso… No es mucho lo que pedimos, son dos cosas: seguridad pública eficiente y una justa impartición de justicia. Si el gobierno sabe lo que es la justicia debe entregársela al pueblo (sic), porque es para el pueblo la justicia (¡sic!), y la seguridad es una obligación constitucional del gobierno federal y de los estados y municipios. Pero en Michoacán no la tenemos desde hace más de 12 años” (Proceso 13-IV-2014). 

El martes 8 de abril, en Chilchota, Michoacán, Enrique Peña Nieto profirió: 

“Cueste lo que cueste y sin importar lo que se tenga que hacer para hacer valer y respetar el estado de derecho, se le brindará seguridad y tranquilidad a Michoacán” (Proceso 13-IV-2014). 

El miércoles 9 de abril, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, secunda la intimidación de Peña Nieto, y lanza un ultimátum: 

“En diálogo y avanzando en el acuerdo para la desmovilización y desarme de las autodefensas… El próximo 10 de mayo todos los integrantes de las autodefensas de la entidad deberán desarmarse” (Proceso 13-IV-2014)… “El 10 de mayo, lo que son las autodefensas legítimas desaparecen y los que quieran decir ‘somos autodefensas y seguimos’ serán detenidos y los tendremos como falsos autodefensas’’ (La Jornada 17-IV-2014). 

Mireles revira: 

“Si dejamos las armas nos van a matar… Nos quieren desarmar como si nosotros fuéramos los enemigos y no el crimen organizado” (Proceso 13-IV-2014)… “Si para el 10 de mayo ya cumplieron con todos los objetivos nos vamos a desarmar, no antes” (La Jornada 11-IV-2014)… 

Un simpatizante anónimo de las autodefensas remata con otro ultimátum: 

“Si para el 10 de mayo, el gobierno no ha cumplido su compromiso… que la marina y el ejército entreguen las armas”. 

 Más acerca de las autodefensas en Michoacán: 

Michoacán: preámbulo de una revolución 

Michoacán: una ventana de oportunidad

De libertades y de ‘troles’: la doble cara de las redes sociales.

En momentos en que los usuarios de las redes sociales en México se manifiestan públicamente repudiando la reforma en telecomunicaciones que, entre otras cosas, pretende debilitar los derechos de expresión de información y expresión, convendría reflexionar acerca del ciberespacio y de las posibilidades que ofrece a los ciudadanos para consumir, producir y compartir información.

Lo primero que llama la atención son las enormes expectativas, en términos políticos, que ha generado la aparición de las redes sociales, en particular con respecto a la posibilidad de producir y difundir información que burle el cerco informativo controlado por el estado y los dueños del dinero para promover las demandas sociales. Como olvidar las insistentes versiones que caracterizaban a la primavera árabe en Egipto como una revolución generada por las redes sociales, pasando por alto el hecho de que, el movimiento que derrocó a Hosni Mubarak en enero de 2011, estuvo estrechamente vinculada con las protestas de octubre de 2010 en el Sahara Occidental,  por no mencionar el hartazgo de casi treinta años del gobierno de Mubarak y la frustración acumulada por la población.

Pero el entusiasmo que se ha desarrollado alrededor de los nuevos medios de comunicación reproduce, guardadas las distancias, el que generaron otros medios en el momento de su aparición como la radio y sobre todo la televisión. Más allá de la importancia de dichos medios para comprender el desarrollo de las sociedades modernas, poco a poco quedó claro que los principales beneficiados serían tanto el estado como los poderes fácticos asociados al gran capital, con las limitaciones del caso. Ejemplos claros de lo anterior son el uso que le dio Franklin D. Roosevelt a la radio -quien con su fino olfato la aprovechó para sacar adelante sus proyectos, acercándose virtualmente a sus conciudadanos, lo que le valió para reelegirse dos veces- o Mussolini y Hitler; este último, asesorado por su ministro de Propaganda Joseph Goebbels, quien revolucionó la comunicación política a lo largo de los años treinta y que explican que el nazismo haya conquistado el imaginario social de los alemanes para, por ejemplo, justificar los campos de concentración.

La televisión es un caso similar que no tiene mucho caso describir ya que en nuestros días resulta evidente el enorme poder que le reditúa a los que la controlan para imponer medias verdades o mentiras flagrantes, para cercenar derechos, difamar con la mano en la cintura y manipular procesos electorales, aprobación de leyes y un largo etcétera. En este sentido, si bien los nuevos medios alojados en el ciberespacio representan una revolución cualitativa de la comunicación en nuestras sociedades convendría revisar brevemente sus posibilidades pero también sus amenazas para el ejercicio de los derechos humanos.

Efectivamente, el ciberespacio representa un territorio que ha hecho posible que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda no sólo consumir información, contrastándola con los medios tradicionales, sino sobre todo generarla desde casi cualquier lugar y en diferentes modalidades: textos, audios, videos y fotografías. Aun considerando que buena parte de la población en México no tiene acceso al ciberespacio, es evidente que al estado mexicano le molesta mucho que los ciudadanos cuenten con espacios autónomos, al margen de la censura oficial, para ejercer su derecho a la información y expresión libre de sus opiniones e ideas.

Una prueba de lo anterior es precisamente la eventual reforma al uso de internet que se discute en estos días, la cual disfrazada de cordero (e impulsada por otro en el Senado) con el garlito de la universalización del acceso a internet promovida desde el estado, pretende legalizar la vigilancia sobre la comunicación privada -muy al estilo de Obama y la NSA en los EE. UU.- y suspender el acceso a Internet a cualquier ciudadano que sea visto como una amenaza a la seguridad nacional, concepto muy útil para censurar la disidencia y la crítica al poder. Un escenario probable, para ejemplificar las consecuencias prácticas de lo anterior, sería el ‘apagar’ la señal de internet durante una manifestación pública para evitar que cualquier persona suba fotos al ciberespacio en donde se pone en evidencia la violencia ejercida por las autoridades para ‘controlar’ la manifestación, para aislarla del escrutinio público y minimizar su impacto social.

Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, si usted tiene una cuenta de Facebook o de Twitter con su nombre verdadero está irremediablemente sujeto a difamación, insultos y amenazas por cualquier otra cuenta o cuentas (pueden ser cientos) que, oculta con un seudónimo, puede insultarlo, amenazarlo, difamarlo y no tendrá usted manera de defenderse o presentar una denuncia ante un tribunal que resulte eficaz para detener semejantes ataques. El verbo ‘trolear’ resulta hoy de uso común en las redes sociales para designar este tipo de ataques, que son claramente una agresión a la libertad de expresión y que son utilizados por los poderosos para intimidad o censurar por vía de los hechos las ideas discordantes con sus intereses.

Así que no nos queda más que matizar nuestro entusiasmo por las redes sociales sin dejar de utilizarlas y, al mismo tiempo, evitar que la tendencia a controlarlas por parte del estado y el gran capital tome fuerza. De otro modo estaremos cada vez más cerca de vivir en un mundo descrito por George Orwell en sus novelas, en donde el control efectivo y sistemático de las personas, de sus ideas y sus visiones del mundo, sean el pan de cada día.

La guerra como política de Estado

La guerra contra el crimen en México no responde a una iniciativa dirigida a garantizar la seguridad de la población. Antes bien, se instrumenta con el propósito de reforzar la seguridad del poder del Estado frente a la población. La guerra en México tiene matices políticos inexorables. Por eso la clase política insiste en que se debe evitar “la politización de los procedimientos de seguridad”: que no se cuestionen, que no se discutan, que no se advierta el sesgo político inmanente. El gobierno teme que la gente descubra los propósitos no confesados de la cruzada anti-narco: a saber, que la finalidad de la guerra es anular la transformación social o política; que la misión de la militarización es conservar, por la vía de la vigilancia, el control, la violencia, las actuales estructuras de poder, e incluso fortalecerlas debilitando los contenidos comunitarios de la población. 

No es la narcoguerra per se la que cancela el cambio, ni el terror que la guerra engendra (aunque sin duda es un factor socialmente paralizador). La suspensión del cambio al que aludimos, viene como consecuencia de las políticas que el Estado instrumenta –la militarización de las estructuras de seguridad– para “combatir” ese “enemigo doméstico” (el narco) cuya existencia no se pone acá en cuestión, pero cuya hipotética toxicidad para el orden constituido conviene al menos ponerse en duda (dada la complicidad, ampliamente documentada, de los grupos de poder empresarial o político con las actividades y negocios de los cárteles). Esto es, la narcoguerra en México responde directamente a un proyecto de clase (no de nación) y a una forma específica de Estado; es una excusa o pretexto para imponer una agenda económica, política, en detrimento de las demandas históricas de la sociedad; una sociedad –la mexicana– tristemente habituada a la tradición canallesca e impositiva de la clase gobernante. Michel Foucault escribe, en relación con este aspecto: “La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos”. En esta misma tesitura, Javier Sicilia también escribe: “Detrás de la moral puritana contra las drogas, lo que en realidad se encubre es la construcción de una guerra que permite administrar el conflicto para maximizar capitales. ¿Quiénes ganan? Los negocios contraproductivos [los ilegalismos institucionales]: los bancos que lavan dinero, la industria armamentista, los administradores de cárceles, las mafias, las Fuerzas Armadas, los laboratorios de producción de drogas, las policías y los funcionarios corruptos”. 

En otros ámbitos, como el cinematográfico o literario, curiosamente el diagnóstico no difiere un ápice: En Drugstore Cowboy (1989), película estadunidense dirigida por Gus Van Sant, el personaje que interpreta William S. Burroughs profetiza amargamente: “Los narcóticos han sido sistemáticamente satanizados y utilizados como chivos expiatorios. La idea de que cualquiera puede usar drogas y escapar un destino sombrío es el método [discursivo] de estos idiotas. Auguro que un futuro próximo la derecha va a utilizar la histeria de las drogas como pretexto para configurar un aparato policiaco internacional”. 

Con el propósito de dar sustentabilidad ideológica al ilegalismo de las elites (empresarial y política), el Estado a menudo excusa la adopción de ciertas políticas alegando obligatoriedad en sus acciones: en México se pretexta la militarización en razón de la proliferación del crimen organizado. Este argumento se adereza con una serie de consignas ideológicas. Por ejemplo, aducir que los procedimientos rutinarios de seguridad (militarización-policialización de lo público) tienen como fin evitar que la droga llegue a manos de los más jóvenes. Empero, casual o coincidentemente, el consumo de cocaína y otras drogas se ha duplicado en años recientes, especialmente entre la franja de jóvenes que va de los 12 a los 17 años (OEA). Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la tendencia al alza en el consumo de cocaína alcanza actualmente los 2.4 millones de personas (MILENIO). 

De lo anterior se infiere que los objetivos declarados constituyen tan sólo un telón cuyo propósito es ocultar a la sociedad los objetivos reales, apreciablemente inconfesables. Y estos objetivos reales, que yacen en el fondo de una guerra que más que un combate refiere a una política de Estado, si fueren revelados, desenmascararían el carácter profundamente arbitrario, leonino, del Estado mexicano. Huelga decir que son estos intereses sectoriales, y no el tema de la salud y/o seguridad públicas, lo que explica el binomio guerra-militarización en México y la inenarrable violencia que engendra. Walter Benjamin alude a esta fórmula sin matices ideológicos: “El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado”. 

En consonancia con este razonamiento, en otra ocasión no tan remota se sostuvo: “El Estado no persigue la delincuencia: la engendra por acción u omisión calculada. El narcotráfico no es un comercio vetado, prohibido, castigado: el Estado lo inaugura e incorpora como actividad económica vital, pero lo conserva en el dominio de la clandestinidad, con el fin de maximizar réditos. El Estado no declara la guerra a la delincuencia: se vale de la delincuencia, aliada natural de los poderes público-privados, para imponer la guerra. La guerra anti-narco no es un mal necesario para erradicar la delincuencia: la delincuencia es crucial para la legitimación de un Estado en guerra abierta contra la sociedad. El Estado no condena a los infractores: el Estado es una suerte de infractor colectivo, que sólo a veces lava su imagen con aprehensiones teatrales. El Estado no procesa al delincuente común: comúnmente delinque allí donde un proceso social amenaza su monopolio delictivo. En suma, el Estado no lucha contra el crimen: criminaliza la lucha e impone un orden sepulcral con base en el crimen de Estado”.

Mexicana de Aviación o el neoconservadurismo carroñero

Una superstición atraviesa, cual sombra obscena, toda la intriga histórica relacionada con la quiebra de Mexicana de Aviación: a saber, la equiparación del interés particular con el progreso o la calidad. No pocos panegiristas del credo neoconservador llegan incluso a sostener que la apropiación privativa de todo lo orgánico e inorgánico conduciría al mejor de los mundos, precisamente en razón de la universalización del interés particular. “Progreso” es ideología. Pero la ecuación “progreso igual a privatización” es una vulgar tomadura de pelo que no resiste una verificación incluso superficial. 

Quisiera uno sumarse a las otras voces, a menudo bienintencionadas, que endosan toda la responsabilidad de los fracasos al gobierno en turno. Y de ninguna manera se pretende acá exonerar de pecado a la autoridad pública, cuya responsabilidad en el caso que nos ocupa es mayúscula. Pero es evidente que su incorrección es sólo una parte del problema. Es preciso entender que el poder público es sólo una formalidad, y que esta formalidad se traiciona irreparablemente en el contenido. 

El papel del gobierno en el proceso de hundimiento de la aerolínea osciló entre la omisión y la complicidad. Y no es accidental, ni tampoco el resultado de un cálculo largamente meditado. Es la natural actuación de un aparato gubernamental sin más facultades que las otorgadas por el poder fáctico, que, cabe lamentar, son minúsculas o francamente acotadas. Cabe advertir que la neoliberalización supuso la privatización de las funciones de gobierno. Y que la privatización, por definición, no es otra cosa que el acotamiento de la arena pública. En un orden político dominado por decisiones privadas, la acción pública se ve abreviada a su mínima expresión. Esto explica que nadie pudiera intervenir en los conatos de salvamento de la aerolínea, salvo grupos de interés privados, llámense empresariales o gubernativos, cuyas agendas son imposible de colegiar con el reclamo público. Naturalmente los primeros excluidos fueron los trabajadores. Ellos son los agentes centrales de la arena pública. Y uno de los propósitos de la neoliberalización (acá sí premeditado) era precisamente el debilitamiento de esta clase social. La misión se cumplió: como bien observa Eduardo Galeano, en esta era de neoconservadurismo los derechos de los trabajadores son un objeto de estudio de los arqueólogos. El personal de Mexicana es un damnificado más en esta estrategia dual de adelgazamiento de la arena pública–encumbramiento del interés privado. Las corruptelas que redundaron en la bancarrota de la aerolínea más antigua e importante de América Latina son tan sólo pormenores de una habitual operatividad antisocial de los poderes constituidos. 

La propagación de la fe en el interés particular (como incentivo a la calidad o bien como sinónimo de progreso) es una construcción cultural de la que se deben extraer significados políticos latentes. Detrás de la membrana ideológica que la envuelve, se esconde una estrategia pedestre de desfalco a la población. El caso de Mexicana es altamente ilustrativo. 

El riesgo y otras trapacerías 

Mexicana de Aviación atravesó múltiples procesos de privatización, nacionalización, reprivatización. El gobierno de Vicente Fox desnacionalizó Mexicana por última vez. En esa oportunidad se traspasó la aerolínea (a precio de tianguis –165 millones de dólares–) a Grupo Posadas; pero sólo después de rescatarla diez años atrás con dinero de los contribuyentes (socialización de las pérdidas). En perfecto estado financiero, libre de pasivos, y con envidiable solvencia económica, la aerolínea regresó a manos privadas en 2005 (privatización de las ganancias). En cuestión de cinco años (2010), Mexicana anunció la cancelación de sus operaciones, e ingresó en un proceso de concurso mercantil amañado. En abril de 2014 se decretó formalmente la quiebra. 

Joseph Stiglitz, connotado economista, aunque no exactamente un economista libertario, sostuvo en 2009: “Estamos presenciando una nueva forma de sociedad entre la inversión privada y el Estado, en la cual el público soporta sobre sus espaldas todo el riesgo y el sector privado se lleva toda la ganancia”. Véase que acá se constata lo sostenido la semana anterior: “Asistimos al réquiem de la libre empresa: los emprendedores no impulsan la innovación ni tampoco invierten [o asumen riesgos] en empeños empresariales; la fórmula en boga consiste en apropiarse de patrimonios públicos, lucrar sin consentimientos, y acumular poder con base en la desposesión” (http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140404_070631_743) 

Eficacia, eficiencia y otras píldoras de hierro 

Pero no sólo asistimos al descrédito de la figura del emprendedor; también, y acaso más señaladamente, se asiste al colapso de la pretendida benignidad de la gestión privada. 

En lo que parece un record guinness en la ruina financiera de una empresa, la conducción (privada) de Grupo Posadas supuso una suerte de harakiri empresarial, al acumular una deuda de 900 millones de dólares (repartida entre mil 300 acreedores) en un margen de cinco años. ¿Cómo se explica que una empresa altamente rentable, con 90 años de antigüedad, ¡libre de pasivos antes de la desnacionalización!, con una flota moderna (en 2004, antes de malbaratarla, adquiere aeronaves Airbus A318), con personal aeronáutico hipercalificado, se hundiera en un plazo insólito de cinco años? En lugar de obsequiarla a un puñado de empresarios carroñeros que no rinden cuentas a nadie, ¿no habría sido más inteligente transferir la administración de la empresa a la plantilla de trabajadores? Lástima que en asuntos de economía neoliberal la inteligencia es un recurso sólo marginal. 

Desde cualquier ángulo que se le juzgue, económico, social o político, lo más sensato era delegar a los trabajadores la conducción de la aerolínea, con el aval y soporte del Estado, máxime tras una recapitalización con cargo al erario público. Pero en un contexto de vaciamiento de las economías, minimización de la política e instauración de democracias sólo formales, este escenario nunca se presentó seriamente como una alternativa. 

Recuérdese la consigna de Margaret Thatcher, “dama de hierro” u operadora estrella de la agenda neoconservadora: There is no alternative (No hay alternativa a la neoliberalización). 

Disciplina de mercado, libertad de comercio y otras fábulas tropicales 

Pero cuando se trata de rescatar a los ricos o a la banca foránea entonces sí se procede sin vacilaciones, aún cuando la operación se traduzca en un desastre para la economía nacional. 

Hasta el Banco Mundial, cuyas cifras no pocas veces lucen conservadoras, estimó que el costo del rescate bancario en 1994 alcanzó los 135 mil millones de dólares, “equivalente a 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) en términos del costo fiscal directo e indirecto (¡sic!)”. 

En otro estudio, con resultados acaso más alarmantes, se descubrió que el monto de la deuda ha ido en aumento, y que 20 años después apenas se ha conseguido pagar los intereses de la deuda: “Pese a las importantes erogaciones la deuda bancaria cargada a los contribuyentes mexicanos ha seguido en ascenso. En 2006 se situaba en un monto de 701 mil 399.6 millones de pesos; en 2007, ascendió a 712 mil 839 millones; en 2008 aumentó a 730 mil 963.3 millones; en 2009 subió a 751 mil 495.2 millones; en 2010 ascendió a 773 mil 615.2 millones; en 2011 se incrementó a 802 mil 493 millones y a junio de 2012 se ubica en 811 mil 105.3 millones de pesos… De esta manera, se pude concluir que los pagos anuales sólo han contribuido a cubrir los intereses de la deuda bancaria. En 2006 se destinaron 38 mil 600 millones de pesos; en 2007, 28 mil 12 millones; en 2008, 30 mil 42 millones; en 2009, 31 mil 76 millones; en 2010, 13 mil 720 millones y en 2011 se canalizaron 15 mil 446 millones de pesos” (La Jornada 2-IX-2012). 

Se trata del típico librecambismo de dos filos, que tan devotamente cultivan nuestros neoliberales tropicales: asistencialismo estatal para los ricos y poderosos (especialmente si son extranjeros), y disciplina de mercado para los trabajadores y el conjunto de la sociedad. 

Respaldo total al gremio… 

A la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, al Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Similares (SNTTAS), a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), a la Asociación de Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano, y a todos los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación: ¡Ni un paso atrás! Mexicana debe volver a volar. 

