Remediar lo irremediable: corrupción y pederastia en la Iglesia Católica.

Al llegar al papado en el Vaticano Jorge Mario Bergoglio, ahora conocido como Francisco I, tenía frente así la inmensa tarea de sanear a la iglesia católica para contener su decadencia, expresada en la pérdida de fieles a lo largo y ancho del mundo y en la corrupción e impunidad reinante en su estructura. El reto no era menor, tomando en cuenta que las acusaciones en contra de miembros de la iglesia por pederastia, encubrimiento y corrupción eran y son el pan de cada día. 

El anquilosamiento de una corporación internacional dedicada a la venta de paraísos y exención de culpa, después de dos milenios, es visto por algunos como un problema estructural mientras que los más piadosos lo ven como una cuestión coyuntural. Los últimos asumen que una mano firme será suficiente para acabar con el problema; los primeros afirman sin rubores que la suerte está echada y que es solo cuestión de tiempo para que los católicos sean una minoría aun mayor de lo que ya lo es en el mercado mundial de la fe.

A poco más de un año de su entronización, Bergoglio sigue enfrentando la labor de recuperar algo del prestigio perdido entre los fieles. Su enérgica postura frente a los Legionarios de Cristo, obligándolos a pedir perdón por sus acciones, hubiera sido impensable en tiempos de su principal mecenas, Karol Wojtyla, quien encumbró al infame Marcial Maciel y le concedió todo lo que le pidió, incluyendo la canonización de su tío, Rafael Guízar. De haberle sobrevivido, el papa polaco seguramente hubiera hecho santo al propio Maciel. Después de todo, no es la comprobación del milagro sino el poder económico el que determina la posibilidad de formar parte del santoral católico.

¿Dónde están ahora todos aquéllos que defendieron a Maciel y lo calificaron de ser un católico ejemplar? ¿Dónde todos aquellos que confraternizaron con él, lo financiaron y lo alabaron en la opinión pública, aun después de confirmarse sus hábitos y perversiones sexuales, sus relaciones maritales, sus adicciones? Pues siguen tan campantes como siempre, utilizando la obra de los legionarios para ocultar que fue construida por un personaje que no tuvo empacho en burlar todas las reglas, civiles o religiosas, para enriquecerse y codearse con los poderosos de México y el mundo. 

Los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia católica no se han detenido. Las denuncias, incluso por los propios integrantes de la iglesia, no se han detenido y siguen apareciendo, evidenciando el arraigo de tales prácticas y la impunidad de la que gozan. En estos días, un grupo de curas de la iglesia en Oaxaca están exigiendo a sus propios superiores pedir perdón y reparar el daño a las víctimas de abuso sexual por parte del cura Silvestre Hernández. Estos curas, que exigen públicamente acciones de desagravio, fueron sometidos a presiones y amenazas para desistir en su empeño por acabar con la impunidad. Sin ambages afirman hoy que “… como Iglesia diocesana ya no podemos eludir una realidad que nos cuestiona y nos pone en el escaparate de la opinión pública.” http://bit.ly/Lq8GN5

El caso en Oaxaca demuestra que Bergoglio no está sólo en su misión por reconstituir a la iglesia; existe una corriente en su interior que por mucho tiempo tuvo que callar pero que hoy, en un contexto relativamente favorable, no teme posicionarse y actuar para romper el muro de silencio e impunidad. Seguirá enfrentado oposición no sólo de  la iglesia sino de gobiernos, ministerios públicos, jueces y policía, quienes hicieron posible, por acción o por omisión, la delincuencia sistemática de las sotanas. 

Este hecho no va a cambiar de un día para otro. La estrecha relación de la iglesia con el poder económico y político representa sin duda el verdadero problema al que se enfrentan los ánimos renovadores de Bergoglio. Los favores mutuos que se han dispensado por siglos los dueños del dinero y el Vaticano conforman una red muy poderosa y muy útil para ambos. La pederastia  es sólo uno de los temas de semejante alianza; hay otros temas más importantes como la ilegalidad del  aborto y la diversidad sexual promovida por las buenas conciencias a cambio de promover el conformismo y la obediencia a la autoridad en los templos, por no decir la promoción del voto por determinado partido. 

