Migrantes repudian a la selección mexicana de futbol en Arizona

El partido de futbol que jugó hace algunos días la selección mexicana contra su similar de Dinamarca, en Phoenix, Arizona, no deja lugar a dudas de que el tricolor no es más que la empresa de los dueños de los equipos de futbol profesional en México, agrupados en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Motivados por su sed de ganancias, a los empresarios de la FMF no les importó elegir la ciudad y el estado de la Unión americana que en 2010 aprobó la polémica la Ley SB1070, la cual se distingue por estar inspirada en principios racistas.

Al mismo tiempo, confirmó que en Arizona y en buena parte del territorio de los Estados Unidos se empieza a articular un movimiento de resistencia a leyes racistas y discriminatorias  de las comunidades de migrantes mexicanos y latinoamericanos. Más allá de que tanto republicanos como demócratas los cortejan sin ruborizarse –cosa que hubiese sido impensable hace apenas un par de décadas- el desarrollo de una conciencia política de las comunidades de migrantes mexicanos se ha ido fortaleciendo, logrando salir a la calle para ejercer sus derechos como cualquier ciudadano estadounidense ya pesar de enfrentar ataques sistemáticos a su cultura y a su apariencia física.

Las causas de la aprobación de la Ley SB1070 se relacionan directamente con la crisis económica, política y cultural por la que atraviesan los EEUU; las consecuencias más probables serían el surgimiento de leyes similares en otros estados y el debilitamiento de las libertades civiles en aras de la eficiencia económica.

En un principio, la política migratoria de los Estados Unidos se concentró en aumentar la población para poder impulsar el desarrollo económico y explotar las enormes riquezas de su extenso territorio. A lo largo del siglo XIX, multitudes provenientes principalmente de Italia e Irlanda inyectaron gran vitalidad a las actividades económicas y las ganancias de los grandes capitales. Pero además enriquecieron la cultura estadounidense, al grado de que para muchos la película “El Padrino” de Coppola representa fielmente el espíritu americano, la apología del hombre que se hace a sí mismo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica mundial y el crecimiento de su economía impulsó la necesidad de continuar la política migratoria para sostener el crecimiento espectacular de la producción y el consumo. No fue sino hasta el ataque a las torres gemelas en 2001 que la percepción del americano medio con respecto a la inmigración cambió sensiblemente y los argumentos de grupos racistas y fundamentalistas tomaron fuerza. Se estableció la distinción entre migración legal e ilegal, identificando a la última como la causa de todas las desgracias.

La inmigración ilegal se definió súbitamente como un problema por el aumento del desempleo, la violencia criminal y los cambios culturales que rompían con ‘tradiciones’ americanas, sean estas las que usted quiera. Pero en el fondo, el detonador de esta tendencia excluyente radica en la progresiva decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica y la enorme frustración de sus habitantes WASP (White, anglo-saxon, protestant) ante el fin de la época de oro.

Frente a semejante realidad, buscan un chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad del fin del sueño americano. No se trata de buscar quien la debe sino quien la pague. Y los mexicanos cumplen con creces con el perfil. En este sentido, la ley SB1070 no es un signo de fortaleza -como insisten sus promotores-  de las instituciones y del pueblo estadounidense sino de su debilidad, síntoma de su impotencia por la pérdida de su posición hegemónica en el mundo y de la negación de los valores que los pusieron en esa posición.

 

La ley en cuestión generó un amplio movimiento de protesta, no sólo entre los migrantes que viven y trabajan en Arizona, sino también entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en ambos lados del Rio Bravo. Señalada por atentar contra la dignidad de los trabajadores migrantes, la ley se caracteriza por permitir que cualquier empleado de la policía, local o del estado, pueda detener a cualquier persona por su apariencia física -independientemente de que haya cometido un ilícito o tenga intención de hacerlo. La medida ha desatado una cacería de brujas al mejor estilo del fascismo alemán, que en su momento detenía a personas por el sólo hecho de parecer o llevar un apellido de origen judío.

