Ayotzinapa y el fin del narcoestado

En entrevista con RompevientoTV, Omar García, sobreviviente de la masacre de Iguala, perfiló un horizonte sugerente para el movimiento por Ayotzinapa: “[Transitar] de un movimiento por los desaparecidos a un movimiento por la transformación del país”. Este planteamiento, que ciertamente yace en germen en el ánimo nacional (excepto en el de las oligarquías, políticos tradicionales, fuerza castrense de alto rango, y ciertas clases medias acomodaticias) es la condensación de una consigna que hoy tiene un eco global: la conversión del ciudadano desposeído en sujeto político de cambio. Eso que Syriza arrebató a los griegos, o que otros gobiernos de presunta genealogía popular han robado a sus bases, es decir, la titularidad de la política, en Ayotzinapa es un componente activo, cuyo brío va en ascenso.  “Ayotzinapa es una coyuntura… Ayotzinapa es la posibilidad de cambiar mucho”. ¿Qué es eso que Ayotzinapa tiene posibilidad de cambiar? La red de relaciones e intereses que rigen los destinos del país. Luis Hernández Navarro aclara: “Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal (narcopolítica), hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado” (http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2581).

Ayotzinapa tiene una relevancia mayúscula para la vida pública del país: significó una confesión involuntaria de la simbiótica relación crimen-Estado.  Hasta antes de la masacre habían fuertes sospechas acerca de las componendas entre las instituciones y la delincuencia. Después de los hechos en Iguala el país cobró conciencia del alcance de ese compadrazgo. El Estado quedó desnudo, expuesto crudamente sin las acostumbradas indumentarias ritualísticas o protocolarias. Bien dicen que no es lo mismo desconfiar de una pareja sentimental que encontrar a esa pareja en el acto de infidelidad. El segundo escenario obliga a la decisión o a la acción o a las dos. 

De esta circunstancia resulta una doble lección. 

La primera lección es que el Estado mexicano no es un Estado fallido sino un Estado criminal –un narcoestado–. El Estado –se dijo en otra ocasión– “es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, a través de las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad, horror e ilegalidad” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/11/fin-al-narcoestado.html).

Los incidentes en Iguala confirmaron una hipótesis: que el narcoestado es el modo de organización de los intereses dominantes en México, y por consiguiente el responsable de los crímenes de lesa humanidad que enlutan al país. 

La segunda lección es que es una falacia (dolosamente inculcada) que en México “el pueblo aguanta eso y más”. Principalmente las élites y clases gobernantes han cultivado la idea de un México dócil, resignado. Falsa y vil es esa leyenda negra. Recientemente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) lo enunció con rabia bronca: “¡Estamos hasta la madre!”. Después irrumpió en el ágora cibernáutico un #YaMeCansé viral. Y ahora el movimiento por Ayotzinapa exclama con tacto político e indignación: “No nos van a callar”. 

En su columna Navegaciones, Pedro Miguel desaprueba esta sugestión falsaria de un México presuntamente amnésico e insensible; sugestión que se delata en los incontables episodios insurgentes de la historia política nacional: “Nos queda claro que en las horas posteriores a la atrocidad ustedes (gobernantes o ‘a quien corresponda’) pensaron como piensan siempre: que los muertos y los desaparecidos eran unos pelados, unos muertos de hambre, unos indios de la prole que no iban a importarle a nadie y que el país se iba a quedar contento con la explicación de que aquello era un incidente menor y un asunto local… El agravio sí importó y fue sentido en carne propia por millones de otros proles, de otros indios pelados, y recorrió el país y llenó las calles y las plazas, y junto con él cundió la convicción de que la barbarie no obedecía a la mera acción de un alcalde enloquecido y cooptado por la delincuencia, sino que involucraba, necesariamente, a las esferas superiores del poder público” (http://www.jornada.unam.mx/2015/09/24/opinion/041o1soc).  

“Estos paréntesis de movilización remiten a una feliz conjetura: a saber, que la población no ha consentido ni claudicado ante la dominación, aún cuando el enemigo es un régimen de terror escrupulosamente dirigido e impulsado” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/10/ayotzinapa-o-la-banalidad-de-la.html).

Ayotzinapa es la posibilidad de poner fin a un estado de cosas que se basa en el binomio crimen-Estado. Es la posibilidad de romper los impúdicos pactos de impunidad. Es la oportunidad de mandar al carajo la simulación, la espuria normalidad democrática de las instituciones y sus monjes ideológicos, los endémicos mecanismos de defraudación del Estado, los añejos vicios de un sistema basado en el clientelismo, el influyentismo, el autoritarismo. De poner fin al neoliberalismo y su criatura vernácula: el narcoestado.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/ayotzinapa-y-el-fin-del-narcoestado/

Ayotzinapa y la razón de estado

Acuñada por Maquiavelo para explicar las medidas extraordinarias que aplica un gobernante para mantener su poder, la razón de estado se justifica gracias a la idea de que la existencia del estado es un valor que está por encima de los derechos sociales o individuales. Así, el estado puede justificar sus acciones independientemente de que sean legales o ilegales, legítimas o ilegítimas. Soporte del estado liberal contemporáneo para mantener la dominación capitalista, la razón de estado no es otra cosa que la justificación de la violencia institucional, de los crímenes de lesa humanidad, de la corrupción y los fraudes electorales (recuérdese el fraude patriótico de 1988).

Utilizar el concepto de razón de estado para comprender las acciones del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, sin el afán de justificarlo, puede servir para comprender la dinámica de la respuesta estatal a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la ejecución extrajudicial de seis estudiantes, a los que hay que sumas 40 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Lo que está en juego no es solamente la maltrecha legitimidad de Peña Nieto y su grupo para mantenerse en el poder, coordinando y beneficiándose de la venta de los recursos naturales y humanos. Además está en juego la legitimidad de las fuerzas armadas, actor clave en la noche de Iguala pero también actor clave en la política exterior estadounidense, materializada en el Plan Mérida y el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Frente a la pérdida de popularidad de Peña Nieto y la creciente ola de protestas a lo largo y ancho del país, las fuerzas armadas devienen un actor central para mantener condiciones mínimas para mantener el saqueo y el robo sistemático.

De las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos en Iguala y Cocula hay un elemento que se destaca: el papel que jugó el ejército. Si bien no existen pruebas fehacientes de la participación directa del 27 Batallón de Infantería, del informe presentado por el GIEI se infiere que el comandante a cargo del mencionado batallón, coronel José Rodríguez Pérez, estuvo al tanto de todas los detalles de la operación efectuada por fuerzas policiacas locales. En el resumen ejecutivo del Informe Ayotzinapa el GIEI señala que, de acuerdo al “... un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena” y se agrega que en varios momentos del ataque a los estudiantes estuvieron presentes efectivo del ejército y la policía federal. 

