PRIAN: agenda gringa

John Saxe-Fernández

La Jornada 

La agenda económica, de seguridad y migratoria pactada por el Ejecutivo con beneplácito oligárquico y adoptada por el PRIAN para el segundo tramo del sexenio, es la dictada por Washington. La adhesión de Los Pinos al ultra-secreto Acuerdo Trans/Pacífico del que hasta ahora se conocen ominosos detalles gracias a algunas fugas es de un sometimiento tan desleal al interés público nacional, como su adhesión a la guía policial-militar del Departamento de Defensa (DdD) a través del comando norte, de la Iniciativa Mérida en el combate al crimen organizado y a la tutoría del Departamento de Seguridad del Interior (DHS, en inglés) sobre migración y manejo fronterizo. Después del alud de "reformas estructurales" y de contar con una mayoría adosada con el Partido Verde y el Panal, no han desaparecido ni el dinosaurio ni el elefante que, según el finado ex primer ministro Pierre Trudeau, yace entre México y Canadá.

En materia migratoria ¿estamos realmente, como dice Amnistía Internacional, en presencia de "una falla generalizada de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar hechos violentos y de violación de derechos humanos cometidos contra migrantes, principalmente centroamericanos en su paso a Estados Unidos (EU)" o, dado lo sistemático de dicha "falla", de una política deliberada que transforma al país en "tapón migratorio"; en territorio "extremadamente peligroso para personas en tránsito", con su secuela de ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzadas, fosas comunes, extorsiones, violaciones y todo tipo de ataques contra migrantes, con autoridades federales y estatales "más ansiosas por expulsar gente que por salvar vidas"? (La Jornada 19/6/15 p.7) Más que anómalas las omisiones en la indagación de hechos violentos y el aumento de tales ataques serían parte de la rutina: entre 2013 y 2014 el secuestro de migrantes se multiplicó por 10, pasó de 62 denuncias en 2013 a 682 en 2014 "cifra que podría aumentar en el presente año" (ibid).

Fue la alarma de Felipe Calderón ante la propuesta de AMLO de restablecer el servicio de pasajeros por ferrocarril lo que visibilizó lo del tapón migratorio. En un debate presidencial, Calderón se opuso porque agilizaría el tránsito de personas al norte, evidenciando, de paso, su apego a la agenda de seguridad de EU en México, que además de criminalizar la migración forzada, fue retomada por el peñismo al prohibir viajar en el techo del tren de carga (la bestia) parte del plan Frontera Sur que recrudece persecución y maltrato contra migrantes haciendo más mortífero y riesgoso el viaje hacia EU. La subordinación de Calderón y Peña a la política militar de EU, endosando la participación mexicana en operaciones de mantenimiento de paz, fue un boleto de peso en la ruta de ambos a Los Pinos concitando el apoyo del aparato de seguridad civil y militar de EU. Así se infiere, en el caso de Calderón, del cable del embajador Garza al Departamento de Estado sobre el contexto electoral con motivo de la visita de Donal Rumsfeld en abril de 2006 (06MEXICO1889 Wikileaks/La Jornada): “dos de los tres candidatos … continuarían con la resistencia mexicana a enviar tropa al extranjero. Si el PAN regresa (al poder) presionará a favor de mayor papel militar en el extranjero”.

Con este boleto en el bolsillo, apenas llegó a Los Pinos el panista decidió tanto lanzar la guerra al narco, desatando una tragedia humana de enorme calado, como dar entrada a tropa y equipo militar de EU en puertos, aguas territoriales y fondeaderos, aeropuertos y puntos clave del territorio, a la instalación de bases: trató de abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País (Ley de Neutralidad) promulgada por Lázaro Cárdenas en noviembre de 1939 (El Universal, 20/4/07). Se trata de un diseño de seguridad del que Michel Chossudovsky ha ofrecido detalles: conocido como integración profunda de América del Norte es un diseño post-westfeliano impulsado por el Foreign Relations Council, alto cabildo empresarial-bancario y del aparato de seguridad planteado en 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta. Trátase de un desborde castrense de EU que deroga, mediante la desnacionalización de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los Estados-nación mexicano y canadiense que, de paso, aniquila la noción westfeliana de igualdad jurídica de los estados a favor de EU (LJ,26/4/06).

EU no quita el dedo del renglón: en 2015 la intentona para anular la Ley de Neutralidad la protagoniza el PRI que recién presentó una iniciativa para abrogar esa ley (LJ/15/6/15/p.7). Goebbelianos que son, los mándamases prianistas olvidan lo que el general Roberto Badillo, ex secretario de la Comisión de Defensa, y el diputado Carlos Rojas argumentaron en 2007: que México estaría arriesgando vidas en conflictos que no nos atañen y que al derogar esta ley (se) nos coloca en un plano a disposición de la ONU y del país más poderoso que es EU.

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El desencanto democrático y la muerte de la ciencia política, ¿una correlación? / II

La ciencia política: ¿crónica de una muerte anunciada?

La ciencia política está a un paso de la autoinmolación. Alguien, en algún lugar, sostuvo que los partidos políticos no mueren de causas naturales; se suicidan. La ciencia política se perfila, según algunos autores, para correr con la misma suerte. Pero la muerte que anuncian los apóstoles de la disciplina no es la muerte que acá se aprecia como inminente. Porque no es ese campo de saber el que se encuentra en insana decrepitud, sino el conjunto de métodos, procedimientos o criterios que rigen el quehacer politológico. Lo que desfallece no es lo político o la politicidad: es lo “científico-instrumental” y “liberal” de la disciplina. El relato de la “muerte de la ciencia política” es la tentativa de rescatar lo decrepito e insano de esa modalidad específica de tratar lo político, frente a la emergencia de otros paradigmas. La presunta muerte que describe ese relato es una muerte artificiosa. Al respecto, Víctor Hernández, en su reseña de “La muerte de la ciencia política” de Cesar Cansino, hace notar:

"Me temo que el propósito del autor no consiste en despedir de manera precipitada a la ciencia política como un todo, sino en todo caso, liberarla de aquellos enfoques que desde su punto de vista se han revelado estériles y que dada su persistencia, representan un estorbo para el desarrollo de la propia disciplina. Dicho de otra forma, se habla de una muerte metafórica en tanto que las propuestas improductivas amenazan por situar a la ciencia política en su fase terminal".  

Es decir, la muerte que sofísticamente decreta Cansino (siguiendo borreguilmente a su mentor Giovanni Sartori), no es una invitación para “impensar” los fundamentos de la disciplina. Al contrario, el autor sólo aspira a posicionar la visión clásica de la ciencia política (liberal-estadocéntrica) en el marco de la guerra entre escuelas de pensamiento. El propio Cansino evidencia el fondo de su preocupación, que poco o nada tiene que ver con una intención de situar a la ciencia política en una fase terminal: 

"[…]hay que abandonar las tentaciones neomarxistas, posmarxistas o posestructuralistas incapaces de sacudirse las taras del pensamiento dicotómico del bien y del mal y los esquemas deterministas, tan socorridos por los Bourdieu, los Negri, los Zizek y los Wallerstein, que en lugar de explicar la complejidad la simplifican y reducen a esquemas autorreferenciales".  

Sin falsos pudores, la propuesta de Cansino consiste en “limpiar” la ciencia política de todos los influjos teórico-epistemológicos que pudieran representar una amenaza seria a los esquemas tradicionales del estudio politológico. Sartori, Cansino y consortes, urden una crítica que no es crítica, que más bien es una renuncia al cuestionamiento de las bases cognoscitivas heredadas de la modernidad y el liberalismo. Deja intacta la instrumentalidad del conocimiento, la especialización disciplinar, la condición estadocéntrica de los saberes humanísticos etc. 

En suma, ese decreto vacilante de expiración de la ciencia política es una adhesión nostálgica a los encantamientos de lo moderno, y un empeño por acordonar celosamente la disciplina en los dominios supersticiosos del credo liberal.   

La crisis o muerte que se avizora no es la de la política, quizá ni siquiera la de la ciencia política: el acta de defunción trae inscrito en letras grandes: “encantamientos de la modernidad”. 

De la crisis de representatividad a las transiciones fallidas: la ruta del desencanto democrático o los embrujos de la modernidad 

Tras la jornada electoral que recién acaba, Luis Hernández Navarro publicó un artículo en La Jornada que cerró con una conclusión sintomática del malestar en nuestra era: 

"En estas circunstancias, hablar de que los comicios fueron un éxito o de que la democracia avanza en el país, es un despropósito. Es cierto que fue una elección histórica, pero no por lo que sus apologistas esgrimen sino por lo contrario. El saldo final arroja que hay un grave problema de representación política y de malestar con el sistema de partidos existente. Una crisis de representación en serio". 

El liberalismo político, tributario de la filosofía occidental, recupera una vieja discusión: a saber, la tensión entre “hecho” y “valor”, la no coincidencia entre “evento” y “sentido”. 

"[…]la democracia está especialmente abierta a, y depende de, la tensión entre hechos y valores… A pesar de su inexactitud descriptiva, [el término democracia] nos ayuda a mantener ante nosotros el ideal: lo que la democracia debiera ser… Para evitar un mal comienzo debemos, por tanto, conservar in mente que… el ideal democrático no define la realidad democrática y, viceversa, una democracia real no es ni puede ser una democracia ideal" (Sartori). 

Cuando Hernández Navarro señala “el grave problema de representación política” no hace más que subrayar la contradicción entre el hecho y el valor, es decir, entre la “democracia realmente existente” y lo que la democracia debiera ser. Y cuando previene acerca de la ironía de algunos medios que sugieren “que los comicios fueron un éxito o de que la democracia avanza en el país” sólo pone de manifiesto la ironía inherente a la definición descriptiva de la democracia real, que es básicamente la ironía constitutiva de la teoría democrática liberal: a saber, la de prescribir formas óptimas de circulación de élites políticas, pero sin reparar en los contenidos sustantivos de la política. Un liberal de cuño argüiría que el problema de Hernández Navarro es ese “exceso de expectativas hacia la democracia”. La previsible desilusión en torno a la “democracia real” constituye el fondo oscuro sobre el cual se urdió el relato del “desencanto democrático”. 

Esta noción minimalista o “desencantada” de la “democracia realmente existente”, que sólo atiende los aspectos técnicos-procedimentales de la circulación de élites políticas, fue posible gracias a otra actitud del liberalismo: la de convertir valores en estado de cosas. La paz, la libertad, la democracia, desde el punto de vista liberal, se conciben como estados de cosas. “Estado democrático” u “orden democrático” son algunas de las expresiones que ilustran esta distorsión del liberalismo. 

Otro discurso que abonó a la perversión del concepto de democracia fue el de la “transición democrática”. Este metarrelato explotó otro encantamiento de las sociedades modernas: el de las antinomias de la modernidad. La falsa oposición autoritarismo-democracia es un hechizo en el que convergen múltiples encantamientos de la modernidad.

Ese discurso es acaso el más insidioso de la teoría democrática, porque aspira a invisibilizar los contenidos altamente autoritarios de la “democracia realmente existente”. Omite, por ejemplo, que el principio de representación es el germen de un ejercicio tiránico de poder. 

"La idea de representación implica la delegación de la voluntad de la mayoría a una minoría... En la práctica, los ciudadanos votan a favor de elites políticas ya constituidas como oligarquías. Estas últimas definen dinámicas e intereses propios y no responden necesariamente a las demandas de los ciudadanos… Aun así, se suele hacer una distinción entre regímenes democráticos y no democráticos"  (Malik Tahar). 

Los excesos de la realidad nos permiten conjeturar que esta distinción es sólo formal, incluso en los países que presumen de “madurez democrática”, pues los grandes tópicos económicos y políticos a menudo se discuten en conciliábulos oscuros e impermeables a la fiscalización ciudadana. El ensanchamiento de la esfera privada, y la consecuente contracción de la arena pública es otro ejemplo del avance de posiciones autoritarias en las sociedades modernas.  

En suma, este discurso de las “transiciones…” adopta una serie de entidades mágicas típicamente modernas (antinomias, “desencantos” etc.) para inocular con plagios supersticiosos el concepto de democracia, y tratar de silenciar una verdad empíricamente incontrovertible: a saber, que las modernas sociedades occidentales esconden, bajo un disfraz seudodemocrático, una estructura de poder totalitaria. En ese disfraz seudodemocrático se incuban los embrujos más indiscretos de la modernidad.  

La democracia en clave liberal existe sólo bajo el conjuro de la simulación. La política en clave científica es presa de ese conjuro. He allí la correlación.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/el-desencanto-democratico-y-la-muerte-de-la-ciencia-politica-una-correlacion-ii/

Terrorismo de estado a la veracruzana.

De acuerdo con la definición de Miguel Bonasso (Terrorismo de Estado, 1990) el terrorismo de estado es “… un modelo estatal contemporáneo que se ve obligado a transgredir los marcos ideológicos y políticos de la represión "legal" (la consentida por el marco jurídico tradicional) y debe apelar a "métodos no convencionales", a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada.” El ataqueperpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra de ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana cumple sin duda con los elementos básicos de la definición citada. Veamos por qué.

La coyuntura política en la que se dio el ataque estuvo marcada por el proceso electoral en un municipio que claramente ha demostrado su oposición al PRI en los últimos años. El movimiento #YoSoy132 tuvo en Xalapa la fuerza suficiente para distinguirse en al ámbito nacional por su vitalidad y empuje. Pero además, las acciones encabezadas por estudiantes universitarios fortalecieron la tendencia opositora al darle el triunfo a AMLO en todo el estado y en la capital del estado, en donde el PRI no ganó una sola casilla para la diputación federal, triunfó ampliamente al candidato a diputado federal del PRD. Hoy se vuelve a repetir la historia pero con Morena. Sin duda estamos frente a un agravio para los mapaches pero sobre todo para un gobierno acostumbrado al carro completo.

Xalapa ha sido testigo de un crecimiento importante del movimiento estudiantil en los últimos años, particularmente en la Unidad de Humanidades en la que se concentran las carreras de Sociología, Historia, Letras, Idiomas y Antropología. El movimiento estudiantil ha contribuido de manera importante a que distintas protestas tomen fuerza y sean visibles incluso fuera del estado. Al mismo tiempo ha construido opciones de participación entre las que destacan el Comedor Autónomo, localizado en Humanidades, así como acciones de ocupación urbana como en su momento lo fue Casa Magnolia. Lo anterior es sólo la punta de iceberg de una corriente crítica en el estado, encabezada por el movimiento estudiantil, que ha generado la creación de grupos y colectivos dirigidos a la formación política y el trabajo comunitario.

Esta vitalidad del movimiento estudiantil ha sido sin lugar a dudas una piedra en el zapato del gobierno estatal, el cual ha respondido con ferocidad. Baste recordar la represión llevada a cabo por fuerzas regulares acompañadas de los habituales ‘civiles’ la noche del 15 de septiembre de 2013, cuando estudiantes y reporteros fueron agredidos sin miramientos en la plaza principal de la ciudad, al mejor estilo del gangsterismo político.  A este hecho habría que agregar todas las intimidaciones y amenazas sufridas por estudiantes vía telefónica o directamente al mantenerlos ‘vigilados’ que sólo eventualmente llegan a las páginas de los periódicos y que sistemáticamente ignoran las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La utilización de 'medios no convencionales’ por parte del gobierno veracruzano para contener el malestar social y la oposición crítica no se ha dirigido exclusivamente a los estudiantes sino a periodistas, miembros de ONG’s y a todo aquello que esté en contra de la dinámica estatal. El caso de las desapariciones forzadas en el estado no puede ser excluido de la dinámica represiva así como los feminicidios y los secuestros. Es difícil ignorar que, frente al debilitamiento de la legitimidad de las instituciones y la necesidad de imponer la venta de los recursos naturales del estado, las autoridades en Veracruz han decidido utilizar todos los medios posibles a su alcance para contener la protesta social. 

En el caso que nos ocupa, el ataque a ocho estudiantes no responde exclusivamente a una lógica determinada por el proceso electoral y la impotencia de los dueños del poder frente a la derrota en Xalapa. En realidad forma parte también de la lógica represiva estatal porque al perder claramente la capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía ha decidido echar mano de la fuerza para salir adelante con sus proyectos políticos y su necedad en mantener un modelo de desarrollo a todas luces incompatible con los intereses de las mayorías.

Al final, el ataque a los universitarios demuestra no sólo la crispación de las autoridades frente al crecimiento y organización de la protesta social sino un odio profundo (¿odio jarocho?) hacia los estudiantes que con su enorme vitalidad y generosidad han mantenido viva la oposición pública al gobierno. En un estado caracterizado por los altos niveles de violencia social y el enorme costo que implica la protesta para sus integrantes, los estudiantes universitarios han demostrado su inquebrantable compromiso ético, defendiendo los principios básicos de una sociedad que aspita a la democracia como su eje central. 

En este sentido, el ataque perpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra los ocho estudiantes es un crimen de odio (la saña con que fueron golpeados y luego la negligencia de las autoridades de seguridad para atenderlos lo confirman),  planeado para intimidar no sólo a los estudiantes activistas sino a todos aquellos que estén dispuestos a convertir la protesta en un acto de dignidad. Al igual que la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa representa sin lugar a dudas una muestra más en la dinámica del terrorismo de estado que vivimos.

El desencanto democrático y la muerte de la ciencia política, ¿una correlación? / I

