Crónica de un desencuentro anunciado: la visita de Dilma a México

El quinto encuentro entre Dilma Roussef y Enrique Peña confirmó que la distancia entre México y Brasil no se expresa solamente en los kilómetros que separan a ambos países, en las diferencias culturales o futbolísticas. Habría que agregar la desconfianza mutua entre los dos gigantes de Latinoamérica, consecuencia de sus diferentes estrategias geopolíticas. El saldo de la visita de Dilma a México es prácticamente nulo; más allá de los discursos y las buenas intenciones, los dos países no están en condiciones para conformar un bloque económico que impulse el crecimiento económico de la región.

Las razones de la desconfianza entre dos países que concentran el 62% del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica tienen que ver principalmente con la relación comercial que sostienen con los Estados Unidos. Mientras que México está amarrado comercialmente con su socio norteño, Brasil sigue profundizando sus relaciones comerciales con China y Europa y al mismo tiempo fortalece su comercio con Argentina, su socio principal.

En otras palabras, Brasil considera de importancia estratégica diversificar sus relaciones comerciales -sobre todo con Asia- manteniendo al mismo tiempo su liderazgo en el MERCOSUR y su presencia en el grupo BRICs. Por su parte, el gobierno mexicano  puso todas sus fichas en su pertenencia al  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el argumento de que su cercanía con el mercado estadounidense lo catapultaría al primer mundo. Después de más de un cuarto de siglo, el TLCAN ha empobrecido a la mayoría de la población mexicana pero le ha reportado enormes ganancias a un pequeño grupo de empresarios que, con el enorme poder adquirido, demandan hoy una mayor profundización de las relaciones comerciales con EE. UU.

A lo anterior habría que agregar que los desencuentros entre Brasil y México no se circunscriben a la competencia entre sus industrias automotrices o a las diferencias culturales. Los gobiernos panistas no fueron precisamente admiradores de Lula ni mucho menos del Partido dos Trabalhadores (PT) lo que enfrió las relaciones bilaterales. Además, los EE. UU. -y por ende el gobierno mexicano- se sintieron amenazados por el surgimiento de organismos regionales como el ALBA, diseñados para impulsar el intercambio comercial entre los países sudamericanos, incluyendo claro a Venezuela y Bolivia, ejes del mal para la plutocracia yanqui. 

A su vez, Brasil comprendió que la firma del TLCAN, a fines de la década de los ochenta, canceló todas las posibilidades de estrechar relaciones comerciales con México. Por si fuera poco los presidentes panistas, sobre todo Calderón, prefirieron estrechar relaciones diplomáticas con Colombia y Perú, con miras a formar un bloque que junto con los EE. UU. funcionara como contrapeso al MERCOSUR, ALBA, etc. y que de manera simultánea sirviera de  contención a las ambiciones de China.

¿Entonces a que vino Dilma? En primer lugar a explorar las posibilidades de inversión en materia petrolera. Petrobras debe estar  interesada en las oportunidades creadas por la reforma energética, como cualquier empresa del ramo. También le interesa ampliar el acuerdo de complementación económica bilateral (ACE53); dicho acuerdo comprende actualmente 800 productos con preferencias arancelarias pero se contempla la posibilidad de ampliarlo a 6 000 productos. La cereza en el pastel de la visita fue la firma del Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones (ACFI), primero de su especie firmado por Brasil, que sin dejar de representar un avance en las relaciones comerciales no constituye ni de cerca un golpe de timón para modificar significativamente el estado actual de sus relaciones comerciales.

Así las cosas, la visita de Dilma a México no rindió los frutos anunciados en la prensa nacional ni mucho menos alteró su estrategia geopolítica, máxime cuando recientemente el primer ministro chino Li Kequiang anunció en Brasil un paquete de inversiones de 50 mil millones de dólares para la región sudamericana. Por su parte, tampoco Peña tiene intenciones de atenuar su dependencia política y económica con los EE. UU. aunque esto signifique mayor pobreza y violencia social para las mayorías que dice representar. La cancelación de las obras del tren rápido entre Querétaro y la ciudad de México así como el fracaso de la construcción del Dragon Mart en Yucatán no dejan lugar a dudas de que nuestro país seguirá siendo una colonia yanqui pero sobre todo una cuña fundamental para impedir la construcción del sueño de Bolívar en la región Latinoamericana.