 

Las reiteradas peticiones del GIEI para entrevistar a elementos del 27 Batallón han sido ignoradas sistemáticamente por el gobierno federal, lo que sin duda pretende evitar cualquier filtración de información en lo relativo a la presencia y accionar de los elementos en cuestión. Pero en el resumen ejecutivo del GIEI se establece que, dado el número de efectivos policiacos fue necesaria la coordinación de los operativos, es decir, de un mando central que diera las órdenes. Tomando en cuenta el protocolo de seguridad vigentes en el país, la coordinación de los mandos policiacos viene desde los cuarteles por lo que resulta bastante probable que dicha coordinación fuera realizada por mandos militares o que, al menos, ellos estuvieron al tanto de todo a lo largo del operativo dejando que se desarrollaran los acontecimientos sin que interviniera para proteger a los estudiantes. 

 

Si a lo anterior se agrega que el GIEI sugiere que el móvil del ataque a los estudiantes fue el tráfico de drogas (el quinto autobús contenía droga en tránsito a la frontera) las consecuencias de involucrar al ejército en el operativo son enormes. No sólo habría coordinado las acciones de la policía para operar el ataque sino que además lo hizo para proteger los negocios del narco, cosa que no sería una novedad en la historia del narcotráfico en México. Baste recordar al otrora todopoderoso zar del narcotráfico, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien aplicó dicha estrategia a favor del Cártel de Juárez a finales de los noventa, para presentar resultados en la supuesta lucha contra el narcotráfico y que a la postre significó su caída y encarcelamiento. 

 

Todo lo anterior apunta a señalar al ejército como un actor clave en los sucesos del 26 de septiembre de 2014. La 'verdad histórica' no tiene otro objetivo que deslindar a los mandos militares de cualquier intervención en el operativo, a pesar de que estuvieron enterados de la situación todo el tiempo y de su largo historial de corrupción y tráfico de influencias. La razón de estado, en este caso, está dirigida a proteger a una institución clave del estado mexicano para mantener al país alineado a la dinámica militarista para mantener el saqueo de sus recursos naturales. En el contexto de la cuarta guerra mundial es indispensable para el estado mexicano proteger a costa de lo que sea -incluso del desprestigio creciente del entramado institucional y de los partidos políticos, así como de la popularidad de Peña Nieto y su grupo- la imagen de las fuerzas armadas. De ellas dependen cada vez más para mantenerse en el poder. Y ésa si que es una verdad histórica del estado liberal en México y en el mundo.

Narcocultura: la bancarrota cultural de México

El “narcofolklor”, en sus diversas representaciones, musical, literaria, televisiva, es únicamente la manifestación más visible de un fenómeno de creciente raigambre social en nuestro país: la narcocultura. El “narcofolklor” es relevante para el análisis, pero solo porque se trata del rostro más tangible de la narcocultura. No obstante, para una crítica más incisiva es preciso problematizar la narcocultura, criatura ideológica excremental de un pueblo hundido en una crisis. 

La narcocultura no es solo una subcultura más en la multiforme gama de “tribus” culturales. Generalmente una subcultura representa un conjunto de cualidades, símbolos e identidades que definen a un grupo de personas por oposición a una cultura dominante. De manera consistente, hemos sido testigos de un avance irrefrenable de esos elementos identitarios que son característicos del narco, pero no en un sentido marginal o periférico, sino de un modo profundo y pujante. La narcocultura alcanzó rango de “cultura reina”. Progresivamente, casi imperceptiblemente, el “narco way of life” se naturalizó e integró en el imaginario colectivo, en el hacer de la gente común en México. En algunos  estados como Tamaulipas o Nuevo León o Sinaloa, cualquier crío se cree “capo” o “narcotraficante” de abolengo, solo porque bebe cerveza sin alcanzar la mayoría de edad o consume cocaína con dinero que sustrae del bolso de la mamá. En las escuelas de educación básica, los niños remedan el léxico de los personajes de las narcoseries o juegan a “ser narcos”. Es clownesco, caricaturesco, pero no por ello menos preocupante e irritante. Ninguna subcultura “underground” o “incómoda para el orden” alcanza esa omnipresencia por una cuestión de azar. Y allí radica el problema. No se trata de una “identidad” transgresora o discordante con la ley o el orden. Sin duda eso es lo que piensan los crédulos e idiotas que miran e imitan sin discernimiento la narcoestética. El desprecio por los valores o la autoridad formal (no la autoridad real anónima) es algo más o menos extendido en nuestra época. Es moda. La narcocultura es una oferta en el menú de opciones para “desobedecer” (nótese el entrecomillado). Pero la gente no repara que detrás de esa infracultura sórdida se encuentra una maquinaria propagandística monstruosa, en tamaño y en escrúpulos, que tiene una agenda inconfesable pero a todas luces reconocible: crear una cultura colectiva dominante alrededor del narco. 

El epítome de esta agenda es la apología del “narcofolklor”, condensada en las narcoseries o las narcotelenovelas o los narcocorridos.  La celebración del “narcofolklor” omite el dolor, el sufrimiento y la violencia que castiga tan virulentamente a la familia mexicana. Y cuando llega a atenderla, a menudo la minimiza o trivializa. No hay error en esa representación diluida del narco; hay saña. Hay una intención mas o menos conscientemente concertada para festejar el narcotráfico y la violencia. Nos están condenando premeditadamente a la bancarrota cultural, al consumo y reproducción de los antivalores del narco. 

