II. El narcoestado
Para la periodista Lydia Cacho un narcoestado es aquel donde el Estado persigue o mata a la gente que se opone a la presencia de funcionarios o gobiernos coludidos con el narcotráfico. Descriptivamente es correcto. Pero esa definición no es más que un síntoma de un narcoestado. En realidad, la característica definitoria de esa modalidad de Estado es el absoluto predominio de la empresa criminal, señaladamente el narco, en la trama de relaciones comprendidas en el cuerpo político. Coincidentemente, la guerra contra el narcotráfico se tradujo en una profundización de esa relevancia político-económica del crimen, y en la consiguiente sofocación de cualquier oposición a esa agenda. En el Veracruz de Javier Duarte abundan experiencias colectivas e individuales, testimonios orales, percepciones ciudadanas, hechos observables, para respaldar con bases empíricas el hallazgo de esas relaciones.
A Nadia Vera la ejecutaron junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres personas más, en la colonia Narvarte de la capital del país el 31 de julio de 2015. Ella también se refugió en la Ciudad de México, como otros activistas de Veracruz, después de sufrir múltiples agresiones y amenazas en Xalapa; agresiones que por cierto ella atribuyó públicamente a agentes parapoliciales al servicio del gobierno del estado. Nadia fue activista del #Yosoy132 Xalapa, y una de las más destacadas militantes de ese ciclo de protesta en la capital veracruzana que inició en 2008 con la primera movilización en contra del alza a la tarifa del transporte público, y que en su curso recorrió varias luchas: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, marchas anti-EPN, movimiento #Yosoy132, movilización popular magisterial, jornadas de acción por Ayotzinapa, hasta arribar a la consolidación de una asamblea-movimiento estudiantil que tanto incomodó a la camarilla de poder en turno, y en cuya incomodidad, por cierto, se incuba la fuente explicatoria de los atentados criminales que más indignaron al estado y al país: a saber, el brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el 5 de junio de 2015 (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda de choque “presuntamente al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”; y el multihomicidio en la colonia Narvarte, que acabó con la vida de Rubén y Nadia.
Antes de morir, Nadia acusó reiteradamente al gobernador Javier Duarte de cometer actos de represión en contra de los estudiantes, y responsabilizó al mandatario estatal de “cualquier cosa” que pudiera sucederle. No obstante, fue en una entrevista con RompevientoTv donde profirió acaso su declaración más políticamente comprometedora. En esa oportunidad, Nadia dijo a Rompeviento:
“Nos empezó a preocupar mucho porque empezó a elevarse el índice de desapariciones a partir de 2010, con la entrada de Javier Duarte como gobernador; la violencia se comienza a destapar y nos empieza a preocupar porque resulta que nosotros empezamos a ser el producto que ellos necesitan. A la mujer la agarran para la trata, al estudiante para el sicariato; el problema somos todos, que le estorbamos tanto al gobierno como al narco. Estamos entre dos frentes de represión: la ‘legal’ y la ilegal”.
Esa “agenda común” del narcotráfico y el gobierno que identifica Nadia es una de las fuentes de violencia contra la población. La sociedad mexicana en general, y la población veracruzana en particular, están atrapadas en el fuego cruzado de los intereses dominantes (léase criminales) en el país. La guerra contra el narcotráfico en Veracruz elevó todos los índices delictivos y la victimización de la ciudadanía. Criminalizó dramáticamente a ciertos sectores poblacionales, destacadamente a jóvenes, activistas, periodistas; pero el aspecto más revelador de la guerra es la profundización de la vulnerabilidad de la generalidad de la población: cualquier ciudadano es susceptible de agresión.
Las respuestas del Colectivo por la Paz Xalapa a dos preguntas formuladas en una entrevista en 2014, dan cuenta de ese binomio crimen-Estado, y de los impactos que la instrumentación de la guerra tuvo en amplios segmentos de la sociedad veracruzana.
–¿Existe una consigna gubernamental o una persecución política contra líderes sociales y ciudadanos que luchan contra la violencia de los cárteles de la droga en Veracruz?
–C.P.X. Una política nunca va a estar declarada pública y formalmente… Pero es importante señalar que hay una colusión entre las autoridades y el crimen. Nos consta que existe una relación de complicidad y de trabajo en equipo del crimen organizado con altas esferas gubernamentales. Hemos revisado investigaciones en la SEIDO, donde uno descubre que personas ligadas a la delincuencia declaran que tienen relaciones de trabajo con tal o cual funcionario. En estos niveles, desde el gobernador hasta presidentes municipales están trabajando de la mano con el crimen organizado. Y en la revisión de las actividades delictivas por zona, descubrimos que todos los negocios ilícitos, como el pago de cuotas a los cárteles, ordeña de ductos, robo de vehículos, trata de personas, tienen un funcionario que apadrina o cuida que no sean tocados esos criminales… Bajo esa simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado, sí hemos recibido algunas amenazas indirectas, a través de las víctimas nos hacen llegar mensajes de que paremos o asesinan a las familias… Esta policía es un brazo del Estado que se utiliza para reprimir y para aplacar a la ciudadanía. Lo vimos el año pasado con los maestros y estudiantes en la plaza Lerdo y el desalojo. ¿Quién está consignado por eso? Fueron lesiones graves. ¿Y el derecho de manifestarse?
–¿Entonces tienen más poder las empresas criminales que el Gobierno?
–C.P.X. Pero en el Gobierno hay empresas criminales… La Secretaría de Seguridad Pública es una de ellas: agentes de tránsito que señalan que los autos robados están en la academia de policías; personas que dicen que hay un grupo específico de la SSP que se encarga del trabajo sucio; las desapariciones forzadas, que son crímenes de Estado. Por donde se lo vea, todo esto implica un negocio. Tener un control de las cárceles, tener un control de las calles. Es un negociazo... Cabe recordar el testimonio de una persona en Veracruz, que narró cómo un MP le advirtió que en la investigación de su caso tenía acceso la delincuencia organizada. Así se lo dijeron descaradamente a la madre de un desaparecido... Pero la consigna es proteger y permitir la operación de los grupos criminales. Hay que recordar que el crimen participa en el financiamiento de las campañas electorales, particularmente del PRI.
La guerra contra el narcotráfico apuntaló las operaciones del crimen, suspendió el derecho, e hizo de la guerra y el narco una razón de Estado. La evidencia demuestra que la administración de Javier Duarte y las gestiones precedentes son responsables de ese engarce del narcotráfico con las instituciones públicas.
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