martes, 28 de abril de 2015

Estado de emergencia en Maryland: estallan choques en Baltimore


Enfrentamientos callejeros entre policías y manifestantes pro derechos civiles han estallado este lunes en la ciudad estadounidense de Baltimore, en el estado de Maryland (noreste), tras el funeral del afroamericano Freddie Gray.

Según la versión de los hechos del Departamento de Policía de Baltimore, un grupo de jóvenes tras bloquear una calle, ha lanzado piedras y otros objetos contra los policías que vigilaban la manifestación.

Por otra parte, los manifestantes han rodeado varios vehículos de la Policía para destrozarlos y, como consecuencia, uno de ellos fue incendiado al tiempo que varios indignados han destruido una farmacia.

El capitán de la Policía de Baltimore, Eric Kowalczyk, ha amenazado que, en futuras manifestaciones, la policía usará gas lacrimógeno y métodos apropiados para preservar la seguridad en la comunidad.

“Tenemos siete oficiales heridos durante el transcurso de las protestas. Se han roto sus huesos y uno de ellos no responde”, ha alegado Kowalczyk.

De igual manera, ha calificado de “criminales atroces” a los manifestantes y ha subrayado que las protestas de Baltimore se han convertido en una amenaza creíble para la seguridad de la ciudad.

Los manifestantes en el acto de protesta portaban pancartas con el mensaje de “Las vidas de los negros importan y todas las vidas importan" y “Justicia para Freddie Gray”.

Estado de emergencia en Maryland 

Luego de las violentas protestas entre manifestantes con las fuerzas del orden en Baltimore, el gobernador de Maryland declaró estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional.

El sábado, en una protesta similar celebrada en Baltimore, al menos 34 manifestantes fueron detenidos y otros dos resultaron heridos, según Jeremy Sibert, un portavoz de la policía.

Gray perdió la vida el 19 de abril en EE.UU., tras sufrir graves lesiones cervicales el pasado 12 de abril, cuando se encontraba bajo custodia policial.

El Departamento de Policía de Baltimore afirmó el viernes que la víctima no recibió atención médica luego de haber recibido una golpiza por parte de policías.

La muerte de Gray se produce en un momento de gran tensión entre los distintos cuerpos de policía y la comunidad, después de que durante los últimos meses los agentes del orden han protagonizado varios casos de abuso con resultados mortales.

Este asesinato se suma a varios incidentes similares en los que agentes blancos matan a tiros a ciudadanos afroamericanos desarmados, hechos que han provocado multitudinarias marchas antirracistas en la mayoría de las ciudades estadounidenses: Baltimore se ha convertido en el último escenario de estas protestas.

Sedesol desvió $500 millones en Veracruz, denuncia Encinas


El senador Alejandro Encinas denunció ayer en conferencia de prensa un presunto desvío de recursos públicos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 500 millones de pesos en el estado de Veracruz.

Detalló que a su oficina, ubicada en el Senado, le llegó un sobre que incluía una USB con 623 archivos, un video que da soporte a las siete partes –denuncias de robo de apoyos a jornaleros agrícolas, robo de tarjetas bancarias, robo de cheques –falsificación de firmas–, robo en el apoyo a gestores voluntarios, obras fantasma del Programa Empleo Temporal, y uno que nosotros desestimamos por no tener documentos sólidos, que habla de delitos electorales y coacción.

El sobre también contenía una carpeta con archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentos de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos 
Se acusa en los videos, al delegado de la Sedesol en esa entidad Marcelo Montiel Montiel.

De acuerdo con la información que se le entregó, de los 8 millones de pesos destinados al programa jornaleros agrícolas, el año pasado sólo se distribuyeron 2 millones de pesos; se documenta el desvío de 200 tarjetas bancarias, cada una por un monto de mil 512 pesos, que en total suman 302 mil 400 pesos.

Se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de firmas.

Y se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos.

A manera de ejemplo, dio a conocer tres videos. En uno, un empleado de Sedesol dice que a él le encargaron llenar los formatos de los expedientes de jornaleros agrícolas. Me dieron copias de las credenciales de elector y me dijeron que falsificara las firmas, ya que las tarjetas no estaban personalizadas y cualquiera las podría cobrar.

