Militarización: la cifra dominante de las democracias del siglo XXI

Este siglo que apenas comienza se distingue por dos realidades centrales: uno, la decadencia de Estados Unidos; y dos, la militarización de los Estados. Naturalmente ambos fenómenos están coligados. La declinación de la hegemonía estadounidense apuntaló el creciente protagonismo de los pueblos otrora sometidos a la agenda de las intrusivas compañías norteamericanas; pero el costo fue la sustitución de la relación comercial por otra con acento militar. Europa consiguió unificarse política, financiera y comercialmente; aunque al final esta unión acarreara un desastre para las economías menos prósperas, como Grecia o España. En Asía, la acelerada tecnologización e industrialización de algunos países (China, Corea del Sur, India) redundó en un posicionamiento geoestratégico visiblemente favorable para la región. Sudamérica conquistó una soberanía política y económica insospechada, tras un siglo de subordinación a los imperativos de la Doctrina Monroe. El poder geopolítico de ciertos estados como Rusia, China, Indonesia, Brasil, Corea, Sudáfrica, India, (BRICS et al.) es cada vez más notorio e inexorable. Y aún en Oriente Medio, las grandes potencias occidentales, comandadas por Estados Unidos, encuentran una resistencia más tenaz entre los pueblos de esta castigada región. Allí reside justamente el valor estratégico de Israel, y la explicación lógica de su alianza íntima con Estados Unidos: es un enclave vital para el control político de la mayor zona petrolera del mundo. La resistencia en Palestina es la resistencia de todos los pueblos que se oponen a la agresión occidental. En este contexto de agitación global y reconfiguración del poder internacional, la desestabilización es la norma. Sólo en un renglón la supremacía de Estados Unidos sigue ilesa: la fuerza militar. Por eso la solución a los problemas que enfrenta el pináculo de la jerarquía estadunidense se ciñe tercamente a la vía militar, que trae consigo guerras de agresión, cuyos presuntos enemigos cobran distintas fisonomías: el populismo latinoamericano, la amenaza amarilla, el terrorismo islámico, el narcotráfico internacional, etc. Pero estos seudoproblemas son tan sólo la envoltura mística de un problema objetivo: a saber, la decadencia del poder estadounidense. Toni Negri no yerra en su juicio: “Cuando un coloso se derrumba deja una estela de devastación con su caída”. La militarización no es únicamente una solución a este ocaso occidental: es la expresión más visible de la crisis de un comando imperial, que conscientemente se ampara en el recurso militar para conservar la supremacía. 

Cabe recuperar un refrán de la dinastía Qing: “El pueblo le teme a los gobernantes; los gobernantes le temen a los demonios extranjeros; los demonios extranjeros le temen al pueblo”. En esta atmósfera de temor, en el que predomina el temor de los sectores apoltronados en el poder y el privilegio, se incuba el fundamento material e ideológico de todas las políticas de seguridad, cuyo vértice es la militarización. Hemos sido testigos de la universalización de ciertas políticas que se traducen prácticamente en más gasto militar. Este gasto militar tiene una doble función: uno, ocupar o llenar el vacío político que supuso el reordenamiento neoliberal de los territorios, y dos, desplazar el gasto social, a cuyo efecto redistributivo y democratizador temen tanto las elites. Es difícil encontrar un sector dinámico de la economía estadounidense que no se apoye abrumadoramente en el elemento militar. “Lo que está en cuestión –advierte la politóloga Pilar Calveiro– es precisamente una disminución de la gubernamentalidad de Estado”. Esta merma en la soberanía estatal es remediada con una gestión militar de los asuntos públicos. No es accidental que las erogaciones estatales se canalicen cada vez más acentuadamente al rubro militar. Cabe hacer notar que el presupuesto militar de Estados Unidos representa cerca del 50 por ciento del gasto militar total en el mundo. 

México no es la excepción en esta coyuntura de militarización. En el libro “México a la deriva: y después del modelo policiaco ¿qué?”, el jurista Pedro José Peñaloza registra el ascenso y preeminencia del gasto militar: “[En el sexenio pasado] la Secretaría de la Defensa Nacional ‘acaparó’ cerca del 40 por ciento, del total del presupuesto destinado anualmente a seguridad: de los 112 mil millones de pesos autorizados para ese renglón en 2010, los militares concentraron 38.9 por ciento. Desde el inicio del sexenio de Calderón, los recursos [registraron] un incremento del 61 por ciento (43 mil millones de pesos)…” 

En México –una solícita sucursal de la declinante hegemonía estadounidense– es especialmente visible la conversión de los problemas sociales y políticos en asuntos de seguridad militar. Acá el narcotráfico es el subterfugio justificatorio de las políticas de militarización. 

Llama la atención que los discursos y textos académicos, así como las fútiles discusiones en la esfera pública, concedan centralidad al concepto de “democracia” en sus sesudos análisis. Y en cierto sentido, este es un primer acercamiento a un enfoque cuya propuesta es desplazar esos debates ideológicos, y dotar de centralidad a las realidades fundamentales de nuestro siglo: el declinar de Estados Unidos, y la militarización total de la vida pública.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140828_235522_890

Estados Unidos al desnudo: el ilustrativo caso de Michael Brown

Por allí algunas voces no tan acreditadas se empeñan en minimizar el caso de Michael Brown: el joven negro de 18 años asesinado a balazos por un oficial blanco, en el condado de Ferguson, en Missouri, estado ubicado en el proverbialmente racista medio-oeste de Estados Unidos. Y la apreciación –con certeza deleznable– es básicamente que en otros lados ocurren cosas más siniestras. Y vamos a conceder que la observación es parcialmente cierta. En México, por ejemplo, las desapariciones forzadas, los decapitados, las ejecuciones extrajudiciales, el barbarismo de la delincuencia, sin duda revelan un estado de crisis humanitaria que a menudo se omite, o que ciertamente no alcanza los niveles de cobertura mediática que desató el caso Brown. Otras opiniones, aparentemente con buenas intenciones, sugieren que el problema es más bien de orden legal e institucional, y que la actuación indebida de los “agentes del orden”, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, es un asunto infelizmente inevitable, y que en todo caso la anomalía radica en la ausencia de mecanismos óptimos de investigación, procuración e impartición de justicia. 