Dicho de otro modo, la crisis de la iglesia católica no puede resolverse sólo con la voluntad de un hombre o grupo de hombres bien intencionados y valientes; haría falta un cambio enorme en las relaciones sociales para romper la alianza estructural de la iglesia y el poder. Y ese cambio no depende de la estructura de la iglesia ni mucho menos de los poderosos sino de la sociedad en general.

Michoacán: una ventana de oportunidad

Es francamente débil la hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el nacimiento de las autodefensas) en una moción privativamente gubernamental. Los cárteles de la droga son una criatura de la economía global. También los gobiernos. Difícilmente estas dos instituciones, una legal otra ilegal, aunque en realidad son una sola, impulsarían gratuitamente la aparición de un grupo civil armado, a no ser por una relativa pérdida de control en el sostenimiento de un poder u orden. Aún otorgando que se trata de una verdad parcial (la intervención sustantiva del gobierno), cabe reconocer que el paramilitarismo o el uso de guardias extraoficiales es un signo de debilidad, y de urgencia para recuperar un terreno perdido en la correlación de fuerzas políticas, ciertamente en el contexto de la economía global. Porque el conflicto en Michoacán no es local, ni siquiera nacional: es un conflicto geopolítico, es decir, global. (La intensiva cobertura en prensa internacional no es fortuita, especialmente en Estados Unidos). En esta conflagración se articulan intereses comerciales que involucran a China, Estados Unidos y a ciertos grupos caciquiles o familias locales. 

Para situarnos en un terreno común, es preciso indicar que este conflicto es una de las expresiones de la narco-guerra, que no es otra cosa que una estrategia mundial, adaptada a la realidad nacional, para la consolidación de economías sostenidas en una virtual ingobernabilidad. Un Estado es fallido sólo cuando el orden económico dominante así lo reclama, como ocurre en México. Pero es fallido únicamente en la aplicación de las leyes escritas, no así en la concertación con las leyes materiales no escritas o no verbalizadas (por ejemplo, la adscripción casi religiosa de los factores económicos domésticos al credo neoliberal). En este contexto de laxitud o fallecimiento jurídico del Estado, el monopolio de la violencia se “federaliza": atraviesa una suerte de descentralización; se delegan facultades para el uso de la violencia a otros órganos no inscritos directamente en las instituciones estatales. Entre estos actores u órganos paralegales, destacan los brazos armados de los cárteles de la droga, empresas de seguridad privada, milicias rurales, mercenarios foráneos etc. Y ahora se pretende incorporar a las autodefensas a este abanico de fuerzas reaccionarias. Pero esto no equivale a sostener que la naturaleza de estos grupos es única e indivisiblemente progubernamental o pro-Estado. Y acá radica el quid de toda la discusión en torno al caso michoacano. 

Si bien es indiscutible la injerencia del gobierno (al menos parcial) en el comportamiento de las autodefensas, cabe advertir que la sola participación (o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de riesgos virtualmente desfavorables para el poder constituido. Las propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos. Más que una reflexión neutral o imparcial, acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por acción u omisión las autoridades públicas. 

El riesgo para el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía frente al orden estatal dual (el lícito y el ilícito); y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon. En este escenario la desintegración del actual Estado criminal sería irrefrenable. 

En la anterior entrega se sostuvo: “Resumidamente, se pueden agrupar a los protagonistas en dos grandes bloques: los que son afines al poder, y los que desafían el poder” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-preambulo-de-una-revolucion.html).

Aún cuando el poder institucional interviene para manipular el curso de las autodefensas, el desafío de estos grupos a los mandatos gubernamentales es un horizonte militarmente factible, y acaso políticamente deseable. 

A nuestro entender, y aún concediendo verosimilitud al diagnóstico que sitúa a las autodefensas en el eje de una táctica discrecional e inconfesable del gobierno, la posibilidad de que este recurso comunitario se generalice es tan alto como la posibilidad de un aplastamiento que redunde en un beneficio para el actual orden (inconstitucional, cabe decir). 