En otro video muestran recibos falsos del dinero que habrían recibido jornaleros agrícolas en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz. En la imagen aparece un recibo a nombre de Samuel García Blanco, y cuando entrevistan a esa persona, señala que nunca ha recibido ningún apoyo.

Adelantó que por esos hechos ya presentó denuncias en la Procuraduría General de la República, en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales y que entregó copias de las pruebas del presunto desvío a la propia Sedesol, para que se investigue y en caso de que se pruebe, los responsables sean sancionados.

La información que me dejaron en la oficina, dijo, la suscriben funcionarios honestos de la Sedesol Veracruz.

viernes, 24 de abril de 2015

Votar o no votar: el falso dilema.

Las elecciones que se avecinan han puesto sobre la mesa una corriente de opinión que considera que, frente a la pronunciada descomposición del proceso electoral y los partidos políticos, es necesario manifestarse haciendo un llamado a no votar. Este hecho ha prendido los focos rojos de los defensores a ultranza del régimen pero también de las buenas conciencias de la izquierda liberal, quienes utilizando argumentos más o menos elaborados consideran equivocado el llamado a la abstinencia electoral.

Los liberales conservadores consideran que a nadie le conviene que el proceso electoral sea boicoteado toda vez que esto no sólo golpea a sus principales actores -los partidos y los institutos y tribunales electorales- sino a todo el sistema social, pues las elecciones deben cumplir con su misión esencial: minimizar el conflicto y dar continuidad a las instituciones del estado para mantener viva a la república. Si se debilita al sistema electoral se debilita el conjunto del sistema social, lo que profundizaría el disenso y la violencia afectando a los más débiles y tirando por la borda un proceso histórico que ha cobrado muchas vidas y ha costado muchísimo dinero.

Por su parte, la izquierda electoral con MORENA a la cabeza, consideran una contradicción que si la desconfianza popular hacia las elecciones tiene como fuente principal al PRI se llame a la abstención o a la anulación, pues ello favorecería claramente al partido en cuestión, el cual  cuenta con el mayor voto duro de todos los contendientes. En la medida en que el electorado se quede en casa, las probabilidades de que la correlación de fuerzas partidistas cambie es más difícil toda vez que ganará entonces el principal responsable de la crisis política que vivimos. Más aún, ponen como ejemplo del potencial de la presente coyuntura los procesos electorales que han llevado al poder a Evo Morales o al desaparecido comandante Chávez, gracias a los cuales se han logrado grandes transformaciones sociales en sus respectivos países.

Los argumentos arriba mencionados son sólo la punta del iceberg de toda la polémica que se ha desatado en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el tema, pero en general dicha polémica gira alrededor de la moral ciudadana  o de las consecuencias no esperadas de la abstención o la anulación del voto. Al final pasan por alto el hecho de que las elecciones no son solamente un proceso para nombrar representantes sino también y sobre todo un momento en el que el ciudadano manifiesta su sentir con respecto al régimen político y sus actores. Dadas las circunstancias y tomando en cuenta la sordera y ceguera de las instituciones del estado para con las protestas masivas que expresan el hartazgo de buena parte de los habitantes de este país, resulta lógico considerar la posibilidad de manifestar ése descontento en las urnas. Máxime si el votante percibe que las similitudes en prácticas políticas, programas de gobierno y corruptelas sistemáticas de los partidos políticos son muchos más fuertes y visibles que sus supuestas diferencias, que sólo se aprecian en los colores y diseño de su propaganda electoral.

Empero, al final hay que reconocer que el dilema entre votar y no votar es falso, aun considerando que en determinadas condiciones puede abrir la puerta a gobierno más abiertos y sensibles  las demandas populares, como a los que me refería arriba. Las condiciones políticas en Venezuela y Bolivia, que permitieron el triunfo de los gobiernos actuales se dio en medio de una crisis terminal de los viejos regímenes políticos, los cuales agotados por sus contradicciones y su incapacidad para responder a los principales conflictos que enfrentaban dieron paso a una nueva corrrelación de fuerzas que se manifestó en las urnas pero que había sido construida fuera del sistema electoral y sobre todo en la calle y en las organizaciones de base. Las elecciones confirmaron lo que se había ganado en la lucha social, la que una vez madura y fuerte pudo rebasar a los partidos tradicionales y tomar el poder desde las urnas.

Pero ése no es el caso de México, ya que si bien el agotamiento de su régimen político es inocultable, aún no se ha formado una fuerza social capaz de darle la puntilla y abrir el paso a una nueva época en su historia. Las manifestaciones y protestas están tomando fuerza, madurando y logrando consensos en amplios sectores de la población, pero por lo visto aún no logran romper con el monopolio de los partidos para gestionar sus intereses. Es aquí en donde resulta más clara la falacia del dilema que nos ocupa: no será en estas elecciones -a pesar de lo que digan los liberales de izquierda- como se logrará emular las hazañas de venezolanos o bolivianos. Será gracias a la organización de la protesta y del descontento fuera de los partidos como poco a poco se podrá construir la oportunidad para tomar el poder por las urnas. Mantener el ojo exclusivamente en las elecciones sólo servirá para que lo anterior no sea visible.

viernes, 17 de abril de 2015

Violencia, conflicto y paz en clave colombo-mexicana

México y Colombia tienen muchas cosas en común. Es casi una observación trillada reconocer las semejanzas entre los dos países. Estas similitudes o hermandades refieren tanto a aspectos culturales como a cuestiones de orden político e histórico. No es la intención acá hacer inventario de esos paralelismos o afinidades. Sólo interésanos destacar una en particular que cobra más presencia: la avasalladora primacía de la “seguridad” en el campo político-académico. Este concepto de “seguridad”, cuyo ADN es básicamente el mismo en ambos países, se sostiene en una triada de conceptos: violencia, conflicto y paz. En este tridente conceptual se incuba la justificación de la preponderancia de ese seudoproblema teórico. Esta preeminencia de la “seguridad” no responde únicamente a las preocupaciones específicas que surgen de las respectivas realidades nacionales: tiene un fondo político, y por consiguiente se puede argüir que se trata de una “preocupación” teórica artificialmente creada. Nadie puede objetar que la inseguridad es un flagelo de primer orden en México, Colombia y América Latina. No se trata de menospreciar un asunto que tiene una importancia vital, y un carácter urgente en su tratamiento o erradicación. Pero justamente la tesis mayúscula es que el “asalto” de la “seguridad” en el ámbito político-académico, particularmente en México y Colombia, no es políticamente neutral, y tiene como fin recluir el fenómeno en una suerte de celda metodológica, aislando el tema-objeto de las causalidades sistémicas que explican los problemas vinculatorios con la seguridad.  La “seguridad” es un discurso; y es un discurso altamente lesivo para la comprensión de los escenarios bélicos que enfrentan México y Colombia. 

Acerca de la seguridad se ha escrito un volumen ingente de estudios, artículos, investigaciones. Este artículo trata más bien de las premisas y enredos conceptuales que nutren ese discurso.


Acerca del concepto de violencia

La explicación instrumental de la violencia en México y Colombia a menudo acude al fenómeno delincuencial, el bandolerismo, el terrorismo o el militantismo político. La violencia proviene o bien de grupos e individuos inadaptados o bien de conductas o psicologías anómalas. Incluso el concepto de “violencia estructural” se usa tan abstracta e irresponsablemente que con frecuencia carece de valor teórico, y se esgrime para referir a una suerte de violencia piramidal que abarca todas las relaciones interpersonales: familiares, raciales, de género, generacionales, políticas etc.  Inscrita en la tradición posmoderna, la noción de “violencia estructural” no alude más a esa violencia que proviene de los centros de poder o autoridad (salvo en casos excepcionales), y por lo tanto se extravía en esa ambición por entender el fenómeno sin distingo de las disparidades y jerarquías que inexorablemente intervienen en el ejercicio de la violencia. El concepto de violencia, en este sentido, sigue recluido en la perspectiva de la violencia-manifestación. Esta perspectiva conduce a un error teórico flagrante, que se traduce en soluciones que sólo apuestan a mitigar esa manifestación, pero sin tratar el fondo del asunto: a saber, la correlación poder-violencia. Por eso se observa que en México y Colombia las políticas públicas, cuando logran tener cierta materialidad, únicamente consiguen atenuar ciertas modalidades de violencia (el homicidio señaladamente), pero engendran o agravan otras expresiones de la misma (barriales, familiares, laborales etc). 