Pero lo anterior no fue considerado por la FMF y menos por el entrenador de la selección, el “Chepo” de la Torre, que prefirió pasar por ignorante (“… no estoy tan empapado de todo este tipo de circunstancias que pasan con nuestros paisanos…”) para no arriesgar el privilegio de un sueldo absurdo como director técnico. Y de los jugadores ni se diga; están más ocupados en cobrar sus regalías -por el alto honor de representar a sus patrones y no a los colores y símbolos que portan en la camiseta- que al público al que se deben y del que sale el dinero que se embolsan. Sin embargo fueron más honestos, como Carlos Salcido, que reconoció que “Sabemos que la gente que está acá ha pasado por algo fuerte, algo difícil” Y manifestó lo anterior seguramente porque parte de su familia emigró los Estados Unidos y porque no ha olvidado a quien se debe y de donde viene.

Lo interesante en todo caso es que grupos de activistas mexicanos residentes en Arizona organizó una campaña para boicotear el espectáculo. Entre sus argumentos destacaba la posibilidad de que a la salida del estadio, las autoridades locales se dediquen a detener a toda persona que parezca sospechosa. Los activistas insisten en que el boleto que compre un migrante para asistir al partido podría ser un boleto para su deportación. Consideran una aberración que, además de una posible cacería de mexicanos al término del encuentro, el 10% de las ganancias por concepto de entradas  vayan a parar a las arcas del estado de Arizona. Y que esos ingresos serán utilizados para seguir aplicando la ley discriminatoria. 

Por su parte, las televisoras mexicanas -parte fundamental de la FMF, ya que poseen varios equipos de la primera división- han sido muy cuidadosas para evitar cualquier comentario al respecto. Más bien han estado alentando a las personas, con toda suerte de argumentos nacionalistas, para que asistan al estadio sin considerar las consecuencias que esto pueda acarrearles a sus compatriotas. Al mismo tiempo, con su proverbial incapacidad para analizar un partido de futbol, mucho menos un conflicto social, simplemente descalifican las protestas con el sobado argumento de que hay intereses oscuros detrás. 

Por ello no queda más que reconocer que la selección nacional, al igual que otras empresas ‘nacionales’, no es más que -a contrapelo de lo que dicen los merolicos de las televisoras- el equipo de todos… los socios de la FMF y que están lejos de representar  precisamente a l@s mexican@s. Alguien dirá que a muchos de los migrantes ilegales no les importó correr el riesgo con tal de ver a sus ídolos y confirmar su identidad cultural. Digamos que asistir a un partido de la selección mexicana en los EEU sería como comerse un tamal oaxaqueño acompañado de una coronita mientras se escucha a Vicente Fernández en pleno centro de cualquier ciudad yanqui. Pero el que algunos de ellos hayan protestado por semejante desprecio a los problemas que enfrentan día a día los trabajadores migrantes, por parte de uan equipo que supuestamente representa a una nación,  es un hecho que llegó para quedarse y que probablemente tomará fuerza en el futuro.

La universidad de las tres mentiras

La reforma constitucional a la educación impulsada desde Los Pinos y que ha sido votada por buena parte de los congresos estatales parece confirmar la tendencia a sincronizar el sistema educativo nacional con los designios de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). En su afán por mantener el reconocimiento de las grandes corporaciones y bancos internacionales los políticos mexicanos se han empecinado en acabar con lo poco que queda de un sistema de educación, que en sus orígenes se significó por ampliar la cobertura a las mayorías con programas de estudios preocupados por fortalecer la identidad nacional heredada de la revolución mexicana.

Parta algunos al reforma constitucional es más una reforma laboral y administrativa que  propiamente educativa; sus objetivos manifiestos parecen apuntar a mejorar la calidad de la educación pero en el fondo se trata de ajustarse a una nueva correlación de fuerzas entre el ejecutivo federal y el SNTE regenteado Elba Ester Gordillo. Los priístas no olvidan el apoyo de la maestra a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que para algunos fue determinante en los procesos electorales de 2000 y 20006; pero tampoco olvidan que los sindicatos charros son muy útiles para gobernar. No se trata entonces de acabar con el cacicazgo sindical sino, como decía antes, reformular el pacto corporativo de acuerdo a las nuevas circunstancias.