Y en un escenario hipotético de éxito insurreccional comunitario, nadie podría objetar el carácter éticamente legítimo de esta modalidad de defensa. Nótese que la preocupación central del gobierno no reside en el descabezamiento de un cártel u otro (Caballeros Templarios u homólogos transterritoriales): su principal empeño es el descabezamiento de la ciudadanía o la sociedad organizada, por más frágiles que pudieran ser estas formas organizacionales. 

Esta vez no discrepamos ni un ápice con Javier Sicilia, cuando sostiene: “Es absolutamente legítimo [el recurso de las autodefensas]. Estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No se puede tolerar que en nombre de un gobierno… la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, le secuestren a sus hijas, las violen y las descuarticen”. 

Este gobierno criminal que describe Sicilia es el que está en vilo. Desconocemos si las autodefensas alcancen a articular una oposición plausible en el corto o mediano plazo. Pero es un hecho que se trata de una ventana de oportunidad, una moneda al aire cuya suerte es incierta. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=140124_100948_845

Michoacán: preámbulo de una revolución

El pasado miércoles, la Jornada Michoacán cerró su nota editorial con la siguiente advertencia: “Si la actual administración no es capaz de formularla con prontitud [una estrategia gubernamental coherente e integral], el país vivirá otro sexenio de violencia descontrolada, descomposición institucional y barbarie multiplicada. Es de esperar que no sea el caso”. Las buenas intenciones no se traducen necesariamente en análisis sesudos, “coherentes e integrales”. Pocos espacios informativos aciertan a la hora de elaborar diagnósticos, o bien por compromisos institucionales, o bien por las agravantes limitaciones analíticas que imponen las estériles ideologías dominantes. Ni siquiera la llamada prensa “progresista” arriesga una lectura diferente. 

El conflicto en Michoacán es el preámbulo de una revolución. Es preciso mirar los contenidos del poder y las resistencias para aprehender la naturaleza de las hostilidades, y descubrir los visos insurreccionales que entraña esta crisis social. 

En este tenor, cabe observar que la “violencia descontrolada, descomposición institucional y barbarie multiplicada” no es un problema de capacidades o incompetencias, y que si la “actual administración no es capaz de formular con prontitud una estrategia coherente”, no se debe a una limitación privativa de la entrante gestión peñista, o en su defecto de la saliente gerencia calderonista: la violencia está en el ADN de la propia institucionalidad, la descomposición e incoherencia corre en el torrente sanguíneo de las distintas administraciones.

No se contradice acá la complejidad de la efervescencia en Michoacán. Al contrario, se reconoce tal condición, y por ello se recomienda absoluta consistencia en el análisis. Se sabe que existe una multiplicidad de fracciones en disputa, pero casi nunca se atina en el posicionamiento político (frente al poder) que ocupan estos grupos. 

Tan sólo dentro del consejo de autodefensas de Michoacán concurren 32 coordinadores, tres mediáticamente visibles: José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán e Hipólito Mora. Aunque las discrepancias e intereses encontrados priman en los procedimientos de coordinación (aún no sabemos si de manera significativa), esta caleidoscópica confederación de autodefensas se enfrenta fundamentalmente, y con relativa cohesión, a un grupo delincuencial: los Caballeros Templarios (estos además movilizan a ciertos grupos ciudadanos para protestar contra la presencia de las autodefensas). Se especula que existen básicamente dos huestes orgánicas al interior de las guardias comunitarias: una insurreccional (mayoritaria), y otra presumiblemente infiltrada, leal a algún cártel o al gobierno (minoritaria). El cártel Nueva Generación es una suerte de actor sigiloso pero no menos importante. Y por último, el más discreto pero también más decisivo de los actores: el Estado, a cuyas instrucciones acuden los más de mil 500 elementos de la Policía Federal y los 200 efectivos militares que intervienen en la zona de conflicto. 

El desenlace de este primer episodio beligerante es de pronóstico reservado. Pero es un hecho que los bandos en conflagración comienzan a visualizarse con cristalina claridad. Y es acá donde los analistas no pueden desvariar, pues de lo contrario contribuirían a la premeditada e irresponsable desinformación que concertadamente inducen los poderes constituidos. 

