Estado de la política en el tercer espíritu del capitalismo

Maximiliano López

La política mundial presenta un cuadro complejo y difuso en las primeras décadas del siglo XXI. Si la década del ochenta y la del noventa se amparó en un panorama más homogéneo, reflejado en la expansión progresiva e imparable del capitalismo tardío y la democracia liberal, los primeros decenios del actual siglo están demostrando que, ese modelo, sin competencias sistémicas, pero con críticas y experiencias heterogéneas, se encuentra en un estado de lento pero constante declive que conducirá, inevitablemente, a una nueva reconversión del sistema económico y político.

El tercer espíritu de capitalismo[i] pasó de un momento de auge durante las décadas de los ochentas y noventas para luego iniciar un periodo de lenta caída en los dos mil, primero en los países periféricos y luego, con gradual pero constante y creciente fuerza, en los países centrales. Este espíritu fue alimentado en base a las críticas hacia el capitalismo precedente e incorporó, en un contexto de crisis del consenso del segundo espíritu basado en el modelo capitalista de bienestar social, algunas de las demandas de los movimientos críticos y contraculturales de los sesentas y setentas al mundo de la economía y el trabajo, en especial los relacionados a la crítica artista[ii].

La incorporación de elementos de la crítica artista anuló los reclamos de la crítica social, pues las declinantes y estancadas experiencias del socialismo real, sumado a la poca funcionalidad que ofrecía un agotado modelo de bienestar occidental tanto a las fuerzas capitalistas como a las nuevas e intermedias generaciones de la clases trabajadora y profesional y a las economías nacionales, posibilitó la emergencia de una sociedad en la cual el Estado comenzó a retroceder al igual que los sindicatos, y en donde el capital privado creció y sus representantes comenzaron a dictar con una inusitada fuerza el destino de los trabajadores, con un apoyo cada vez más activo de una clase profesional y unos sectores medios diferenciados de otros sectores medios no tan en contacto con esos capitales beneficiados. El hartazgo significativo de las bases (en especial, las generaciones jóvenes) hacia cuestiones relacionadas a las características opresivas y moralistas del viejo capitalismo terminaron dando el consenso que faltaba a la emergencia del tercer espíritu.

Algo notable en esa época de cambios, fue el desarrollo trágico que tuvieron las fuerzas de izquierda y el sindicalismo en Europa Occidental, pues luego de una etapa de cierta concordancia e influencia significativa dentro de los distintos sistemas políticos, ante la crisis del capitalismo de posguerra y la emergencia del modelo tardío, en ese hiato entre la caída de un modelo y el ascenso de otra configuración del sistema económico, los partidos comunistas endurecieron su crítica social al capitalismo más allá del reformismo eurocomunista[iii] que abrazaron en los setentas y pusieron en un segundo plano a la crítica artista, y, por el otro, los partidos socialistas (o socialdemócratas) de Francia, España, Italia y Alemania, comenzaron a acercarse, en forma gradual, a la tesis neoliberales emergentes y las reformas de mercado, en especial, luego de algunos intentos por darle respiración artificial al procedimentalismo del segundo espíritu del capitalismo. La izquierda de carácter reformista, representada en partidos, movimientos e intelectuales, comenzó a ver con buenos ojos el surgimiento del nuevo espíritu capitalista por la incorporación de elementos, conceptos, herramientas y prácticas del universo social y comunitario[iv] así como de la crítica artístico-cultural. Ello fue así no solo en el sub-universo socialdemócrata sino también en las corrientes internas del eurocomunismo que, de carácter más liberal, se escindieron de las posturas reacias a abrazar la transformación económica y social que comenzaba a operar.

Los sindicatos, por su parte, en el caso de los más poderosos y hegemónicos, también comenzaron a despegarse de la postura del ala dura de la izquierda e iniciaron un proceso de despolitización de su discurso y sus reclamos. Más allá de que no veían como algo conveniente la imposición gradual de nuevas reglas de negociación, avizorando ya una cancha torcida a favor del mundo empresarial en contraposición con las condiciones más o menos igualadas en el capitalismo keynesiano, las aceptaron por la razón que una parte nada desdeñable de la clase trabajadora y profesional las aceptó, en un principio, de buena gana. Ante una represión solapada del Estado y el riesgo de sumar causas para una desindicalización que, de todas maneras, se fue dando de manera inexorable, gracias a la multiplicación de herramientas de control laboral y salarial bajo la órbita empresarial y un Estado orientado a empoderar a ese sector, y en una situación nebular y desconcertante ante la velocidad de los cambios, no tuvieron otra opción.

En otros lados del mundo, como en América Latina, algunos Estados-nación experimentaron la entrada al tercer espíritu del capitalismo a sangre y fuego. No se trató de un cambio dado en un marco democrático o partidocrático sino que, más bien, se posibilitó por el poder de las armas y la violencia estatal. Así han sido los casos de Chile y Argentina, por ejemplo, considerados los más virulentos, aunque en todo el continente se registró una represión visible contra las fuerzas alineadas a la crítica social y/o defensoras del modelo de bienestar. No solo los movimientos políticos de izquierda y nacional-populares fueron perseguidos y reprimidos, también los sindicatos y la clase trabajadora han sido brutalmente oprimidos como punto de partida para allanar el terreno donde se implementarían las primeras reformas de mercado. En Latinoamérica y otras regiones periféricas del mundo, las políticas tendientes a posibilitar la emergencia del tercer espíritu del capitalismo, que se asentarían no tanto en los setentas y ochentas como si sucedió en los noventas ya bajo gobiernos democráticos constitucionales, se dieron gracias, además de a la formación de un consenso entre el poder económico y político proclive a la puesta en marcha de tales reformas, que hizo mella, a través del reforzamiento propagandístico, en sectores medios dentro de un contexto social y económico deteriorado, a la movilización del aparato militar y policial de esos Estados , por entonces, burocrático-autoritarios. Una estructura de poder estatal, por antonomasia, del segundo espíritu del capitalismo.