Asistimos a una época de transformaciones convulsas. Este es un hecho incontrovertible. La enunciación de este estado de cosas, no obstante, sigue distintos tenores hermenéuticos. Unos hablan de crisis civilizatoria. Otros de un fin de la historia. Y no pocos de un desencantamiento del mundo, en cuyo seno agonizan los grandes ídolos, y las realidades se desprenden de todo resabio rancio de misticismo. Pero estos diagnósticos, aún cuando describan ciertas situaciones objetivamente latentes o manifiestas, adolecen de verosimilitud teórica, y con frecuencia incurren en prescripciones políticas camufladas en el argot academicista. En algo aciertan: consignan el fin de una era. Eso es un hecho, y como tal no puede ser verdadero ni falso, simplemente es. Ni nihilismo ni posmodernismo: sólo el fin de una era. Efectivamente, esa trayectoria epocal se extingue, y con ella languidecen criterios, sentidos comunes, materialidades. En ese trasfondo material e inmaterial se inscriben los temas que nos ocupan: a saber, eso que algunos denominan el “desencanto democrático” y eso que otros llaman –acaso por oportunismo o temor al purgatorio académico– la “muerte de la ciencia política”. Se trata de dos relatos estrechamente entrecruzados, que por cierto tienen poca importancia histórica.  De ninguna manera se trata de subestimar el recorrido que atraviesan la política o la democracia. Es más bien una advertencia acerca de la sobreestimación que no pocos incautos conceden a los enredos lingüísticos e ideológicos que prescriben los círculos académicos. Lo que está en cuestión es el ocaso de los cánones o criterios que sirvieron a la interpretación de la “política” y la “democracia”. Con la defenestración de la doxa liberal, que es el espectro dominante de la época que fallece, se disipan lentamente la tinieblas de la razón instrumental. Expiró la obligatoriedad de utilidad-aplicabilidad. El interés de conocimiento no sólo es técnico o práctico: el emancipatorio reclama centralidad. La política y la democracia se libraron de esa camisa de fuerza que redujo su condición a una mera cuestión técnica-procedimental. El imperativo instrumental coartó mucho tiempo la capacidad de advertir que la política es un hacer humano vital,  y que la democracia es un valor y no un estado de cosas susceptible de gestión tecnocrática. El “desencanto democrático” y la “muerte de la ciencia política” son relatos mas o menos conscientemente urdidos que aspiran a la salvación de la instrumentalidad, aunque con ropajes pretendidamente reformistas. Ambos relatos tienen un fondo común: son la respuesta conservadora a los vientos de cambio. Mas aún: el “desencanto democrático” es el correlato de la “muerte de la ciencia política”, o viceversa, y la presunta autenticidad de esas dos “consignas” reside exclusivamente en los conjuros idealistas que afirman esa condición. En seguida vamos a ver por qué. 

Cabe hacer notar que lo que a menudo se entiende como crisis de la democracia y crisis de la ciencia política, en  realidad no es tal. Por oposición a ese diagnóstico falsario, acá se traducen esas enunciaciones fatalistas como “desencanto” (democrático), por un lado, y “muerte asistida” (de la ciencia política), por otro. Por consiguiente, la crítica que se perfila acá no apunta a la democracia como valor en sí, ni a la ciencia política como campo del saber, aún cuando pudiera compartirse la preocupación de los estudios decoloniales en relación con la pertinencia de “impensar” las categorías e instrumentos de análisis tributarios del pensamiento liberal-moderno. El propósito es hurgar en el orden del discurso y en el “espectro de la época” esa correlación entre el “desencanto democrático” y la “muerte de la ciencia política”, que son las narraciones académicas que disfrazan la crisis del encantamiento de la modernidad. 

Encantamiento del desencantamiento: el discreto encanto de la modernidad

La crisis de la democracia y la ciencia política no es una crisis de la democracia o la política. Lo que hay es una crisis de un modo específico, históricamente condicionado, de tratar lo político (la democracia es un concepto político). Ese modo específico de tratamiento, que consiste en un conjunto de axiomas, enunciados doctrinales y metodologías herederas de la modernidad, es la fuente de esos posicionamientos teóricos que condenan a la democracia a un estado de instrumentalidad monolítica y a la ciencia política a una muerte por inanición.  

En este sentido, se hace imprescindible definir qué es la modernidad, así como identificar qué contenidos del liberalismo intervienen en esta trama de presunto desfallecimiento disciplinario-conceptual. 

En relación con la primera cuestión –la de la modernidad–, Saurabh Dube explica: 

“…la modernidad necesita ser entendida como una vuelta sobre procesos históricos distintos en los últimos cinco siglos. Aquí encontraremos procesos que implican, por ejemplo, el comercio y el consumo, la razón y la ciencia, la industria y la tecnología, el Estado-nación y el sujeto-ciudadano, las esferas públicas y los espacios privados, y las religiones y los conocimientos desencantados. Al mismo tiempo aquí serán registrados, también, los procesos que involucran imperios y colonias, raza y genocidio, las fes resurgentes y las tradiciones deificadas, regímenes disciplinarios y sujetos subalternos, y la magia del Estado y los encantamientos de lo moderno… De manera poco sorprendente aquí es también donde hay que encontrarse con los encantamientos permanentes de la modernidad. Éstos se vuelven, especialmente como ya se notó, hacia la imagen inmaculada de los orígenes y fines de la modernidad, así como a sus oposiciones dominantes: las mitologías formidables del imperio y la noción mágica, así como los encantos discretos del dinero y los mercados”.

Nótese que el autor habla de encantamientos modernos. Y es que la modernidad es una categoría de análisis que refiere a un proceso sociohistórico que encierra varios niveles de significación. Por ahora interésanos destacar dos: la racionalización de la acción humana, y la secularización de las sociedades. (Glosa marginal: la noción de desencantamiento está ligada a la desacralización, más que a la desilusión). En cierto sentido, la modernidad designa la liberación del individuo frente a las tinieblas o ataduras místicas que otrora edificaban materialidades e identidades colectivas. Pero como bien señala Dube, la modernidad sólo supuso un proceso de desacralización que a la postre condujo a otras formas de sacralización escondidas bajo el manto incuestionado de la lógica, la ciencia, la técnica y la razón, y que incluso este sistema cognoscitivo multimodal es en sí mismo una forma de sacralización. Estas consideraciones –sostiene el autor– colocan “las formaciones mágicas del dinero y los mercados así como el fetiche del Estado y la soberanía como parte de los encantamientos más amplios de la modernidad… [y] extiende las discusiones sustanciales de lo mágico y lo mítico como crucialmente constitutivos de la modernidad y sus expresiones”. 

Ya Marx había señalado los artificios mágicos que encierra la modernidad, cuando describe e interpreta el fetichismo de la mercancía, que es un encantamiento que precede a esos “encantos discretos del dinero y los mercados”, y una ilusión inscrita en la realidad, estructural y estructurante. 

Por añadidura al binomio racionalización-secularización, los embrujos epocales tienen otra fuente en las antinomias de la modernidad, señaladamente la oposición lógica-tradición o razón-religión. Dube escribe: “A pesar de su cuestionamiento crítico, estas oposiciones continúan engañando y seduciendo. Conducen a una vida encantadora en la academia y más allá, habitan los entendimientos conservadores, las imaginaciones liberales, las visiones radicales y las alternativas primitivistas y actuales”. Es amplio el inventario de antinomias supersticiosas de la modernidad: universalismo-particularismo, occidente-oriente, público-privado, desarrollo-subdesarrollo, ciencia-filosofía, cristianismo-islamismo… autoritarismo-democracia, etc. 

Los relatos del “desencanto democrático” y la “muerte de la ciencia política” son respuestas  conservadoras a una crisis que sí es crisis: la del encantamiento moderno y sus falsas antinomias. 

Ese encantamiento de la modernidad tuvo tres soportes fundamentales: el método científico, la razón técnica e instrumental, y el credo liberal. 

(Continuará en la próxima entrega…) 

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Fin al narcoestado

En las redes sociales circula una verdad que sólo algunos incautos se atreverían a objetar: a saber, que “la llama de la insurgencia está encendida”. Esta enunciación tiene básicamente dos implicaciones: una, que el país mudó de ánimo, que transitó de la indiferencia a la indignación; y dos, que la llama es sólo eso: una luz momentánea. La primera da cuenta de un estado de humor nacional, precedido por una larga secuencia de atropellos sin reparación, y un sentido de justicia sistemáticamente agraviado. (En cualquier rincón del país se puede escuchar un sonoro ¡ya me cansé!). La segunda indica el carácter volátil y transitorio de ese ánimo. De esta ecuación se desprende una consigna, que coincidentemente circula con el mismo eco en la redes: ¡desobediencia civil ya! En algo está de acuerdo la mayoría de la población en México, y es justamente en la necesidad de actuar, y preferentemente sin demoras. El sentido de urgencia no es en ningún modo una conjura contra la necesidad de reflexión metódica: es tan sólo el imperativo temporal que nos impone la magnitud de la crisis. Es preciso pensar y actuar. Y pensar y actuar ya. Un día en el presente nacional equivale a decenas de muertos a manos del crimen, la guerra y el Estado. 

Y puede ser que la muerte no tenga remedio; que no exista una figura de reparación mínimamente compensatoria para ese daño. Esta es una idea que seguramente a todos nos asalta con cierta frecuencia. Con más razón las muertes no pueden ser en vano. La magnitud del agravio debe traer consigo un desagravio de magnitudes mayúsculas. En México ni siquiera es meritorio de la verdad jurídica: acá la muerte encierra una triple injusticia: la de la criminalización, la de la humillación y la del olvido. La muerte impune y la impunidad letal son las divisas dominantes del narcoestado mexicano. 

Frenar el estado de horror es la primera tarea 

Precisamente el pensamiento y la acción deben abocarse a este primer objetivo. Los crímenes contra los normalistas en Guerrero arrojaron luz sobre un hecho que ahora es incontrovertible: la delincuencia organizada es el Estado, y el narco es el jefe supremo de ese Estado. Aún con toda la parafernalia pericial y mediática, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos mantienen firme su tesis: “Se los llevó la autoridad municipal; en complicidad con otra gente, pero se los llevó la policía en unas patrullas, se los llevó la autoridad… Pueden haber mil líneas de investigación pues ya sabemos que en Guerrero te ejecutan, te desaparecen, te asesinan, te encarcelan, te reprimen y no pasa nada. Eso ya lo conocemos nosotros. Pero no queremos que se desvíe la investigación de que los policías se los llevaron, y el Estado tiene que responder por eso. Fue su crimen” (Proceso 25-X-2014). 

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) refuerza esta hipótesis: “Los misteriosos civiles [a los que presuntamente fueron entregados los estudiantes]… son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”. Otra vez la imputación del crimen es atribuida a la autoridad. 

En este sentido, la inferencia es prácticamente una obviedad: la autoridad es responsable de este episodio de horror. 

Pero si nos remitimos a los hechos, y a la intuición práctica, descubrimos que esta ocasión de crimen barbárico no es un incidente aislado. En toda la geografía nacional se presentan situaciones análogas. Y los señalamientos de la población con frecuencia apuntan a la autoridad: efectivos militares, policías, paramilicias al servicio de un poder público o privado, etc. 

El Estado no sólo no es garante de los derechos humanos, sociales o civiles: el Estado es el principal transgresor de estos derechos. La suspensión de garantías individuales y colectivas es el oficio no declarado de ese Estado. 

Frenar el estado de horror forzosamente implica tomar el asunto de la reparación o procuración de justicia en manos de la población civil. No le podemos seguir pidiendo al verdugo que repare sus crímenes. Decretar el divorcio radical de la sociedad y el Estado es un paso firme en esa dirección. 

El Estado –se sostuvo en otra ocasión– “es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, a través de las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad, horror e ilegalidad”.  

La pregunta, en todo caso, es cómo denunciar e imputar penas categóricas al Estado. 

Desmontar el narcoestado es la segunda tarea 

El renglón jurídico de la lucha o insurgencia es sólo un acercamiento germinal. La insurgencia debe ocuparse de una tarea todavía más compleja: a saber, desmontar el conjunto de relaciones e intereses objetivos que priman en la vida pública nacional. El desmantelamiento del narcoestado es el objeto fundamental de esta segunda tarea. 

¿Qué es un narcoestado? 

“Un narcoestado es uno donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. La narcopolítica es la cría de los negocios criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narcofuncionarios, los patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. En este sentido, la impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley natural de un narcoestado. El Estado es el brazo legalmente armado de la empresa criminal...” (La Jornada Veracruz 17-X-2014). 

El narcoestado es el modo de organización de los intereses dominantes, y por consiguiente, el facilitador de los crímenes de lesa humanidad que estrangulan al país. 

El narcoestado se basa en el control de la seguridad y la política, a través del sicariato generalizado, la confiscación de presupuestos estatales y municipales, el financiamiento de campañas electorales, y la infiltración de los negocios criminales al interior de las corporaciones militares y policiacas. 

Esta penetración o ensamblaje criminal se traduce en una disminución de gubernamentalidad de las instituciones formales. El poder del Estado termina allí donde comienza la vida de la empresa criminal. 

En este sentido, desmontar el narcoestado involucra por lo menos tres programas de acción: uno, recuperar el control de la seguridad, que es el objetivo de las policías comunitarias y las autodefensas; dos, congelar los procedimientos políticos de representación (boicot electoral), que es la propuesta de Javier Sicilia; y tres, habilitar canales alternativos de gestión de los caudales presupuestarios públicos. 

La “llama de la insurgencia” no debe desviarse de esta coordenada fundamental: ¡fin al narcoestado!

http://www.jornadaveracruz.com.mx/fin-al-narcoestado/

Ponen a salvo a estudiantes de la UV en hospitales privados

La Jornada Veracruz

Luego de tres días de hospitalización en el Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” (CEM), los padres de familia de tres de los universitarios que fueron golpeados salvajemente por un grupo de hombres armados cerca de la Unidad de Humanidades, decidieron trasladarlos a instituciones de salud privada, porque que en el CEM “no nos han dado un diagnóstico real del estado de salud de nuestros hijos y tememos por su vida”; asimismo dieron a conocer que autoridades universitarias han reconocido que los ocho agredidos sí son alumnos de la Universidad Veracruzana (UV), por lo que resultó extraño que la rectora, Sara Ladrón de Guevara, entrara a por la puerta de atrás a visitar a los jóvenes hospitalizados sin dialogar con sus padres ni sus compañeros de escuela. 

En una improvisada conferencia de prensa en el CEM, Edith Escalón, Julián Ramírez y Giovana Mazzoti, integrantes de la Defensoría y Estrategias Integrales para la Protección de los Derechos Humanos y el Territorio (Deside), leyeron el boletín a nombre de los padres de familia y expusieron que en el hospital Rafael Lucio dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, hay incertidumbre generada por las versiones contradictorias, confusas, omisas y cambiantes sobre el estado de salud de los universitarios, incluso se había dicho que ninguno de los tres estudiantes más lesionados tenía fractura craneoencefálica, sin embargo, ayer le notificaron a uno de los padres de ellos que “había una fractura”, lo que puso en alerta a los demás familiares de los otros estudiantes. 

Por ello, se dijeron “sorprendidos” que cada vez que les preguntan a los médicos cuál es el diagnóstico de sus hijos no les entregan ningún documento ni permiten la valoración de un médico externo a la institución, es decir la interconsulta que es un derecho para cualquier paciente, ni el acceso a los expedientes, de ahí que determinaron trasladar a los jóvenes a otras instituciones de salud privada porque temen por la vida y su estado de salud ante la inexplicable manipulación de los partes médicos. 

Edith Escalón refirió que una vez que hay un reconocimiento de que están matriculados en la Universidad Veracruzana por parte de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, piden que sea la UV quien pague los gastos médicos que se generen y no el gobierno del Estado. 

Asimismo, comentaron que no se explican ciertas actitudes de la rectora de la Universidad Veracruzana, quien ayer llegó al CEM y entró por la puerta de atrás, “solo besó la mano de uno de los estudiantes hospitalizados para tomarse la foto, pero no entabló diálogo con nadie”. 

Además, de acuerdo a la agenda de rectoría, será hasta el día miércoles a las 10 de la mañana cuando la rectora Sara Ladrón de Guevara reciba a los padres de familia de los tres estudiantes hospitalizados y a las 11 de la mañana se reunirá con los otros cinco estudiantes que también resultaron con lesiones, quienes también se encuentra mal de salud, pero están siendo atendidos en instancias de salud privada. 

Lamentaron que después de seis días se abra un diálogo, ya que se trata de cinco estudiantes los que sí están en un estado crítico de salud, sin embargo, se está tratando de minimizar la situación de los estudiantes. 

Niega la SSP participación de policías en brutal golpiza 

El secretario de Seguridad Publica (SSP), Arturo Bermúdez Zurita desmarcó a los miembros de esa corporación policiaca de los señalamientos de los estudiantes y padres de familia en el sentido de que fueron policías encapuchados los que los agredieron el jueves ocasionando serias heridas a varios de ellos. Al mismo tiempo, dijo que a él no le corresponde indagar lo sucedido porque “no es investigador”, sin embargo ironizó con la actividad de los muchachos cuando sucedió el ataque, pues hay varias versiones de sus acciones de que “hacían comida para niños pobres y los vecinos se quejaban de que era muy ruidosos”. 

Rechazó que exista policía infiltrada, pues esta siempre se identifica bajo un uniforme y su respectiva identificación, “de ninguna manera, la policía actúa siempre bajo un uniforme, bajo una identificación, cuando recibimos el reporte del 066 llego la unidad más cercana, encontramos a jóvenes golpeados, según el reporte oficial”. 

Para el titular, abandonar a los estudiantes golpeados es parte de la táctica de los elementos de seguridad ya que uno de cada siete policías es paramédico y por “protocolo” tenían que esperar a que la ambulancia llegará para buscar a los responsables de tan atroz ataque, “cuando hay lesionados esperamos a que llegue el apoyo medico, una vez que la patrulla tiene que salir a rastrear, acusar es muy fácil estamos haciendo el trabajo como se debe”. 

Además admitió que se tengan registros con fotografías y videos de las cámaras del C4, de los manifestantes que “están incendiando y dañando” así como a los reporteros que cubren dichas protestas. Esto después de que el petista revelara una lista en donde fichan a estudiantes y activistas. No obstante, aseguró que la Secretaría sólo tiene fichadas a las personas que están o estuvieron en los reclusorios y con una orden judicial. 

“Lo que existe son fotografías, vídeos de cámaras del C4 de todas la gente que hace manifestaciones y dañan al público, existen vídeos, fotografías de ustedes mismos, de las personas que están incendiando, que están golpeando, dañando, es lo que tiene la Secretaría” justificó. 

Así, se dijo ser respetuoso de las distintas opiniones que piden su renuncia, pues también “tiene muchas opiniones pero se contiene”, esto luego de que el legislador Fidel Robles Guadarrama señalará la ineficacia de su administración para resolver los casos de agresiones y auxiliar a la ciudadanía. 

Si bien varios legisladores, organizaciones y ciudadanos han pedido la comparecencia del secretario y este no ha atendido la solicitud, Bermúdez Zurita aseguró que esta dispuesto a hacerlo siempre que los veracruzanos se lo pidan.

El saldo de las elecciones 2015: incremento de la impunidad y el malestar social.

Terminada la etapa de las campañas del proceso electoral mexicano de 2015 resulta indispensable reflexionar acerca de sus particularidades, de las ‘novedades’ y de sus consecuencias. En general, los actores políticos coinciden en señalar la enorme desconfianza que el proceso electoral suscita entre los votantes así como las violaciones sistemáticas efectuadas por los partidos políticos, los candidatos y las autoridades electorales. A lo anterior habría que agregar la participación macabra del crimen organizado, el cual ha ejercido su derecho de veto a candidatos que no son de su agrado (nada personal, son solo negocios) y, al mismo tiempo, el apoyo financiero a sus preferidos, aunque esto no sea una novedad en sentido estricto. Pero 20 asesinatos de candidatos y personas colaborando con partidos en campaña no es un dato menor.

El contexto social y político en el que se han venido desarrollando las campañas es al mismo tiempo causa y consecuencia de lo anterior.  El ‘mexican moment’ impulsado por las reformas constitucionales impuestas gracias al Pacto por México no ha logrado contener el deterioro de la economía popular (argumento utilizado por el Peña y Videgaray para lograr el ‘consenso’ en el congreso) sino todo lo contrario. A este hecho habrá que agregar el crimen de estado cometido en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción del presidente y su círculo interno, las matanzas de Tlatlaya y Tanhuato, las movilizaciones de jornaleros en San Quintín, por mencionar los agravios más visibles de los últimos meses. 

La coyuntura electoral tiene como escenario un país agraviado y empobrecido, al grado de que un defensor recalcitrante de la democracia liberal, José Woldenberg, no tuvo más remedio que admitir que “En estas elecciones la esperanza es más corta y más débil por el hartazgo en relación a los políticos, los gobiernos y congresos” La esperanza, motor fundamental para que la gente vote no está jugando el papel que le corresponde. Cómo olvidar que por mucho tiempo, buena parte de los votantes acudían a las urnas con la esperanza de abrir una nueva época. Así fue como presidentes como Luis Echeverría, Carlos Salinas o Vicente Fox lograron ganar elecciones. El sistema político mexicano se reciclaba cada sexenio a partir de promover la idea de que ahora si viene el bueno, el presidente que va a resolver todos los problemas, honesto, progresista, etc.

El desgaste es inocultable por lo que la vieja fórmula no aplica más. Las consecuencias están a la vista de todos y peor aún, parecen beneficiar al PRI y su principal aliado, el PVEM, el cual con el apoyo de Los Pinos y el duopolio televisivo ha introducido una táctica ‘novedosa’ en el amplio catálogo del fraude electoral mexicano. De que otro modo se puede comprender la táctica de violar la norma electoral y pagar la multa para volver a hacerlo una y otra vez y además hacerse la víctima Sale más barato pagar las multas que respetar la ley electoral para sumar votos. Pero para lograrlo, el PRI-PVEM tenía que contar con el apoyo de los órganos electorales que, en lugar de cortar de tajo con la perversa maniobra electorera se dedicaron a alimentar ‘involuntariamente’ la certeza de su contubernio con el régimen. Cuesta trabajo pensar que la ‘innovación’ electoral no será mejorada en las elecciones de 2018, dado su enorme éxito para posicionar a un partido menor entre las primeras cuatro fuerzas políticas del país.

El debate provocado por la corriente de opinión favorable al voto nulo y a la abstención no es nuevo en México pero en estas elecciones ha cobrado fuerza, al grado de que se le ha agregado un nuevo elemento: el boicot. El binomio agravio-impunidad ha radicalizado la postura de actores políticos como el magisterio opositor en Guerrero y Oaxaca -y en menor medida en estados como Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas y Michoacán- los cuales a menos de una semana de la elección han efectuado una serie de acciones contundentes para obstaculizar los comicios o de plano impedirlos. Los partidos de oposición al PRI han coincidido en denunciar la inacción del gobierno federal para detener el boicot como una táctica perversa para alejar a los votantes de las urnas y maximizar el voto duro del partido del presidente.

Por todo lo anterior, las elecciones de 2015 pasarán a la historia marcadas por la impunidad y por el malestar social que el proceso electoral sólo ha conseguido acrecentar.  Diseñadas para contener y amortiguar los efectos del descontento, las elecciones del próximo 7 de junio están muy lejos de lograr su misión en el marco del estado liberal. Son claramente un proceso que abona directamente al deterioro del régimen y a la confrontación social. ¿Será éste hecho una evidencia más de la decadencia del liberalismo?

La guerra contra el narcotráfico en México es una guerra contra la población: el rastro de las masacres

La violencia y la criminalidad en México no son fenómenos inéditos. Tienen larga raigambre histórica en el país. Pero esa violencia y criminalidad muta al compás de las transformaciones y reformas de Estado. Es decir, las modalidades de violencia y criminalidad que definen el presente nacional están orgánicamente entretejidas con los contenidos de la “situación” estatal. Es casi imposible no advertir la correlación entre el aumento de la violencia y criminalidad, o las formas específicas de esa violencia y criminalidad, y los procesos de despojo patrimonial en curso. El agua, el gas, el petróleo, las tierras y todo el conjunto de recursos naturales, materiales y humanos domésticos están puestos solícitamente a disposición de los múltiples capitales foráneos golondrinos. Las políticas de Estado condenan a la población al subempleo informal sin prestación, al trabajo alienante estandarizado y precariamente remunerado, y en no pocos casos al autoempleo en la industria criminal. En ese desierto de aspiraciones y horizontes cercenados,la violencia y la criminalidad cobran un rol definitorio en la construcción de materialidades e imaginarios colectivos. La guerra contra el narcotráfico es una política de Estado que dota de direccionalidad y coherenciaa esa sórdida trayectoria nacional. No es un asunto circunstancial que los controles de seguridad reporten un relajamiento obstinado, mientras que la violencia y la criminalidad (humanamente inenarrables) se extienden por toda la geografía nacional con absoluta impunidad. 

La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico. En este espacio se sostiene reiteradamente esta tesis. Y no es por un mero capricho teórico. La realidad provee evidencia extensa para sostener con hechos esta conjetura. Las pruebas arrojan una conclusión categórica: que la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra la población. Las principales notas de la semana son un muestrario de esta realidad. México es un catálogo de vandalismo institucional, crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. La masacre, que fue una táctica de exterminio utilizada rutinariamente por las juntas militares latinoamericanas, es una modalidad de asesinato que cada vez más extendida en el país. En México la masacre es rutinaria. En casi todos los casos el Estado es el victimario, por acción u omisión. A continuación, un inventario de las más recientes masacres, y una recapitulación de otros asesinatos masivos que enlutan e indignan al país en estos años aciagos de la guerra. 