Fisuras del lenguaje político y la crisis institucional de la representación

Eder Noda Ramírez

Recientemente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, hizo una serie de comentarios burlescos y peyorativos hacia grupos indígenas que reflejan una clara reproducción del pensamiento cotidiano de la clase política mexicana, en donde la segregación no es tomada en serio, ni tampoco manifiesta la sensibilidad de los grupos menos favorecidos ante temas de alto impacto como Ayotzinapa, la discriminación racial, la violación de derechos sociales, la corrupción, la violencia o la crisis de representatividad política que atañe a nuestra nación plural y multicultural. 

A raíz de lo anterior –y porque se tiene evidencia en audio–, surgió una cadena viral sobre los comentarios realizados. Pero más allá de las críticas sobre lo dicho, esta acción refleja de manera superflua en un entorno convencional la calidad ética de los altos funcionarios que es constantemente contrastada por su “hacer privado y público”, denotando una fisura del discurso por medio de dos lenguajes distintos: lo que se dice in situ y lo que se dice para legitimar una idea; no hay correlaciones entre los valores humanos y los valores democráticos en los representantes de las élites políticas mexicanas. 

Para comprender esta acción no basta apuntar la temática hacia un acto “discriminatorio”, sino al debate que hay entre lo privado y lo público, dado que los defensores de la situación se promueven a favor del respeto de la vida privada del funcionario de alto nivel: porque todos tenemos pláticas convencionales después del trabajo en donde inclusive describimos situaciones anecdóticas matizadas de ironías y burlas, peripecias propias de una jornada laboral, como aquel obrero que al salir de la fábrica hace chistes con sus compañeros sobre el supervisor de producción. Por ejemplo, no hacer mofa del caso Ayotzinapa porque eso sería una falta de respeto, o como también le dicen los que saben: es una falta de educación a una situación delicada; verbigracia, no voy a reírme en un sepelio. 

Pero esta situación no es casual, es política. Así como también hay un discurso oculto de los dominados a sus dominantes como explica James Scott (2000), lo cual conlleva a reproducir oraciones, conductas, hábitos, etc., que indiquen claramente una forma de resistir al poder; así también existe un discurso oculto reproductor de los que ostentan el poder que refleja un claro posicionamiento sobre “los unos” y “los otros”, la “diferencia”. 

De acuerdo con Bourdieu, en el campo político existen lógicas excluyentes en la propia división entre profesionales y profanos, dado que se trata de la imposición de una visión y la manipulación de la demanda por medio de una oferta que “impone la interpretación legítima de las divisiones del mundo social” (Tahar, 2012: 20). Por lo tanto, recordar que Córdova está posicionado dentro de un campo político mexicano, representando una institución reconfigurada al juego democrático de cara a próximas elecciones, proveniente de un camarilla específica perteneciente a un partido o grupo político propio de una clase política, es muestra de un claro escándalo que compete al campo de lo político y por ende, de lo público. Así mismo, sus comentarios aluden a la “visión” y “valores” de una clase política cada vez más alejada de las minorías, que ha provocado una pérdida de confianza electoral y es parte de la actual crisis de representatividad por la que atraviesa el país. No es una doble moral, es una línea divisora entre los valores de las elites en el poder y los valores democráticos representativos. 

El contexto en el cual fue desarrollada la trama: una reunión en donde se le explicaba a los grupos indígenas por qué no pueden crear una sexta circunscripción electoral para elegir representantes indígenas sin recurrir a partidos políticos, no es un asunto a omitir ni ser opacado por la viralidad de la situación, sino de poner un sentido de alerta que señale la falta de legalidad y normatividad institucional que impide abrir el campo político a las minorías, así como la falta de reconocimiento a la multiculturalidad y pluralidad de una nación heterogénea. Y eso representa el INE: un campo político cerrado que implica una simulación de elecciones de representantes de la clase política en donde no hay cabida para superar la partidocracia ni impulsar la acción ciudadana multicultural: no hay opciones democráticas. 