Más acerca de la quiebra de Mexicana: 

Mexicana de Aviación: El extraño caso de un harakiri empresarial 

Mexicana de Aviación no se olvida: la conmemoración de un atraco

 

¿A quién le sirve el horario de verano en México?

Mapa de los países que utilizan el horario de verano durante los periodos que abajo se mencionan:

     Durante el verano boreal (hemisferio norte)     Durante el verano austral (hemisferio sur)     Nunca han utilizado el horario de verano     Alguna vez han utilizado el horario de verano

Entre bostezos y con el cuerpo a medio gas por la desmañanada escribo las siguientes líneas para tratar de responder a la pregunta que sirve de título a estas líneas. Creer que adelantar una hora el reloj redundará en beneficios para todos vía ahorro de energía no convence a nadie, a pesar de que dicha cantinela es repetida todos los años por el gobierno federal, pero tampoco provoca una respuesta de la sociedad, empeñada en mantener su nivel de consumo y sus ilusiones alimentadas con promesas del poder.

Implementado después de la segunda guerra mundial en algunos países de Europa para ahorrar energía, el cambio de horario resulta mucho más efectivo en países fuera de los trópicos que en países como el nuestro, en donde la mayor parte del territorio se encuentra localizado entre el trópico y el ecuador. Es por ello que el ahorro de energía eléctrica en países tropicales es mucho menor que en países como EEUU y Canadá así como la mayoría de los países europeos. En Sudamérica sólo algunos estados de Brasil y la totalidad del territorio chileno lo aplican actualmente y el resto del subcontinente lo ha utilizado alguna vez pero actualmente no lo utiliza.

Lo anterior demuestra que sólo los países industrializados al norte del trópico de Cáncer lo mantienen pero ni Rusia ni China, que ocupan buena parte del hemisferio norte lo utilizan. Y de este hecho se puede inferir entonces que la aplicación del horario de verano en México, desde 1996, no es más que una muestra más del sometimiento de este país a la economía mundial. El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas recordó, en una entrevista a un periódico nacional, que el argumento original para promover la implantación del horario de verano en México fue el de homologar las actividades con las principales economías del mundo y no tanto para ahorrar luz. Asimismo alertó acerca de los nocivos efectos sobre la salud de las personas al adelantar el reloj, basado en un estudio que afirma que en EEUU han aumentado los ataques cardiacos en un 25% como consecuencia de adelantar la hora. (http://www.eluniversal.com.mx 8/4/14)

La luz solar es un alimento, tanto para las plantas como para los seres humanos. Para éstos últimos no sólo proporciona el calor necesario para sobrevivir y para reproducirse sino que además genera el equilibrio emocional indispensable para hacer la vida más llevadera. La actividad humana está regulada por el sol, tanto en el día a día como en la sucesión de las estaciones del año, sobre todo en las zonas rurales, organizadas en función del ciclo agrícola. Modificarlo afecta necesariamente todos los ámbitos de la vida social de una manera tan sutil que muchas veces ni nos damos cuenta de sus efectos.

El domingo pasado dio inició el horario de verano, el cual nos impone el gobierno federal con el mencionado argumento de que ahorra energía, aunque este supuesto ahorro no se refleje en su recibo de luz. El que quiera creerlo que lo crea, pero lo que queda claro es que tod@s estamos batallando para ponernos a tono, adelantando una hora nuestros relojes. Si bien mover la manecilla del reloj no implica ningún esfuerzo, hay que considerar las consecuencias.

¿A poco no le cuesta más trabajo levantarse en la mañana? Anda uno todo el día adormilado y en la noche, a la vuelta y vuelta en la cama porque si se acuesta a las once, en realidad son las diez y el cuerpo no se deja engañar tan fácilmente. Esto sin mencionar que a las siete de la mañana apenas empieza a salir el sol y como que nuestro reloj interno no entiende nada. Hay que levantar a los niños con grúa para ir a la escuela y obligarlos a desayunar, porque el apetito anda por otro lado. Cabe la pregunta ¿Cómo impacta el horario de verano en el rendimiento escolar de los niños? ¿Será que después de una semana nos acostumbramos y todo vuelve a la normalidad?

La cosa empeora cuando llega la hora del aperitivo y la botana; como que no sabe igual. Los parroquianos se miran desconcertados porque la plática no agarra fuerza y el cantinero se lamenta con la baja del consumo y la modorra prevaleciente. Al salir de la chamba todavía es de día y las consabidas actividades clandestinas echan de menos la complicidad de las sombras nocturnas. En suma, tal vez el ahorro de energía no sea significativo pero el esfuerzo para acomodarnos al nuevo horario sí que lo es. Al final de la jornada, cuando se está tratando de conciliar el sueño, uno se consuela pensando en que el cuerpo se acostumbrará al nuevo horario, aunque sin olvidar que dentro de siete meses habrá que sufrir lo mismo, cuando volvamos al horario normal.

A la par de semejantes cavilaciones no queda más que asumir que los ciudadanos perdemos, poco a poco, el control de nuestra vida cotidiana en aras de un supuesto bienestar colectivo, que en el fondo sólo beneficia al gran capital, que unifica horarios para reducir costos y aumentar sus ganancias. Que el gobierno federal le importe un comino el efecto sobre la vida de sus ‘representados’ no es ninguna novedad. Todos los días nos demuestran para quien trabajan, al mismo tiempo que nos inundan con spots publicitarios para persuadirnos de los supuestos beneficios de sus políticas. Sin embargo, no hay más remedio que aceptar que adelantar el reloj una hora no es más que una clara expresión de la dominación a la que estamos sometidos por los dueños del dinero y de lo poco que nos importa como comunidad. 