Resumidamente, se pueden agrupar a los protagonistas en dos grandes bloques: los que son afines al poder, y los que desafían el poder. 

En el primer bloque se ubican casi todos los actores, incluida por cierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (virtualmente un apéndice del Estado), cuyo presidente, Raúl Plascencia, fijó sin ambages el posicionamiento de este organismo: “No hay ninguna justificación para que grupos de personas armadas en las calles pretendan hacer justicia por mano propia”. Está visto que la policía federal y el ejército también van tras las autodefensas insurreccionales. No es accidental que elementos del ejército mexicano ingresaran violentamente al epicentro del conflicto para desarmar a los colectivos de autodefensas, y no a los cárteles. De acuerdo con las autodefensas, los efectivos militares asesinaron a cuatro personas; destaca tristemente el caso de una niña de 11 años. El representativo del Estado (PRI y consortes) tampoco economiza las amenazas, bravatas e intimidaciones: “[Los operativos] han venido dando resultados (sic) […] Eso eliminará los pretextos (sic) o las razones de quienes dicen (sic) estar buscando justicia” (Jesús Murillo Karam –procurador); “Los delincuentes [o grupos de autodefensa] deben recibir el trato que la ley dispone y en este sentido no habrá ninguna consideración por el Estado mexicano. No hay espacio alguno ni para la tolerancia (sic) ni para la complacencia… Vamos por quienes transgreden la ley” (Osorio Chong –secretario de gobernación). Los cárteles de la droga, unos en contubernio con el Estado, otros con la fracción truculenta de las autodefensas, siguen en lo suyo: disputándose plazas con la venia e irrestricto apoyo logístico de las autoridades. 

En el otro bloque, el insurreccional, se ubican, hasta donde se alcanza a advertir, la mayoría de las coordinaciones del Consejo General de las Autodefensas. Allí se incuba el desafío al poder, que naturalmente el Estado se dispone a aplastar, ahora sí, con “prontitud” e incorregible violencia. 

En suma, el Estado no persigue a los cárteles o las bandas delincuenciales. Por eso desarma a las guardias comunitarias cuando más cerca están de arrebatar a los cárteles el control y recuperar la totalidad del territorio michoacano. Es posible que consintiera el avance parcial de las autodefensas, sólo con el fin de debilitar al cártel de los Caballeros Templarios, y facilitar una claudicación negociada sin costos políticos mayúsculos para el gobierno (recuérdese las incómodas videograbaciones de la “Tuta”, líder de la organización criminal), y acaso posicionar casi monopólicamente a Nueva Generación, que es un brazo armado del cártel oficialista, a saber, el de Sinaloa que regenta el empresario Joaquín “Chapo” Guzmán. 

Los contenidos insurreccionales de las autodefensas radican precisamente en su desafío a toda la cadena de poder que representa el gobierno, la fuerzas castrenses, los cárteles y los intereses creados en torno a estos. Por eso el Estado ha convenido utilizar al ejército para apagar el conflicto, y a la policía sólo accesoriamente: el propósito es liquidar transgresores de la ley, y no prevenir la proliferación del crimen. 

Acá no caben confusiones: las autodefensas desafían el monopolio legítimo de la violencia pública que técnicamente concentra el Estado. Y en este sentido se debe insistir en la existencia fundamental de dos bloques antagónicos: los que salvaguardan este monopolio, y los que se alzan –las autodefensas– contra este delincuencial monopolio en cuyas filas concurren el Estado, los cárteles de la droga y secuaces. 

Este desafío puede constituir la antesala de una sublevación armada. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140117_095851_778

¿Para quién trabajan las autodefensas en Michoacán?

En todos lados se comentan las imágenes y acontecimientos que han sacudido al estado de Michoacán y, al mismo tiempo, la confusión parece ser la constante. Por una lado, la organización de grupos armados se percibe como un acto de justicia pero por el otro se percibe una ambigüedad por parte del estado mexicano; todo ello recubierto de una pátina de incredulidad con respecto a la posibilidad de acabar con los cárteles del narcotráfico en la región. Las siguientes líneas procurarán ofrecer algunos elementos para reflexionar sobre la coyuntura que vive la tierra purépecha.