La fórmula del capitalismo tardío fue adoptada tanto por fuerzas conservadoras como progresistas. Los reclamos y banderas de mayor libertad y autonomía fueron asimilados por el poder económico y puestos en función de la reducción del poder del Estado y los sindicatos así como de sus funciones sociales. La coalición que sustentó y aún sigue sustentando este espíritu es amplia e incluye a una gran variedad de actores políticos, sociales y económicos. Los partidos del orden que sostenían el poder en los Estados-nación así como los movimientos, partidos y coaliciones aspirantes a cumplir ese papel, comprendieron que, para materializar esa ambición en el nuevo escenario, tenían que reformarse, pactar con el mundo empresarial (en especial, aquel con conexión internacional) y los organismos de crédito multilaterales e instrumentar las políticas de modernización económica así como también reconocer los nuevos modernismos sociales bajo coordenadas de carácter neoliberal. Muchas organizaciones del mundo sindical, al igual que partidos políticos aspirantes a encabezar las coaliciones de orden en los tiempos del tercer espíritu del capitalismo, ya sea seducidos consciente o inconscientemente, por inercia o bien obligados por las circunstancias planteadas en esta reconversión de la economía y la sociedad, se vieron imbuidos en un proceso de profesionalización y tecnificación que los alejó de las bases contribuyendo a generar nuevas desigualdades y profundizar las pre-existentes en el mundo del trabajo y la economía.

La libertad y la autonomía puestas al servicio del capital, más allá del consenso inicial dado por amplias capas del sistema político y unos sindicatos desconcertados por la intensidad de estas nuevas medidas, sin el marco de desplazamiento y negociación que ostentaban en el capitalismo de posguerra frente al aceleramiento en la velocidad de movimiento de las fuerzas capitalistas, dieron como resultado, en el corto plazo, un empeoramiento de las condiciones laborales y un acrecentamiento sin precedentes del poder económico, orientado hacia un proceso de concentración y transnacionalización del mismo.

La caída del socialismo como modelo político, social y económico como horizonte alternativo, posibilitó el rápido ascenso de este capitalismo que incorporó las críticas en cuanto a la faceta opresiva y burocratizada del modelo de bienestar para auto transformarse, incinerando, paso a paso, en algunos países (los que abrazaron con fuerza esta doctrina), mas y, en otros (donde las fuerzas ligadas a las instituciones de bienestar y la protección social y laboral aún persisten y tienen una nada despreciable capacidad de maniobra) menos, tanto sus funciones opresivas como protectoras en materia de beneficios para las clases medias y bajas. En general, se dio un marco en el que se potenció la capacidad creativa en el mundo del trabajo, también fomentada por una espectacular evolución tecnológica, pero en el que también se precarizó la vida de un conjunto importante de la población mundial, fragmentándola y despojándola de herramientas orientadas al logro de un cierto control colectivo sobre las fuerzas que operan por encima de ella. La mayor autonomía e individualismo devino en mayor presión y peores condiciones laborales, mientras que la masa de trabajo se acrecentó pero no así el nivel salarial.

“El balance, desde el punto de vista del trabajo, de las transformaciones del capitalismo a lo largo de los últimos decenios no es, por lo tanto, demasiado glorioso. Aunque no cabe duda de que los jóvenes asalariados de hoy, que no han conocido los antiguos modos de producción del trabajo, no los habrían soportado más de lo que lo hicieron sus mayores, que se rebelaron contra estos dispositivos en 1968, contra las jerarquías de la década en 1960 y contra su autoritarismo y moralismo, y aunque resulta evidente que en numerosos casos el enriquecimiento de tareas, el desarrollo de las responsabilidades en el trabajo y las remuneraciones en función del mérito han satisfechos deseos importantes de los asalariados, no podemos dejar de señalar tampoco las numerosas degradaciones que han marcado desde hace veinte años la evolución de la condición salarial.” (Boltanski y Chiapello, 2002)

Sin embargo, con el pasar de sucesivas crisis tanto en el mundo periférico como el central, fueron surgiendo reacciones así como también ha ido condensándose críticas hacia este espíritu. No obstante, el poder, la inserción en la vida cotidiana y la velocidad de desplazamiento de las fuerzas emanadas del tercer espíritu del capitalismo así como la fractura social provocada por este hacen que ellas se encuentren siempre en un estado de fragilidad y desventaja.

“Cabrá referirse a las dificultades a las que se enfrentan sindicatos y partidos en lo que atañe a la carencia de modelos de análisis y argumentos sólidos y oponibles, a causa de la descomposición de los esquemas ideológicos admitidos hasta el momento, que descansan, en su mayor parte, en una representación de la sociedad en términos de clases sociales. Los dispositivos de representación (en el sentido de las representaciones que son al mismo tiempo sociales, estadísticas, políticas y cognitivas) que contribuían a dar cuerpo a las clases sociales y que les conferían una existencia objetiva tienden a deshacerse, sobre todo bajo el efecto de los desplazamientos del capitalismo, lo que lleva a numerosos analistas a considerar obsoleto este principio de división. Tales cuestionamientos facilitan en cierto modo la reconstrucción de la crítica social porque hacen hincapié en el mundo tal y como es, pero tienen también como efecto inmediato la deslegitimación de los resortes ideológicos tradicionales y, por lo tanto, la acentuación de la crisis de la crítica.” (Boltanski y Chiapello, 2002)

Hay que comprender tanto las consecuencias lesivas para amplios sectores sociales como las conquistas relativamente beneficiosas para determinados segmentos de la sociedad, en especial por el lado de los reconocimientos de carácter cultural y civil. Por un lado, las condiciones sociales y laborales siguieron un curso de precarización y empobrecimiento, además de una notable diferenciación entre diferentes segmentos de las clases medias y bajas[v], aumento de la incertidumbre para los sectores socio-económicos subalternos sujetos a frecuentes inestabilidades en el mercado laboral, falta de protección por parte de instituciones públicas y sindicales, etc. y por otro lado, reconocimiento de sectores y banderas de la sociedad civil (minorías étnicas, de género, DD.HH., ecologismo, etc.) que antes no eran debidamente reconocidos en cuanto grupos con su propia forma de ver la sociedad y tradiciones.

Críticas, reacciones y movimientos

Tanto la crítica como las reacciones al tercer espíritu del capitalismo, si bien se manifiestan con cierta intensidad, son de carácter difuso. No es que haya una ideología unificada contraria y, a la vez, complementaria, al mismo (como la URSS en la Guerra Fría) o haya uno o dos sistemas ideológicos, políticos y económicos (como el fascismo y el real socialismo cuando el modelo de capitalismo con bienestar y Estado protector no terminaba de tomar forma entre la gran depresión del treinta y el final de la Segunda Guerra Mundial) que compitan con él.  No hay modelos alternativos de donde asimilar y copiar instituciones, programas, etc. Tampoco hay una crítica social y artística consolidada debido a, como mencionamos, el poder ubicuo del actual espíritu. Con grandes empresas transnacionales en distintos rubros que traspasan el poder de más de la mitad de los Estados-nación del mundo. Pero si existen un conjunto de experiencias surgidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esas sociedades donde fracasó en su variante neoliberal. Visiones por derecha e izquierda y de raigambre popular-territorial que, en su mayoría, no proponen un sistema económico alternativo, pero si reformas que morigeren características elementales. Opciones que, en su mayoría y de alguna manera u otra, buscan expandir el derecho al capitalismo sobre los sectores de la sociedad que se sienten afuera o al borde de la exclusión.