1. En Villa Purificación, Jalisco, testimonios y familiares de desaparecidos coinciden en señalar que el Ejército abatió a decenas de civiles después de los enfrentamientos ocurridos el 1 de mayo en el marco de la Operación Jalisco. Algunas familias reclaman la entrega de los cuerpos. Otros ni siquiera se atreven a reclamar por el temor que produce la presencia de efectivos militares en la región. En la zona hay aproximadamente 11 mil elementos. Las autoridades hacen caso omiso a los reclamos. El Ejército no permite a la gente reconocer a los muertos. Hasta el viernes 22 del mes en curso, “el número de ‘víctimas fatales’ de la Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación…” (Proceso 24-V-2015). 

2. Entre el 9 y el 14 del mes en curso se reportó la desaparición de al menos 15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Otras fuentes señalan que la cifra de personas desaparecidas asciende a 30. La prensa atribuye la autoría del crimen a las policías comunitarias. Pero algunos líderes de las CRAC-PC insisten en señalar que se trata de una falsa acusación.Hasta ahora la información está envuelta en un manto de opacidad. Algunos medios registran el hallazgo de un cadáver, presumiblemente de una persona que estaba entre el grupo de desaparecidos.  

3. En el municipio de Heliodoro Castillo, en la región sur de la Sierra Madre en Guerrero, se reportó la semana pasada una balacera entre presuntos grupos de la delincuencia organizada. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 10 personas muertas y 20 lesionadas. Las autoridades locales y federales se enfrascan en una querella por imponer su respectiva versión acerca de la cifra real de decesos. La averiguación pericial del crimen no es un asunto prioritario. El gobierno apuesta al olvido. Algunos municipios contiguos se vaciaron. Los habitantes abandonaron sus hogares o huyeron por la violencia en la región. 

4. Elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República abatieron a 43 presuntos delincuentes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que se presume son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades hablan de un choque o enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales. Pero el saldo de la supuesta “confrontación” hace suponer que se trató de una masacre equiparable a Tlatlaya, pues la cifra de “criminales” caídos se estima en 43 mientras que en el bando de los elementos federales tan sólo hubo una baja. Las declaraciones oficiales de las autoridades están plagadas de inconsistencias. Según el gobierno, los hechos se produjeron tras un “operativo de investigación luego de que presuntos delincuentes armados invadieron un predio”. 

5. Michoacán es un compendio de masacres. En 6 años se contabilizan al menos 8 masacres. (Quadratin 23-V-2015). El estado es un tiradero de cadáveres. En Uruapan y Lázaro Cárdenas, es habitual el hallazgo de cuerpos abandonados en vialidades públicas concurridas. A las 43 víctimas de la más reciente masacre en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, se suman 72 personas más que perdieron la vida en ocasiones de crimen análogas. La última que acaparó la atención de la prensa nacional e internacional fue la ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán. Según fuentes extraoficiales, en el acto fueron ejecutadas 16 personas. La evidencia sugiere que participaron policías federales y personal del Ejército Mexicano del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar. La revista Proceso registra: “De acuerdo con declaraciones ministeriales, a las 2:30 horas de ese día, un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio” (Proceso 24-V-2015).En el parte oficial los militares arguyen que intervinieron en respuesta a un “reporte ciudadano”. Pero testigos coinciden en destacar que escucharon a policías y elementos castrenses gritar repetidamente: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Pero acaso más ilustrativa de la inacción institucionalde la autoridad o su connivencia con el crimen en Michoacán es la masacre que tuvo lugar en Los Reyes, durante una marcha organizada por un grupo de autodefensa para protestar por la complicidad de agentes estatales con la delincuencia organizada, en la que un comando armado disparó contra el contingente en frente de la presidencia municipal. Cinco personas resultaron muertas. Los responsables del crimen siguen prófugos.   

6. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una madre de familia presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de su hija, de tan sólo 21 años de edad. De acuerdo con testigos, efectivos militares del decimosexto regimiento de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon sin motivo contra un grupo de jóvenes. En el acto, mataron a la joven de 21 años e hirieron a una más. 

7. Hay quienes piensan que la equiparación de México con Irak es una exageración. Pero acaso la única diferencia es que allá, en Irak, se reconoce públicamente que el país está en guerra, o bien que está involucrado en un conflicto armado. En México el poder constituido y consortes heráldicos insisten en alimentar la ficción de la normalidad democrática. El reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres advierte que Siria, Irak y México son los países que reportan más muertos por conflictos armados en 2014. De acuerdo con el informe, en México hubo cerca de 15 mil muertes relacionadas con la narcoviolencia. Acerca de la situación nacional, el reporte estima: “El país sigue sufriendo altos índices de violencia debido a bandas criminales... En todo caso, el Estado mexicano siguió dependiendo sobre todo de sus fuerzas armadas para combatir a pandillas criminales. La violencia en México sigue distribuida de manera irregular, con 70 por ciento de las incidencia de violencia concentrada en diez estados ubicados en las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos” (La Jornada 21-V-2015). 

8. Las masacres referidas se suman al acervo de asesinatos colectivos y ataques contra civiles que ensangrientan en suelo nacional en el marco de la guerra. Destacan los siguientes episodios de una secuencia criminal con visos de genocidio: Masacre de Villas de Salvárcar (2010), con un saldo de 16 jóvenes asesinados y 12 heridos; Masacre de Chihuahua (2010), que dejó un saldo de 19 muertos; Masacre del 27 de octubre, con un saldo de 15 jóvenes muertos (2010); Las dos Masacres de San Fernando, Tamaulipas (2010-2011), que conjuntamente suman cerca de 265 muertos; Masacre de Torreón, que arrojó un saldo de 18 muertos y 18 heridos;Masacre de Durango (2011), cuyos datos todavía son inexactos, pero se calcula que el número de muertos encontrados en fosas comunes oscila entre 250 y 340; Masacre de Monterrey (2011),que ocurrió en el Casino Royale, y que produjo la muerte de 52 personas; Masacre de Boca del Río, Veracruz, donde fueron abandonados 35 cuerpos sin vida en la zona turística de ese municipio; Masacre de Cadereyta, con un saldo de 49 personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron dejados a los largo de la carretera en Nuevo León; Masacre de Tlatlaya, donde elementos castrenses ejecutaron a 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón; Masacre y Desaparición Forzada en Iguala, cuyos hechos dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 27 heridos, y 43 normalistas desparecidos. El crimen sigue impune. 

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