Para empezar hay que tomar en cuenta tres premisas: no existe un  monopolio exclusivo en México que controle todas las actividades relacionadas con el narcotráfico; el estado mexicano, a través del ejército, controla el flujo de armas en el país; los recursos naturales y su explotación están en el fondo de la problemática social en Michoacán. Por encima de todo, no hay que olvidar que el narcotráfico alimenta al capitalismo, aunque a veces resulte una amenaza para las empresas ‘legales’.

Lo primero que llama la atención en el conflicto michoacano es que las autodefensas aseguran que sólo existe un cártel en el estado: el autodenominado como Los Caballeros Templarios. Insisten en que su misión es acabar con ellos y que en cuanto logren dicho objetivo entregarán las armas. Sin embargo, se ha documentado la existencia de cuando menos otro cártel, conocido como La Familia Michoacana, el cual ha declarado que está enfrentado con Los Zetas por el control del estado. Esto sin mencionar que difícilmente la organización comandada por El Chapo Guzmán no tenga presencia en Michoacán. Por lo tanto, la primera pregunta sería: ¿Por qué las autodefensas en Michoacán insisten en que sólo existe un cártel?

Al observar las imágenes que han inundado a los medios de comunicación salta a la vista que el armamento utilizado por las autodefensas son rifles de asalto, de uso exclusivo del ejército. A diferencia de las policías comunitarias como las CRAC-PC en Guerrero, que utilizan rifles y escopetas, prácticamente todos los integrantes de las autodefensas tienen cuernos de chivo. Esto genera otra pregunta: ¿Cómo obtuvieron las armas que se supone sólo el ejército puede utilizar? Y otra ¿Por qué el ejército y la secretaría de Gobernación lo permite, siendo un delito federal? Puedo entender que la delincuencia organizada las utilice, pues no le pide permiso a nadie, pero que un grupo de civiles transite por las carreteras en Michoacán portándolas sin disimulo y las fuerzas armadas se hagan de la vista gorda cuesta más trabajo. A menos que… El estado mexicano, a través de Osorio Chong grita a diestra y siniestra que están violando la ley pero las autodefensas responden afirmando que no las van a entregar hasta que acaben con los caballeros templarios. Y hasta el momento siguen armados.

No se puede negar que la población, sobre todo en el campo michoacano, ha sido agraviada impunemente por años por el narcotráfico. Pero no es, y por mucho, el único agravio que han sufrido las comunidades en el estado. Habría que agregar, principalmente, el saqueo sistemático  de sus recursos naturales -fomentado por las autoridades locales, estatales y federales- en el que están involucrados narcotraficantes, caciques locales y terratenientes y corporaciones internacionales. En este sentido llama la atención que no se incluya en las demandas de las autodefensas el respeto de sus recursos naturales y de su derecho a participar en su explotación como dueños legítimos. O incluso las típicas como centros de salud, caminos, educación, etc.

Tal vez por ello, las autodefensas han gozado del visto bueno del estado, a diferencia de las policías comunitarias, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, (CRAC-PC) en Guerrero, que actualmente lucha por la liberación de algunos de sus dirigentes, como es el caso de Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC de Olinalá, quien está presa por el delito de secuestro agravado en Centro Federal de Readaptación Social Noroeste de Tepic, Nayarit. El conflicto entre la CRAC-PC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). en Guerrero resulta sintomático de que el estado no utiliza la misma vara para medirlos. Es muy probable que las razón esté definida por la defensa de los recursos naturales por parte de las policías comunitarias.

Pero volviendo a Michoacán, las autodefensas parecen concentrarse exclusivamente en su enfrentamiento con los narcotraficantes, lo cual resulta comprensible, dejando de lado la defensa de los recursos naturales y otras añejas demandas de los habitantes de la región. Este hecho configura entonces las postura del estado mexicano y su apoyo condicionado a los grupos civiles armados, que les resultan muy útiles para simular su interés por acabar con la delincuencia organizada. Con esto no se pone en duda que buena parte de sus integrantes participe en las autodefensas de buena fe, pero tampoco se puede ignorar la posibilidad de que se infiltren otros que responden a intereses de cárteles rivales, caciques locales y autoridades. 

