El
partido de futbol que jugó hace algunos días la selección mexicana contra
su similar de Dinamarca, en Phoenix, Arizona, no deja lugar a dudas de que el
tricolor no es más que la empresa de los dueños de los equipos de futbol
profesional en México, agrupados en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Motivados por su sed de ganancias, a los empresarios de la FMF no les importó
elegir la ciudad y el estado de la Unión americana que en 2010 aprobó la
polémica la Ley SB1070, la cual se distingue por estar inspirada en principios
racistas.
Al mismo tiempo, confirmó que en
Arizona y en buena parte del territorio de los Estados Unidos se empieza a
articular un movimiento de resistencia a leyes racistas y
discriminatorias de las comunidades de migrantes mexicanos y
latinoamericanos. Más allá de que tanto republicanos como demócratas los
cortejan sin ruborizarse –cosa que hubiese sido impensable hace apenas un par
de décadas- el desarrollo de una conciencia política de las comunidades de
migrantes mexicanos se ha ido fortaleciendo, logrando salir a la calle para
ejercer sus derechos como cualquier ciudadano estadounidense ya pesar de
enfrentar ataques sistemáticos a su cultura y a su apariencia física.
Las causas de la aprobación de la Ley
SB1070 se relacionan directamente con la crisis económica, política y cultural
por la que atraviesan los EEUU; las consecuencias más probables serían el
surgimiento de leyes similares en otros estados y el debilitamiento de las
libertades civiles en aras de la eficiencia económica.
En un principio, la política
migratoria de los Estados Unidos se concentró en aumentar la población para
poder impulsar el desarrollo económico y explotar las enormes riquezas de su
extenso territorio. A lo largo del siglo XIX, multitudes provenientes
principalmente de Italia e Irlanda inyectaron gran vitalidad a las actividades
económicas y las ganancias de los grandes capitales. Pero además enriquecieron
la cultura estadounidense, al grado de que para muchos la película “El Padrino”
de Coppola representa fielmente el espíritu americano, la apología del hombre
que se hace a sí mismo.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica mundial y el
crecimiento de su economía impulsó la necesidad de continuar la política
migratoria para sostener el crecimiento espectacular de la producción y el
consumo. No fue sino hasta el ataque a las torres gemelas en 2001 que la
percepción del americano medio con respecto a la inmigración cambió
sensiblemente y los argumentos de grupos racistas y fundamentalistas tomaron
fuerza. Se estableció la distinción entre migración legal e ilegal,
identificando a la última como la causa de todas las desgracias.
La inmigración ilegal se definió
súbitamente como un problema por el aumento del desempleo, la violencia
criminal y los cambios culturales que rompían con ‘tradiciones’ americanas,
sean estas las que usted quiera. Pero en el fondo, el detonador de esta
tendencia excluyente radica en la progresiva decadencia de los Estados Unidos
como potencia hegemónica y la enorme frustración de sus habitantes WASP (White,
anglo-saxon, protestant) ante el fin de la época de oro.
Frente a semejante realidad, buscan un
chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad del fin del sueño americano.
No se trata de buscar quien la debe sino quien la pague. Y los mexicanos
cumplen con creces con el perfil. En este sentido, la ley SB1070 no es un signo
de fortaleza -como insisten sus promotores- de las instituciones y del pueblo
estadounidense sino de su debilidad, síntoma de su impotencia por la pérdida de
su posición hegemónica en el mundo y de la negación de los valores que los
pusieron en esa posición.
La
ley en cuestión generó un amplio movimiento de protesta, no sólo entre los
migrantes que viven y trabajan en Arizona, sino también entre las
organizaciones defensoras de derechos humanos en ambos lados del Rio Bravo.
Señalada por atentar contra la dignidad de los trabajadores migrantes, la ley
se caracteriza por permitir que cualquier empleado de la policía, local o del
estado, pueda detener a cualquier persona por su apariencia física -independientemente
de que haya cometido un ilícito o tenga intención de hacerlo. La medida ha
desatado una cacería de brujas al mejor estilo del fascismo alemán, que en su
momento detenía a personas por el sólo hecho de parecer o llevar un apellido de
origen judío.
Pero
lo anterior no fue considerado por la FMF y menos por el entrenador de la
selección, el “Chepo” de la Torre, que prefirió pasar por ignorante
(“… no estoy tan empapado de todo este tipo de circunstancias que pasan
con nuestros paisanos…”) para no arriesgar el privilegio de un sueldo absurdo
como director técnico. Y de los jugadores ni se diga; están más ocupados en
cobrar sus regalías -por el alto honor de representar a sus patrones y no a los
colores y símbolos que portan en la camiseta- que al público al que se deben y
del que sale el dinero que se embolsan. Sin embargo fueron más honestos, como Carlos
Salcido, que reconoció que “Sabemos que la gente que está acá ha pasado por
algo fuerte, algo difícil” Y manifestó lo anterior seguramente porque parte de
su familia emigró los Estados Unidos y porque no ha olvidado a quien se debe y
de donde viene.
Lo
interesante en todo caso es que grupos de activistas mexicanos residentes en
Arizona organizó una campaña para boicotear el espectáculo. Entre sus argumentos
destacaba la posibilidad de que a la salida del estadio, las autoridades
locales se dediquen a detener a toda persona que parezca sospechosa. Los
activistas insisten en que el boleto que compre un migrante para asistir al
partido podría ser un boleto para su deportación. Consideran una aberración
que, además de una posible cacería de mexicanos al término del encuentro, el
10% de las ganancias por concepto de entradas vayan a parar a las arcas
del estado de Arizona. Y que esos ingresos serán utilizados para seguir
aplicando la ley discriminatoria.
Por
su parte, las televisoras mexicanas -parte fundamental de la FMF, ya que poseen
varios equipos de la primera división- han sido muy cuidadosas para evitar
cualquier comentario al respecto. Más bien han estado alentando a las personas,
con toda suerte de argumentos nacionalistas, para que asistan al estadio sin
considerar las consecuencias que esto pueda acarrearles a sus compatriotas. Al
mismo tiempo, con su proverbial incapacidad para analizar un partido de futbol,
mucho menos un conflicto social, simplemente descalifican las protestas con el
sobado argumento de que hay intereses oscuros detrás.
Por ello no queda más que
reconocer que la selección nacional, al igual que otras empresas ‘nacionales’,
no es más que -a contrapelo de lo que dicen los merolicos de las televisoras-
el equipo de todos… los socios de la FMF y que están lejos de representar precisamente a l@s mexican@s. Alguien dirá
que a muchos de los migrantes ilegales no les importó correr el riesgo con tal
de ver a sus ídolos y confirmar su identidad cultural. Digamos que asistir a un
partido de la selección mexicana en los EEU sería como comerse un tamal
oaxaqueño acompañado de una coronita mientras se escucha a Vicente Fernández en
pleno centro de cualquier ciudad yanqui. Pero el que algunos de ellos hayan
protestado por semejante desprecio a los problemas que enfrentan día a día los
trabajadores migrantes, por parte de uan equipo que supuestamente representa a una nación, es un hecho que llegó para quedarse y que probablemente
tomará fuerza en el futuro.
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