Pero más allá de lo que pueda pasar en la relación entre Peña y Gordillo, los proyectos educativos impulsados desde el poder están más preocupados por el fortalecimiento de la imagen del mandón en turno que de actualizar los sistemas educativos para beneficio de las mayorías. El caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no es más que una raya mas para el tigre de la simulación con fines propagandísticos. Fundada por decreto en la inauguración del sexenio, la UPAV tiene los años contados, (cuatro para ser más exactos). Correrá la misma suerte de otros proyectos sexenales como el Colegio de Veracruz, que hoy no es más que una dependencia de la Secretaría de Educación de Veracruz, o la Universidad Multicultural que empieza a desaparecer paulatinamente. Al igual que las últimas dos, la UPAV tal vez no desaparezca en términos formales sino pase a ser una institución en coma profundo, una anécdota más en la historia del poder político en Veracruz.

Cuesta trabajo creer que una institución con dos años de vida ofrezca decenas y decenas licenciaturas, más de una docena  de maestrías y hasta un doctorado; vamos la UPAV tiene más oferta educativa y más sedes que la Universidad Veracruzana. Impartiendo clases en telesecundarias, oficinas gubernamentales y donde se pueda –dentro y fuera del estado, como en Oaxaca o Puebla- la UPAV simplemente atenta contra cualquier lógica de mejoramiento de la calidad educativa (signifique esto último lo que usted quiera).

Nadie puede objetar la necesidad de abrir nuevas universidades, a menos que esto signifique recortarle presupuesto a instituciones de educación superior con madurez probada, como la propia UV. Pero una universidad que ni es popular, pues la mayoría de la población no pasa de la primaria; ni autónoma, pues forma parte de la SEV; ni exclusiva de Veracruz, con planteles en otros estados confirma que el estado no tiene una estrategia definida para el campo educativo ni aspira a tenerla.

Contrapolítica y policías comunitarias en Guerrero

El declive del estado liberal en México ha llenado de claroscuros la realidad nacional. Por un lado el fortalecimiento del narcotráfico, la pérdida de la soberanía alimentaria, financiera y comercial así como el sometimiento de la estrategia militar a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos ilustran de manera fehaciente que el estado mexicano ha cedido poco a poco espacios que en otros tiempos eran considerados intocable por parte de la clase dominante mexicana. 

La otra cara de la moneda tiene que ver con que, al perder la capacidad de controlar el territorio nacional y a la población que lo habita, se han abierto espacios en estados como Chiapas  o en Guerrero que apuntan a señalar que el debilitamiento del estado mexicano no es un hipótesis por comprobar sino una realidad evidente. La intensificación del saqueo de los recursos naturales configurada por un modelo neo extractivista combinado con el fortalecimiento de la delincuencia organizada, dentro y fuera del estado, ejerce una enorme presión sobre las comunidades rurales y urbanas, obligándolas a pasar a la acción para proteger lo único que les queda: sus vidas y su cultura.

El caso de las policías comunitarias en la costa chica de Guerrero ha cobrado una dimensión que hace sólo algunos años nadie hubiera concebido. Ante la ausencia o contubernio de las fuerzas de seguridad para contener el aumento exponencial del narcotráfico y sus negocios colaterales (tala clandestina, tráfico de personas, secuestros y extorsiones, etc.), los pueblos y comunidades que habitan de la tierra donde Lucio Cabañas y el Ejército de los Pobres que propinaron golpe tras golpe al ejército federal, han echado mano de la memoria histórica para tomar el problema en sus manos –emulando el grito zapatista del Ya Basta.

Organizados a partir de su pertenencia a una comunidad o municipio, los campesinos han utilizado sus propias armas y formas de organización para conformar milicias  y responder a los secuestros, robos, violaciones y destrucción del medio ambiente perpetrados por bandas de narcotraficantes que actúan como señores feudales en tierras ajenas, asociados con los caciques regionales. Seguramente nunca esperaron que los campesinos respondieran como lo han estado haciendo. 