Como han mencionado un destacado especialista en materia de seguridad pública, Michoacán es simplemente un laboratorio en donde se está poniendo a prueba una estrategia de control y sometimiento de las comunidades para facilitar el saqueo de recursos naturales y que tiene en la mira otras regiones, como Chiapas, en donde las comunidades zapatistas son el único escollo para sistematizar la explotación depredadora en la región. A estas alturas ¿quién puede creer que Peña Nieto y sus amigos quieren acabar con el narcotráfico en México?

Newtown y el síndrome Columbine: otro negro aniversario

El 14 de diciembre de 2012 tuvo lugar una de las peores masacres en Estados Unidos. La sede: Newtown, Connecticut. Cualquiera podría reconstruir el guion aún cuando ignore los pormenores: un joven con rifle de alto calibre irrumpe en una escuela, tirotea a sus víctimas, y termina la faena quitándose la vida. No se conoce el origen exacto de este truculento ritual. Pero lo que más preocupa es que no se sabe con precisión las causas de tan sociopático comportamiento. A pesar de la flagrante reincidencia de estos actos, los diagnósticos acusan todavía un déficit de veracidad, lealtad o rigor. Sin embargo, no se pasa por alto que un problema fundamental es la falta de voluntad política para resolver este asunto, y la primacía de intereses corporativos tan obstinadamente socorridos en Estados Unidos. No es accidental que los multihomicidios estén a la alza: desde el 14 de diciembre de 2012 a la fecha han ocurrido 25 tiroteos en establecimientos escolares. El más reciente en las vísperas del primer aniversario de Newtown: el 13 de diciembre de 2013, en una escuela secundaria de Colorado, un alumno irrumpió a disparos en el recinto escolar e hirió a dos compañeros. Más tarde se suicidó.

Llama la atención que, a pesar de la creciente virulencia de la violencia en Estados Unidos, los gobiernos no hagan absolutamente nada (salvo enunciar condolencias públicas) para frenar la pulsión criminal de la población más joven. Una legislación restrictiva para la venta de armas es sólo una solución parcial, sin duda indispensable, pero insuficiente. Si el poder público (o en su defecto la sociedad) no actúa con firmeza y prontitud (y con inédito desdén hacia la agenda corporativa), los conciliábulos privados tomarán la iniciativa. Un peligro a la vista es que se cristalice el sueño húmedo de la National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle), que promueve el lobby político de la empresa, visiblemente con más empeño tras la masacre de Newtown: a saber, la incorporación de policías armadas en todos los colegios de Estados Unidos. Esta moción redundaría en la exportación de la doctrina de la guerra preventiva o el enfoque de seguridad nacional al ámbito de las escuelas. Una idea troglodítica que sin duda gozaría de vasta aceptación en ciertos círculos donde concurren intereses e ignorancia. 

A poco más de un año de la masacre en Newtown, y a acaso a modo de conmemoración, cabe recuperar la reflexión en torno a esta modalidad de violencia tan corrosivamente incrustada en la vida pública de los norteamericanos. Se reproduce a continuación un texto publicado hace exactamente un año, y que da tratamiento al asunto en cuestión. 

5 reflexiones acerca de la masacre en Newtown 

No pocos autores han argüido que la civilización y la historia de la humanidad pueden contemplarse como un solo proceso cuyo signo dominante es la normalización de la violencia e injusticia. Voltaire, Marx, Freud, Benjamin, Zizek, por mencionar algunos, descubrieron esta suerte de hilo negro que atraviesa la vida del hombre, cifra dominante de las sociedades humanas. Sin encuadrarnos en un perímetro exclusivamente estadunidense, aunque sí aludiendo a ciertas especificidades de la América del Norte, exponemos aquí una serie de reflexiones referentes a la masacre en Newtown, (Connecticut, noreste), catalogada como una de las “peores tragedias en la historia reciente” de Estados Unidos. (Sólo la matanza de Virginia Tech, con 32 muertos, supera la masacre en Newtown –MILENIO). Adviértase que estas reflexiones responden a un interés, aparentemente generalizado, por responder a una interrogante irresuelta: ¿Por qué Columbine (1999), Virgina Tech (2007), Aurora, Colorado (2012) y ahora Newtown? 

