Lo primero que urge entender es que México tiene una larga historia de violencia de Estado en la construcción de la libertad de expresión. A diferencia de algunas metrópolis occidentales, el ejercicio de los derechos básicos en esta región del mundo es una lucha que sigue involucrando altos contenidos de represión y sangre. La libertad de prensa/expresión es una conquista social que el Estado no reconoce ni protege. El periodismo independiente –que es el único periodismo auténtico– está en la orfandad institucional e intensamente asediado por el binomio narcotráfico-Estado. (A modo de paréntesis, cabe señalar que el concepto liberal de “libertad de expresión” es insuficiente en nuestra época. Es urgente resignificar esa “libertad”, porque en la era que corre, el principal “enemigo” de ese derecho no es el Estado, sino los conglomerados privados que monopolizan la producción-selección-circulación de información. Sin duda que el Estado es un centro de autoridad que coarta esa libertad, pero no sin la acción acaparadora de los actores particulares, cuyos dueños definen los contenidos de la prensa con absoluta opacidad e impunidad. Por cierto que en materia de acaparamiento mediático, México es primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial).
Cabe recordar que en 2016 se cumplieron 40 años del golpe a Excélsior, orquestado por el expresidente priísta Luis Echeverría Álvarez, y que se tradujo en la reducción a añicos del que hasta entonces era el periódico más importante de América Latina (bajo la dirección de Julio Scherer García). La persecución persistió, y en 1982, el sucesor presidencial de Echeverría, José López Portillo, atacó financieramente a la revista Proceso (también dirigida por Julio Scherer), y justificó el golpe con la tristemente célebre frase “no pago para que me peguen”. En 1984, tan sólo dos años después de ese ultimátum, Manuel Buendía, el otrora periodista con más presencia en la prensa escrita, fue asesinado con cinco disparos en la espalda. Antes del homicidio, Buendía conducía una investigación que hurgaba en las conexiones del narcotráfico con políticos de México y Estados Unidos. (Más tarde se descubrió que el conductor de la motocicleta en la que escapó el asesino material, era Juan Rafael Moro Ávila, sobrino de otro expresidente, Manuel Ávila Camacho). De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), de 1983 a la fecha han sido asesinados 231 periodistas (La Jornada 16-V-2017).
Que México se convirtiera en un cementerio de periodistas responde a un continuum histórico, y a la relación del poder con la prensa. En contenido, esa relación no cambió sustantivamente. Persiste hasta nuestros días, pero con un agravante en la ecuación: el “narcotráfico gobernante”. El periodismo en México transitó de una relación patológica gobierno-prensa a una relación gobierno-narcotráfico-prensa, infinitamente más tóxica y letal.
La evidencia sugiere que la mayoría de los informadores ejecutados no forman parte del jet set periodístico en México. Los “notables” del periodismo nacional están protegidos por el gobierno y el narcotráfico. Trabajan para esos dos actores. El resto, los que practican el periodismo auténtico (independiente), están a merced de los caprichos del maridaje narcotráfico-Estado. Documentar el infierno en México involucra necesariamente pisar los talones de ese binomio. En este país bañado en sangre, la delincuencia organizada de Estado –señaladamente el narcotráfico– es la institución dominante.
Narcoperiodismo
Javier Valdez Cárdenas (que en paz descanse), extraordinario periodista y excorresponsal de La Jornada, advirtió sobre la insospechada proliferación del narcoperiodismo.
Por definición –decía Valdez–, el narcoperiodismo consiste en redacciones infiltradas por el narcotráfico bajo dos modalidades: sin paga y a sueldo. Los primeros, no remunerados, ejercen la profesión bajo amenaza de muerte y sin ninguna libertad editorial (el sueño húmedo de los priístas). Los segundos, esos que figuran en la nómina de algún cártel, responden a los mandatos de los narcos, y definen los contenidos de la línea editorial en función de las agendas criminales, aunque no pocas veces bajo coerción e intimidación. En este entorno criminoso, el periodista tiene básicamente cuatro posibles escenarios: el alineamiento con el editorial narco, el abandono de la profesión, el exilio o la muerte.
En 2015, Javier Duarte de Ochoa, otro “distinguido” soldado del PRI, y exgobernador del estado de Veracruz, advirtió a los reporteros de la entidad: “Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Noé Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015).
El narcoperiodismo es la evolución natural de la relación histórica PRI-periodismo: del “no pago para que me peguen” al “pórtense bien” (que, en la entidad más peligrosa de América Latina para el ejercicio periodístico, significa “plata o plomo”).
Narcoguerra
La agresión a los comunicadores no es un daño colateral de la guerra. La recapitulación de la historia nacional permite identificar que se trata de un modus operandi naturalizado, consustancial al PRI-Estado. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico multiplicó las agresiones contra el periodismo. Los asesinatos de informadores en México se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la guerra. Las cifras advierten que los periodistas críticos e independientes constituyen un objetivo no declarado de la guerra. El homicidio es un recurso rutinario para neutralizar por la eliminación física y el terror al periodismo independiente.
“En los 20 años que duró la guerra de Vietnam (1955-1975) fueron muertos 79 periodistas, habiendo sido el conflicto armado con mayor cobertura de prensa en la historia y uno de los más letales, con una cifra de muertos que, según las fuentes, superó los 4 millones. La cifra contrasta vivamente con los más de 120 periodistas asesinados en México desde 2000, en una situación completamente diferente a la del sudeste asiático” (Raúl Zibechi en Resumen Latinoamericano 31-III-2017).
La guerra habilitó la excepcionalidad que requerían las élites gobernantes para aplastar por la fuerza el derecho a la información y la libertad de expresión, y sin costos políticos. “Fue el narco”, excusan sistemáticamente los políticos cuando matan a otro periodista. La guerra amplió el horizonte de la corrupción e impunidad a niveles insoportables.
Narcoestado
El narcoestado tiene básicamente cuatro características definitorias:
1. La institución dominante es la empresa criminal (sobreempoderamiento del narcotráfico)
2. La estatalidad se afirma esencialmente en términos militares (militarización)
3. El gobierno acude al terror para dirimir el conflicto social sin agotar instancias institucionales (terrorismo de Estado)
4. La política y la economía se organizan delincuencialmente (narcopolítica-narcoeconomía)
La primera víctima de este orden omnicriminal es la transparencia e información. Los negocios que concurren fuera de la legalidad por regla requieren altas cuotas de discrecionalidad. En México la gobernabilidad esta fuera de la legalidad. Y esa circunstancia o condición encierra una verdad políticamente inconfesable: que el Estado es el artífice material e intelectual de la crisis humanitaria en México.
Por eso los asesinatos de periodistas permanecen envueltos en un manto de opacidad e impunidad. Porque no hay Estado que soporte la verdad que ellos conocen.
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