El lunes 9 de febrero el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, advirtió de la existencia de agentes sociales no especificados "que quisieran alejarnos (a las Fuerzas Armadas) del pueblo" (http://is.gd/fRyCq1 ). Unos días después, el viernes 13, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, en la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, afirmó: "por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles", en referencia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre. “Tengo mucha pena por lo que les pasó –agregó el representante empresarial–, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser, y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército” (http://is.gd/wwwkHg ).
Cuatro días tardaron las cúpulas empresariales en ponerse el saco lanzado por el titular de la Sedena: si alguien se empeña en mantener un muro infranqueable entre los institutos armados y el resto de la población es, precisamente, un empresariado que percibe como de su propiedad al país en general y a las fuerzas armadas en particular. Esa percepción explica la insolencia del nos mayestático empleado por Solana Sentíes que constituye, desde una perspectiva republicana, una flagrante usurpación de funciones: el "no vamos a permitir" que los padres de los desaparecidos busquen a sus hijos en los cuarteles sólo puede explicarse a partir de un sentimiento de propiedad de los establecimientos militares. Lamentablemente para el declarante, las reformas peñistas no están tan avanzadas como para dar a las cúpulas empresariales la atribución de decidir lo que ocurre en los cuarteles: tal atribución corresponde al Poder Ejecutivo (del que los propios mandos militares forman parte), a los organismos jurisdiccionales y, por vía de la legislación, al Congreso. El afirmar otra cosa es admitir que el país vive los tiempos posteriores a un golpe de Estado que ha entronizado la dictadura del empresariado.
Ciertamente, lo dicho por Solana Sentíes no carece de bases reales: el gobierno de Peña es uno más de las administraciones empresariales impuestas en México en décadas recientes, en un ciclo que ha reducido al Estado a mecanismo de optimización de utilidades y rendimientos y, de paso, destruido al país, porque no hay negocios más rentables que los de las delincuencias en sus distintos ramos: del tráfico de drogas y de personas al fraude, de la ordeña de ductos de Pemex a la evasión fiscal, del secuestro a la colocación de fortunas personales y familiares en el HSBC de Suiza, de la imposición de derechos de piso a la población al tráfico de propiedades inmobiliarias a cambio de favores en la otorgación de contratos.
Para el empresariado, el acuerdo es funcional: uno de sus segmentos, sumergido en la ilegalidad manifiesta, produce las ganancias que el otro sector blanquea en sus negocios "legales" y en sus instituciones de crédito. Los capos son la otra cara de la moneda de los capitanes de empresa y los altos funcionarios. La nota roja es el correlato del cuello blanco.
En ese desorden de cosas el empresariado propietario necesita instituciones públicas ("sus" instituciones) corrompibles, ajenas al escrutinio público y dotadas de plena impunidad, incluidas, claro, las corporaciones policiales y los institutos armados.
La conformación de la delincuencia como un sector económico propiamente dicho es consecuencia de ese modelo, y uno de sus subproductos es la inseguridad generalizada y la erosión del estado de derecho. Ante tales fenómenos, ha sido primordial la voz del empresariado para presionar al uso (al abuso) de las fuerzas armadas en funciones policiales, y ese recurso explica, en buena medida, la causa de los cuestionamientos públicos que hoy enfrentan.
El general Cienfuegos tenía razón: las instituciones militares son pueblo y no deberían apartarse del pueblo. Quienes han operado para inducir la distancia no son precisamente los campesinos, los normalistas, los sindicalistas ni las diversas organizaciones sociales y políticas de la sociedad, sino las facciones político-empresariales que se sienten dueñas del país. Y mal harían los mandos militares del país en interpretar como expresiones de solidaridad de las cúpulas empresariales lo que es una mera manifestación de propiedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario