La matanza de
Tlatelolco ha sido señalada como un punto de inflexión en el devenir del
régimen político en México, ya que la sociedad nunca volvió a ser la misma. El
agravio fue de tal magnitud que una década después el estado se vio obligado a
reformarse, abriendo el juego electoral a partidos marginados en la
clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano (PCM). La reacción de la sociedad
mexicana, si bien en apariencia inexistente en un primer momento, configuró
poco a poco una nueva relación entre sociedad y estado. Por un lado, la
sociedad empezó a organizarse al margen del corporativismo posrevolucionario y
por el otro empezó a producir información acorde con una agenda propia para contrarrestar
la información oficial.
Un elemento central en
este proceso fue el surgimiento de dos corrientes políticas que articularon una
respuesta para enfrentar la represión y el debilitamiento de la legitimidad del
gobierno federal a partir de 1968. La primera corriente se concentró en
aglutinar fuerzas para crear un partido político opositor con base en la ideología
socialdemócrata que privilegió la lucha electoral para transformar al país. La
segunda corriente se concentró en el trabajo de base, orientado a organizar
desde abajo a la población para gestionar sus intereses frente al estado. Una
fracción de esta corriente se radicalizó, surgiendo grupos guerrilleros en varias
ciudades y en zonas rurales como la de Guerrero, argumentando la imposibilidad
de cambiar desde la vía pacífica.
Habría que señalar
que la aparente inmovilidad de la sociedad después del 2 de octubre estuvo
causada en parte por el férreo cerco informativo que aplicó el estado para
evitar que la sociedad se enterara cabalmente de los hechos. Un ejemplo de ello
fue la actitud de Jacobo Zabludovski, quien un día después en el noticiario más
visto del país, informó de todo menos de lo acontecido en Tlatelolco. Pero además la represión fue brutal y tanto
en la ciudad de México como en el resto del país se detuvo a cientos de estudiantes
y ciudadanos que habían manifestado públicamente su apoyo al movimiento estudiantil.
A su vez, el corporativismo mexicano logró que los sindicatos se mantuvieran al
margen, obligando a los trabajadores a protestar de manera individual; los tres
sectores del PRI cerraron filas y si tomamos en cuenta que buena parte de la población
estaba nominalmente en el partido del estado, las protestas sociales se
redujeron a su mínima expresión.
Casi medio siglo después,
las relaciones entre el estado y la sociedad mexicana se han modificado de
manera importante aunque no se puede pasar por alto que el PRI sigue gozando
del apoyo de importantes sectores de la sociedad. Hoy existe una sociedad más consciente de su responsabilidad
para salvaguardar sus libertades civiles frente a un estado que se ha
militarizado, reforzando su carácter autoritario a pesar de transiciones
democráticas, creación de órganos autónomos y reformas constitucionales orientadas
a colocar en el centro del marco constitucional a los derechos humanos. La herencia del 68 se materializó en la
rebelión de las comunidades indígenas en Chiapas; el primero de enero 1994
dijeron ¡Ya Basta! arrastrando consigo a sectores de la población tradicionalmente
marginados de la lucha política pero sobre todo a la juventud mexicana, que vio
en el levantamiento zapatista un ejemplo de dignidad y resistencia, un camino
legítimo para actuar. El EZLN puso al descubierto para muchos la simulación reformista
y democratizadora del estado, abriendo un nuevo ciclo de luchas sociales que
persiste hasta nuestros días.
A partir de 1994, las
nuevas tecnologías de la información debilitaron fuertemente poder del estado
para ocultar y manipular la información. Esto no quiere decir que el cerco
informativo haya desaparecido y aunque hoy esté debilitado sigue operando, al
grado de que hoy los medios de comunicación sostienen alianzas con el estado
con mucho mayor margen de negociación que hace casi medio siglo. Sin embargo,
las redes sociales han abierto un espacio, limitado si se quiere pero muy
efectivo para hacer visible el autoritarismo estatal. La indignación de la sociedad
mexicana le deber mucho a la difusión de la barbarie en las redes sociales aunque
habría que agregar el aumento de la pobreza, la inseguridad y la soberbia de
los actores políticos institucionales, en particular los partidos políticos y
los gobiernos federal y estatales.
Los ejemplos de autogestión
y autonomía se han multiplicado desde 1994. Frente a la situación de
inseguridad en la que vivimos han surgido o se han fortalecido policías
comunitarias, autodefensas y municipios autónomos. Los casos de Michoacán y
Guerrero han demostrado la eficacia de éstas formas de organización para
enfrentar a los cárteles del narcotráfico y, al mismo tiempo, el temor del
estado por perder su maltrecho monopolio de la fuerza legítima. Es aquí donde
radica un elemento central que separa la sociedad del 68 y la de ahora.
En este sentido. la
presente coyuntura está estrechamente relacionada con la matanza de Tlatelolco
y dicha relación no está dada sólo por la existencia de delitos de lesa
humanidad, como lo son el genocidio y la desaparición forzada, sino sobre todo
porque los integrantes del estado y los gobiernos siguen demostrando su
desprecio por la población que dicen representar, hoy más que nunca. Más allá
de reformas cosméticas y estilos de gobernar, el estado mantiene su misión
última: mantener el sistema de dominación, cueste lo que cueste. Y esto
representa sin duda un elemento que nos permite comparar dos hechos que, a
pesar de su distancia en el tiempo, visibilizan la naturaleza del estado
liberal. Del estado no se pueden esperar acciones para que la barbarie desaparezca;
sólo la sociedad puede lograrlo, manteniendo la ruta trazada por los zapatistas
y dándole vida en todos los espacios posibles.
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