En los dos mil, las reacciones al tercer espíritu del capitalismo se han visto en América Latina y otras partes del mundo periférico, como la Rusia post-soviética y pos-neoliberal, regiones sacudidas por crisis provocadas en el marco del esquema económico neoliberal donde se dieron movimientos y gobiernos que implementaron gracias a, paradójicamente, un contexto económico beneficioso para estos países emergentes, medidas tendientes a reorganizar al Estado en sus funciones protectoras a nivel social y laboral. Posteriormente, en la segunda década del siglo XXI, la crítica y el desencanto hacia el capitalismo tardío fue tomando fuerza en el corazón de occidente (Europa Occidental y EEUU), pues allí existe una sensación de hartazgo hacia la política económica de precarización laboral y hacia un sistema político que está siendo desbordado por nuevas opciones que surgen desde los márgenes como consecuencia de una crisis de representatividad.

Las figuras tradicionales de la política, sean del ala izquierda o derecha del espectro político, liberales, conservadores o socialdemócratas, dejan un vacío que está siendo ocupado por fuerzas emergentes y periféricas, las cuales representan a esos sectores sociales que se sienten desplazados por las fuerzas tradicionales, cuyas elites dirigentes se encuentran más cerca del establishment económico consolidado por el tercer espíritu del capitalismo, mientras que en otros casos, hay corrientes partidarias internas disputando esa dirigencia tradicional y proponiendo un cambio de dirección en las mismas.

Los nuevos partidos y movimientos sociales son un reflejo de la sociedad descontenta. Pueden representar una ideología clara o se manifiestan como apolíticos. Lo cierto es que, en la mayoría de las experiencias, se tratan de fuerzas anti-establishment que se oponen a la coalición entre los partidos tradicionales del sistema político y la elite del poder económico de carácter globalizador, y en contraposición a la agenda globalista, proponen una de carácter proteccionista en lo económico y soberanista en lo político. Rescatan banderas del segundo espíritu del capitalismo y, en algunos casos, rechazan el cosmopolitismo y la complejidad adquiridos por la sociedad civil al igual que la inscripción de esos derechos que reflejan esa diversidad, mientras que, en otros casos, se proponen hacer una síntesis entre la instalación de una agenda en sintonía con la crítica social al tercer espíritu, la resignificación de banderas e instituciones del segundo espíritu y ciertas conquistas así como reclamos pendientes de cristalizarse del lado de la crítica artista.

Puede vislumbrarse en ese tipo de fuerzas políticas y sociales una reacción por derecha, de carácter nacionalista/conservador popular, ante el tercer espíritu del capitalismo. Que buscan, o al menos lo aparentan, una cierta reivindicación en materia social y económica con los sectores desfavorecidos por las reformas de mercado (consolidación y mejora del empleo) pero, contradictoriamente, bajo un discurso anti-estado (en algunos casos como el de Trump) y en desmedro del reconocimiento a la diversidad de una sociedad compleja, conformada por minorías de distinto orden (étnico, de género, etc.), ubicando a la inmigración y las minorías junto a la desindustrialización y la precarización laboral bajo una misma vara ajusticiadora como causa de los males que se ciernen sobre un país y las capas sociales más golpeadas por el tercer espíritu del capitalismo. Se tratan de fuerzas sustentadas por sectores considerados abandonados por la elite política y económica que mira y actúa más en función a lo que sucede en un nivel transnacional que en base a las necesidades de las capas medias y bajas de la población, en especial las originarias del país donde actúan y operan estos partidos, a las que apuntan, en reiterados casos, con un discurso neofascista, anti-moderno y post-moderno a la vez, usando el recurso retórico del engrandecimiento del ser nacional en detrimento de las minorías de todo tipo.

También existe una reacción y una crítica por izquierda, aunque esta se da en menor medida en el mundo desarrollado, a diferencia de las experiencias que aún tienen lugar en, por ejemplo, América Latina. Fuerzas de carácter nacionalista, progresista y popular que, a través de la constitución de coaliciones, plantean una agenda redistributiva en el plano social y económico así como el reconocimiento de diversas formas de reproducción social y económica que, si bien en la actualidad no se encuentran por su mejor momento a causa del declive de experiencias políticas significativas en los últimos años frente a un reimpulso del reformismo de mercado producto del surgimiento de nuevas coaliciones de carácter neoliberal, siguen ostentando una gravitación nada desdeñable.

En este escenario, los partidos tradicionales, en especial los considerados de centro-izquierda, se encuentran obligados a reconvertirse en sintonía con las necesidades y demandas de cambio social y económico. Algunos partidos en el mundo han tenido la capacidad de hacerlo y salir airosos, otros, se encuentran en el arduo proceso. Podemos poner como ejemplo a los partidos de carácter socialdemócrata en Europa que transitan un debate interno entre dos grandes líneas, por un lado los que proponen seguir con una agenda de índole neoliberal progresista y por el otro, los partidario de orientar a estas estructuras políticas a posiciones más cercanas a sus bases y las banderas fundacionales, abandonando la postura proclive a continuar con las reformas de mercado típicas del tercer espíritu del capitalismo en mezcolanza con el reconocimiento y expansión de derechos ciudadanos y empoderamiento de minorías en la sociedad civil. En sí, buscan mantener lo segundo y abandonar la doctrina económica neoliberal. Continuar las conquistas en materia de derechos y expansión de ciudadanía, lo que consideran bueno e inclusivo del globalismo, y desandar el camino de las reformas que minan la protección laboral y social que aún queda de los Estados de bienestar de posguerra. Es una postura más de alerta y en guardia que la mantenida por las líneas neoliberal-progresistas que dirigieron este tipo de partidos entre los ochentas, noventas y dos mil, que asumieron las medidas de corte neoliberal como un camino inevitable a transitar, aunque no sin defender, en la medida de lo que creían posible o  vislumbrar algún tipo de transformación que mantuviera y alargara la existencia de, las instituciones protectoras y ejecutoras de derechos sociales y laborales surgidas durante el segundo espíritu del capitalismo. Estas contradicciones y luchas internas están haciendo a la vieja socialdemocracia transitar por aguas peligrosas, pues su representatividad no cesa de reducirse frente a opciones nacionalistas, como en Reino Unido, que toman parte de sus banderas y agrupaciones nuevas pertenecientes a la nueva izquierda, como en España y Grecia, o al centro, como en Francia.