El discurso que se urde alrededor de la violencia en la prensa colombiana es francamente grotesco. En estas narraciones la violencia está siempre seguida de referencias como la de “grupos terroristas” o “narcoterroristas” o “criminales desquiciados” o “guerrilleros asesinos” o “gente enferma, vil e infrahumana”. El imaginario colectivo en Colombia concibe la violencia como un rasgo privativo de grupos irregulares que no persiguen ningún fin concreto, salvo el de “atormentar” a la población. Pero el éxito de esta campaña propagandística radica justamente en un ejercicio extraordinario de violencia que a menudo pasa inadvertido: la de la mentira mediáticamente concertada. El volumen de violencia simbólica al que está expuesto un ciudadano común en Colombia es sencillamente indecente. Esa violencia nadie la fiscaliza, y pocos la condenan. 

Pero esos medios de comunicación, ceñidos sin rubor a un léxico confrontacionista,  al menos ponen al descubierto un hecho: que la guerra y la violencia son los instrumentos del poder. 

Esa visible urgencia de escalar el reclamo de violencia contra la población terminará por voltearse contra estos panegiristas de la fuerza. 


Acerca de la noción de conflicto 

Con el concepto de “conflicto” ocurre una situación similar. La noción dominante de “conflicto” en México y Colombia (dominante en la academia y en las narrativas políticas) insiste en las imperfecciones, irregularidades o inconsistencias como fuerzas originarias de la conflictividad humana. El conflicto está en otro lado, o acá pero proveniente de otro lado. Es un traumatismo externo; llámese narcotráfico, delincuencia organizada, guerrilla, milicia popular, insurgencia indígena o campesina. En esta interpretación, el conflicto es algo que se debe regular o superar. Es un estadio susceptible de superación. Por eso en Colombia hablan de post-conflicto, en referencia al “proceso de paz” (nótese el entrecomillado) que tiene lugar en La Habana. Es la añeja añoranza de la tradición filosófico-política occidental: la de un retorno a un cuerpo pre-político donde el conflicto humano no exista más o esté totalmente regulado. Pero esas son quimeras. El conflicto es algo constitutivo a las asociaciones humanas. El conflicto sólo muda de fisonomía y/o alcance. Las imperfecciones no son imperfecciones: son las propiedades particulares de un cierto orden institucional. Y las causas del conflicto están justamente en ese orden (sistema democrático representativo, sistema económico neoliberal), no en el presunto desorden exterior que altera un hipotético orden armonioso natural. Las reformas en México y las negociaciones de armisticio en Colombia tan sólo constituyen una reformulación de los contenidos de dominación y resistencia, nunca la capitulación de los grupos en conflagración, ni mucho menos la disipación del conflicto. Un análisis serio debe tomar nota de los factores de persistencia del conflicto. En este sentido, es preciso tomar el orden social vigente como punto de partida para la explicación del conflicto. La violencia y el conflicto son la arcilla del edificio estatal. 


Acerca del concepto de paz

La paz que pregonan los mandatarios en México y Colombia es la paz de la miseria, el hambre y el sepulcro sin contestación. Este discurso se sostiene gracias a una distorsión fundamental del concepto de “paz”. Especialmente en Colombia, la paz se interpreta como un estado de cosas. Es decir, se trata de un estadio social al cual se puede arribar más o menos integralmente. La paz, en esta perspectiva, es la ausencia de conflicto. Y la ausencia de conflicto es ese estado de cosas presuntamente libre de antagonismos. Es la misma confusión que envuelve al concepto de “democracia”. Casi universalmente se admite la tesis de que vivimos en un orden democrático, aún cuando la democracia no sea un estado de cosas, sino un valor, como la libertad o la justicia. Lo mismo se puede aplicar para la paz. La paz es un valor, y es un valor que por cierto cultivan ciertos agentes sociales con frecuencia extrainstitucionales. La “paz” de los discursos oficialistas es una palabra despolitizada, al servicio de las narrativas que alimentan la ilusión de un poder legítimo, eficaz. Algunos hablan de “paz imperfecta”, que es un refrito de la idea de “democracia imperfecta”. Es políticamente rentable definir la paz como un estado de cosas, porque permite prometer la llegada a ese “reino” e ignorar la fuente del conflicto. 