Entonces, ¿cabe plantearse la cuestión desde la defensa de lo privado, el espionaje, la elegancia de la burla, de un acto de discriminación aislado de la coyuntura política en la que está circunscrito nuestro país? ¡No! Hay que plantearse la fisura que existe entre el discurso de los de “arriba” y los de “abajo”; entre lo que realmente piensa la clase política sobre las minorías y lo que dice para legitimar un discurso democrático, en suma, la crisis de representatividad política actual en México previo a las próximas elecciones, aunado a una institucionalidad electoral emergente y con falta de credibilidad como lo es el INE. 

Por último, no hay que olvidar lo central: la negación de la participación política a grupos minoritarios en su gestión por la representación sin partidos políticos, lo que conlleva a reconfigurar la legitimidad de nuestras instituciones electorales y los propios gobiernos para abrir el juego democrático a un campo político menos compacto y más participativo, sin fisuras del lenguaje. 

Scott, James. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. México: Era. 

Tahar, Malik. (2012). Crisis de la representación política y democratización en México: de la generalidad y especificidad del caso, en Desafíos 24(1), pp. 15-36.

El fracaso de la izquierda o la ausencia de la oposición: una reflexión acerca del dilema “votar o no votar”

Imagen: El dragonario

El liberalismo político está en crisis terminal. La democracia electoral, que es una de sus figuras más representativas, está en estado de descomposición, sujeta a cuestionamientos cada vez mas hondos. En México se ha puesto a debate la pertinencia de votar o no votar en las elecciones venideras. La segunda posición –la de no votar– a menudo viene acompañada de propuestas alternativas que involucran un boicot activo al proceso comicial. Ese acompañamiento de propuestas es el momento político de la población civil: es el disenso con respecto a las formas dominantes del quehacer público. El dilema votar-no votar es legítimo sólo cuando se traslada a un foro extrapartidario. Porque precisamente lo que está en discusión es la relevancia política del sistema de partidos o la democracia puramente formal. Esa discusión es la que nos ocupa y preocupa. Y a modo de contribución a ese debate público, se reproduce íntegramente el siguiente artículo, que fue publicado con anterioridad pero cuya vigencia es notoria. 

PRD, Morena, y la inexistencia de la oposición 

Es un fracaso la actualidad de la llamada izquierda. Y aunque preferiría moderar el uso de la expresión “izquierda” (sabedor de la caducidad de la antinomia izquierda-derecha en la arena partidista), acá se va a utilizar sólo con fines prácticos e ilustrativos, para denotar lo que corrientemente se entiende como “oposición”. Ahora, aquí el problema semántico se convierte en problema político-teórico, precisamente cuando uno se pregunta: ¿qué es oposición?; o bien, ¿qué características o idearios debe representar la oposición? Basta de responder sin brújula a la pregunta leninista ¿qué hacer? Dada la crisis de la izquierda o la aventura desorientada de la oposición, cabe responder estas interrogantes cruciales para el desarrollo de la lucha política venidera. Es decir: meditar antes que actuar, o actuar tras meditar. Puedo escuchar las detracciones de los prosélitos del credo de la “acción”. Y a modo de replica, recuérdoles las palabras de Horkheimer, el filósofo de Frankfurt: “La acción por la acción no es de ningún modo superior al pensar por el pensar, sino que éste más bien la supera”. Y es que la ausencia de teoría –agrega Adela Cortina– “deja al hombre inerme ante la violencia”. 

Esta última observación es sólo parcialmente cierta. El problema en el fondo no es el desamparo que se traduce en violencia, sino la falta de un horizonte teórico para fundar otra violencia. Explícome (para evitar que acusen de promover la violencia bruta): Todo orden entraña violencia –gobierno, reglamentos jurídicos, miscelánea de mecanismos para la conservación de un sistema etc.–; la cuestión radica en distinguir entre una violencia que conserva el orden, y una violencia que transforma –transgrede– ese orden. Cabe hacer notar que cierta violencia puede adoptar una forma radicalmente pacífica (allí está la figura de Gandhi), que acaso nos parece la más pertinente para confrontar un sistema donde la política es la continuación de la guerra, y no a la inversa como equivocadamente argüía el alemán Carl von Clausewitz. Nuestro diagnóstico es el siguiente: la violencia conservadora, esto es, la violencia orientada a la preservación-consolidación del orden establecido, cosecha logros aquí y allá, con relativa desenvoltura. Entre tanto, la violencia transformacional atraviesa una de sus crisis históricas más agudas. 

