El sábado 4 de julio, alrededor de la dos de la madrugada, un grupo de jóvenes fue retenido en la vía pública por una patrulla de la policía estatal, exactamente en la esquina de Xalapeños Ilustres y José María Mata. Se les ordenó que colocaran las manos sobre la pared. Una fila cabizbaja de cerca de diez o doce varones de corta edad, y cinco oficiales con atuendo de policía militar fuertemente armados registrando con violencia las pertenencias personales de los jóvenes. La escena parecía tomada de ese acervo de imágenes que durante décadas mantuvieron en la confidencialidad las dictaduras sudamericanas, y que muestran el férreo control del espacio público que impusieron las juntas militares en contra de la totalidad de la población civil. En esa época se argüía la presencia de una conjura comunista. En nuestra época el presunto enemigo es vago e impreciso; aunque la excusa que escolta a estos operativos cuasimilitares es casi religiosamente la cacareada “seguridad pública”. Después de la auscultación aparentemente rutinaria, los elementos de la policía regresaron a la patrulla. A la distancia se alcanzó a escuchar a otra persona, que nada tenía que ver con el asunto, proferir un par de improperios folklóricos en contra de los efectivos policiales. Como si se tratara de una terrorista o disidente político o estudiante universitario (que no son lo mismo pero en los cálculos del gobierno son iguales), los agentes evacuaron otra vez la unidad y avanzaron en posición de ataque hacia el “insolente” transeúnte. El hombre, de unos 35 años de edad, corrió en dirección al establecimiento más próximo e ingresó por la entrada principal, acaso pensando que allí no podrían seguirlo. Los policías entraron al lugar sin titubear, y con lujo de violencia amagaron con aprehender al “fugitivo”. Después de un forcejeo bochornoso, los agentes de la policía estatal abandonaron el sitio y abordaron nuevamente la patrulla, dejando libre al hombre.
Podría sugerirse que se trató de un asunto menor e irrelevante. Pero el incidente cobra relevancia en el contexto de la instrumentación de la impresentable Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz. Incluso algunos de los testigos de esa noche estimaron que se trató de una puesta en práctica preliminar, una especie de ensayo de lo que se avecina con la entrada en vigor de esa Ley. Y es que el nuevo reglamento de Tránsito no es otra cosa que un empoderamiento de la fuerza pública y un debilitamiento de la ciudadanía y los derechos civiles. Tan sólo tres o cuatro días después de ese incidente, una patrulla de la fuerza civil (unidad de elite de la policía estatal) estuvo involucrada en un accidente en el que se presume que fue responsable de impactar a un taxi, causando daños aparatosos a la unidad. La patrulla, marcada con el número económico F-2558 (alcalorpolítico 7-VII-2015), se dio a la fuga sin que hasta la fecha se decrete alguna sanción contra los elementos de la fuerza civil.
La Ley de Tránsito no es llanamente un endurecimiento de la ley; es un endurecimiento de la ley contra la población civil. Que esa Ley establezca como una obligación de los peatones la de siempre “portar una identificación con fotografía, en la cual se señale la dirección de su domicilio”, o que prevea sanciones que incluyen “arrestos administrativos” con base en criterios como la “ofensa de la autoridad”, “alteración del orden” o la “paz pública”, no es de ningún modo algo consustancial a una preocupación de orden vial. Que la Ley contemple la instalación de cámaras y radares por toda la ciudad, o que imponga multas que exceden el 1000% de un salario mínimo en el país, o que refuerce los retenes u operativos de alcoholemia, o que faculte a los agentes de tránsito para detener por capricho a cualquier vehículo, o que decrete la obligatoriedad de un “permiso para el uso de la vía pública” allí donde una persona o grupo pretenda realizar una manifestación, poco o nada tiene que ver con la seguridad o la paz o la integridad de la ciudadanía. Al contrario, se trata notoriamente de una Ley que aspira a constreñir la movilidad social, inhibir el uso del espacio público, y decretar una especie de “toque de queda” no declarado.
Las consecuencias previsibles de la Ley de Tránsito deben constituir una prueba de intencionalidad. Entre esas consecuencias predecibles destacan tres: uno, el tránsito restringido de la vía pública o la transgresión flagrante del derecho de movilidad; dos, la represión gubernamental de manifestaciones o actos públicos ciudadanos que cuestionen el ejercicio violatorio de la función pública; y tres, la persecución sin restricciones de la totalidad de la población por parte de la fuerza pública, con el propósito de imponer multas a granel y sanear el mal estado de las arcas públicas rutinariamente sujetas al bandidaje institucional.
La constante acción vejatoria de los agentes policiales en Veracruz no es un asunto que frene a la autoridad civil en la persecución de su agenda. La evidencia sugiere que esa “acción vejatoria” es el fondo no declarado de las políticas de seguridad, incluido el nuevo ordenamiento vial. Esa terca omisión de la realidad es la norma en las alocuciones de los funcionarios públicos. Según el alcalde de la capital veracruzana:
“Hoy Xalapa cuenta con un mejor cuerpo policiaco y por supuesto que debe de seguirse fortaleciendo, no digo que sea un trabajo acabado pero hoy tenemos un mejor cuerpo de servidores públicos que cuidan los intereses, el patrimonio, así como la integridad física de los xalapeños” (alcalorpolítico 7-VII-2015).
Cabe traer a la memoria la advertencia del catedrático José Antonio Pascual: “Disimular la realidad con los subterfugios del lenguaje puede permitir salir del paso una vez; institucionalizar ese proceder conduce a la más sutil de las dictaduras: la de la mentira ejercida desde el poder, desde cualquier forma de poder”
De la Ley de Tránsito sólo se pueden esperar dos cosas: más hostigamiento policial y más impunidad.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/ley-de-transito-del-estado-o-la-ley-de-hierro-de-la-policia/
No hay comentarios:
Publicar un comentario