I. 

Si existe un país donde el criterio liberal del “interés egoísta” tiene un alcance y aplicabilidad casi universal es en Estados Unidos. El cálculo frío, deshumanizado, suple a la tradición, el costumbrismo y el afecto comunitario, ligas inmateriales que cohesionan a otras sociedades. Ante la ausencia de expresiones básicas de afectividad, o bien, en un entorno de absoluto anonimato, los individuos anónimos se conducen conforme a un albedrío marcadamente antisocial. En un escenario de asedio, ira o desconsuelo, el individuo desata su venganza contra un colectivo igualmente anónimo. Por eso el asesino selecciona espacios públicos e individuos “sin rostro”, anónimos, para desencadenar su ira. 

II. 

La venta de armas en Estados Unidos tiene una connotación más profunda que el mero respeto a un derecho constitucional. Según cifras oficiales, en EU existen cerca de 238 millones de armas de fuego en manos privadas, para una población total de 310 millones. En el imaginario colectivo de la persona ordinaria, ser citoyen en Norteamérica es portar un arma. Por encima de cualquier otro derecho civil o humano, llámese salud, educación o vivienda, figura el derecho a portar un arma. Detonar un arma de fuego es tan sólo el ejercicio práctico-dinámico de este derecho inalienable del citoyen estadunidense. 

III. 

La violencia es un elemento fundacional vital del Estado Norteamericano. La aniquilación de las civilizaciones nativas –violencia intramuros–, y el exterminio expansionista de la América Imperial –violencia extramuros– son antecedentes identitarios que inexorablemente se enquistan en la psique del citoyen estadunidense. Se trata de representaciones simbólicas que dictan que la violencia es el recurso más efectivo para alcanzar cualesquiera que sean los fines. El asesino de Newtown, o el de Virgina Tech, realizan por medio de la violencia un doble fin: castigan al ente anónimo (colectividad sin rostro) que les ignora u oprime, y castigan violentamente su propio crimen, quitándose la vida. La promoción de la violencia vía la venta desregulada de armas o el martilleo incesante de imágenes pornográficamente violentas, ya sea en ordenadores, televisión o videojuegos, es apenas una expresión accesoria de una sociedad ontológica e históricamente atravesada por la violencia. 

IV.

Existe una correlación entre “la gran frase hueca y el asesinato organizado”. En Estados Unidos, la vacuidad comunicativa es canon. Este abismo aviva la pulsión de muerte, la potencia destructiva. Y ésta destructividad –cada vez con más recursos técnico-logísticos al alcance– tiene un doble destinatario: el otro y el Yo. 

V. 

Para encontrar respuestas a la problemática de la violencia, en Estados Unidos o en cualquier otra sociedad, debe atenderse menos a los individuos que con actos violentos perturban la normalidad del “orden público”, y prestar más atención a la violencia inherente a esta normalidad del orden, que es la auténtica causante de los persistentes estallidos de violencia. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140110_100308_450 

Lo que el neoliberalismo se llevó

A nadie puede sorprender que en el inicio de este año 2014 la profundización del modelo neoliberal en nuestro país tome fuerza. Resulta grotesco que los actores políticos institucionales se rasguen las vestiduras con la reforma energética cuando desde hace dos décadas la conspiración neoliberal selló la suerte de millones de habitantes del territorio conocido como México. La venta de PEMEX no es más que la consecuencia lógica del viraje ideológico del estado mexicano, el cual muchos consideraron un cambio necesario para arribar a la modernidad.

El conjunto de reformas aprobadas por los partidos en el congreso encarnan lo que, en tiempos de Thatcher y Reagan, fue conocido como TINA (There is no alternative- No hay otra alternativa) y que se utilizó como argumento para imponer recortes en el gasto social, reducción de salarios reales y supresión de derechos. Con su poder de facto, el capital internacional inició una etapa del desarrollo del capitalismo que, a chuecas o derechas, se ha ido aplicando en todos los rincones del planeta.