Más acerca de la neoliberalización, megaproyectos e insurrecciones

Para entender la naturaleza de un movimiento o una resistencia primero es preciso conocer la naturaleza de la dominación o forma de poder a la que debe su génesis. Y no a la inversa como hacen numerosos analistas de pacotilla. También es indispensable conocer las contradicciones y desequilibrios que, por un lado, propician el debilitamiento de un poder constituido, y por otro, alientan la irrupción de resistencias e insurrecciones. Acá se quiere subrayar la imposibilidad de estudiar plausiblemente los hechos sociales haciendo abstracción de cosas tan fundamentales como las relaciones de poder. Este es un lujo que sólo se le debe consentir a la prensa chayotera y a ciertos círculos académicos apoltronados en el confort de la neutralidad palera. 

En este sentido, cabe situar a las corporaciones como sedes de la titularidad del poder, y al Estado neoliberal, como una suerte de facilitador que interviene masivamente para proteger los intereses de estas instituciones dominantes. La configuración histórica de este fatal binomio introdujo un horizonte de ampliación de la corrupción. E inauguró una disyuntiva altamente tóxica para la salud política de un pueblo: a saber, inversionistas privados o población. Este dilema, por sí sólo, pone al descubierto una radicalización en la operatividad de los poderes constituidos. Más aún cuando uno corrobora que esta disyuntiva entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población siempre se desahoga en provecho de la inversión privada. 

En otra oportunidad se realizó un diagnóstico de las coordenadas en la que está inscrita esta nueva modalidad de dominación, a saber: 

“… La actual condición minimalista de la política: los derechos políticos se reducen básicamente al depósito periódico de boletas en una urna. En las decisiones cruciales, en los procesos deliberativos cardinales, la sociedad no interviene ni participa: la política termina allí donde empiezan los consejos administrativos de las grandes corporaciones, o bien, de las instituciones financieras multilaterales. La política no se dirime más en las instituciones o tribunas públicas. La democracia electoral no hace más que incorporar selectivamente a ciertos segmentos poblacionales a este hurto sistemático de los derechos políticos fundamentales. Las elecciones sólo se concentran en refuncionalizar la circulación de las élites gubernativas, pero el contenido sustantivo de la política no cambia. Una vez electos, los políticos mandan obedeciendo… pero al poder del dinero. 

“… La conversión del Estado benefactor en Estado neoliberal. Los zapatistas lo previeron: la neoliberalización de los procesos productivos y la vida pública redundaría en una erosión de los contenidos políticos, económicos, sociales, históricamente conquistados. El Estado no se adelgaza (el creciente gasto militar desmiente esta hipótesis falsaria); sí en cambio, se adelgazan los derechos y patrimonios de los pueblos. México es uno de los países más virulentamente castigados en este contexto de neoliberalización… Asistimos al réquiem de la libre empresa: los emprendedores no impulsan la innovación ni tampoco invierten en empeños empresariales; la fórmula en boga consiste en apropiarse de patrimonios públicos, lucrar sin consentimientos, y acumular poder con base en la desposesión” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/02/el-pasado-miercoles-5-de-febrero-se.html). 

Pero estas coordenadas u operatividad del poder en turno, no es solo el resultado de un capricho de ciertas élites: es una agenda estratégica que da respuesta a una crisis estructural (naturalmente en beneficio de sus impulsores). Una crisis multimodal que se manifiesta fundamentalmente en seis niveles: ecológico (degradación ambiental); económico (estancamiento de la producción e incapacidad para frenar flujos dinerarios no oficiales); social (desvalorización de la vida, producción de sujetos desechables); político (desprofesionalización); cultural (identidades nacionales se desfondan); territorial (crisis de esquema de organización nacional). 

En suma: la neoliberalización es una respuesta de ciertas élites a la crisis, y las resistencias son una respuesta de la población a la neoliberalización. 

Y es en esta constelación donde se puede situar a las resistencias en Veracruz que responden especialmente a dos niveles de la crisis: la destrucción del medioambiente, y el desplazo de un esquema de planeación territorial con sentido social, por otro donde priva el caos y el beneficio privativo de los inversionistas. 

La semana anterior se abordo el tema de las represas. Pero ahora cabe reparar en el avance de otros megaproyectos, que también apuntan en la misma dirección de daños sin reparación a una población y territorio, y utilidad exclusiva para ciertos inversionistas: la ampliación del puerto de Veracruz, la explotación de la mina Caballo Blanco, la infraestructura para la realización de los Juegos Centroamericanos, la continuidad de las Granjas Carroll, la construcción del libramiento de Xalapa. Estos proyectos son tan sólo la retaguardia de una agenda mucho más extensa a la que se refirió en la colaboración pasada: “Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta ‘más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica’” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/04/presas-hidroelectricas.html). 