Aunque la confusión puede tratarse como un síntoma positivo o deseable, es preciso, si la “oposición” no ha de perecer, traducir esta confusión en una propuesta que redunde en autenticidad transgresora. Y en la crisis, que no en la confusión, es donde situamos a los partidos de “izquierda” en México: PRD, Morena, y anexos. Insistimos: no en la confusión, pues muchos de sus militantes parecen tener perfectamente claro su afán de servir a los poderes constituidos. Estos partidos representan más bien el epítome de la crisis de la “oposición”. A falta de horizontes, la izquierda partidaria se sostiene como “alternativa”, aunque sólo imaginariamente, canalizando toda la vitalidad transformadora de una sociedad, a la manera de un embudo, hacia escenarios donde el poder ejerce un dominio total. Ceñidos al tablero dual de la representación política multipartidaria y los confines de la economía capitalista, la “izquierda” en el presente es incapaz de articular un discurso radicalmente incompatible con las coordenadas del orden material y simbólico actual. (¡No basta con oponerse a ciertas políticas del neoliberalismo!). Su “visión y misión” (adviértase el tono peyorativo), está enquistada en las perspectivas de “lo posible”. Si la crisis y confusión ha de sortearse, es hora de articular e imaginar “lo imposible”: esto es, de construir una auténtica alternativa al sistema, que no existe en la arena política formal o institucional, y que tan sólo figura en los márgenes de la institucionalidad. Es allí donde debe mirarse si la “izquierda” formal aspira a cultivar un triunfo siquiera minúsculo. Las múltiples cepas “izquierdistas” que actualmente cohabitan en las pantanosas ciénagas de la política oficial sólo sirven al poder, a su reproducción, legitimación e indiscutible éxito. Es preciso concertar las nupcias de la violencia transgresora (preferentemente pacífica) con un discurso libertario que reclame “lo imposible”. 

En otra ocasión se ofreció una pista prescriptiva, cuyo propósito era conminar a la reflexión y a pensar teóricamente: “En las disputas públicas entre partidos o facciones, los unos suelen responsabilizar a los otros de los desastres. Pero el problema real, que a menudo se ignora, radica en esa categoría conceptual que a izquierdos o derechos o híbridos acomodaticios les produce indigestión: se llama guerra de clases. Esta guerra a veces atraviesa periodos ‘fríos’ de relativo armisticio, y a veces de alto impacto, de conflagración abierta y sin telones decorativos. El neoliberalismo es una violenta estrategia política para la restauración del poder de clase, que imperiosamente recrudece la guerra… A nuestro juicio, y basándonos en la virulencia de los atracos y la militarización de la vida pública, México está atravesando la segunda modalidad de guerra. Para trazar una propuesta política alternativa, es preciso realizar un diagnóstico franco, desinhibido, certero. Y si admitimos que el conflicto no es entre ideologías o fracciones partidarias, sólo resta promover el paso a la acción e involucramiento en este conflicto con absoluta conciencia de la situación concreta: la intensificación de la lucha de clases en México” (Ir a artículo completo http://lavoznet.blogspot.mx/2013/11/el-exito-neoliberal-o-la.html). 

Eduardo Galeano insiste en la importancia de la articulación de un horizonte de “lo imposible”, tan obstinadamente ignorado por la izquierda que no es oposición, o por la oposición que no es izquierda: “Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Recordatorio a Morena, al PRD y consortes: la oposición no son ustedes. El llamado a la abstención electoral es en parte consecuencia de su incapacidad o falta de voluntad política para articular sus programas a la protesta ciudadana y al descontento de la población. 

La oposición está en la población.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/el-fracaso-de-la-izquierda-o-la-ausencia-de-la-oposicion-una-reflexion-acerca-del-dilema-votar-o-no-votar/

"¿No nos representan?" Discusión entre Jacques Rancière y Ernesto Laclau sobre Estado y democracia

El 16 de octubre de 2012, en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, el filósofo francés Jacques Rancière impartió una conferencia que llevaba por título “La democracia hoy”, en el marco de una semana de conferencia en Buenos Aires y Rosario organizadas por la  UNSAM y la editorial Tinta Limón.

En esa conferencia, Rancière desarrolló su ya conocida reflexión sobre el tema: la democracia no es ningún régimen de gobierno, sino la manifestación, siempre disruptiva y conflictiva, del principio igualitario. Por ejemplo, cuando los proletarios del siglo XIX deciden no actuar como si fuesen simple "fuerza de trabajo", sino personas iguales a las demás en inteligencia y facultades, capaces de leer, pensar, escribir o autoorganizar su trabajo. La democracia sería de ese modo lo ingobernable mismo en su manifestación, es decir, la acción igualitaria que desordena el reparto jerárquico de lugares, papeles sociales y funciones, abriendo el campo de lo posible y ampliando las definiciones de la vida común.

"No hay Estado democrático”, afirmó intempestivamente Rancière ante un auditorio muy interesado en los escenarios de los gobiernos progresistas de la región (Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay, etc.). Es decir, no hay traducción institucional posible de este fondo disruptivo, expansivo, de la política. En todo caso pueden darse algunos efectos, en términos de libertades o derechos. Pero “la democracia no se identifica con una forma de Estado, sino que designa una dinámica autónoma con respecto a los lugares, a los tiempos, a la agenda estatal”.

Después de la conferencia, como estaba previsto, tomó la palabra Ernesto Laclau, teórico de la hegemonía populista e intelectual de referencia para el grupo fundador y dirigente de Podemos. Laclau es un gran conocedor de la obra de Rancière, a la que ha dedicado numerosos escritos donde explica sus afinidades y diferencias con su pensamiento.

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¿A quién le conviene la videovigilancia en la Universidad Veracruzana?

En tiempos en el que los gobiernos del mundo  justifican el espionaje sistemático de la población para mantenerla protegida de ataques terroristas, violando el derecho a la privacidad, la Universidad Veracruzana (UV), o mejor dicho sus autoridades, han comenzado a instalar un sistema de videovigilancia en varias unidades académicas. El hecho ha provocado reacciones adversas, sobre todo por parte de los estudiantes, quienes señalan la ausencia de consenso para fortalecer la seguridad en los espacios educativos de la UV. Cabe mencionar que el proyecto es promovido por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el objetivo de implementarlo en todo el país.

No se puede negar que el aumento de la violencia social en la que vivimos ha afectado la cotidianidad de las comunidades universitarias. Otrora espacios abiertos a la sociedad, las universidades públicas del país se han cerrado poco a poco, no solamente dejando sin oportunidad de estudiar a miles de jóvenes que egresa del sistema de educación media-superior. También han desarrollado sistemas de seguridad  para proteger a estudiantes y maestros debido al aumento de la incidencia de delitos como el robo, asalto, estupro o incluso robo de mobiliario y equipo de escuelas y facultades.

Concomitante con lo anterior, las comunidades universitarias perciben claramente la paulatina desaparición de espacios seguros, tanto dentro como fuera de sus planteles educativos. Sin embargo, pensar que con la puesta en marcha de sistemas de video vigilancia en facultades y escuelas el problema será resuelto el problema de la seguridad está muy lejos de la realidad.

Efectivamente, y tal como lo declaran las autoridades universitarias, las cámaras de video representan un elemento que inhibe conductas delictivas ante la posibilidad de ser identificado cometiendo un asalto, por ejemplo. Sin embargo, es necesario contar con una política integral de seguridad que, además de contar con un sistema de videovigilancia, involucre a la comunidad universitaria en la elaboración de un diagnóstico, su ejecución y su evaluación. De otro modo, la desconfianza generada por una política impuesta desde las cumbres burocráticas, sin una consulta amplia y sin una idea clara de la problemática que se enfrenta sólo puede ser identificada como una imposición que persigue intereses oscuros, ajenos en buena medida a lo que se pretende enfrentar.

Y eso fue exactamente lo que sucedió en la unidad de Humanidades del campus Xalapa de la UV, la semana pasada. Ante un simulacro de consulta con directores, la Secretaría de la Rectoría, a cargo de Octavio Ochoa Contreras, decidió instalar cámaras de video, generando la oposición de estudiantes quienes se pronunciaron por una consulta a la comunidad para saber si se procede o se impide la puesta en marcha del sistema de videovigilancia. Sobra decir que la desconfianza entre estudiantes y autoridades universitarias es moneda corriente, sobre todo por la falta de comunicación entre estos dos sectores de la comunidad pero también por la tendencia de las segundas a imponer su voluntad sin consultar a nadie.