De acuerdo con una de las organizaciones pioneras de la región, fundada en 1995, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) “La Policia Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de Policías Comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. Actualmente, son más de 700 los Policías Comunitarios que prestan servicio gratuitamente, protegiendo a una población de alrededor de 300 mil habitantes.”

Organizadas desde 1995, la policía comunitaria cuenta con la participación de 77 comunidades localizadas en 12 municipios: Región Costa Chica: San Luís Acatlán y Marquelia; Región Montaña: Malinaltepec,Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort , Xochistlahuaca, Acatepec. 

La CRAC se articula a partir de las Asambleas Regionales y sus funciones son financiadas por las comunidades, ya sea para la alimentación de los policías como de la reeducación de las personas detenidas. “… las autoridades comunitarias y los principales se encargan de la reeducación, o sea de platicar con ellos (los detenidos) para hacerlos reflexionar sobre su conducta.”  Todo el proceso se sostiene en las formas que las comunidades han utilizado tradicionalmente para la resolución de conflictos -lo que algunos llaman usos y costumbres- y que forman parte del legado de los antiguos mexicanos. 

Su éxito ha sido importante, por decir lo menos, al grado de que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero ha empezado a delinear una táctica de contención más sutil: en un principio procuró ignorar el tema pero ante el aumento del número de comunidades que se han organizado para enfrentar a los narcotraficantes y sus aliados, los caciques y terratenientes de la región, se apresta ahora a dividirlos –favoreciendo y aliándose con algunas y no con todas las milicias- para evitar perder el control de la zona y sobre todo, de las ganancias que reportan la tala clandestina y el trasiego de drogas y armas que, en esa zona marginada pero con una larga tradición de resistencia y lucha contra la explotación y la discriminación, ha sido la constante por muchos años. 

Lo interesante aquí es que con pocos recursos –escopetas, pistolas y rifles- pero con una enorme densidad moral, los campesinos de la costa chica están logrando lo que el ejército, las policías locales, estatal y federal así como los tres niveles de gobierno, con todo su poder, no han podido o no han querido hacer: contener la violencia desatada por el crimen organizado y el saqueo de los recursos naturales. Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirma sin ambages: “No es posible que campesinos organizados con armas de bajo calibre hagan frente a los delincuentes en cuestión de dos días, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no han podido revertir este fenómeno; eso es imposible; no amerita mayor análisis.”

Y eso en mi opinión es un ejemplo claro de como las comunidades y pueblos, al abandonar la esperanza de que las autoridades hagan su trabajo han comenzado a trazar una nueva ruta, una contrapolítica que se sustenta en la confianza de que con la participación organizada desde abajo se puede concebir un mundo mejor. 

El ejemplo ha empezado a cundir en otras regiones del estado de Guerrero e incluso fuera de él, como el caso de comunidades de Michoacán. La explotación combinada con la amenaza de sus vidas ha orillado a los pueblos y comunidades a organizarse por su cuenta para evitar su desaparición. Las consecuencias de semejante toma de conciencia ha puesto en estado de alerta a los dueños del dinero y sus empleados, quienes sin renunciar a sus privilegios buscarán la manera de desarticular el proceso. Pero una vez desaparecido el encanto de las promesas del estado liberal no hay marcha atrás y conforme el caos se incremente la población enfrentará el dilema que hoy enfrentan las comunidades de Guerrero. 

No hay que olvidar, en todo caso que, aunada a la larga historia de resistencia de los campesinos de la Costa Chica en Guerrero, esta sin duda la presencia del zapatismo contemporáneo en Chiapas, que ha demostrado que sólo desde abajo se pueden mejorar las condiciones de vida, la dignidad escamoteada por los de arriba. Sólo prescindiendo de las reglas del estado liberal y sus formas de organización, el camino será más claro. Voltear al pasado para construir el futuro desde el presente, caminando.