En el caso de la presa de “propósitos múltiples” en la cuenca del río Pescados, se ha conseguido deconstruir la argumentación oficial, evidenciando la peligrosidad e inutilidad social de la obra. Si el propósito fuere realmente el abastecimiento de agua a la capital, existen una multiplicidad de alternativas para suplir la construcción de la presa, como la rehabilitación de la infraestructura hidráulica (donde se fuga el 50 por ciento del agua, de acuerdo con algunos ambientalistas), o la reforestación en las cuencas altas (La Jornada Veracruz 3-IV-2014). 

Ahora corresponde identificar la agenda programática concerniente a los otros megaproyectos. Y allí donde reine el criterio típicamente neoliberal de la integridad de la inversión privada en detrimento del beneficio de la población, cabría responder con otra resistencia también dirigida a desmontar la artificialidad de la presunta preocupación social que envuelve discursivamente a las agendas de los megaproyectos. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140404_070631_743

La leyenda de Colosio y el neoliberalismo en México

El aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, el pasado 23 de marzo, estuvo acompañado de una campaña propagandística encaminada a recordar lo que para muchos fue una oportunidad perdida para democratizar a México. Su asesinato, se dijo una y otra vez en los medios, acabó con la posibilidad de enterrar el autoritarismo del sistema político y democratizar al PRI. De acuerdo con los hechos, no hay nada más alejado de la realidad: Colosio fue en realidad la garantía de la continuación del proyecto neoliberal impulsado por su mentor, Carlos Salinas. Su herencia está a la vista de todos.

Los hechos que rodearon el asesinato deben ser comprendidos como parte del reacomodo al interior de la clase política, como consecuencia del modelo neoliberal implantando tímidamente en el sexenio de Miguel de la Madrid y continuado con brío por el de Salinas. Se ha popularizado la idea de que fue éste último el que, por diferencias políticas, orquestó el magnicidio. ¿Quién en su sano juicio puede creer que Colosio iba a acabar con el neoliberalismo en México? Que un discurso del candidato haya sido el motivo de su muerte olvida el hecho de que en realidad se estaba manteniendo  la costumbre de los destapados de alejarse políticamente de su jefe para alimentar falsas esperanza -por medio de las palabras y no de los hechos. Ahora resulta que la creatura mimada de Salinas, que se había distinguido por ser su más fiel seguidor, experimentó una epifanía que le hizo ver las consecuencias de un sistema económico y político injusto, profundamente autoritario y en consecuencia la necesidad de cambiar el rumbo. ¿Por qué no aceptar la idea de que las reformas económicas neoliberales impulsadas por Salinas provocaron enormes conflictos al interior del PRI, manifestados por el conflicto entre renos y dinos, tan atendido por los estudiosos de la política en aquéllos años?

La promoción de las ideas neoliberales y su materialización en  políticas públicas y estilos de gobierno en la década de los ochenta provocaron una fractura al interior del PRI (y aquí no me refiero a la corriente democrática sino a los dinosaurios) que marcó la coyuntura del asesinato. Aceptar lo anterior serviría para especular sobre la posibilidad de que el grupo de los dinosaurios priístas estuvo detrás del acontecimiento en Lomas Taurinas. Y no porque estuvieran en desacuerdo con el modelo neoliberal sino por su papel secundario en el proceso, por su marginación del reparto del presupuesto público. Una prueba de ello es que en nuestros días, los otrora poderosos líderes sindicales y campesinos, han perdido enormes cuotas de poder. Sin duda que la continuación en el poder del grupo de los renos, ahora con Colosio a la cabeza, representaba entonces una sentencia de muerte para los dirigentes de la CTM y de la CNC., para el pacto corporativo inaugurado por Lázaro Cárdenas en 1938.

La campaña propagandística del PRI para difundir la idea de que el asesinato de Colosio representó una oportunidad perdida se atrevió incluso, en palabras de Manuel Camacho Solís, a identificar a Colosio como artífice de la transición democrática. Fue gracias a él, según Camacho, que inició el proceso que desembocó en la reforma política de 1997 y la creación del hoy desaparecido IFE. Ahora resulta que Colosio no sólo no representaba la continuidad del salinismo autoritario y neoliberal sino que fue además el motor del cambio político.

Aceptando sin conceder semejante argumento, obliga a observar a nuestro alrededor para comprender los verdaderos objetivos de la supuesta transición: reconfiguración del autoritarismo y profundización del neoliberalismo en México. A final de cuentas, la renovación que supuestamente impulsó Colosio ha tenido como resultado las condiciones de violencia, centralización política y aumento sustancial de la corrupción y el tráfico de influencias y la pobreza que hoy se viven en el país.

En este sentido, no queda más que aceptar que la revivificación de la figura de Colosio no fue más que una operación mediática para difundir la idea que es posible cambiar al sistema desde adentro. De que la propia clase política tiene la llave del cambio y que sólo hay que esperar por el hombre providencial, el mesías, que de un manotazo cambie radicalmente las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y más aun, que éste iluminado emergerá de las cenizas del viejo PRI para modernizarlo y ponerlo a la altura de las circunstancias.