Dicha desconfianza sólo puede ser superada con la participación efectiva de todos los sectores universitarios, en este caso para definir el programa de seguridad. Por más que las autoridades juren y perjuren que las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia no serán utilizadas para violar el derecho a la privacidad de estudiantes, académicos y trabajadores; que sólo los directores administrarán el sistema en sus respectivas facultades; de que el sistema de seguridad pública estará al margen de su operación,  el imponerlo como lo están haciendo difícilmente puede impedir que se piense lo contrario. No sería la primera vez y lamentablemente tampoco la última en la que la burocracia política cambie de parecer para mantener sus intereses en marcha. Esto supone entonces que el sistema de seguridad sería como la espada de Damocles, lista para caer sobre la cabeza del disenso y la crítica, aunque claro también podría servir para mejorar la seguridad de los universitarios, siempre y cuando estos participen y regulen el sistema. De otro modo sólo servirá a sus entusiastas promotores, quienes en determinada coyuntura sucumbirían a la tentación de utilizar las imágenes para acusar, amenazar o chantajear a quien se ponga enfrente.

La política de seguridad iniciada en 2006 -que ha sido mantenida y ampliada por la presente administración federal y estatal- es una muestra clara de las limitaciones y consecuencias de imponer una política pública sin involucrar a los beneficiarios. Que un gobierno federal, encabezado por una persona ignorante y autoritaria lo haga no sorprende a nadie. Pero que lo haga una universidad comprometida con el conocimiento, más que innovación parece una aberración. 

Recientemente la rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó su deseo de que la UV pueda proponer leyes al poder legislativo, gracias a una profundización de su autonomía. Ojalá que dicho objetivo se logre pero no servirá de mucho si se sigue manteniendo a la comunidad universitaria ajena a la toma de decisiones sobre el presente y el futuro de la institución y del país. ¿Por qué siempre se olvida que los estudiantes universitarios son ciudadanos en pleno uso de sus derechos, capaces de tomar decisiones legítimas? ¿A quién le conviene olvidarlo?

Venezuela o el alarmismo golpista. Estados Unidos, Colombia y México: Estados criminales

No es una casualidad inconexa. En las últimas décadas, Colombia y México –notoriamente los principales aliados de Estados Unidos al sur de río bravo– atraviesan conflictos de fuerte impacto, escenarios bélicos de alta intensidad. Colombia y México están en guerra. Y absolutamente nada de lo que hacen los gobiernos de estos Estados está orientado a frenar la guerra. Ni siquiera el trillado “proceso de paz” colombiano que tiene lugar en La Habana. Allí a lo mucho se discute un plan de desarme (domesticación) de la guerrilla, y una alteración en el balance militar a favor de las fuerzas armadas del Estado. Pero la guerra, esa de los poderes constituidos contra la población, seguirá su  curso, a veces silenciosa a veces ruidosamente. México, en cuestión de simulacros, no está a la zaga. El gobierno en turno, tras la presión de la comunidad internacional, acaso acepte firmar todos los convenios o acuerdos internacionales que “promueven” el respeto a los derechos humanos, y posiblemente promulgue leyes a granel o invente algún organismo ocioso e incompetente para una presunta protección de las garantías individuales. Pero la guerra, esa que mata, tortura y desaparece estudiantes e inocentes civiles, esa que transformó la justicia estatal en una impúdica cloaca, esa que desplaza poblaciones y despoja patrimonios y recursos vitales, esa que empoderó a los criminales y criminalizó al ciudadano; esa guerra social, al igual que en Colombia, seguirá su curso. Pero Estados Unidos, el principal socio de esos dos Estados criminales, es el campeón en mirar la paja en el ojo ajeno, y ocultar la incontrolada criminalidad interna, esencialmente estatal. Desde la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, el 9 de agosto de 2014, la cifra de afrodescendientes muertos por disparos de agentes blancos va en aumento vertiginoso. Según cifras de la prensa, en los últimos 8 meses han sido asesinados (algunos acribillados en estado de indefensión) 9 ciudadanos negros a manos de la policía. El caso más reciente es el de Freddie Gray, un afroamericano de 25 años que murió a causa de los golpes que le propinaron agentes de la policía local en Baltimore. Hasta ahora no se ha dictado ninguna condena penal contra los policías responsables de estos crímenes. Con la salvedad de algunas suspensiones simbólicas, toda esta trama de violencia racial (violencia estatal) está marcada por el signo de la impunidad. 

Pero nadie en la comunidad diplomática, en la arena internacional o en el concierto de Estados reunidos en cumbres, tratados, organizaciones, parece preocuparle significativamente esta estela de criminalidad estatal en esos tres países. Los lamentos por el deterioro de la situación social o la  presunta preocupación por eso que llaman el “orden jurídico” o los “derechos humanos” o la “libertad de expresión” o la “democracia”, curiosamente sólo tiene un destinatario: Venezuela.  

La Cumbre de las Américas en Panamá fue un escaparate mediático de este cinismo con claros visos de alarmismo golpista. El evento estuvo presidido por la inaudita catalogación de “amenaza inusual” que por decreto unilateral endosó la administración de Barack Obama a Venezuela, supuestamente por la violación de los derechos humanos de la “oposición” política venezolana. A esta moción de agresión subrepticia o lágrima de cocodrilo, se sumaron lacayunamente México y Colombia. En la antesala de la cumbre, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos (que penosamente también se apellida Calderón), pidió por el “respeto a los derechos humanos en Venezuela”. Felipe Calderón Hinojosa, el mismo cuyas políticas e ilegitimidad condujeron a un baño de sangre nacional, añadió su rúbrica a la carta conjunta que enviaron cuatro ex mandatarios al presidente Nicolás Maduro, manifestando su preocupación por el deterioro de la situación política, la “falta de libertades” y la urgencia de hacer respetar los derechos humanos en Venezuela. Durante la cumbre, a la que por cierto asistió en persona, Calderón espetó hasta la hipertrofia la consabida consigna del coro lacayuno: “respeto a los derechos humanos en Venezuela”. 

En esos días de la cumbre, la prensa se dedicó a hacer circular calumnias con pretensiones de verdad noticiosa acerca de Venezuela. Y allí donde la noticia tenía un ápice de verosimilitud, el ordenamiento de la información generalmente respondía a una tentativa de manipulación u omisión parcial. Llama la atención una, especialmente por las cuestiones que ignora. En Venezuela, sostenía la nota, han muerto cerca de 105 agentes de la policía en los últimos años. No pocos testimonios corroboran la cifra en el reportaje. En las entrevistas, la gente hacía notar su preocupación, y a menudo señalaban al gobierno de Maduro por la situación de violencia dirigida contra agentes del Estado. Pero justamente acá radica lo contradictorio e interesante. La nota se ensaña en acusar a los gobernantes o dirigentes del Estado por la violencia de la que son objeto ciertos agentes del Estado. La cápsula cierra con una entrevista a un alto mando de la policía. Éste acepta que los policías han sido víctima de una ola de violencia criminal. Pero revela algo francamente sugestivo: a saber, que las armas que portan los criminales superan en calibre, tamaño e impacto a las armas que usa la propia fuerza pública, y que gran parte de ese armamento proviene de traficantes que operan en la frontera con Colombia. ¿Quién es el principal socio de Colombia y primer productor de armamento e infraestructura bélica en el mundo?  Una pista: ese país donde la fuerza pública, es decir, agentes del Estado, acribillan a la ciudadanía por su aspecto racial, y cuyo presidente, paradójicamente, forma parte de esa comunidad étnica que está bajo ataque criminal.  

En Estados Unidos, México y Colombia la violencia criminal a menudo proviene del Estado. Por definición, se trata de crímenes de lesa humanidad, porque se ejercen o bien desde una posición de poder, o bien con la aquiescencia de los poderes establecidos, y contra una población inerme. Pero esos crímenes, que por definición agravian al conjunto de la humanidad, no tienen valor noticioso para la prensa; tampoco importancia política para la comunidad internacional. Es más redituable políticamente condenar las condiciones de vulnerabilidad de los agentes policiales (de Estado) en Venezuela, y esperar que el público se crea el cuento de que la agresión a un elemento estatal es más oprobioso o éticamente censurable o jurídicamente vejatorio que la agresión de un agente del Estado al conjunto de la población.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/venezuela-o-el-alarmismo-golpista-estados-unidos-colombia-y-mexico-estados-criminales/