No es accidental que en la producción de narcoseries intervengan algunos de los conglomerados mediáticos más cobijados por los gobiernos de Estados Unidos, México y Colombia. Al respecto, Florence Toussaint escribe en un artículo para la revista Proceso: “Hay tres compañías campeonas en la producción de este tipo de telenovelas. La principal es Telemundo que, en convenio bien con la productora mexicana Argos, bien con Caracol Televisión de Colombia ha elaborado telenovelas como El cártel, El cártel 2 o El cártel de los sapos, Dueños del paraíso, Sin senos no hay paraíso, Ojo por ojo, Los victorinos, El señor de los cielos, La viuda negra y Señora Acero… Las obras que tienen por protagonista a mujeres son además de las mencionadas arriba: Rosario Tijeras, Mariposa, Las muñecas de la mafia, La viuda de la mafia, La diosa coronada, Camelia la texana… Sean hombres o mujeres quienes asumen el rol principal de las narraciones televisivas, lo común es que prive el crimen. Las escenas muestran masacres perpetradas con armas largas de mira telescópica, granadas de mano, pistolas de grueso calibre. Vemos también violaciones, tortura, asesinatos a mansalva. Mucha de la violencia es gratuita, se regodean en ella con el afán de mantener una tensión insoportable” (Proceso 12-IX-2015). Por añadidura, cabe recordar que en 2008 Grupo Televisa de México (proxeneta de las fechorías del gobierno federal) firmó un acuerdo con NBC Universal, para transmitir 1.000 horas de programación de Telemundo durante los próximos 10 años y a través de la televisión abierta mexicana, que naturalmente incluye telenovelas de narcos. Ahora también las plataformas en internet incursionan sin rubor en la producción de narcoseries de alto rating, que por cierto se transmiten en todo el mundo 

La hipocresía es indecorosa: los países más castigados por la narcoviolencia, y presuntamente más comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, son sedes de las grandes producciones de narcoprogramación. Con las leyes de Seguridad Nacional, los agentes de Estado pueden entrar a un domicilio particular sin una orden de cateo, solo por la caprichosa disposición de un funcionario. ¿Por qué esas leyes, pretendidamente inflexibles, no disponen regular los contenidos de las televisoras? 

Esto debe parar. Que los poderes constituidos nos condenen a la victimización o la muerte con su narcoguerra es inexcusable. Que además otros hijos de puta lucren haciendo apología de la tragedia humanitaria en México enciende la rabia. Y que toda esta luctuosa trama se traduzca en la creación de una infracultura que nos condena a la bancarrota cultural es absolutamente inaceptable.   

Tristemente, no está tan distante ese execrable horizonte cultural en el que todos los varones de nuestro país aspiren a ser narcotraficantes, y todas las mujeres sueñen con llegar a ser “muñecas” de los narcos. Colombia sabe de esto. Y ahora su gente lucha sin tregua para eliminar ese cáncer social

Está en juego la conservación de nuestras tradiciones e historia… el destino de nuestro país.

Urge frenar el avance de la narcocultura. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/narcocultura-la-bancarrota-cultural-de-mexico/

A treinta años del sismo del ’85 todo sigue igual… o peor.

Treinta años después del terremoto que estremeció a la ciudad de México parece haberse cerrado un ciclo histórico que tuvo como ejes las reformas neoliberales en la economía y en la política. A chuecas y no tan derechas, los dueños del dinero en México han llevado a cabo, con avances y retrocesos, la imposición de un modelo promovido desde los centros financieros internacionales para superar la crisis mundial de los setentas y afianzar la dominación capitalista.  

Con la llegada de Miguel de la Madrid a Los Pinos, el proyecto neoliberal cobró fuerza y poco a poco se impuso como la única alternativa para alinear la economía mexicana a los intereses de bancos y corporaciones internacionales. Al mismo tiempo, se empezó a promover la idea de que era necesario abrir el juego político institucional para contener la protesta social provocada por la quiebra financiera del país en 1982. Reformar la política para legitimar el proyecto económico neoliberal, con todas sus consecuencias, representó una idea que todas las fuerzas políticas partidista apoyaron: para la derecha significó transformar su misión como partido político para ganar elecciones y para la izquierda socialdemócrata  la oportunidad de competir en los procesos electorales legalmente. Para el PRI, la apuesta estaba dirigida a dirigir el proceso de reformas económicas y mantener dividida a la oposición para seguir gobernando.

El acontecimiento que detonó simbólicamente la reconfiguración del país fue el terremoto de 1985, no sólo porque desnudó la fragilidad del poder –materializada en la incapacidad gubernamental para responder a la tragedia- sino, al mismo tiempo, porque dio pie al inicio de un ciclo de protesta nacional-popular que alteró la relación entre gobernantes y gobernados pero que no pudo contener la imposición de la receta neoliberal. El movimiento estudiantil de 1986 y 1987, el surgimiento del neocardenismo en 1988 y posteriormente la rebelión zapatista en Chiapas en 1994 significaron en distintos grados y ámbitos de la vida social la conformación de la protesta y la resistencia.

Protestaron y se enfrentaron a las mentiras e imposiciones del grupo en el poder para desmantelar al estado de bienestar -proceso que culminó este 2015 con la venta de lo que quedaba de PEMEX, pero que inició formalmente con la firma del TLCAN- aplicando a rajatabla las recetas neoliberales del Banco Mundial y el FMI. Y si para ello tuvo que aceptar el fortalecimiento de la izquierda en la capital del país y reconocerle a sus habitantes los derechos políticos básicos, lo hizo como una concesión temporal, un daño colateral. Los gobiernos de Marcelo Ebrard y sobre todo de Miguel Ángel Mancera en la ciudad de México confirman el fin de una etapa que cobró fuerza en 1997 con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y que alentó la esperanza de millones. Hoy ésa esperanza ha naufragado en el Pacto por México, culminación natural de la supuesta transición democrática.

Por si el empobrecimiento de millones y la costosísima farsa electoral  fueran poco para comprender el saldo negro de éstas tres décadas, habrá que el crecimiento geométrico del narcotráfico –consecuencia natural de la apertura de fronteras gracias al TLCAN- que ha sumido al país en una guerra civil que nadie sabe cuándo y cómo terminará pero que le ha costado la vida a cientos de miles de personas y mutilado familias a lo largo y ancho del territorio nacional. La descomposición de la política institucional ha llegado a tal grado –la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero es una clara señal de ella- que el Estado ha apostado por la militarización con el pretexto de contener el narcotráfico pero que en realidad está diseñado para contener la protesta social.

La socialización paulatina de la idea de que la política debe estar directamente relacionada con la ética y en la medida de lo posible al margen de la esfera institucional -aportación innegable de un ciclo de protesta mundial iniciado en 1994 por del EZLN- ha sido un logro muy importante, en medio de la debacle del estado mexicano y a pesar de su éxito para imponer el modelo neoliberal. Al final, el terremoto del ’85 removió estructuras de pensamiento y derrumbó el viejo sistema político para dar paso a la reconfiguración del país que hoy es distinto pero no necesariamente mejor. De hecho, la gran mayoría de la población es más pobre, con derechos civiles y políticos devaluados o inexistentes y con gobiernos más cínicos, militarizados y corruptísimos.

Recordar el terremoto del ´85 implica entonces reconocer que aquélla ciudad y aquél país que se estremeció el 19 de septiembre de 1985 son muy distintos a los de hoy, pero también constatar que aquéllas ruinas siguen ahí, ocultas detrás de las pantallas planas y la euforia consumista, junto con las que se han ido acumulando en las últimas tres décadas de reformas neoliberales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán o la Ley de fugas: crónica de un abatimiento anunciado

Un fantasma recorre el mundo del narco, una especie de sombra obscena que los capos condensaron en un proverbio: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. Si se quiere comprender la narcotrama en México es básico partir de esta modesta verdad: los asuntos de la droga en el hemisferio, especialmente en México y Sudamérica, están bajo el control de Estados Unidos y sus agencias de seguridad e inteligencia. Joaquín “El Chapo Guzmán” es una criatura de Estados Unidos, tal y como lo fueron Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cártel de Medellín, o –en otro terreno– Osama Bin Laden, otrora Enemigo Público No. 1 de Estados Unidos y líder de Al Qaeda. Existen, sí. Pero la pregunta es si son reales las propiedades o cualidades o malignidades que se les atribuye. Esos aspectos que acompañan a estos personajes (definitorios para manipular la opinión pública u orientarla hacia ciertos estados de ánimo rentables para la agenda del poder), a menudo son cortesía de artificios propagandísticos cuidadosamente diseñados por distinguidos publicistas estadounidenses al servicio del Pentágono o la Casa Blanca o la red de intereses políticos que concurren en el bandidaje a costa de otros pueblos. Llama la atención que después de la fuga de “El Chapo” Guzmán, las sospechas tuvieran como único destinatario al gobierno mexicano, y que ninguna línea de averiguación atendiera al “fantasma” estadounidense. Está ampliamente documentado que en la recaptura de “El Chapo” participaron agencias de inteligencia norteamericanas, señaladamente la DEA y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Las cuestiones operativas de su aprehensión involucraron a personal militar de aquel país, desde el uso de drones para su localización hasta la detención física del capo. Tras el arresto, arreció mediáticamente el empeño de extradición, promovido por el gobierno Estados Unidos. “Había un proceso (en la Procuraduría), y no estaba oculto; hay oficios de por medio y se estaba siguiendo el proceso”, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero es difícil determinar la seriedad de la moción. Hay quienes identifican en ese proceso la motivación de la huida. Pero esa lectura escamotea otras evidencias no menos relevantes. Más bien, la fuga pareciera una estrategia de presión a la administración de Enrique Peña Nieto para aumentar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de seguridad en México, y acaso un episodio más en las disputas intestinas entre la CIA (más cercana a los círculos privilegiados de Washington) y la DEA (más próximo al sistema de justicia estadounidense) por el control de la agenda en materia de política exterior. Una cosa es segura: “El Chapo” no se fugó; lo fugaron. Y la teatral evasión probablemente responda a la intención (acordada por facciones de ambos gobiernos) de abatir  eventualmente a Guzmán Loera. Numerosos factores apuntan en esa dirección.  

No se debe tomar a la ligera la declaración de Osorio Chong, en el sentido de que la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera ocurrió porque funcionarios del gobierno federal ‘‘traicionaron a las instituciones’’. Que “El Chapo” escapara mientras que casi la totalidad de los altos mandos federales se encontraban en excursión transatlántica no es un asunto fortuito. Es evidente que el costo político tendría un recipiente: Peña Nieto y su gobierno. Es a todas luces una operación ejecutada con meticulosidad quirúrgica. 

Dentro de la administración peñista hay algunas figuras del calderonato que en las negociaciones del Pacto por México consiguieron prolongar su estadía en la función pública, especialmente en el ámbito de la seguridad. Uno de ellos es Ramón Eduardo Pequeño García, “quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas” (La Jornada 19-VII-2015). Cabe hacer notar que el retorno del PRI a la presidencia significó un ligero retroceso en los planes injerencistas de Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia, aún cuando en todos los demás renglones el PRI-gobierno se doblegara lacayunamente a la voluntad de Washington. Estados Unidos aspira a recuperar la primacía irrestricta que dispuso durante el panismo. Y es altamente probable que en ese afán de restauración intervencionista algunas facciones de Washington se aliaran con esos rescoldos de panismo trasnochado y resentido. Esa es la traición a la que alude el secretario de Gobernación. Lo que no dice el señor Chong es que el peñanietismo (sic) traicionó primero a Joaquín Guzmán Loera y su otrora intocable cártel de Sinaloa. Recuérdese la declaración de Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, quien sostuvo en entrevista a Univisión que “el narcotraficante sinaloense metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto… [según] está documentado en inteligencia de Estados Unidos” (Pedro Miguel 24-II-2015). Traidor que traiciona a traidor… La fuga de “El Chapo” tiene más relación con traiciones e intrigas intestinas que con asuntos de bancarrota institucional o sistemas de justicia fallidos o remedos delincuenciales de Houdini con facultades escapatorias cuasi mágicas. 

En entrevista con la revista Proceso, Jhon Jairo Velázquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los tres sobrevivientes del Cártel de Medellín, aseveró sin reservas: “El Chapo es hombre muerto”. La lectura del connotado sicario es distinta, pero llega más o menos a la misma conjetura: a saber, que los días del capo sinaloense están contados. Para el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, la fuga de Guzmán Loera es una operación del propio capo en connivencia con funcionarios mexicanos de alto rango, que presuntamente querían evitar la extradición a Estados Unidos del jefe criminal. “Popeye” equipara las dos fugas, la de Escobar y la de Guzmán Loera, y advierte que los costos políticos son gravísimos: “Los Estados quedan como repúblicas bananeras. Pero en el caso del Chapo creo que es más fuerte todavía, por el túnel, por la corrupción, porque no lo extraditaron. Y por eso no creo que la agarren vivo. Ni al gobierno de México le conviene que lo agarren vivo, porque si lo extraditan y habla… sabe mucho. Y además él no quiere una cárcel en Estados Unidos. Si lo encuentran se va a hacer matar… [porque es improbable que] un capo tan guapo (bragado) como El Chapo quiera entregarse así” (Proceso 22-VIII-2015). Pero esta es una simplificación rústica de la red de relaciones envueltas en la narcotrama. Por un lado, omite que esa imagen de “república bananera” es altamente deseable para Estados Unidos, pues es un aliciente para su agenda injerencista. Y por otro, ignora flagrantemente que Estados Unidos es la mano que mece la cuna del narcotráfico, y que la única manera de legitimar su política de seguridad en terruños bananeros es presentando muertos a los “enemigos públicos”, y no únicamente tras las rejas en reclusorios apartados del escrutinio público. “El Chapo” pertenece a esa ralea de figuras públicas “pop”. Es más redituable mantenerlo en los titulares de la prensa que en cautiverio o anonimato. Esto no hubiera sido posible hace unos años, cuando el capo era figura clave en el trasiego de drogas a Estados Unidos. Ahora es reemplazable. La presencia mediática de Guzmán Loera es sintomático de la decadencia del Cártel de Sinaloa. Un informe de la DEA vaticina que la participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) crecerá en Estados Unidos en los próximos años. El documento plantea que la hegemonía de Sinaloa está seriamente amenazada por sus rivales de Jalisco. No es desproporcionado pensar que los narcobloqueos que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en Jalisco respondan a una demostración de fuerza del CJNG, y a su afianzamiento como cártel dominante en esa región del país. El informe desclasificado de la DEA traza un diagnóstico ilustrativo: “Después de su separación del Cártel de Sinaloa en 2010” el Cártel de Jalisco Nueva Generación “se convirtió en la organización del tráfico de drogas con la más rápida capacidad de expansión en México” (Proceso 23-VIII-2015). ¿Es evaluación o prescripción?

Inmediatamente después de la fuga de “El Chapo” cobraron presencia algunos guiños pintorescos, de esos que a menudo preceden al abatimiento de algún delincuente elevado a condición de leyenda. La Procuraduría General de República ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos por información “útil, veraz y oportuna que auxilie con eficacia a la detención de Joaquín El Chapo Guzmán”. El director del organismo de lucha contra la delincuencia en Chicago, reinstauró el título de Enemigo Público No. 1 a Guzmán Loera, título que en la década de 1930 detentara el famoso hampón Al Capone. También la administración de Barack Obama ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la captura del capo sinaloense. 

Pero todos estos gestos folklóricos no son más que simulaciones que zanjan el ánimo público para un eventual abatimiento del líder criminal, y allanan el terreno para una creciente intrusión de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses en México. 

Dos funcionarios, una estadounidense otro mexicano, revelan en lenguaje encriptado el fondo oscuro de la hollywoodense fuga de “El Chapo” Guzmán: 

“El gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar con nuestros socios mexicanos para proveer cualquier asistencia que pueda ayudar a respaldar su pronta recaptura” (Loretta Lynch, procuradora general estadounidense); 

“Se refuerza la voluntad y el compromiso de ambos (gobiernos) de cooperar y colaborar. Es una colaboración permanente, exitosa y una colaboración que ha permitido la primera captura del Chapo y que ahora habrá de reforzarse (¡sic!) para permitir su recaptura” (José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, ahora Secretario de Desarrollo Social en México). 

La fuga de “El Chapo” anuncia básicamente dos escenarios: uno, la inminente muerte del capo; y dos, el triunfo de la Iniciativa Mérida o Plan México y la consolidación de la agenda de seguridad estadounidense en territorio nacional.  

http://www.jornadaveracruz.com.mx/joaquin-el-chapo-guzman-o-la-ley-de-fugas-cronica-de-un-abatimiento-anunciado/

La candente actualidad de Fanon

Raúl Zibechi

La Jornada 

El pensamiento de Frantz Fanon ha retornado. A cinco décadas de su muerte, sus libros vuelven a ser leídos en las universidades y en los espacios de los sectores populares organizados. Algunas de sus reflexiones centrales alumbran aspectos de las nuevas realidades y contribuyen a la comprensión del capitalismo en esta etapa de sangre y dolor para los de abajo.

La redición de algunas de sus obras como Piel negra, máscaras blancas (Akal, 2009), con comentarios de Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Judith Butler, Lewis R. Gordon, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado-Torres, Sylvia Wynter y Walter Mignolo, ha contribuido a la difusión de su pensamiento, así como las periódicas rediciones de su obra principal, Los condenados de la Tierra, prologada por Jean Paul Sartre. Sería necesaria, también, la redición de su libro Sociología de una revolución, publicado en 1966 por la Editorial Era.

Sin embargo, el renovado interés por Fanon va mucho mas allá de sus libros y de sus escritos. Se trata, creo, de un interés epocal, en el dobe sentido del periodo actual que atraviesan nuestras sociedades y del nacimiento de poderosos movimientos antisistémicos protagonizados por los diversos abajos. Quiero decir que estamos ante un interés político más que una curiosidad académica o literaria.

En mi opinión, hay cinco razones que explican la actualidad de Fanon.

La primera es que el capitalismo en su etapa actual, centrada en la acumulación por despojo (o cuarta guerra mundial), redita algunos aspectos de la dominación colonial. La ocupación de enclaves territoriales por las empresas multinacionales,y la ocasional pero importante ocupación militar por los imperialismos de varios países con la excusa de la guerra contra el terrorismo, son algunos de esos aspectos.

Hay otros que es necesario, por lo menos, mencionar. La población se ha convertido en objetivo militar, ya sea para su control o su eventual eliminación, ya que es un estorbo para la acumulación por despojo. La guerra contra las mujeres, convertida en nuevo botín de la conquista de territorios, es otro de los aspectos del nuevo colonialismo, así como la creciente militarización de los barrios populares en las perfierias de las grandes ciudades.

En la medida que el capitalismo acumula robando los bienes comunes de pueblos enteros, nos permite decir que estamos ante un neocoloniaismo aunque, en rigor, se trata de la fase de decadencia del sistema que ya no aspira a integrar a las clases dominadas sino, sencillamente, a vigilarlas y exterminarlas en caso de que resistan.

La segunda es que es cada vez más evidente que la sociedad actual se divide, como dice Grosfoguel con base en Fanon, en dos zonas: la zona del ser, donde los derechos de las personas son respetados y donde la violencia es excepcional, y la zona del no-ser, donde la violencia es la regla. El pensamiento de Fanon nos ayuda a reflexionar sobre esta realidad que coloca tanta distancia entre el capitalismo del siglo XXI con aquel del Estado del bienestar.

La tercera es la crítica que Fanon hace a los partidos de izquierda del centro del mundo, en el sentido de que sus formas de trabajo se dirigen exclusivamente a una élite de las clases trabajadoras, dejando de lado a los diversos abajos que en el marxismo son despachados como pertenecientes al lumpenproletariado. Por el contrario, Fanon deposita en la gente común de abajo su esperanza mayor como posibles sujetos de su autoemancipación, o emancipación a secas.

En cuarto lugar, Fanon no era un intelectual ni un académico, sino que puso sus conocimientos al servicio de un pueblo en lucha como el argelino, a cuya causa sirvió hasta el día de su muerte. Esta figura del pensador-militante, o como quiera llamarse al profesional que se compromete incondicionalmente con los de abajo, es un aporte extraordinario a la lucha de los sectores populares.

En este sentido, vale destacar la crítica al eurocentrismo de las izquierdas, a la pretensión de trasladar mecánicamente propuestas y análisis nacidos en el mundo del ser al del no-ser. El nacimiento de feminismos indios, negros y populares en nuestro continente es una muestra de las limitaciones de aquel primer (y fundamental) feminismo europeo que, sin embargo, necesitaba reinvertarse entre las mujeres del color de la tierra, con base en sus propias tradiciones y realidades, entre ellas la centralidad de la familia en el mundo femenino latinoamericano.

Aunque esta breve recapitulación deja de lado varios aspectos importantes de la obra de Fanon, como sus reflexiones sobre la violencia de los oprimidos, me parece necesario destacar un aspecto adicional, creo que central en el pensamiento crítico actual. Se pregunta las razones por las cuales el hombre negro desea aclarar su piel, los porqués la mujer negra desea ser rubia o conseguir una pareja lo más blanca posible. El dominado, dice Fanon, el perseguido, no sólo busca recuperar la hacienda apropiada por el amo, sino que quiere el lugar del amo. Es evidente que, luego del fracaso de las revoluciones rusa y china, esta consideración debe ocupar un lugar central en la lucha anticapitalista.

No comparto el lugar que otorga Fanon a la violencia de los de abajo en este proceso de convertirse en sujetos de sus vidas, en su liberación de la opresión. La violencia es necesaria, pero no es la solución, como atinadamente reflexiona Wallerstein en su comentario a Piel negra, máscaras blancas.

Creo que debemos profundizar en este debate. Cómo hacer para no reproducir la historia en la cual los oprimidos repiten una y otra vez la opresión de la que fueron víctimas. A mi modo de ver, se trata de crear algo nuevo, un mundo nuevo o realidades nuevas, que no sean calco y copia del mundo de los de arriba, que sean lo suficientemente potentes como para difuminar, del imaginario colectivo, el lugar central que ocupa el opresor, el amo o el patrón. Sigo creyendo que la experiencia de las bases de apoyo del EZLN es un ejemplo en esta dirección.

La máscara del humanismo oculta la barbarie europea.

Las imágenes de miles y miles de refugiados caminando por carreteras y vías férreas, cargando bolsas y níños, de tierras europeas les ha recordado a muchos los horrores de la segunda guerra mundial. El conflicto supuestamente superado con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente con el nacimiento de la Unión Europea parece regresar por la puerta trasera de la cuna del humanismo... y del capitalismo.

Las multitudes que huyen de las guerras en el Medio Oriente, principalmente en Siria pero también de las crisis en el África subsahariana, han desatado una discusión entre los que las consideran un peligro para la cristiandad y los que promueven la inclusión de una parte de los refugiados en diferentes países europeos oculta el hecho de que las causa del éxodo forzado está directamente relacionada con la venta de armas por parte de países como Alemania, que curiosamente se ha dado a la tarea de convencer a otros países para aceptar el ingreso de los refugiados.

Como se sabe, la guerra en Siria no es una guerra civil, como insistentemente se ha dicho en la opinión pública internacional, sino una invasión camuflada con mercenarios sirios pagados por las corporaciones internacionales y los países interesados en la explotación de los recursos naturales de la región. Parte de un ciclo de guerras que inició en 2001 con la invasión de Afganistán, por parte de la coalición encabezada por los EE. UU., la guerra contra el gobierno sirio ha provocado la muerte de mas de 200 mil personas y el desplazamiento interno y externo de mas de doce millones de personas que representan la mitad de la población siria. ¿Y todo para qué? Para derrocar al gobierno de Siria, encabezado por Bashar al-Asad, que se ha resistido a someterse a los poderes económicos occidentales.

En este contexto, las lágrimas de cocodrilo derramadas por los líderes europeos pretenden sacar provecho de la crisis humanitaria -provocada por ellos con la venta masiva de armas- y quedar como los buenos de la película. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, considera que se deben recibir 'con los brazos abiertos' cuando menos a 160 mil refugiados, que de acuerdo con las cifras arriba mencionadas no pasa de ser una cifra simbólica, por decirlo de alguna manera. Queda claro que no se trata de resolver la crisis humanitaria sino salvarle la cara a los países ricos de Europa y honrar, aunque sea de los dientes para afuera, lo que queda del humanismo en una región que depende de la catástrofe de vastas regiones del mundo para mantener con vida el sueño de un mundo libre y democrático.

La foto que obligó a que los líderes europeos a reconocer el problema describe el horror que ha provocado la guerra en Siria. El niño de tres años Aylan Kurdi -ahogado junto con su madre y su hermano en el fallido intento de cruzar el mar para llegar a las costas griegas- dejaba atrás todo su mundo para simplemente sobrevivir. De hecho, ya lo había intentado antes, cuando solicitó asilo en Canadá, donde reside una hermana, pero fue rechazada por no estar completa e incumplir con el reglamento. En el colmo del oportunismo, el gobierno canadiense ha ofrecido el asilo al padre de Aylan, como una manera de compensar la muerte de su mujer y dos de sus hijos. En todo caso, la hermana de Aylan declaró que no culpa de su muerte al Canadá sino al mundo entero.

La discusión en Europa se circunscribe a la cifra mágica de cuántos refugiados pueden ser aceptados y no en la manera en la que los países ricos podrían detener el flujo de armas al Medio Oriente. Y es que al final, la crisis del humanismo en Europa y el mundo tiene que ver con que el ser humano ha sido desplazado del centro de las preocupaciones de la humanidad por la sed de ganancias, por la lógica irracional del capital. Y por ello seguirán muriendo miles y miles de personas que huyendo de la barbarie chocan con el muro invisible del interés y la ganancia.

Tal vez desde nuestro país, la crisis humanitaria se vea lejana, ajena a nuestra vida cotidiana. Lamentablemente en México, el flujo indiscriminado de armas y municiones alimenta la guerra civil que vivimos. Y todo para que la industria militar florezca y mantenga viva la ilusión de Wall Street y sus lacayos: larga vida al capital. Mientras tanto, miles y miles de mexicanos siguen huyendo del país, no sólo por falta de oportunidades sino también para salvar la vida. Y al igual que Aylan, ¿cuántos niños mexicanos y centroamericanos han muerto en el intento, en medio del desierto? Pero eso si, el gobierno de México analiza la posibilidad de asilar a ciudadanos sirios para sacarle provecho a la máscara del humanismo.