Pero cualquiera de estos dos remedos de crítica yerran en la estimación del problema en Ferguson, que por cierto no es sólo un problema en Ferguson. El asesinato de Michael Brown abre una llaga que nunca cerró en la sociedad estadounidense. Y no nos referimos sólo al aspecto más visible: el racial. Si no a las desigualdades lacerantes en un país donde la marginalidad tuvo y tiene color. Y a la violencia inmanente en el modo de vida norteamericano, que no sólo comprende a Estados Unidos, sino a todos los pueblos donde el tío Sam instaló su señorío. 

La trascendencia de la noticia, y del hecho mismo, estriba en dos aspectos fundamentales: uno político, otro coyuntural. 

El orden interno de Estados Unidos es un retrato del orden que se extiende al resto del mundo. En este modelo de sociedad, las diferencias se explotan sistemáticamente para afianzar un orden cuyo principal rasgo es la reproducción de asimetrías que favorecen a las elites en turno. El liberalismo consolidó este orden desigual al prescribir (paradójicamente) la igualdad jurídica y formal de la persona abstracta. Esta formalidad constitucional reivindica la paridad legal de las personas en un contexto de disparidades materiales, que consiguientemente redunda en una aplicación inicua del derecho público. Esta falsa noción de comunidad reproduce en la práctica la relaciones de dominación, pero ahora encubiertas tras el velo ceremonioso de la equidad e igualdad abstractas. Que el 40 porciento de la población carcelaria en Estados Unidos sea negra, cuando este grupo étnico representa sólo el 12 por ciento de la población total, y que año tras año cientos de negros sean asesinados extrajudicial e impunemente por agentes policiales blancos, pone al desnudo el carácter sofístico de esa generalidad formal. El brutal asesinato de Michael Brown, y los relatos exculpatorios que cínicamente acompañaron su muerte, son ilustrativos de esa violencia estructural tan profundamente cimentada en Estados Unidos, que por añadidura abarca al resto del mundo. No es gratuito que las guerras de agresión en Palestina, Irak o México se valgan de narrativas subrepticiamente racistas, o que a menudo encuentren justificación en algún precepto formalmente sancionado en el derecho internacional. Para Immanuel Wallerstein, los dirigentes de Estados Unidos, a diferencia de los líderes del último Reich germánico, interpretaron más adecuadamente la función del racismo: “Hitler no entendió el objetivo central del racismo en la economía-mundo capitalista. El propósito del racismo no es excluir a la gente, mucho menos exterminarla. El propósito del racismo es mantener a la gente dentro del sistema, pero como inferiores a los que se puede explotar económicamente y usar como chivos expiatorios políticos.” En esta última coordenada, en el de los chivos expiatorios políticos, es donde se debe situar el inédito ascenso de un negro a la presidencia de Estados Unidos. 

Pero también el aspecto geopolítico coyuntural es crucial para conocer la dimensión del caso Brown. Precisamente cuando arrecian los crímenes y agresiones de Estados Unidos y su “eje del mal” (epíteto endosado con frecuencia a los gobiernos que no se someten a su yugo) contra múltiples pueblos en el mundo, Gaza, Siria e Irak señaladamente, aunque también México con la cruzada expropiatoria en curso (recursos energéticos etc.), la situación en Missouri viene a agregar una variable más a la ecuación: la vocación violenta del sistema en Estados Unidos queda expuesta, pero ahora no sólo en territorios remotos sino también intramuros. La comunidad internacional de inmediato manifestó su preocupación por los hechos en Ferguson, en un gesto diplomático acaso inédito. Cabe observar que los países del ALBA emitieron un comunicado que no debe pasar desatendido: “Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América… expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia desatados en la ciudad de Ferguson, Estado de Missouri, Estados Unidos de América, por el asesinato del ciudadano afro-americano Michael Brown de manos de un funcionario policial, en circunstancias poco claras y que revive el grave problema de la discriminación y violencia racial que aún no ha sido resuelta en esa nación… Los países del ALBA-TCP expresan su solidaridad con la comunidad afro-descendiente de los Estados Unidos de América, y hacen un llamado a las autoridades de ese país, a sus instituciones, para que realicen una investigación justa, clara y transparente, y ejerzan el control del orden público con respeto a los Derechos Humanos”. 

Un escenario virtual, y sin duda deseable, es que el asesinato de Michael Brown detone la indignación en Estados Unidos. Y que este estallido se traduzca en una alianza de la población norteamericana con otros pueblos igualmente asediados por la fuerza militar estadounidense. Justamente acá reside el temor de las elites en Estados Unidos. Y por eso cobra un relieve sin parangón el homicidio de Brown. 

La conclusión es que la situación en Missouri no es un asunto menor. Que la extensa cobertura mediática es apenas sintomática de la relevancia de este ominoso acontecimiento. Que en la muerte del joven Michael Brown se articulan una multiplicidad de luchas e injusticias irresueltas que van mucho más allá de la legítima exigencia de una investigación imparcial del delito. Que el encuentro con otros pueblos y luchas es un imperativo impostergable para la sociedad estadounidense, si ha de procurar salir de la situación de represión que se vive externa e internamente, cortesía de un poder inusitadamente radical respecto al uso de la fuerza en el mundo. 

Violencia, racismo y opresión son las divisas que Estados Unidos produce y exporta con más aforo. Este es uno de los hechos que registra fehacientemente la crisis en Missouri. 