El propósito de esta adulteración  es político. La guerra con frecuencia es la cifra de la paz, pero en formato silencioso. Y el discurso de la “seguridad” es la negación del diferendo humano fundamental, y una tentativa por abolir la verdad material. 

jueves, 9 de abril de 2015

El Partido Verde y la externalización del costo político del fraude electoral

Una estrategia utilizada sistemáticamente por las corporaciones internacionales para obtener mayores ganancias al explotar recursos naturales es la externalización de los costos de producción, violando las regulaciones ecológicas a cambio de pagar multas. Les conviene más a las empresas pagar por contaminar que cumplir con las normas legales orientadas a minimizar los riesgos ambientales producto de sus procesos productivos. Al final las consecuencias de semejante argucia son pagadas por todos –población, gobiernos, fauna, flora, etc- menos por las empresas.

Lo anterior resulta pertinente para comprender la estrategia de comunicación que el partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual sin el menor recato ha violado una y otra vez la normatividad electoral aparentemente con excelentes resultados, al grado de que hoy por hoy compite por ser la tercera fuerza electoral en México. En las elecciones del 2012 demostró su valía al apoyar al PRI en las elecciones -aunque anteriormente fue aliado del PAN- y en estas elecciones compite para darle la mayoría simple en el Congreso de la Unión al otrora partido de la revolución.

En las últimas semanas, el PVEM se ha distinguido por demostrar su desprecio por la normatividad electoral al percatarse de que le sale más barato pagar las multas que acatar la ley. Protegido desde Los Pinos, el partido familiar por excelencia de la política mexicana (sólo ha tenido dos presidentes, Jorge González Torres y su hijo Jorge Emilio, mejor conocido como el niño muerde ¿o verde?) el también llamado partido de las cuatro mentiras puede ufanarse de innovar en el fraude electoral de nuestro país gracias a la externalización del costo político que implica el fraude sistemático en el proceso electoral en curso.

Inspirado en la máxima que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, el PVEM ha desarrollado un estrategia de comunicación política basada en la mentira –lo cual no es nuevo- pero sobre difundiendo su propaganda electoral antes del inicio formal de las campañas, lo que le permite llegar al electorado sin enfrentar casi competencia y ampliando así su capacidad de impacto en la ciudadanía. Digo casi porque el PRI con la entrega de televisiones con el lema de Peña Nieto, Mover a México, también se adelantó a los tiempos electorales, aunque eso sí, sin pagar multas.

Además de recibir la ayuda de los representantes partidistas afines al partido tricolor ante el INE para salirse con la suya, el PVEM cuenta también con el apoyo del duopolio televisivo, el cual se ha convertido en cómplice del fraude electoral (¡Qué novedad!), al albergar en sus medios de comunicación, sobre todo en revistas y periódicos, la propaganda ilegal cobrando tarifas preferenciales y haciendo caso omiso de las débiles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero al final, es éste último el que con su relativa indiferencia, cobrando multas que no hacen mella en el ‘espíritu democrático’ del verde pero sobre todo negándose a aceptar que el proceso electoral ha sido alterado por la propaganda adelantada, es el responsable principal. En sentido estricto, el INE debería proceder a retirar el registro del PVEM ante la violación reiterada de las leyes electorales y, por si fuera poco, al desafío público, sin ambages, que los representantes de dicho partido han dirigido al sistema electoral, mofándose de las multas aunque sin dejar de apelar ante los tribunales electorales para bajar el monto.

¿Quién o quiénes serán víctimas de la  externalización del costo político producto de la impunidad y la violación sistemática de la ley por parte del PVEM? En primer lugar en el INE, que le llueve sobre mojado pues al reto que representa, en términos de legitimidad, la sobrecarga de atribuciones producto de la reciente reforma político-electoral, habrá que sumarle su incapacidad o falta de voluntad política para hacerse respetar por los partidos políticos (¡Otra novedad!). El ciudadano promedio podría pensar que, ante el desafío del PVEM a la ley, la culpa no sería del partido sino de la autoridad competente,  la cual no parece percatarse del daño que dicha estrategia impone al ya de por si desprestigiado proceso electoral y a las instituciones que lo regulan. A lo anterior habrá que sumar la profundización del desencanto de los habitantes de este país por la democracia liberal, tan alabada hace menos de dos décadas. Y éste último no es un costo menor. Es por eso, y por otras razones tal vez de mayor peso, que hoy la discusión no es por cual partido votar sino si vale la pena votar. Pero de eso nos encargaremos en la siguiente entrega.