Más sobre el neoliberalismo

Camilo González

“En regímenes tan ostensiblemente dominados por la política, no cabe trazar una línea divisoria clara entre acontecimientos políticos y económicos.”

Hobsbawm

El fin de siglo anterior nos trajo consecuencias funestas. Una de ellas fue que los estados y gobiernos del mundo dejaron de ser los principales empleadores de las personas. Y como los ochenta y los noventa fueron años de puras crisis en todo el mundo, otra consecuencia funesta fue que la riqueza se concentró aun más en el 10 por ciento de la población más rica, mientras que la pobreza se recrudeció en el 10 por ciento de la población más pobre.

Esto nos recuerda en México a Carlos Salinas y a Ernesto Zedillo.

La riqueza misma es un concepto que ya no entraña el mismo significado que tenía, por ejemplo, en la década de los 70 o como dice el clásico (Eric Hobsbawm), en el “principal régimen neoliberal, los Estados Unidos del presidente Reagan” que creó un déficit gigantesco y un enorme plan armamentístico. De esta manera, el gasto se concentró en las actividades militares, sector en el que la riqueza aumentó, mientras que se redujo en los servicios públicos de salud, donde incluso se privatizó el servicio médico para los trabajadores, lo que por ende les provocó una disminución de su “riqueza”.

Continúa el historiador inglés: “el triunfalismo neoliberal no sobrevivió a los reveses de la economía mundial de principios de los noventa, ni tal vez tampoco al inesperado descubrimiento de que la economía más dinámica y de más rápido crecimiento del planeta, tras la caída del comunismo soviético, era la de la China comunista”.

De esta manera, los valores morales del neoliberalismo, impuestos a través de los llamados aparatos ideológicos del estado (Althusser) y de la cultura dominante -por ejemplo, de Hollywood y Nueva York- fortalecieron una idea de que la riqueza está en función del consumo, del exceso y de la fama. Los valores tradicionales que se transformaron en casi todo el mundo durante las revoluciones de los años sesenta, continuaron su vertiginoso cambio hasta entrado el siglo XXI.

A fin del siglo pasado, la riqueza ya no tenía que ver con los lazos familiares, ni con los valores tradicionales que podían ser incluso ancestrales, ni necesariamente con el conocimiento: los cambios que provocaron las revoluciones tecnológicas, políticas y económicas dividieron al mundo entre los ricos y los pobres, para no usar el eufemismo desarrollo/subdesarrollo, pero esto no trajo clases políticas mejor educadas o con sentimientos sociales más arraigados. Tampoco generó un mayor sentimiento de solidaridad o fraternidad (haciendo evidente que los valores menos respetados serían la justicia y la igualdad). La tendencia no parece cambiar ahora que ya está entrado el siglo XXI.

De ahí surge la necesidad de abrir y profundizar la discusión sobre el modelo neoliberal, que aparentemente está fundado en principios políticos y en modelos económicos, pero cada vez más se revela como un sistema de dogmas mezclado con propaganda y retórica desarrollista, centrada de forma repetitiva en la inversión privada, en el crecimiento, en la generación de más y “mejores” empleos, lo que contrasta de forma evidente con las condiciones reales de pobreza, desgaste del poder adquisitivo y aumento de la violencia. 

¿A quién le conviene reivindicar a Porfirio Díaz y para qué?

Entre gritos y jaloneos, el pasado primero de septiembre fue develada una estatua de Porfirio Díaz en la ciudad de Orizaba, Ver. Pagada con dinero aportado por el presidente municipal de ésa ciudad, Juan Manuel Diez Francos –algo difícil de creer en los tiempos que corren- pero colocada en un espacio público, la estatua reproduce la figura del dictador con uniforme militar cuajado de medallas. Resulta revelador que la imagen corresponda al Díaz en el ocaso de su poder y no en su juventud, cuando enfrentó a los franceses y cimentó su fama y su gloria militar. Se reivindica así la figura del dictador, decadente pero represor,  y no la del joven militar que enfrentó a los franceses.

Los argumentos utilizados por Diez Francos se resumen en una palabra: progreso. Gracias al oaxaqueño, México arribó a la modernidad y logró el respeto de la comunidad internacional (o sea de los países colonialistas). El hecho forma parte de una campaña hábilmente promovida en la opinión pública por los dueños del dinero para reconvertir la figura de Díaz a las necesidades del presente y de paso echar agua a su molino. Dicha campaña inició, hace algunos años, gracias a la intervención de los historiadores del régimen, quienes consideraban una injusticia ‘histórica’ que los restos del dictador siguieran enterrados en suelo extranjero. El mes pasado el cabildo de la ciudad de Oaxaca, en sesión solemne, se pronunció por la repatriación de los restos del general. Durante el homenaje luctuoso –con salvas de fusilería y banda de música-, las autoridades municipales estuvieron acompañados por representantes de la legislatura y del ejecutivo local, coincidiendo en que gracias a Díaz México arribó a la dorada modernidad.

Las opiniones sobre el tema se han polarizado claramente entre los que consideran que el encono y la satanización de Díaz deben superarse y los que se niegan a colocarlo en el panteón de los héroes de la nación, siguiendo a la historia oficial escrita después de la revolución de 1910. Sin embargo, ambas posturas ignoran el contexto en el que se pretende reivindicar al dictador y sobre todo a quien le conviene. Al mismo tiempo, se echa mano de la historia como espacio exclusivo de los grandes héroes -al mejor estilo de Carlyle, quien los coloca como los únicos que definen el devenir histórico- que dicho sea de paso, hace tiempo fue marginada por buena parte de los que interpretan la historia en nuestros días.

Si partimos del contexto en el que se presenta la operación mediática e ideológica para reciclar la figura de Díaz en nuestros días, tal vez se pueda comprender mejor sus razones. Nuestro país está caracterizado hoy por la militarización, la centralización política, el asesinato recurrente de periodistas críticos, la represión de huelgas y paros laborales y la existencia de bandas paramilitares a lo largo y ancho del país; todo ello barnizado con la promesa de un México moderno y en consonancia con la dinámica neoliberal de la economía mundial. En el fondo del discurso dominante, lo que aparece es la idea de que el desarrollo –actualización de la palabra progreso- exige orden, unidad y represión de toda disidencia porque ofende a México, pero sobre todo porque pone trabas al propio desarrollo y condena a la pobreza a millones.