Es preciso capitalizar políticamente esta auto exhibición involuntaria.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140821_233932_774



Video de los asesinatos de dos jóvenes negros en Missouri (EUA.), a manos de agentes policiales:

https://www.youtube.com/watch?v=j-P54MZVxMU&feature=youtu.be&bpctr=1408941146

 https://www.youtube.com/watch?v=1F-ba5KwP_A

Presos políticos

Luis Hernández Navarro

La Jornada

Adam Smith es un congresista demócrata del estado de Washington, en Estados Unidos. El pasado 5 de agosto informó de un encuentro que tuvo con Anthony Wayne, el embajador de su país en México, en el que le solicitó que presionara a las autoridades de Guerrero para que Nestora Salgado sea liberada inmediatamente. 

No es la primera ocasión que el congresista Smith aboga por Salgado. El 13 de abril pasado envió una carta al secretario de Estado, John Kerry, en la que le pidió que demandara al gobierno mexicano garantías para el debido proceso y una mejor atención de Nestora, porque "sus condiciones carcelarias son deplorables". 

Dos meses más tarde volvió a insistir en el asunto. El 16 de junio, en un comunicado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, en Washington, Smith advirtió: "Estoy preocupado por la detención de Nestora y estoy indignado ante los informes sobre las deplorables condiciones de detención y tratos que violan sus derechos humanos". 

Nestora Salgado, la mujer por la que el congresista aboga, es comandante de la policía comunitaria de Olinalá, en la Montaña de Guerrero. Fue injustamente detenida el 21 de agosto de 2013 bajo la falsa acusación de secuestro agravado. Fue trasladada al penal de máxima seguridad de Tepic, a 3 mil kilómetros de su pueblo. La demanda del congresista Smith en favor de su libertad no es un capricho. Nestora tiene raíces en el estado de Washington. A los 20 años de edad se fue de bracera a Estados Unidos junto a su esposo, sin tener documentos migratorios. Trabajó arduamente de recamarera, aseando casas y de niñera en Washington, hasta que en 2000 obtuvo su estancia legal en ese país y en 2008 logró la ciudadanía. Además de ser residente de Olinalá lo es también de la ciudad de Renton, en el condado de King. 

De regreso en Olinalá, Nestora se topó con el clima de inseguridad pública que asuela la Montaña y la complicidad gubernamental con los maleantes. En lugar de quedarse con los brazos cruzados, organizó a la población para enfrentar el problema. Formó una policía ciudadana e hizo que la tasa de criminalidad disminuyera en 90 por ciento en 10 meses. El 15 de noviembre de 2012 el gobernador Ángel Aguirre Rivero se tomó la foto con ella y calificó de heroico el esfuerzo de los habitantes del municipio. 

Pero Nestora cometió un "error". Primero, sin pelos en la lengua, denunció las amenazas que los socios de políticos corruptos hacían a los empresarios locales para que se retiraran de las ventas de materiales y mercancías, y así monopolizar el mercado. Después publicó un comunicado en el que denunciaba la implicación del alcalde y otros funcionarios gubernamentales en el tráfico de drogas. El desafío de la comandante resultó inadmisible. 

Salgado no es la única comandante de la policía comunitaria guerrerense presa. Desde que hace un año comenzaron en Guerrero los operativos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, al menos 10 de sus integrantes se encuentran en circunstancias similares y por razones parecidas. Es el caso de Gonzalo Molina, Bernardino García, Arturo Campos y el opositor a la presa de La Parota Marco Antonio Suástegui. 

Al doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas michoacanas, lo mandaron un poco más lejos que a Nestora: al Cefereso de Hermosillo, Sonora. Está acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína. 

La verdad es que, como han declarado el comisionado Alfredo Castillo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el doctor Mireles está preso por no haber cumplido los acuerdos de mayo, firmados por el gobierno federal y los autodefensas, es decir, que el detenido se negó a desmovilizarse y desarmarse. 

El doctor Mireles se define como un preso político. Su abogada, Talía Vázquez, concuerda con él. Como le explicó a la periodista Sanjuana Martínez: “Quien no cumplió ninguno de los acuerdos fue Castillo. No liberó a los 517 presos de los grupos de autodefensas, tan solo en Michoacán. Y, sobre todo, no cumplió con el arresto de La Tuta ni restableció el estado de derecho. No pasó nada. Quien rompió el pacto fue Alfredo Castillo y no el doctor Mireles. Esto también demuestra que es un preso político”. 

Al igual que el doctor Mireles están presos otros 319 autodefensas michoacanos. Su verdadero delito fue garantizar su seguridad y la de sus familias, a riesgo de su propia vida, ante la omisión (o la abierta complicidad) del Estado. 

La lista de luchadores sociales encarcelados va mucho más allá de aquellos que vienen de las filas de las policías comunitarias y los autodefensas de Guerrero y Michoacán. El pasado 6 de abril fue detenida Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayuca, en Puebla. Apenas dos días más tarde aprehendieron a Juan Carlos Flores, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a Abraham Cordero, integrante de Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Se les acusa de cargos ridículos. La razón por la que están tras las rejas es oponerse a la imposición del Proyecto Integral Morelos, que contempla la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto que atraviesa Puebla, Tlaxcala y Morelos, en las faldas del volcán Popocatépetl. 

El activista mixe Damián Gallardo lleva 15 meses encarcelado en el penal de alta seguridad de El Salto, en Jalisco. Bajo tortura, fue obligado a confesar que había secuestrado a dos menores de edad en Oaxaca. No fue el único. Del mismo delito están acusados Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Lauro Grijalva. Las autoridades les arrancaron sus "autoincriminaciones" por la misma vía que obtuvieron la de Damián. 

La lista de dirigentes sociales injustamente detenidos es mucho más extensa. Las cárceles de México están llenas de presos políticos.