Las opciones abroqueladas en el marco del tercer espíritu del capitalismo, y que no reniegan del mismo al punto de buscar reformas que lo orienten hacia una transfiguración significativa, también presentan una cierta renovación, la cual hace que el consenso alrededor del modelo neoliberal siga en pie. Hay una fuga hacia adelante tanto desde el neoliberalismo conservador como el neoliberalismo progresista que reside en el empuje de las fuerzas tradicionales renovadas, como lo ha sido en el partido demócrata estadounidense con la coalición liderada por Barack Obama entre 2008 y 2016, o bien de fuerzas políticas nuevas, como la formación encabezada por el ex socialista francés Emmanuel Macron, con chances de imponerse a la ultranacionalista Marine Le Pen en las elecciones francesas de este año. Allí, todo parece indicar que, en un marco inédito dentro del cual una elección se polarizará entre dos fuerzas no tradicionales y consideradas contrarias a la elite política cohabitada por conservadores gaullistas y socialistas, una gran coalición de carácter neoliberal progresista, liderada por un nuevo movimiento, se impondría sobre la reacción por derecha al tercer espíritu capitalista. Y este se alejaría un tanto más del peligro que supuso la victoria electoral de Donald Trump, erigido pieza central de la reacción de carácter nacionalista conservador popular.

La dinámica política y económica mundial parece prefigurar un siguiente espíritu capitalista de carácter más pragmático y menos dogmático que el basado en la visión neoliberal. No significa que el neoliberalismo como doctrina se encuentra herido de muerte, pues el constante surgimiento y revitalización de fuerzas que han incorporado esa visión parece no cesar. Sin embargo, ya no se trata de EL modelo, sino que, desde hace unos años a la actualidad, viene figurándose una realidad en la que es tan solo una forma de ver la sociedad y la economía más, la cual sigue siendo dominante, sí, pero debe coexistir con otras maneras de construir el poder político, social y económico que obedecen más a características y matices del territorio donde emerge como de la composición social, política y económica de las elites, capas intermedias y bases que constituyen las coaliciones gobernantes y/o dominantes, así como también del peso de las agendas de cada uno de esos componentes en la agenda general que buscan implementar. Ecuaciones, que se interrelacionan y complementan, no sin conflictividad social de por medio, con otras ecuaciones, que pueden dar como resultado dominante una continuidad del tercer espíritu del capitalismo con más reformas de mercado y más cosmopolitismo a través de coaliciones encabezadas por nuevos movimientos o viejos partidos reconvertidos de carácter neoliberal progresista y/o conservador, o una reforma por derecha o izquierda que coloque, tan solo discursivamente o en la práctica, en el centro de la agenda la crítica social a este tercer espíritu capitalista y desempolve conceptos, instituciones y herramientas del segundo espíritu en lo concerniente a políticas de protección económica y/o social que, sin embargo, pueden diferir en forma significativa sobre cuestiones culturales (la crítica artista) ligadas a derechos que reflejen el empoderamiento de minorías, cosmovisiones alternativas y cuestiones como el medio-ambiente.

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[i]Luc Boltanski y Eve Chiapello, en El Nuevo Espíritu del Capitalismo, basándose en el análisis weberiano, establecieron una división histórica del capitalismo, por sus formas y contenidos, en tres etapas o espíritus. El primero tuvo lugar a en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el segundo espíritu se desarrolló entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el segundo lustro de los setentas, mientras que el tercero emergió a principios de los ochentas y sigue sosteniéndose en la actualidad.

[ii] La Crítica artista, junto a la crítica social, son los elementos centrales, en la tesis de Boltanski y Chiapello, a partir de los cuales, en tanto fuentes de modernismo social, político y económico, el capitalismo se reinventa en forma constante. Mientras la crítica social está asociada a las nociones de igualdad social y solidaridad, la crítica artista se relaciona a los reclamos de libertad y autonomía.

[iii]  El eurocomunismo fue un movimiento reformista que se dio entre finales de los sesenta y los setentas en varios de los partidos comunistas de Europa Occidental (en especial de los más importantes, como los partidos comunistas francés, italiano y español, entre otros) como una forma de diferenciarse del socialismo real de la URSS y los países bajo su influencia en Europa Oriental. Una especie de tercera vía entre el capitalismo y el modelo soviético en la cual la democracia multipartidista era aceptada de manera táctica y estratégica por estos partidos para llegar al poder y de ahí, promover transformaciones en consonancia con sus programas de cambio social y económico de carácter marxista. Sugerían que el comunismo debería ser considerado un elemento de preponderancia en las democracias capitalistas occidentales y también que los partidos y movimientos de tinte liberal o no-comunistas deberían ser aceptados en los sistemas políticos del socialismo real.

[iv] El tercer espíritu del capitalismo no solo se ha nutrido de la crítica artista contra los elementos opresivos, moralistas y burocráticos del capitalismo de bienestar, a la vez que de las banderas de un cambio cultural orientado a la liberación y a la vida “autentica” (movimientos feministas, homosexuales, antinucleares y ecologistas), también se benefició e incorporó la crítica a las jerarquías de ese tipo de capitalismo, desarrolladas por sindicatos progresistas, y asimiló, a través de los departamentos de Investigación y Desarrollo del mundo empresarial, las investigaciones realizadas por sociólogos próximos al movimiento autogestionario sobre los funcionamientos del trabajo colectivo en diferentes experiencias basadas en la autogestión como los kibutz israelíes, las comunas chinas y las empresas autogestionadas del socialismo yugoslavo.

[v] Una clase profesional que se ha hecho un lugar acomodado en el escalafón socioeconómico, cuadros intermedios que median entre la patronal y los sectores de poca calificación, una fracción de trabajadores sindicalizados que gozan de una mayor protección frente a sectores que se dividen en precarizados y los que trabajan en la economía informal ingeniándoselas para subsistir. 

El Archivo del Terror de Javier Duarte: La ley de hierro de la impunidad

La impunidad no es algo inédito en México. Es cierto que tiene larga raigambre histórica en el país. El crimen, la corrupción, la condición deficitaria del sistema de procuración de justicia, el fuero extralegal de servidores públicos y la frágil penalidad o castigo del delito en México nunca fueron fenómenos ajenos a la vida pública del país. Pero si bien se trata de un flagelo histórico, no es menos cierto –aunque algunos analistas minimicen u omitan flagrantemente este hecho– que la guerra contra el narcotráfico profundizó la crisis de justicia, amplió el horizonte de la corrupción y enseñoreó el abuso de poder y los excesos de la violencia estatal. En Veracruz esta crisis tiene rasgos de tragedia humanitaria. En esta sexta y última entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados bajo el título de “El Archivo del Terror de Javier Duarte”, abordamos el fenómeno de la impunidad en la administración del exgobernador Duarte de Ochoa, acudiendo a los testimonios de actores sociales para la reconstrucción de esa historia de horror no contada, y que, apenas transcurridos unos meses de ese fin de ciclo gubernamental, sigue causando escozor y sembrando muerte y destrucción en el estado. 

VI. La ley de hierro de la impunidad 

Durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, diversas organizaciones documentaron el enseñoramiento de la impunidad en el estado. Por cierto que esa ley de hierro de la impunidad persiste hasta la fecha. En Veracruz, sólo ciertos crímenes, que a menudo están envueltos en escándalos mediáticos, son meritorios de una averiguación ministerial o de una diligencia con estándares mínimos de apego procedimental-institucional. Que la violencia se recrudeciera en un contexto de impunidad ampliada no es ningún accidente: la excepcionalidad jurídica es una licencia para matar con fuero irrestricto. Guillermo O’Donnell alguna vez señaló que la corrupción, violencia e impunidad es resultado de una “evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado”. A propósito de esta cuestión, el investigador Salvador Maldonado aclara: 

“[…] corrupción o impunidad no son prácticas que solamente distorsionen un estado de derecho o que sean un producto ‘natural’ de Estados deficientes o fallidos. Tampoco son prácticas y discursos que suspenden la ley o el derecho con el fin de afrontar situaciones excepcionales y posteriormente retornar a la ‘normalidad’… [Más bien] forman parte de ciertas tecnologías políticas que posibilitan la dominación por medio de la excepción a través de la suspensión del derecho y la amenaza de la violencia… la suspensión de la ley significa que la excepción no es un acto preestablecido, sino una voluntad del soberano, justo porque éste encarna la ley pero al mismo tiempo se sitúa por fuera de ella” (Maldonado, 2012). 

Naturalmente estos “espacios” de excepción que describe el autor cobraron una dimensión extraordinariamente anti-social tras la declaratoria de guerra y el avance de la militarización. 

Especialmente en el caso de las desapariciones, el saldo del gobierno de Javier Duarte es demostrativo de la inmunidad que dispuso el crimen para delinquir sin pena o castigo. En ese sexenio, la inmunización del criminal reposó, por añadidura, en la criminalización de las víctimas. El resultado es una historia probada de éxito criminal: impunidad a prueba de fuego. 

En entrevista con el colectivo Equifonía, el personal denunció que el gobierno saliente únicamente efectuó medidas cosméticas, como la instauración de “mesas de trabajo” para dar seguimiento a los casos de desaparición, pero que nunca cumplió con el objetivo, que es la localización con vida de las víctimas. 

“Lo que sí ha cambiado es el tener reuniones con una autoridad donde van a estar los MP’s que llevan el caso y van a informar a un superior. Eso ya le da otro matiz. Las familias nos cuentan que antes ellas tenían que hacer todas las diligencias, para recabar pruebas, para avanzar en cuanto a tener pistas sobre donde localizar a las familias. Ahora, aunque pueda haber una disposición por parte de ciertos servidores públicos, lo que no cambia es que no se localizan [a las personas desaparecidas]”. 

Y esa notoria ineficacia es signo de una falta de voluntad política y de estructuras institucionales criminalmente reguladas frente a las cuales la población está totalmente inerme: 

“Diligencias básicas, sí, a propósito de una disposición gubernamental. Pero lo que no cambia son las circunstancias que favorecen este tipo de delitos. Ahí es donde se han agravado. Pues es estar contracorriente. Y la corriente cada vez está más furiosa”. 

“¿Dónde está la fuente de esta sistemática privación de derechos y justicia?”, se le pregunta a Equifonía. Lacónicamente advierten: “El poder criminal y el gobierno están coludidos”. 

El testimonio del Colectivo por la Paz Xalapa es asombrosamente similar. Para efectos de practicidad expositiva, se reproduce parcialmente la entrevista sostenida en 2014 con integrantes del Colectivo, y que versó sobre el tema de la impunidad en la administración de Duarte. El testimonio de este colectivo y otros actores, constituye un insumo imprescindible en la documentación del terror que envolvió a Veracruz en ese aciago sexenio del ahora prófugo exgobernador (y protégée del PRI y del gobierno federal) Javier Duarte de Ochoa. 

¿Si tuvieran que resumir la experiencia legal-procedimental de los deudos o familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría etc.), cuál sería su dictamen o juicio? 

C.P.X. “En primer lugar, de los 67 casos que acompañamos, en todas, sin excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte de la procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía ministerial, servicios periciales… 

“A veces cuando las familias tienen recursos, no sólo económicos sino recursos para la exigencia, logran avanzar un poco más, logran engrosar sus investigaciones. Pero la constante es que las instituciones no se mueven. Y dejan pasar todo el tiempo. Dejan pasar cinco años, y después de cinco años quieren ir a hacer una inspección ocular al lugar de los hechos. Esa es una constante. El camino legal varía mucho. Por ejemplo, hay una persona que desapareció hace tres años, cuyo familiar se le hizo una prueba de ADN, y no estaba en la base de datos tres años después. Varía. Pero la constante es la omisión”. 

Pregunto porque hace poco un auxiliar de un agente ministerial confesó que la orden de “arriba” es abortar cualquier seguimiento en casos de desaparición. 

C.P.X. “Me he encontrado con personal de menor rango en la procuraduría que me dicen: ‘Qué bueno que exijan’… Esto está arreglado, efectivamente, desde arriba. A veces nosotros hacemos un mapeo de actores, para tratar de conocer algunos antecedentes. Pero no veo que en Veracruz vaya a parar la desaparición forzada. No lo tengo documentado, pero a partir de algunos testimonios se sabe que ellos al tener el control de cerezos, al tener el control de Tránsito, tienen el control de todo. Y no permiten que haya una investigación real sobre los casos. Ellos nunca van a reconocer que un agente del Estado desapareció o mató a tal o cual persona. Y si el Gobernador mantiene en su puesto a ese agente sospechoso, entonces hay aquiescencia… 

“Quienes se atreven a denunciar, o quienes integran las investigaciones han recibido amenazas. Entonces, si efectivamente hay órdenes para eso, ¿quién va a abrir una investigación por participación del crimen organizado o elementos estatales? Tiene que venir la Procuraduría General de la República. Aquí ni hay la capacidad ni hay la libertad ni hay condiciones. Si asomas la cabeza te dan ‘cuello’”. 

¿Advierten una relación entre la guerra contra el narcotráfico y la socavación de derechos o la erosión de las instituciones responsables de la procuración de justicia (el orden legal)?

C.P.X. “Volvemos a la cuestión de los intereses, a los grupos que han permeado en el estado y en el gobierno. Si hay algún interés que deba protegerse, intereses políticos o económicos, entonces se dispondrá de todo el aparato del Estado para proveer impunidad e impedir la acción legal. Y también para pasarlo inadvertido. Todos esos intereses abonan a que la ley no se cumpla. El eslabón más bajo tiene la instrucción de que no se investigue. Efectivamente, la guerra va en detrimento de la funcionalidad de las instituciones... 

“El Colectivo ha tomado un lugar importante, por ejemplo, en la interlocución con el procurador de justicia. Pero me da pena decirlo. Porque esa interlocución sólo ocurre en ciertos casos. Esa interlocución no debería ser un caso para unos cuantos. Debería ponerse al servicio de todas las víctimas directas e indirectas de estos delitos tan fuertes todo el aparato de procuración de justicia. Es muy selectivo por ese papel que tenemos de visibilizar y poner en evidencia cómo el Estado no actúa. Es una descomposición. Y el derecho es la primera víctima… 

“Cualquier persona con un cargo mínimo puede accionar en contra de aquellas personas a las que debe proteger… 

“El Estado no se preocupa de garantizar los derechos. Tenemos que asistir a instancias internacionales. El Estado nos ha vendido gradualmente. Esta es una estrategia que tiene décadas. Hay algunos poderes e intereses que no están descritos en el discurso. Todo lo mueven los intereses económicos; somos monedas de cambio. No hay un límite en utilizar el aparato del Estado, justificándolo a través de reformas, a través de guerra contra el narcotráfico. Usan el poder a su antojo y en función de sus intereses… 

“Estamos en el país donde el peor criminal se puede ir por la puerta grande, y puede quedar todo en la impunidad. Este es el país no sólo donde nos venden, sino es el país donde todo queda impune. Y el Estado le abre las puertas a la impunidad, y a quienes se quieran adueñar de lo que tenemos. Esto tiene décadas tramándose. En México un partido lo impulsó”. 

De los casos que sigue el Colectivo, ¿cuántos han sido resueltos satisfactoriamente por las instituciones responsables de la procuración de justicia? ¿Tiene noción más o menos de los porcentajes de impunidad? 

C.P.X. “Se han resuelto 13. Y están pendientes 68. Pero no intervino la autoridad. Es más, en un caso de un desaparecido, después de ser liberado recibió amenazas de muerte. Y poco tiempo más tarde fue asesinado. Estuvieron involucrados policías. Verle la cara a alguien aquí es motivo suficiente para asesinar a una persona… 

“En cuestión de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se localizaron los cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona que esté consignada ni procesada ni nada. En las desapariciones vigentes y que hacemos acompañamientos, solo en un caso hay alguien procesado por delitos federales. Y eso porque asesinaron a cuatro marinos en Poza Rica”. 

¿Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad? 

C.P.X. “Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170324_082159_221

Las buenas intenciones del nuevo modelo educativo en México.

Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son suficientes para resolver problemas complejos; es necesario tener una visión amplia, horizontal y sujeta a evaluaciones permanentes por parte de actores e instituciones independientes y autónomas del poder gubernamental, para evitar que sólo sirvan a los fines provados de sus impulsores. Es el caso del nuevo modelo educativo, lanzado con bombo y platillo la semana pasada por Aurelio Nuño, secretario de educación del gabinete de Enrique Peña.

Las buenas intenciones del modelo en cuestión se pueden resumir en los cinco ejes que pretenden reorganizar la educación básica en México. Es innegable que dichos ejes tienen sentido pero también lo que se oculta detrás de las buenas intenciones. La reforma educativa tuvo un fondo laboral y político, alimentado por la obsesión de los poderosos de eliminar a sus adversarios -particularmente a los maestros agrupados en la CNTE- y a los que desde el propio sindicato oficial han denunciado la verdad oculta bajo el velo de la reforma.

En este sentido, el primer eje del modelo, los cambios en la currícula, tiene lógica ya que se pretende dotar de mayor autonomía a las escuelas para adaptar los contenidos educativos a las problemáticas del contexto que las rodean. Empero, el 80% de los contenidos seguirán siendo dictados por la alta burocracia educativa y los grupos de presión como Mexicanos Primero u organismos internacionales como la OCDE. El 20% restante se deja, en teoría, a los docentes y autoridades del plantel. El problema aquí es que el nuevo modelo asume una autonomía inexistente en los hechos por parte de los maestros; y no solo de las autoridades de la SEP sino del entorno social y las presiones de dirigentes sindicales o de padres de familia con poder. Asimismo, las materias propuestas se verán limitadas por la ausencia de recursos materiales e infraestructura adecuada para impartirlas. 

En el mismo tenor, el segundo eje no tiene desperdicio por la dinámica simuladora de la burocracia educativa: resulta que ahora la escuela será el centro del Sistema Educativo, con una dinámica horizontal que acabe con el verticalismo tradicional. Quien puede creer semejante afirmación cuando la propia reforma que ampara al nuevo modelo fue un ejemplo del autoritarismo ejercido desde las altas esferas del poder, amenazando, encarcelando e incluso asesinando a todo aquel que osara oponerse sus designios. Para colmo se promoverá una mayor participación de padres de familia, que bien puede interpretarse como un mayor control educativo por parte de la infame Unión Nacional de Padres de Familia, opaca y corrupta, que ocupa posiciones clave en buna parte de los planteles, cobrando cuotas contrarias a la gratuidad de la educación consagrada en el texto constitucional y promoviendo su propia agenda, que reconoce que está al servicio de la educación pública sino de la familia, concebida ésta de acuerdo a las ideas de grupos reaccionarios y fanáticos.

En el tercer eje, dedicado a la formación y desarrollo docente, no queda más que recordar los procesos de profesionalización llevados a cabo por la SEP desde el año pasado, los cuales han demostrado su ineficiencia y violación flagrante de los derechos básicos de los profesores. Pero además, la evidente intención de acabar con las normales al abrir la puerta a cualquier persona que ostente un título profesional para incorporarse a  las labores educativas, siempre y cuando apruebe las capacitaciones y evaluaciones sistemáticas diseñadas por la alta burocracia con fines de control y amedrentamiento de los maestros. El Servicio Profesional Docente es la punta de lanza parta reconfigurar el sistema educativo en aras de un mayor control político y laboral que no necesariamente redundaría en mayor calidad.

La inclusión y la equidad representan el cuarto eje  del modelo educativ y, como los anteriores, resulta imposible negar la necesidad de una escuela que abra sus puertas a todos independientemente de su nivel económico o capacidades. Pero en un país en donde la discriminación y el racismo son la clave de la dominación, difícilmente un oasis de tolerancia y diversidad como lo sería la escuela pública podría tener impacto real en medio de la desigualdad y la violencia que priva en el contexto que la rodea. De hecho, lo que los acontecimientos recientes confirman, en términos de violencia al interior de las escuelas, apuntan a confirmar que están condicionadas por la tragedia humanitaria que caracteriza al país. Mientras la violencia social no disminuya serán vanos los esfuerzos por educar para la paz y la cooperación. Bastará salir de la escuela para integrarse a una dinámica opuesta a lo que se pretende lograr en ella. Pero además cabe la pregunta con respecto a la equidad ¿Le darán más recursos a las escuelas de zonas más pobres y marginadas para compensar su marginación? La tendencia parece ser lo opuesto: más recursos para lo que más tienen,

Por último, el quinto eje denominado la gobernanza del sistema educativo, insiste en la buena intención de incorporar a todos los sectores involucrados en la educación a su regulación y administración. Si, a esos a los que no se les consultó para discutir el sentido y objetivos de la reforma educativa. En medio de un autoritarismo rampante montado en un congreso y un poder judicial complaciente con los dueños del dinero ¿Quién puede creer que ahora si se va a tomar en cuenta a la sociedad en su conjunto? 

No cabe duda de que las buenas intenciones de la reforma educativa no son más que simple propaganda para imponer una visión restringida y autoritaria de la educación pública por parte de un gobierno debilitado y corrupto. Porque claro, para colmo, los resultados se verán en una década, o dos o tres… como los de la reforma energética. Y mientras tanto el infierno prevalece y las buenas intenciones también.

El Archivo del Terror de Javier Duarte: La desaparición forzada

V. La desaparición forzada

Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. Cifras oficiales relativas al período 2006-2012, reportan que en el curso de esos seis años desaparecieron 27 mil personas. Un dato conservador si se admite que la contabilización de la desaparición carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia (o connivencia) rutinaria de las autoridades públicas.

También en este renglón, como en otros referidos en las entregas anteriores, la administración de Javier Duarte presentó saldos trágicos. Y las secuelas de ese orden siguen propiciando las condiciones para la comisión de este delito de lesa humanidad. Tan sólo el pasado 5 de enero (2017) en el puerto de Veracruz, cinco jóvenes turistas originarios de Oaxaca fueron víctimas de ese estado de terror que reina en la entidad: dos fueron acribillados y los otros tres desaparecidos. El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que hipotéticamente constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. Las pruebas sugieren que se trata de otro caso más de multihomicidio y desaparición forzada en Veracruz que involucra a agentes estatales.

Cabe recordar dos aspectos fundamentales de la definición que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas sobre el concepto de “desaparición forzada”: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, la administración de Javier Duarte es un catálogo de pruebas autoincriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013:

“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Zavaleta en Proceso 19-VI- 2013).

O esa otra del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-IV-2014).

Pero a pesar de la persistente negativa de reconocimiento, en la era de Javier Duarte la incidencia de esta modalidad de crimen rebasó la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:

“En la última semana de abril pasado [2014], la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Zavaleta en Proceso 18-IV-2014).

Esta cifra coincide con la información que divulgó el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de 2014. El reporte advertía que en esas desapariciones había por lo menos122 menores de edad. 

De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición; lo que ubicó a Veracruz en uno de los primeros sitios en ese renglón de delito. La danza de los números abona al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomática del afán de encubrimiento. 

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial, por decreto de Javier Duarte: 

En la edición del 12 de diciembre de 2013, La Jornada Veracruz reporta: 

“[…] preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las manifestaciones en contra del MU por los famosos ‘levantones’ (desapariciones) todos bajo una misma forma de operar, pues registran viviendas sin orden de cateo y después nadie sabe nada de los desaparecidos… Pese a que se han presentado más de una decena de manifestaciones desde la llegada del Mando Único, de este tipo de denuncias sólo anotan dos en Asuntos Internos, de las cuales en una se asentó un número de patrulla que no existía, mientras que la segunda está siendo investigada” (Díaz en La Jornada Veracruz 12-XII-2013). 

Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. 

Al colectivo Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le preguntó en 2014 sobre las condiciones que promovían la incidencia de este crimen. En el colectivo consideraron que la clave está en “la participación cada vez más evidente y cínica de la Policía Estatal en la desaparición o en la protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones. Es una protección cada vez más descarada de quienes se supone que son los delincuentes. Quienes se supone que deberían perseguirlos, son finalmente quienes los están protegiendo”. 

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad precisamente porque involucra a agentes de Estado. La naturaleza de este crimen imposibilita conseguir el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica es asequible, porque el Estado es el que comete u ordena el crimen, e igualmente el que juzga el hecho delictivo. Al respecto, el Colectivo por Paz Xalapa advierte: 

“Justamente se trata de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá en Veracruz hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca reconoce que una policía acreditada está involucrada en un caso de desaparición forzada. Eso nunca va a ocurrir. Entonces es contradictorio esa condición de juez y parte. La única forma que tenemos de documentar o comprobar la participación de elementos policiacos es consultar a las familias o víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de cómo configura una denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se tienen que cuidar para no decir que se trata de desaparición, porque los pueden correr. Prefieren omitir. La desaparición forzada es una cosa que, a decir de las familias, a menudo ocurre. Sin embargo, pocas veces tienen elementos para denunciar abusos como policías que han entrado a domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o que se llevan a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran armas, rostros cubiertos, violencia”. 

La desaparición forzada también es signo de excepcionalidad. Pero justamente lo que permite deducir el comportamiento de este delito es que la excepcionalidad no es una ausencia de Estado: es la excepción elevada a norma operativa de Estado. 

Testimonios dan cuenta de esa renuncia a “la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad” que imperó en los años de duartismo: 

“La familia carga con todo, tenemos el peso brutal de lo que se está pagando, desgaste económico, físico, emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas llegó a vivir la angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con nosotros, cenan, desayunan y duermen con nosotros, eso es lo que no se vale” (Aguirre en La Jornada Veracruz 22-VI-2015). 

En no pocos casos las familias de las víctimas denunciaron acoso de la fuerza pública, máxime allí donde se tenían suficientes pruebas para demostrar que se trató de una desaparición forzada: 

“Frente a las instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares de las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo [2015], presuntamente por elementos de la Fuerza Civil… 

“Familiares de los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de buscarlos. Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados en sus domicilios” (Chiñas en La Jornada Veracruz 15-VII-2015). 

En el Veracruz de Javier Duarte, la regla fue: “Ni Justicia, Ni Verdad”. Y no fue un asunto de inoperancia institucional. Al contrario, fue el resultado de una acción gubernamental concertada y altamente exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de control: es una forma de gobernar en Veracruz que el duartismo elevó a procedimiento rutinario.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161114_093115_185

La crisis humanitaria en Veracruz como estrategia de gobierno.

En el reporte número 61, publicado el último día de febrero pasado por el International Crisis Group -organización independiente que trabaja para prevenir guerras y definir políticas para construir la paz en el mundo- se reconoce la crisis humanitaria que azota a Veracruz desde hace una década como una muestra emblemática de los problemas que enfrenta el país en su conjunto. Titulado “Veracruz; reforma el estado de terror mexicano” el reporte apunta a la connivencia entre el estado y los grupos criminales como la causa central del problema.

De acuerdo con las declaraciones de Falko Ernst, responsable de la investigación, al semanario Proceso, lo que más llamó su atención –después de entrevistar a ciudadanos, periodistas locales, familiares de desaparecidos, colectivos, agentes de la FGE y políticos-  fueron “… las instrucciones institucionales para obstaculizar la procuración de justicia, ocultar la violencia y perpetuar la impunidad” Esta observación es consistente con lo que se ha denunciado sistemáticamente desde distintos ámbitos de la sociedad veracruzana; la impunidad de la delincuencia organizada se basa en una política de seguridad que por principio se niega a reconocer los hechos y en consecuencia a registrarlos e investigar las denuncias, todo para ocultar las dimensiones de la tragedia y claro, para mantener su poder.

La justicia penal debilitada, la guerra contra las drogas y el enorme poder y autonomía del de los gobernadores frente al poder central en el nuevo siglo son los factores centrales que identifica el informe como causas de la crisis humanitaria en Veracruz. En medio de la corrupción gubernamental rampante, la depredación del medio ambiente, la represión de las protestas ciudadanas y las amenazas a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, la violencia y la impunidad se han apoderado del estado. Los gobiernos de Fidel Herrera y el de Javier Duarte fueron los que, a partir de la guerra impulsada por Felipe Calderón, impulsaron un modelo de control político basado en el terror y la impunidad.  

Frente a esta situación, las señales provenientes del gobierno de Yunes Linares con respecto a la aparición de 11 cuerpos en Boca del Río el primero de marzo, no resultan muy alentadoras. El hallazgo se dio en el contexto de la llegada de la Gendarmería Nacional a Veracruz, hecho que mantiene la política de seguridad inaugurada por Fidel Herrera en su gobierno: militarizar al estado a cambo de impunidad para sus corruptelas, garantizada desde Los Pinos. Pero además, las declaraciones precipitadas de Yunes -en el sentido de que todos los cuerpos encontrados en el municipio que gobierna su hijo eran de criminales- parecen confirmar la estrategia de ‘ni los veo ni los oigo’. Más concentrado en ampliar y fortalecer su poder, el gobernador se muestra inclinado a mantener la política de seguridad en el estado sin cambios significativos, a pesar de reconocer que la violencia crece y que “En efecto tenemos un problema grave, de policía muy minada por el crimen organizado”

En un detallado reportaje, Noé Zavaleta ofrece datos que no dejan lugar a dudas que la inercia de la violencia se mantiene e incluso se extiende a asaltos de bancos, robo de autos y comercios con violencia, por todo el estado. Y si bien el gobernador Yunes pidió tiempo para lograr resultados, la llegada de la Gendarmería Nacional, la actitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los procesos electorales en ciernes prefiguran la continuidad y no el cambio en la estrategia de seguridad veracruzana.

El cambio indispensable para hacer frente a la tragedia humanitaria -o a la guerra contra la población- debe partir, tal como lo propone el reporte en cuestión, del reconocimiento del problema de los delitos de lesa humanidad cometidos por la acción u omisión del estado. Reconocer de manera parcial semejante realidad (por ejemplo admitiendo que las policías estatales están controladas por la delincuencia organizada) deja de lado que el problema tiene varias causas pero, sobre todo, que debe ser el estado el que tome la iniciativa para acabar con la dinámica de impunidad programada desde las instituciones. Además será necesario colaborar con la sociedad civil organizada, que buscan desesperadamente a sus seres queridos, así como fortalecer la autonomía de la Comisión de la Verdad y solicitar apoyo de organismos internacionales para cubrir los huecos que la crisis financiera del gobierno ha ensanchado.

El problema es de todos, no  sólo del gobierno. En la medida en que éste último apoye las acciones de la ciudadanía y esté abierto a nuevas definiciones del problema se podrá hacer frente a una crisis social de enormes dimensiones, la cual no será resuelta con golpes mediáticos o acciones autoritarias. Pero antes que nada, el estado debe reconocerse como parte del problema. Sin ese cambio de actitud no hay esperanza posible y la guerra seguirá como hasta ahora.