3 preguntas clave a 36 meses sin los 43

La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la policía municipal, estatal y federal, y personal de las fuerzas armadas. El saldo del atentado fue de seis muertos, entre ellos tres normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A tres años (36 meses) de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos (presuntos perpetradores) ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune. Y el destino final de los 43 es un enigma… O un secreto de Estado. 

1. ¿Dónde están los 43 normalistas? 

La población civil en México desconoce el paradero de los 43 normalistas. De acuerdo con peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría General de la República, hasta ahora sólo se ha confirmado el hallazgo de los restos óseos de un estudiante: Alexander Mora. De los otros normalistas no se tiene ninguna información. 

Desde un principio, el gobierno federal trató de desactivar las líneas de investigación –recomendadas por instancias internacionales– que comprometían a las propias autoridades cívico-militares, e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justica en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los Padres de Familia de los 43 y al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó ex profeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Este empecinado boicot a la investigación por parte de las autoridades en México apuntala una conjetura generalizada. 

El ex-general mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, asegura que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conocen el paradero de los estudiantes: “Enrique Peña Nieto sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa” (http://bit.ly/2edomXp). 

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, comparte la sospecha del exgeneral: “Ellos (el gobierno), son los responsables de la desaparición de los estudiantes […] ellos saben, porque participaron, la Marina, los judiciales, los municipales de Iguala, y que fue por mandato de Enrique Peña Nieto. No tengo miedo a nada, si me van a matar un día aquí me encuentran; yo no ando resguardado como los políticos” (http://bit.ly/2yF0Ad9). 

El padre y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde (una de las figuras más destacadas de la lucha social en México) refuerza esta hipótesis: “Sin duda alguna, puedo decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo y sabe perfectamente bien lo que pasó aquella noche y madrugada con los jóvenes de Ayotzinapa, él sabe y conoce el paradero de los 43 estudiantes” (http://bit.ly/2xJ7T5y). 

Realmente, la única posibilidad de conocer la respuesta a la pregunta de “dónde están” es un eventual rompimiento del pacto de silencio y los cotos de impunidad que sostienen a todo el andamiaje institucional y la estructura de poder en México. 

2. ¿En que situación se encuentra la investigación? 

Existen básicamente dos investigaciones: la oficial y la extraoficial. La oficial es eso que llaman la “verdad histórica” y que no tiene ningún asidero empírico o validez jurídica. La extraoficial está basada en peritajes científicos, visitadurías de organismos internacionales, investigaciones documentales, y trabajos periodísticos de confiabilidad probada. 

La “verdad histórica” –que urdieron el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– es el relato que fabricó el gobierno para ocultar lo que realmente pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que esta versión fue construida con base en la siembra de evidencia falsa y confesiones obtenidas mediante tortura. 

De acuerdo con tal versión, que no es sino una “mentira histórica”, la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala entregaron a los 43 normalistas a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos –un cártel de la droga presuntamente dirigido por la esposa del exalcalde José Luis Abarca–, quienes los habrían llevado al basurero del municipio de Cocula, donde los calcinarían –a los 43– en una hoguera. El colofón de esta desprolija e inverosímil historia es que los fragmentos de los normalistas fueron depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan; y que, supuestamente, esto explica que los restos desaparecieran sin dejar rastro alguno. 

Con base en investigaciones difundidas por instancias que no responden al comando del gobierno (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajos enciclopédicos de periodismo de investigación), hoy sabemos que en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala participaron agentes de la policía estatal y federal (mando único policial), elementos del escuadrón del 27 Batallón de Infantería, jefes militares (capitán José Martínez Crespo; subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa), y el Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo, llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. 

No obstante, ninguno de los 130 presos acusados de participar en los hechos (por cierto, todos policías municipales y albañiles que arrestaron extrajudicialmente), está condenado por desaparición forzada. Y ningún funcionario de mediano o alto rango está bajo investigación, aun cuando la propia Procuraduría General de República reconoció que agentes de esa dependencia y personal de la Marina recurrieron sistemáticamente al método de la tortura para conseguir declaraciones a modo. 

Por añadidura, los múltiples peritajes científicos que fueron efectuados en la escena del crimen confirman fehacientemente la insostenibilidad de la “verdad histórica”. Sin embargo, una vez instalada por la fuerza del terror y la manipulación, el gobierno no renunciaría jamás a esa versión de los hechos, a pesar de las nutridas pruebas que refutan categóricamente el relato oficialista. 

3. ¿Qué significa el caso de Ayotzinapa para México? 

 Acaso junto con el reciente terremoto, Ayotzinapa es un recordatorio de que México es un país dirigido por una clase gobernante criminalmente omisa o diligente, según el caso en cuestión. La inacción dolosa de la autoridad tras los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, y la acción homicida de esa autoridad en las masacres estudiantiles de 1968 (Tlatelolco) y 2014 (Ayotzinapa), es un indicador lapidario de que la estructura de poder en México, a pesar de las transformaciones y reingenierías, conserva su contenido fundamental: la necropolítica, es decir, la facultad gubernativa de matar y dejar morir. 

Con las reformas estructurales (económicas y de Estado), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconfiguró las formas de dominación, pero dejó intocados los contenidos profundos. Si la Masacre de Tlatelolco es la “fracción singular” que contiene la “imagen de conjunto” del PRI-nacionalista, la Masacre de Iguala y la Desaparición Forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa es la condensación del PRI-neoliberal. 

Ayotzinapa es la suma de todos los males, y acaso la confesión involuntaria de nuestro endémico fracaso nacional. Es el colofón obligado de la fórmula guerra-militarismo-narcotráfico sostenida por décadas como única forma de gobierno. Porque en esa fórmula se incuba la posibilidad de alcanzar el objetivo añorado por las castas dominantes en México: a saber, la opacidad absoluta en el ejercicio del poder. 

Pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza; la autoafirmación de nuestras posibilidades de éxito nacional. Omar García, normalista sobreviviente, repara sobre una conquista que apenas ahora comienza a recibir la atención que amerita. Dice él: “[A diferencia de los familiares de otros desaparecidos]… las familias de Ayotzinapa tuvieron suerte de que sus hijos fueran estudiantes de una escuela organizada […] De haber sido familias aisladas, que no hubieran tenido un lugar donde concentrarse, un lugar donde alimentarse, y tener un techo donde dormir, autobuses a disposición que generan los estudiantes, seguramente los habrían destrozado desde el principio, que es lo que han hecho con otras familias. Porque el resto de familias asiladas no tienen la posibilidad de tener un centro, una retaguardia, desde donde organizarse” (http://bit.ly/2wUkOm1). 

Ayotzinapa instala la obligatoriedad de reflexionar exhaustivamente, y de modo totalizador, la realidad política y la historia de nuestro país. 

Alguien en algún lugar escribió: “Vivimos en un régimen barbárico. Ayotzinapa nos despertó”. Y gracias a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los Padres de Familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: “El gobierno es nuestro enemigo. Fue el Estado”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170929_073641_429#


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El referéndum en Cataluña y la monarquía española

Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede el reino de España y las consecuencias posibles de un triunfo del independentismo catalán. La envenenada transición política de los años setenta en España a llegado a su límite y que los catalanes la impugnen promoviendo la independencia, vuelve a colocar en el centro de la discusión el agotamiento de una monarquía constitucional que ha sido claramente la continuación del franquismo, su existencia por otros medios.

La dictadura de Franco no resolvió nada y peor aun, sumió en una larga noche a España y a Europa. Sólo aplazó la tendencia republicana de un pueblo que claramente ha desde los años veinte había rebasado los límites de una monarquía decrépita y abrazada con la iglesia católica y los terratenientes. Con su regreso, gracias a Franco y la ambición de Juan Carlos, se le quiso dotar de legitimidad imponiendo una constitución que sin tapujos modificó el régimen para que todo siguiera igual. Hoy por hoy esa constitución, y las instituciones que emanaron de ella, han demostrado su verdadero carácter oligárquico, despreciando las necesidades de una sociedad que ha recuperado su talante republicano y que ha rebasado por mucho el espíritu reaccionario de la constitución posfranquista.

El movimiento de los indignados del 15M demostró claramente que la monarquía constitucional no podía mas mantener el consenso y la legitimidad necesaria para seguir viva. Muchos se preguntaron cual había sido la contribución del movimiento a la política en España; bueno, ahora lo tenemos a la vista, aunque no se puede pasar por alto tampoco a Podemos, que puso en evidencia el debilitamiento de un sistema de partidos corrupto y profundamente conservador. Pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado: las aspiraciones independentistas que se expresaron claramente en el país vasco -en tiempos de Franco y luego con la monarquía constitucional- fueron cobrando fuerza en una región que sufrió mucho la derrota de la república en 1936, que fue duramente castigada por ser pieza clave en la guerra civil para la defensa de los valores republicanos. Hay que recordar que el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana unas horas antes de la constitución de la II República. Mas allá de la masacre que se desató como consecuencia de la derrota republicana, el agravio a los catalanes se amplió al ilegalizar su lengua y anatemizar cualquier expresión cultural y política que reivindicara el derecho de la población a mantener su espíritu vivo. 

 

Los actores políticos involucrados son, por un lado los partidos políticos que han lucrado ampliamente con los privilegios obtenidos a cambio de su respeto a la monarquía y a la iglesia católica. El Partido Popular y el PSOE no pueden menos que condenar las aspiraciones independentistas de Cataluña pues los colocaría en una situación de ruptura que a todas luces no les favorece. Los acompaña por supuesto la monarquía y todos lo terratenientes que con títulos nobiliarios siguen imponiendo sus caprichos en las grandes extensiones de tierra que poseen gracias a su apoyo al rey. No es una casualidad que sean los grupos más favorecidos con la transición político de los setentas los que se rasguen las vestiduras ante la celebración del referéndum catalán: las consecuencias serían imprevisibles para el mantenimiento de sus privilegios.

Por otro lado están la Candidatura de Unidad Popular (CPU) , en la que se apoya la coalición Junts pel Si que encabeza la organización del referéndum, tiene un discurso que evidentemente pone en la picota a los beneficiarios del franquismo monárquico. En un manifiesto firmado por la CUP se puede leer lo siguiente: “Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista” Y a pesar de ser una fuerza política legal en Cataluña, con representantes electos, Rajoy se ha referido a ellos diciendo que son “la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años” 

 

La reacción de los opositores al referéndum ha echado mano de todo el poder del Estado para detenerlo: desde anatemas del Tribunal Constitucional hasta registros efectuados por la Guardia Civil de cuatro departamentos de la Generalitat, detenciones y confiscación de material gráfico que promueve el referéndum. La desesperación parece cundir entre Rajoy y sus socios que no pueden menos que tratar por todos los medios de impedirlo. No defienden al pueblo que dicen representar, defienden sus privilegios y los de la monarquía, que tanto los ha beneficiado. No sorprendería a nadie, tomando en cuenta lo que está en juego, que el Estado español impida el referéndum con la fuerza de las armas. Después de todo, el franquismo y su razón de ser siguen vivitos y coleando.

Mas allá de que se lleve a cabo y su resultado le dé vida al independentismo catalán -y porque no, al vasco y el de otras regiones de España- las cartas están echadas: la monarquía constitucional, continuadora del régimen franquista, está cada vez más debilitada y desprestigiada, mientras que el movimiento por la III República crece día con día. Es probable que la independencia de Cataluña, en caso de convertirse en una realidad, no resolverá todos los problemas que enfrentan los catalanes pero una cosa es aún más probable: el principio del fin de la monarquía franquista, como manifestación clara de la crisis terminal que experimenta el estado liberal en España y el mundo.

México 2018 [I]: la izquierda se levanta

México está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos humanos dan cuenta de una tragedia humanitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 años de guerra; 32 mil desaparecidos (organismos civiles estiman que la cifra asciende a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros (ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de México, actualmente base operativa de los poderes federales); pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública (las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000 por ciento). Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México es un holocausto sin relato ni reconocimiento oficial. Fuera de ese oficialismo resueltamente sordomudo, florecen, desde la izquierda –una de arriba y otra de abajo– dos fuerzas anti(extra)establishment: Movimiento de Regeneración Nacional y Concejo Indígena de Gobierno (propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 

La primera fuerza (Morena), apunta al cambio de régimen político por la vía electoral (temporalidad política de corto-mediano alcance). La segunda (CIG-CNI-EZLN), apunta al cambio civilizatorio (transformación radical del orden social) por la vía de la articulación-organización de base (temporalidad política de mediano-largo alcance). 

Morena es un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista. El CIG-CNI-EZLN es un movimiento social de amplio espectro, anticapitalista y decididamente autonomista. El propósito acá no es equipararlas. Nadie discute que se trate de izquierdas de signo diferente: una, de arriba-moderada (coyuntural); la otra, de abajo-radical (de largo aliento). A la segunda la acusan de no querer dialogar con la primera, o incluso de “colaborar” (sic) con las “fuerzas de la derecha”. Pero la historia constata que la responsabilidad del desencuentro recae en la otra parte. La izquierda electoral-institucionalista nunca quiso dialogar con la rebelión indígena anticapitalista, e incluso traicionó flagrantemente la posibilidad de un encuentro. En 1996, las principales fuerzas partidarias, incluida esa izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática, antecedente de Morena) establecieron las bases del ordenamiento político-electoral, en beneficio irrestricto de los partidos, y en detrimento de los Acuerdos de San Andrés (apertura y democratización del sistema político en su conjunto), suscritos por el EZLN y el gobierno federal. Acaso por eso los zapatistas han dicho que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador –signatario de ese arreglo partidocrático–, no es diferente del resto de los políticos. 

En esas coordenadas discurre la interferencia que impide el diálogo. La factibilidad de desalojar a la narco-derecha del poder e instalar “sosteniblemente” las agendas de “las izquierdas” en 2018 (esfuerzo absolutamente urgente, legítimo e inaplazable), estriba en la habilitación de un diálogo, aunque fuere sólo transitorio o coyuntural, entre las bases sociales que movilizan esas dos fuerzas. 

Esto de ninguna manera es un intento por dirimir, por orden de las teclas, una discusión entre dos propuestas políticas tan apartadas una de la otra, objetiva y subjetivamente. Pero sí es un esfuerzo por exhortar a un diálogo que involucre a la militancia de base de las izquierdas, que, afortunadamente, ya en algunos foros y espacios está teniendo lugar. La prioridad es que la izquierda se levante, apuntando a una tarea común: pensar-desarrollar colectivamente el anticuerpo. México es un organismo desprotegido, y a merced de las inercias políticas más adversas e infaustas. 

Ni Morena es exactamente igual a los otros partidos (todas las coaliciones partidarias en curso responden a una acción concertada de la derecha por frenar el lopezobradorismo), ni el CIG-CNI-EZLN aspira a escamotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (la rebelión indígena ha sido radicalmente fiel al programa de resistencia; y es acaso el único actor social con autoridad moral irreprochable). La condición de posibilidad de un encuentro radica en admitir que las descalificaciones recíprocas contribuyen a fortalecer la continuidad en el poder de una derecha obscenamente criminal, y, por consiguiente, la hegemonía del PRI-Estado. 

Por definición, el poder es eso que gobierna, y que ha tenido capacidad de alcanzar hegemonía. En México gobierna el PRI-Estado, cuyos dominios gubernativos abarcan: 1) el sistema político en su conjunto, es decir, la totalidad de los partidos –tricolor, blanquiazul, amarrillo o verde; 2) la tradicional cultura política clientelista, corrupta e influyentista; 3) el ensamblaje estructural con el narcotráfico; 4) la anglofilia o adhesión ideológica a Estados Unidos por oposición a la identificación con Latinoamérica; 5) el neoliberalismo antinacional. 

El imperio del privilegio (criminal) en México descansa sobre esas columnas del PRI-Estado. 

Las izquierdas tienen básicamente dos asignaturas urgentes, una de corto plazo, otra de largo alcance: la primera, desarrollar el anticuerpo (anti-PRI) y derruir las bases del PRI-Estado; la segunda, reconstruir el tejido social y parir un orden social radicalmente “otro”. 

El diálogo de las izquierdas es en función de esas tareas comunes. 

Que en 2018 la izquierda (no unificada pero sí en diálogo) se levante.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170915_085722_273