Lo que lamentablemente se veía venir desde hace años hoy es una realidad: la venta de Telmex, CEMEX, Mexicana de Aviación, de Luz y Fuerza del Centro, de PEMEX y CFE son parte de una misma partitura que ha sido recreada de acuerdo a las circunstancias y posibilidades que ofrece la coyuntura nacional y mundial. Los gobiernos del PAN intentaron imponer las reformas sin lograrlo pero que hoy son parte del menú nacional: aumento de impuestos, incluyendo alimentos, y desaparición de subsidios y de derechos, que son más o menos lo mismo. Con el pretexto de moderar la contaminación ambiental, le agregaron un impuesto a los derivados del petróleo y subieron la electricidad; con el pretexto de combatir la obesidad, le cargaron un 8% a los alimentos con alto contenido calórico, lo que incluye desde botanas y refrescos hasta pastas y pan dulce, siempre tan preocupados por la salud de la población.

Lo que en el fondo aparece es la necesidad del estado mexicano se substituir el hueco que provocará la pérdida de las ganancias petroleras –que ahora quedarán en los bolsillos de las corporaciones internacionales- con un aumento en la recaudación fiscal y una reducción sustantiva de los subsidios. No pretenden reducir el gasto corriente ni reducir las consecuencias de la corrupción y el tráfico de influencias, ni mucho menos dejar de exentar del pago de impuestos a los peces gordos de las corporaciones y grandes empresas sino cargarle la factura completa a las mayorías.

Al mismo tiempo, el poder político se centraliza (véase la reforma política) y el gasto militar aumenta. Ambos factores son necesarios para contener el descontento popular y para mantener la vigencia de las reformas y suprimir derechos legalmente a partir de la aprobación de leyes y reglamentos, a pesar de marchas, cercos y protestas de todo tipo. Todo parece ir viento en popa para los ocupantes de Los Pinos y las loas por parte de los organismos internacionales y los países ricos son para ellos la palmadita en la espalda que, a contrapelo del clamor del pueblo al que dicen representar, los felicita por su valor y altura de miras y sobre todo por las enormes ganancias que van a obtener.

La mayoría de la población parece estar pasmada y en cierto sentido no ha logrado asumir las consecuencias en su vida cotidiana pues, como dicen algunos líderes de opinión, lacayos del poder, el efecto de las reformas tomará tiempo. Si bien las consecuencias están ya a la vista de todos parece que tomará tiempo para que los principales afectados se den cuenta del costo que van a tener que pagar. Por ejemplo, algunas personas con las que he conversado al respecto se muestran sorprendidas de que, en lugar de las promesas manifestadas en los espots gubernamentales, el costo de la luz y la gasolina estén aumentando; como se dice vulgarmente, no les ha caído el veinte. Pero además, los trabajadores de PEMEX, CFE, SEP, por mencionar algunos, empiezan a sospechar que el empleo no crecerá sino que disminuirá… y precisamente a su costa.

Los dueños del poder apuestan al conformismo, seguros de que mientras la población pueda comprar pantallas planas y automóviles a crédito las cosas no se saldrán de control. Tal vez tengan razón, pero ¿Qué pasará cuando las deudas no pagadas sean motivo de penas corporales, con lo que el paraíso consumista será privilegio sólo de unos cuantos? ¿Qué pasará con todos aquellos que deberán modificar drásticamente sus estilos de vida, decirle adiós a su flamante auto y a su casa? Dicho en otras palabras, cuando la ilusión del progreso personal desaparezca. Y me refiero sobre todo a la clase media aspiracional -esa que no lo es en realidad pero que gracias al crédito cree que lo es. ¿Apoyarán un golpe de estado para profundizar la militarización aunque ello no mejore su condición económica o saldrán a la calle para revertir el modelo neoliberal? Usted empobrecido lector, ¿qué haría? o mejor dicho ¿qué está haciendo?