Como se puede observar, la burda operación mediática es una muestra clara de la decadencia de un sistema político que, como los ancianos a las puertas de la muerte, delira y se ilusiona con la juventud perdida. Desaparecida la esperanza real de un renacimiento del sistema político, al partidazo  y sus inquilinos no les queda más que tratar de ocultar lo inocultable: el fin de un época y la necesidad de construir una nueva sociedad desde abajo, lejos del protagonismo de la política institucional, de los partidos y de sus dueños para acabar con el neoliberalismo y sus consecuencias.

Presas hidroeléctricas, neoliberalización y resistencia civil

Jalcomulco (Veracruz) es una de las múltiples sedes de un conflicto de dimensiones globales. Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios que impulsa el proyecto de la presa hidroeléctrica en la comunidad, es una suerte de actor de reparto. El protagonista es la población en resistencia. El primero representa el procedimiento rutinario de extracción, desposesión, suspensión de soberanía. El segundo representa el ulterior acontecimiento: es decir, la condición de la posibilidad de una ruptura con el procedimiento rutinario. 

Veracruz es uno de los estados más ricos en recursos naturales. Que para el caso de una región en condición de bancarrota política, jurídicamente desprotegida, económicamente hipotecada, esta riqueza se traduce en calamidad. Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta “más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica” (El Jarocho Cuántico 9-III-2014). 

Acá no valen los análisis de especialistas, peritos o científicos. Porque el problema no es técnico; es político. Da pena observar a ciertos académicos “opositores” al proyecto invocando estudios pretendidamente científicos que confirman los efectos perjudiciales que entraña la construcción de la presa. No se difiere con el diagnóstico (la virtual nocividad de la presa); sí en cambio con la estrategia discursiva (inconscientemente convalidando la supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a una consulta ciudadana). Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica política neocolonial: usufructo privado de los recursos, desconocimiento agravante de la soberanía de un territorio y población. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científicos o técnicos. Es preciso repolitizar este remedo chiclero de saber tecnocientífico. 

En esta era de recolonización silenciosa, cualquier transnacional puede conducir los hilos de un Estado soberano. Las legislaciones nacionales se ocupan casi neuróticamente de ofrecer eso que eufemísticamente se conoce como “seguridad jurídica” a la inversión privada, que no es otra cosa que redes de protección legal para los abusos del capital. Veracruz es un caso paradigmático. Que no vengan acá con cuentos chinos. Mientras ciertas empresas foráneas como Goldgroup, la minera canadiense, u Odebrecht, la compañía brasileña en cuestión, consiguen permisos inmoderados para la extracción de minerales a gran escala (Caballo Blanco), o para la explotación de recursos energéticos-acuíferos (río Pescados), respectivamente, la población del estado sigue cuesta abajo en estándares de vida y tenencia de patrimonio. De acuerdo con un reporte reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el índice de pobreza en el estado aumentó de 17 a 59% en los últimos cuatro sexenios. El informe “ubica a Veracruz en los primeros lugares de marginación pues 28 por ciento de su población, es decir un millón 900 mil 503 personas viven en una situación de pobreza alimentaria. Al hablar de pobreza de capacidad el porcentaje se eleva a 36.2 con 2 millones 582 mil 256 veracruzanos; y finalmente en pobreza patrimonial se encuentra en 59.3 por ciento equivalente a 4 millones 216 mil 24 habitantes” (La Jornada Veracruz 2-III-2014). En otras palabras: la concesión extraordinaria de facultades extractivas a las grandes empresas (extranjeras o domésticas) redunda naturalmente en confiscación de patrimonio vital para una multiplicidad de sectores poblacionales, especialmente los más desposeídos. 

El alegato científico o técnico puede contribuir a respaldar un posicionamiento, en este caso el rechazo categórico al proyecto de la represa. Pero el primer fundamento debe ser de orden político. Se ha sostenido que la construcción de la presa afectará a más de un millón 200 mil habitantes (cerca del 13% de la población total del estado), particularmente en lo correspondiente a servicios turísticos, agricultura, pesca, ganadería, provocando alteraciones en toda la cadena de la actividad productiva, en los ciclos de inundación y sequía, y en el quehacer cotidiano de la comunidades contiguas. De acuerdo con ciertas versiones que acierta en señalar La Jornada Veracruz, “la construcción de la hidroeléctrica está mucho más asociada a las necesidades de alimentación de energía para un proyecto de parque industrial cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde 2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente privado: el de una empresa particular con fines públicamente inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación” (Eduardo Galeano). 

La resistencia civil en curso, que cobra forma en la modalidad de un amplio movimiento antirepresas en Veracruz, es una consecuencia natural de un sistema sostenido en la desposesión, y no pocas veces en el exterminio de la oposición ciudadana. En diversos espacios se discute la pertinencia de esta insubordinación. Pero en todo caso, lo que cabría discutir (o acaso condenar) es la pertinencia de un modelo que coloca a las poblaciones en condición de agentes sobrantes, insistentemente ignorados. Las resistencias son criaturas de la neoliberalización, cuya operatividad no es aceptable ni sostenible aún con toda la parafernalia tecnocientífica. Hace falta desvelar la naturaleza de esta estrategia política de alcance global. Y en lo tocante a la resistencia, corresponde apoyar irrestrictamente la movilización, e involucrarnos activamente en la agenda transformacional de nuestro pares ciudadanos. 

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140329_152916_965