Más de lo mismo o ¿un cambio verdadero?: la oposición a debate

Es un tema que da para una extensa discusión en foros públicos y espacios informativos. Y en cierto sentido esa es la propuesta y expectativa. La oposición política precisa una reestructuración urgente. El estancamiento es francamente inadmisible. Desde la perspectiva de los grupos de poder dominantes, se trata de una coyuntura perfecta para la instrumentación sin freno de las reformas que impulsan con vigor hace más de cuarenta años. En el presente no existe ninguna fuerza opositora capaz de frenar la avalancha neoconservadora. La gente sigue atribuyendo las calamidades nacionales a la corrupción e incompetencia de una clase política apoltronada en el paroxismo del cinismo. Los relatos explicatorios no atinan en ubicar la fuente de los males. Si no son los políticos “traidores” es la “cultura” de los mexicanos, o en no pocos casos la circunstancia amarga e inalterable que nos tiene reservada la providencia. Cualquier cosa menos lo que realmente importa: a saber, la desorganización de los trabajadores, la fragmentación de la oposición, la ausencia total de un movimiento apto para dotar de direccionalidad la lucha política. Esa es quizá la diferencia cardinal entre la edad de oro liberal y la era neoliberal: a saber, la fuerte presencia política de los gremios obreros. En un aspecto no se discrepa con la izquierda nacionalista: la neoliberalización del país es especialmente perjudicial para el trabajo, el salario y el bienestar general de la población. No obstante, la solución nacionalista-electoral es una no-solución. La socialdemocracia, que en México se sitúa en esas coordenadas del nacionalismo y la pugna comicial, no es otra cosa que un programa para administrar el capitalismo, con márgenes más generosos para la concesión populista, pero nunca un programa sólido, políticamente eficaz, para la reconfiguración radical de la sociedad, precisamente para eso que en la cartera de slogans nacionalistas se enuncia como el “cambio verdadero”. 

Y en esta crisis de la oposición, y de slogans igualmente caducos, a menudo se topa uno con consignas cuya forma y contenido carecen de correspondencia con la realidad, y que por consiguiente alimentan involuntariamente la fuerza moral de la reacción. Por ejemplo, la insistencia en la traición o entreguismo de la clase política, que es un señalamiento tautológico que sólo aspira a repercutir emocionalmente en el ánimo del electorado: “serán juzgados por la historia como entreguistas” (Cuauhtémoc Cárdenas). Curiosamente allí donde se predica el “cambio verdadero”, ante la ausencia de alternativas reales se incurre tercamente en “más de lo mismo”. No es accidental el regreso a la arena política de ciertas figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, cuya reaparición no pocos miran con entusiasmo, o bien, como un acontecimiento positivo o deseable: “México lo necesita de regreso para recuperar la esperanza… [usted] es capaz de ponerse por encima de intereses y diferencias para hacer posible un nuevo polo progresista (¡sic!) que posibilite la reconfiguración del país” (Dante Delgado). 

El proyecto de Morena también cojea del mismo pie: reincide en viejas fórmulas y consignas. Inclusive gente cercana al círculo de Andrés Manuel López Obrador ha señalado la debilidad o laxitud de su lucha. El ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña cuestionó recientemente las iniciativas del líder tabasqueño, especialmente la relativa a la consulta popular en torno a la reforma energética: “¿En verdad crees que respetarán las firmas y realizarán una consulta una vez que han entregado el petróleo y la energía eléctrica a las transnacionales?... Si bien no pretendo descalificar ninguna iniciativa de lucha, creo que un liderazgo de la importancia y envergadura que ostentas, no tiene permitido jugar con las expectativas de la gente… Si en lugar de estar recabando firmas, los compañeros y compañeras que siguen tus iniciativas estuvieran convocando a una rebelión no violenta, estarías abriendo el camino a la derrota de esas contrarreformas neoliberales” (SDPnoticias 16-VIII-2014). 

Llama la atención que incluso en Estados Unidos se tiene conocimiento de esta parálisis e ineficacia de la oposición. Don Knowland, columnista de World Socialist Web Site, advierte: “En realidad, López Obrador es apenas otro líder nacionalista que la burguesía mexicana va a utilizar en su esfuerzo por desviar a la clase obrera mexicana de la revolución social. Él y Morena impulsan vagamente demandas reformistas con el fin de promover la ilusión de que la pobreza masiva y el desempleo en México se pueden eliminar mediante la ‘democratización’ del estado mexicano… En el análisis final, Morena está allí para evitar que la creciente oposición social se traduzca en un movimiento político consciente, revolucionario, contra el capitalismo” (WSWS 11-VIII-2014).

Se quiere insistir en lo siguiente: la radicalidad de los dueños del poder y el dinero no se puede frenar con mociones tibias o simulacros cívicos infructuosos. Urge un cambio verdadero… pero interno, es decir, dentro de la propia oposición. El resto son buenos deseos, o iniciativas aparentemente nobles que esconden un fin socialmente adverso. 

En “Filosofía de la Liberación”, Enrique Dussel alerta acerca de la vulnerabilidad de cualquier resistencia u oposición, y sitúa una fortaleza que cabría rescatar en la redefinición de la lucha política: “El gato puede equivocarse; es simplemente un manotón en falso. El ratón no puede equivocarse; es su muerte. Si el ratón vive es porque es mucho más inteligente que el gato”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140816_222046_431 

Palestina y México: tan lejos y tan cerca.

La tragedia que viven miles y miles de palestinos como consecuencia de la guerra de exterminio que el gobierno de Israel sostiene, con argumentos baladís, contra Palestina o con lo queda de ella, no está tan lejos de la realidad mexicana como pudiera parecer a simple vista. Dos cosas quedan claras al respecto: la guerra está financiada por los EE. UU. y tiene como sustento ideológico el racismo y la discriminación. En otras palabras, en su lucha por mitigar su decadencia, los EE. UU. insisten en mantener una cabeza de playa en Medio Oriente financiando a un estado fascista, armado hasta los dientes y con un discurso de odio sistemático contra el mundo árabe.

La postura de México ha estado acorde con su condición de colonia yanqui. Jorge Lomónaco, embajador permanente de México ante los organismos de la ONU, coloca en el mismo plano a Palestina e Israel al declarar recientemente que “México reitera su grave preocupación por la escalada de violencia entre Israel y grupos armados palestinos en la Franja de Gaza, y hace un enérgico llamado para que las partes pongan fin de inmediato a las agresiones y a todo acto de violencia” Es decir el problema es responsabilidad  de los dos países, negando la realidad del conflicto y el papel central de los EE. UU. e Israel en él.

La tibia postura -expresada por un funcionario menor pues Enrique Peña se ha mantenido al margen para no molestar a sus ’socios’ estadounidenses y a la comunidad judía en México, que goza de un enorme poder- provocó la reacción del embajador palestino en México, Munjed Saleh, quien reconoció el apoyo mexicano en 2012 para que Palestina fuera reconocido por la ONU como estado "pero un deseo nuestro es ver una posición más clara, de condena por el genocidio y a favor de la muy justa causa de nuestro nación".

Lamentablemente para la causa palestina, el gobierno mexicano difícilmente condenará el genocidio. Más bien hará todo lo posible para mantenerse en línea con la postura de Obama y el lobby israelí confirmando así su posición, no sólo frente al conflicto en Medio Oriente sino también frente a la guerra económica que los EE. UU. sostienen contra México. Puede parecer disparatado afirmar lo anterior pero si se asume que las reformas neoliberales recién aprobadas por el congreso mexicano profundizarán la marginación y la pobreza entre la mayoría de la población a favor de las petroleras yanquis, y que el trato que se les dispensa a los migrantes al tratar de cruzar el Rio Bravo es francamente discriminatorio, pues no creo que la idea deba descartarse de plano.

Pero si además agregamos el reciente comentario de Ann Coulter, columnista estadounidense, quien sin empacho alguno se pregunta públicamente por qué EE.UU. no hace lo que está haciendo Israel con Palestina, o sea bombardear a México para detener la supuesta invasión de los migrantes, la idea de que México está siendo objeto de una guerra similar a la de Palestina merece ser considerada. Lo que Coulter sugiere debe ser de uso común entre los círculos conservadores del Capitolio, no se diga en grupos de la sociedad civil como el MinuteMan Project  que han emprendido acciones directas, aderezadas con ideas racistas, para contener a los migrantes en su frontera sur. Sobra decir que las declaraciones de Coulter no merecieron la más mínima atención de los gobernantes mexicanos, enfrascados en las celebraciones  de su éxito para imponer sus reformas y ceder la renta petrolera a las corporaciones internacionales.

El racismo y la discriminación hacia los mexicanos proveniente de su vecino del norte no difiere mucho del que practica Israel con Palestina. Acusados de terroristas, tanto los mexicanos como los palestinos deviene víctimas colaterales de la lucha contra el terrorismo y su exterminio una guerra justa, una cruzada para salvar a la civilización de la barbarie. La indiferencia frente a las muertes de niños migrantes que viajan solos para cruzar la frontera o para con los que son aplastados por muros y piedras producto del bombardeo israelí en Gaza es la misma: el rostro de la barbarie vestida de civilización no se inmuta en lo absoluto. Más aún, se da el lujo de justificar su desprecio al señalar a los niños como potenciales terroristas.

Por eso, la tragedia palestina debe ser objeto de nuestra atención y solidaridad pues de alguna manera nos da la clave para comprender nuestro presente y nuestro futuro. Las enormes extensiones de tierra que por medio del despojo se agenciarán las petroleras y las mineras para saquear los recursos naturales de México son una invasión similar a la que ha realizado Israel por décadas para apropiarse de Palestina. Pero sobre todo, tanto una como otra están basadas en la discriminación y el racismo que las justifican como guerras justas y posibilitan el aumento de las utilidades de los dueños del dinero. Por eso desde México tenemos que exclamar ¡Alto al genocidio contra Palestina! 

Más acerca del falso dilema nacionalismo-neoliberalismo

Sírvase la siguiente reflexión para complementar la reciente publicación –de fina factura– del colega Rafael de la Garza, que refiere al falso dilema nacionalismo-neoliberalismo, y a la gama de programas e idearios políticos al servicio de un mismo fin: la reproducción de las estructuras de poder. (Ir a artículo completo: Nacionalismo y neoliberalismo: dos caras de la misma moneda).

El citado artículo tiene la virtud de la claridad sintética. En efecto, las disputas en la arena política se reducen a un añejo conflicto: el antagonismo entre dos formas de propiedad que a menudo son complementarias, aunque siempre con predominio de una u otra, según los imperativos de la época y la economía. El nacionalismo es la sombra ideológica de una forma de propiedad que corresponde con un patrón de acumulación sostenido en el Estado. El neoliberalismo, que es una estrategia política e ideológica con altos contenidos excrementicios, es el credo que acompaña los ciclos de acumulación basados en los mercados y la preeminencia de las asociaciones empresariales. Es natural que ciertos sectores de la izquierda comulguen más frecuentemente con el programa nacionalista, en especial por su oposición al neoliberalismo, que es sin duda una agresiva embestida de las élites en su afán de transferir los costos de un modelo en crisis a la totalidad de la población. Pero como bien sostiene de la Garza, el proyecto nacionalista estuvo históricamente imbricado al desarrollo del capitalismo en México, y acaso en el resto del mundo. Lo que es preciso entender es que el nacionalismo es tan sólo la expresión ideológica de un modelo de desarrollo capitalista que pereció, y que precisamente reemplazó el neoliberalismo. 

No se puede objetar que esta nueva agenda –la neoliberal– es más lesiva socialmente para el interés público. Pero es políticamente infecundo oponer a este radicalismo conservador una ideología en estado de defunción, que además tiene contenidos igualmente conservadores. Es una suerte de oposición cómplice, a modo para la reacción, y con poca o nula capacidad de generar simpatías multitudinarias, dada la condición anacrónica de su marco de creencias. La prueba más fehaciente de su impotencia –de la oposición nacionalista– es su asombrosa incapacidad para frenar siquiera mínimamente el ciclo de reformas neoliberales en curso. La participación (que no oposición) de esta fracción política en el marco de la neoliberalización fluctúa entre la colaboración clientelar y la denuncia acomodaticia. (Es todavía más condenable que en el contexto de una guerra inicua, con costos humanos inenarrables, esa oposición no actúe con la determinación que exigen las circunstancias, y se ciña tercamente a la arena electoral). En suma, la actuación de reparto de la izquierda nacionalista, representada principalmente por el PRD, Morena y asociados, es indicativo de un estancamiento que reclama una urgente reestructuración. 

Los dos vértices programáticos de la agenda nacionalista, a saber, la renacionalización de la industria energética, y el alza al salario mínimo gradual o por decreto, aún cuando pudieran alcanzar cierto eco en los círculos del oficialismo, son insuficientes para modificar significativamente la correlación de fuerzas y/o desarticular la red de dispositivos materiales e inmateriales que sostienen el capitalismo en México. Y más aún si se considera que un incremento a la tasa salarial es casi un hecho necesario en ciertos episodios del continuum neoliberal, pero sólo como una compensación por la desposesión gigantesca que acarrea esta estrategia: se devuelve en especie lo que por derecho le corresponde al conjunto de la población. No escucho a ningún nacionalista señalando este ardid inexcusable. 

Acierta de la Garza cuando señala que “nacionalistas como neoliberales persiguieron y persiguen el mismo fin: la continuidad de un modelo de dominación capitalista”. En el texto “El hombre unidimensional”, Herbert Marcuse advierte: “Ni la nacionalización parcial, ni la extensión de la participación del trabajo en la gestión y el beneficio, podrán alterar por sí mismas este sistema de dominación, en tanto que el trabajo en sí permanezca como una fuerza apuntalada y afirmativa”. 

Asistimos al desplazamiento del Estado como puntal de la acumulación capitalista. La nueva institución dominante es la corporación. Los mercados atraviesan un proceso de recomposición en consonancia con esta nueva realidad. Y los Estados naturalmente pierden facultades otrora inalienables. El nacionalismo es el lenguaje político hegemónico del siglo XIX y la primera mitad del siglo del XX. El neoliberalismo es la cría bastarda en proceso de entronización. El siglo XXI debe inaugurar una fuerza que dé sepultura al neoliberalismo, en particular, y al capitalismo, en general. Pero esa fuerza debe mirar hacia el porvenir, y no hacia reivindicaciones decimonónicas cuya caducidad e inefectividad están sobradamente comprobadas. 

Enunciarlo es un primer paso para articularlo a la discusión pública: “el verdadero dilema es capitalismo-anticapitalismo”. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140810_044326_923

Nacionalismo y neoliberalismo: dos caras de la misma moneda

Con la consumación del ciclo de reformas neoliberales en México, también llamadas de segunda generación, se ha desatado una discusión entre los conservadores panistas y los defensores del cardenismo. Los primeros presumen que la reforma energética fue una ‘victoria cultural’ del Partido Acción Nacional mientras que los segundos acusan de traidores a los promotores de la privatización de la renta petrolera. Empero, las diferencias entre el proyecto nacionalista emanada de la revolución mexicana y el neoliberalismo de hoy están claramente subordinados al desarrollo del capitalismo en México, son matices de un mismo color.

Lo grotesco del asunto es que el Partido Revolucionario Institucional, heredero de las transformaciones impulsadas por Lázaro Cárdenas en los años treinta y que transformaron al partido de la revolución -de ser un partido compuesto por caudillos y caciques regionales (PNR) a un partido de masas encuadradas en sectores (PRM)- se hace el desentendido. Más aún, reconoce la ‘victoria cultural’ al abstenerse de responder a la presunción panista de que el proyecto original de la reforma energética es de su autoría. El aparente olvido de la esencia del partido de la revolución obedece a la lógica del poder y por lo tanto no merece ningún comentario de Peña y sus amigos. El cinismo es la norma.

La confluencia de la política económica del PRI y del PAN viene de los años ochenta, cuando el salinismo se apropió del proyecto neoliberal propugnado por varios intelectuales conservadores como Luis Pazos quien, desde los años setenta, criticó la intervención del estado en la economía. Por su parte, el PAN se deshizo de las trabas impuestas por su corriente dogmática que se oponía a recibir recursos del estado para competir en las elecciones y se lanzó a la búsqueda de puestas de elección popular, incluso realizando alianzas con el PRI, su adversario político tradicional, y adoptando sin ruborizarse las viejas prácticas corporativas priístas.

La corriente dogmática que fundó el PAN, el cual aparece precisamente para oponerse al cardenismo y su política de masas, ha desaparecido.  El argumento panista se basaba en la idea de que un partido de estado eliminaba las libertades políticas del individuo, valor central del liberalismo conservador. En realidad la clase empresarial apoyaba la política económica de los años treinta, que a la postre creó los grandes capitales mexicanos, aunque se oponía firmemente al pacto corporativo. En todo caso no hay que olvidar que el nacionalismo posrevolucionario no excluía o pretendía limitar el desarrollo capitalista; la política económica colocó a los capitalistas mexicanos en el centro del desarrollo económico pero procuró establecer un contrapeso en su política de masas para mantener el poder político.

En este sentido la expropiación petrolera en 1938, efeméride fundamental del estado nacionalista, representó la base material para realizar  los compromisos adquiridos en el artículo 3°, 27° y 123° y mantener vivo el pacto corporativo. Pero el límite de dicho compromiso estuvo siempre supeditado al desarrollo del capital. La represión a las huelgas de ferrocarrileros, maestros y médicos a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta así como el asesinato de Rubén Jaramillo, heredero de las luchas zapatistas no dejan dudas al respecto.

Desde esta perspectiva, no debe sorprender que el PAN se adjudique la paternidad de la reforma energética, a pesar de que buena parte de los empresarios que se definen como panistas hayan sido los principales beneficiados de la expropiación petrolera. Con una mano criticaron por décadas el control de la renta petrolera por parte del estado, mientras que con la otra recibieron con beneplácito exenciones de impuestos, subsidios, control de los mercados, asignación de obras, gasolineras y toda una serie de medidas adoptadas por el estado nacionalista para favorecer la acumulación de riqueza. El cinismo es la norma.

Tampoco sorprende la supuesta pasividad del PRI y Peña Nieto ante los alardes del panismo, pues lleva treinta años promoviendo el neoliberalismo y acercándose sin disimulo al liberalismo conservador que en los años treinta el partido del estado caracterizó como traición a la patria. No por ello se puede pasar por alto que las reformas afectarán enormemente la calidad de vida de la mayoría de la población y que representan el fin de un modelo de desarrollo inspirado en el estado de bienestar que significó para muchos la posibilidad de salir de la pobreza y la marginación. 

Pero tanto nacionalistas como neoliberales persiguieron y persiguen el mismo fin: la continuidad de un modelo de dominación capitalista. Así que la cuestión no radica en apoyar a los nacionalistas y criticar a los neoliberales pues en el fondo, son las dos caras de una misma moneda: la acumulación de capital, Si hace ochenta años fue necesario un estado nacionalista para mantenerla sana y en ascenso, bien; si hoy es necesario finiquitarlo para abrirle paso al estado neoliberal, también. El dilema nacionalismo-neoliberalismo es falso; el verdadero dilema es capitalismo-anticapitalismo. Es éste último el que no hay que perder de vista.

Pesadilla en Gaza

* Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Mass, EU. 
 

La Jornada

Entre todos los horrores desplegados en la más reciente ofensiva israelí en Gaza, el objetivo de Tel Aviv es simple: volver, a la chita callando, a la norma. 

En Cisjordania, la norma es que Israel continúe su construcción ilegal de colonias e infraestructura para poder integrar a su territorio cualquier cosa que pueda ser de valor, mientras confina a los palestinos en cantones inviables y los sujeta a represión y violencia. 

En Gaza, la norma es una existencia miserable bajo un sitio cruel y destructivo, que Israel administra para permitir apenas la subsistencia, pero nada más. 

La más reciente escalada israelí fue disparada por el brutal asesinato de tres muchachos de una comunidad de colonos en Cisjordania ocupada. Un mes antes, dos chicos palestinos fueron muertos a tiros en la ciudad de Ramalá, en esa misma zona. Ese hecho despertó poca atención, lo cual es entendible, puesto que es rutina. 

“El desdén institucionalizado por la vida de los palestinos en Cisjordania explica no sólo por qué recurren a la violencia –escribe Mouin Rabbani, analista de Medio Oriente–, sino también el más reciente ataque israelí a la franja de Gaza.” 

En una entrevista, el defensor de derechos humanos Raji Sourani, que ha permanecido en Gaza durante los años de brutalidad y terror israelí, señaló: “La frase que con más frecuencia escuchaba cuando la gente empezaba a hablar de un cese el fuego era: ‘todos dicen que es mejor para nosotros morir y no regresar a la situación que teníamos antes de esta guerra. No queremos eso de nuevo. No tenemos dignidad ni orgullo; sólo somos blancos fáciles, y muy baratos. Si la situación no mejora en verdad, es mejor morir’. Hablo de intelectuales, académicos, personas comunes y corrientes. Todos lo dicen”. 

En enero de 2006, los palestinos cometieron un crimen grave: votaron por quien no debían en una elección libre cuidadosamente vigilada, y entregaron el control del parlamento a Hamas. 

Los medios proclaman constantemente que Hamas está dedicado a la destrucción de Israel. En realidad, los líderes de Hamas han dejado en claro en repetidas ocasiones que aceptarían una solución de dos estados, de conformidad con el consenso internacional que ha sido bloqueado por Estados Unidos e Israel durante 40 años. 

En contraste, Israel, fuera de unas cuantas palabras vanas, está dedicado a la destrucción de Palestina, y se aplica en ese cometido. 

El crimen de los palestinos en enero de 2006 fue castigado de inmediato. Estados Unidos e Israel, con la vergonzosa adhesión de Europa, impusieron severas sanciones a la población errante e Israel incrementó su violencia. 

Rápidamente, Estados Unidos e Israel empezaron planes para un golpe militar que derrocara al gobierno electo. Cuando Hamas tuvo el descaro de revelar los planes, los ataques israelíes y el sitio se volvieron mucho más severos. 

No debería haber necesidad de revisar el deplorable historial de lo ocurrido desde entonces. El sitio implacable y los salvajes ataques son acentuados por episodios de "cortar el césped", para tomar prestada la alegre expresión con que designa Israel sus periódicos ejercicios de tirotear a los peces en el estanque como parte de lo que llama "guerra de defensa". 

Una vez que cortan el césped y los desesperados pobladores buscan reconstruir algo después de la devastación y los asesinatos, se acuerda un cese del fuego. El más reciente se estableció después del asalto israelí de octubre de 2012, llamada operación Pilar de Defensa. 

Aunque Israel mantuvo el sitio, Hamas observó la tregua, como concede Tel Aviv. Las cosas cambiaron en abril de este año, cuando Fatah y Hamas forjaron un acuerdo de unidad que instauró un nuevo gobierno de tecnócratas, sin afiliación a ninguno de los dos partidos. Naturalmente, Israel estaba furioso, y más aún cuando hasta el gobierno de Obama se unió a Occidente en indicar aprobación. El acuerdo de unidad no sólo socava la aseveración de Israel de que no puede negociar con una Palestina dividida, sino también amenaza el objetivo de largo plazo de separar Gaza de Cisjordania y proseguir sus políticas destructivas en ambas regiones. 

Algo tenía que hacerse, y la ocasión se presentó el 12 de junio, cuando los tres jóvenes israelíes fueron asesinados en Cisjordania. En un principio el gobierno de Netanyahu sabía que estaban muertos, pero fingió que lo ignoraba, lo cual dio la oportunidad de lanzar una incursión en Cisjordania, con Hamas por objetivo. 

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó tener cierto conocimiento de que Hamas era el culpable. También resultó mentira. 

Una de las principales autoridades sobre Hamas, Shlomi Eldar, informó casi de inmediato que muy probablemente los asesinos procedían de un clan disidente de Hebrón que desde hace mucho tiempo ha sido una espina en el costado de Hamas. Eldar añadió: "Estoy seguro de que no recibieron luz verde de la dirigencia de Hamas; sólo les pareció que era momento de actuar". 

Sin embargo, la escalada de 18 días después del secuestro logró minar el temido gobierno de unidad, e incrementó drásticamente la represión israelí. Israel también llevó a cabo docenas de ataques en Gaza, y el 7 de julio dio muerte a cinco miembros de Hamas. 

Al final Hamas reaccionó disparando sus primeros cohetes en 19 meses, lo cual dio pretexto a Israel para lanzar su operación Borde Protector el 8 de julio. 

Al 31 de julio se había dado muerte a unos mil 400 palestinos, en su mayoría civiles, entre ellos cientos de mujeres y niños. Y a tres civiles israelíes. Grandes áreas de Gaza habían quedado reducidas a escombros. Cuatro hospitales habían sido atacados; cada ataque fue un crimen de guerra más. 

Funcionarios israelíes exaltan la humanidad del que llaman "el ejército más ético del mundo", que informa a los habitantes de que sus hogares serán bombardeados, práctica que es "sadismo disfrazado santurronamente de piedad", en palabras de la periodista israelí Amira Hass: "Un mensaje grabado demanda a cientos de miles de personas que dejen sus hogares ya elegidos como blancos, por otro lugar igualmente peligroso ubicado a 10 kilómetros de distancia". 

De hecho, no hay lugar en la prisión de Gaza que esté a buen resguardo del sadismo israelí, que puede incluso exceder los terribles crímenes de la operación Plomo Fundido de 2008-09. Las terribles revelaciones suscitaron la reacción acostumbrada del presidente más moral del mundo, Barack Obama: gran simpatía por los israelíes, acerba condena de Hamas y llamados a la moderación a ambas partes. 

Cuando los ataques actuales se detengan, Israel espera quedar libre para continuar sin interferencia sus políticas criminales en los territorios ocupados, con el apoyo estadunidense que ha disfrutado en el pasado. Y los pobladores de Gaza quedarán en libertad de regresar a la norma en su prisión gobernada por Israel, en tanto en Cisjordania los palestinos podrán observar en paz cómo Israel desmantela lo que quede de sus posesiones. 

Tal es el desenlace probable si Estados Unidos mantiene su apoyo decisivo y virtualmente unilateral a los crímenes israelíes y su rechazo al consenso internacional que desde hace tanto tiempo existe en torno a un acuerdo diplomático. 

Pero el futuro sería muy distinto si Washington retirara ese apoyo. En ese caso sería posible avanzar hacia la "solución duradera" en Gaza a la que ha convocado el secretario de Estado John Kerry, la cual ha suscitado condena histérica en Israel porque la frase podría interpretarse como un llamado a poner fin al sitio y a los ataques constantes israelíes. Y –horror de horrores– la frase podría incluso interpretarse como un exhorto a aplicar el derecho internacional en el resto de los territorios ocupados. 

Hace 40 años Israel tomó la fatídica decisión de elegir la expansión sobre la seguridad, rechazando un tratado total de paz ofrecido por Egipto a cambio de la evacuación del Sinaí egipcio ocupado, donde Israel emprendía proyectos intensivos de colonización y desarrollo. Desde entonces Tel Aviv se ha adherido a esa política. 

Si Estados Unidos decidiera unirse al mundo, el impacto sería grande. Una y otra vez Israel ha abandonado planes anhelados si Washington se lo demanda. Así son las relaciones de poder entre los dos gobiernos. 

¿Podría cambiar la política estadunidense? No es imposible. La opinión pública ha tenido un giro considerable en años recientes, en particular entre los jóvenes, y no puede ignorarse por completo. 

Durante algunos años ha habido buen fundamento para las demandas públicas de que Washington observe sus propias leyes y reduzca la ayuda militar a Israel. La ley estadunidense estipula que "no se puede brindar asistencia en seguridad a ningún país cuyo gobierno siga una pauta consistente de graves violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente". 

Israel, sin duda, es culpable de esa pauta consistente, y lo ha sido por muchos años. El senador Patrick Leahy, de Vermont, autor de esa disposición legal, ha mencionado su aplicabilidad potencial a Israel en casos específicos, y con un bien dirigido esfuerzo educativo, de organización y de activismo, es posible impulsar con éxito tales iniciativas. 

Eso podría tener un impacto muy significativo por sí mismo, y a la vez daría una plataforma para acciones ulteriores con el fin de obligar a Washington a volverse parte de la "comunidad internacional" y observar las normas del derecho internacional. 

Nada podría ser más significativo para las trágicas víctimas de tantos años de violencia y represión en Palestina.