El orden y el progreso fueron los pilares del régimen porfirista, quien en su afán modernizador no paró en mientes para llevar una guerra genocida en Yucatán contra los mayas o en Sonora contra los yaquis para despojarlos de sus tierras mientras los deportaba a Yucatán. Y la institución que llevó a cabo semejante empresa no fue otra que el ejército - magistralmente retratado por Heriberto Frías en su novela-reportaje Tomóchic-  el cual además cobró fama por institucionalizar la Ley Fuga, que no es otra cosa que una ejecución extrajudicial. Agréguele a lo anterior la matanza en Rio Blanco, ordenada directamente por el general después de haber sido mediador entre los empresarios y los trabajadores; o los rurales, que no eran más que criminales que contrataba el estado para torturar, matar y robar en nombre de la ley a los enemigos de la dictadura y, de vez en cuanto, a los verdaderos criminales. ¿Le recuerda algo lo anterior?

Así que el problema no es si se acepta a Porfirio Díaz como parte de la historia de México o no, si se le coloca en el panteón de los héroes o no. El problema es que la reivindicación acrítica de su figura favorece la reivindicación de su régimen, caracterizado por la idealización del progreso e ignorando el enorme costo social provocada por la barbarie institucionalizada desde el poder. Sobra decir a quien le conviene reivindicar la dictadura porfirista: a los depredadores de hoy, que desde las esferas del poder político y económico buscan justificar o naturalizar la barbarie en la que vivimos, ahora para mantener sus privilegios. Y para eso no dudan en utilizar la figura del general oaxaqueño de manera acrítica y apelando a la compasión de la nación. En todo caso, lo que les interesa no es la justicia histórica sino el mantenimiento de su dominación. 

Las bases materiales de la narcopolítica

Luis Hernández Navarro

Rompeviento Tv

México es un país productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesa amapola y mariguana. De hecho, es ya el segundo fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas, con precursores químicos que llegan de Oriente a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Nuestro país es también zona de paso de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y, sobre todo, a partir de que los cárteles colombianos comenzaron a pagar a sus socios mexicanos en especie y no sólo con dinero o armas, un creciente consumidor de estupefacientes.

La economía mexicana está entre las 15 más grandes del mundo. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de 1.5 billones de dólares al año, 300 mil millones provenientes de exportaciones. De acuerdo con un estudio del Congreso Mexicano, las actividades económicas del crimen organizado representan el 10% del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares.

De esta cantidad, 40 o 45% proviene del tráfico de drogas, alrededor de 30 o 32% se obtiene del tráfico de personas, alrededor del 20% de la piratería y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares del tráfico de drogas. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, la principal empresa del país. Al no haber empleo, el gran empleador es el narcotráfico.

La implicaciones de este flujo de dinero son múltiples: en el terreno económico-financiero, en la política y en la procuración de justicia.

Las empresas que manejan comercio clandestino de drogas se rigen por las mismas leyes que gobiernan la evolución de las empresas capitalistas en cualquier rama de la industria o de los servicios. Por ejemplo, la realización de dos actividades simultáneamente les reduce los costos unitarios, de tal manera que es más barato producir esos dos productos simultáneamente que producirlos por separado. Por ejemplo, trasladar droga y migrantes. Las rutas, las redes de protección y la logística son las mismas.

Para algunos grupos de narcotraficantes el tráfico de drogas no es su principal ingreso. Hasta 2007 teníamos un patrón en donde los narcotraficantes eran narcotraficantes y los contrabandistas eran contrabandistas. Pero, a partir de 2007, los Zetas encuentran en esto otra área de oportunidad y empiezan a controlar de manera simultánea contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de blancas.

Esquemáticamente, podemos decir que en México existen dos economías que marchan a velocidades distintas. Por un lado, tenemos una economía clandestina, con grandes cantidades de flujos de capital; por otro lado, una economía estándar, la economía legal, digamos estancada, que está en el piso, que no puede crecer.

La economía criminal necesita blanquear sus ganancias, es decir, introducir el capital líquido a los canales legales de la economía. Para ello se establecen empresas que empiezan a hundir sus raíces en la economía, en el tejido económico, de manera muy profunda.

Uno de los mecanismos usuales de lavado de dinero es el turismo, con los hoteles, antros, compañías que alquilan coches, etcétera. Es muy importante también la compra de bienes raíces, de autos, de joyas y de arte. Pero, sin duda alguna, el principal canal para el lavado de dinero es el sistema financiero, a través de casas de empeño, de centros cambiarios, de empresas que se dedican a transferir las remesas. Y, por supuesto, de los grandes bancos.

El mejor ejemplo de cómo el dinero sucio del crimen organizado se blanquea en los circuitos financieros legales es el caso del banco HSBC. Este banco reconoció públicamente que había movilizado entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. Aquí en México fue multado por una cantidad que más o menos equivale como al 10% de sus ganancias en un trimestre. Pero no hay un solo preso.

Sobre el lavado de dinero hay mucha impunidad. Lavar dinero, introducir dinero sucio al sistema financiero no es delito si estás en posibilidad de pagar una multa.

Sin embargo, la asociación entre empresarios de cuello blanco y narcotraficantes va más allá del negocio de lavado. Asolados por la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad, muchos empresarios pactaron acuerdos con el crimen organizado para conseguirla. Los narcos ofrecen el servicio del transporte, ofrecen la protección, ofrecen la comercialización, ofrecen las custodias.

De allí la relación pasó a niveles de otra naturaleza. Por ejemplo, pedir otro tipo de favores, como cobrarle a un proveedor que no paga o sacar a un competidor del mercado. Dos casos de esta alianza son el robo y venta de combustibles y la minería.

Tanto dinero líquido proveniente del narco ha alterado la política mexicana. Los viejos vicios han crecido y se han ensanchado. Bajo su influjo, el viejo cáncer ha hecho metástasis. Como ha señalado Edgardo Buscaglia, México es un país de muy bajo costo para los grupos criminales internacionales. Y cuando llegan tratan de capturar a políticos a bajo costo también. Es muy fácil hacerlo. De la mano entra en escena la violencia. La ecuación es sencilla. La violencia ya existía. Ahora se ha multiplicado gracias a la corrupción política.

¿Que pasaría si quitamos del circuito financiero los 65 mil millones de dólares que entran por concepto de tráfico de estupefacientes? Mientras va droga, regresa dinero. Por un lado, ese dinero representa -seguramente de una forma indeseada- capacidad de una familia para consumir, para comprar, para mover los pequeños negocios de esa comunidad. Por el otro, es una dependencia insana como todas las dependencias. Hay dependencia de las drogas y hay dependencia de ese dinero de las drogas.

Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal, hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado.