Salvando al soldado Peña

La ignorancia no pocas veces viene acompañada de brutalidad. Pero acá no se alude a esa ignorancia que a menudo se le imputa despreciativamente al pobre. El pobre, en su pobreza, desarrolla una suerte de conciencia práctica que refrena ciertas pulsiones destructivas (aunque tristemente no siempre), y que le auxilia en el desempeño cotidiano de su actividad vital, aún cuando esta actividad se encuentre irremediablemente bajo el signo de la explotación. La ignorancia que nos ocupa y preocupa, y que redunda en un desencadenamiento de brutalidad superlativa, es la que se conjuga con el poder. No se trata sólo de una ignorancia que se traduce en analfabetismo (ausencia o déficit de cultura), sin más bien, y acaso fundamentalmente, de una falta de conocimiento o sensibilidad elemental acerca de una materia de sumo valor público, social o humano. Estas dos modalidades de ignorancia coexisten con frecuencia en las sedes del poder y sus ocupantes, con consecuencias socialmente desastrosas. El binomio poder-ignorancia no es un fenómeno extraordinario en la actual (de)formación histórica: es el canon. Vale decir: la ignorancia es un componente constitutivo de los poderes establecidos, y la violencia, el único recurso que les asiste. Al respecto, Hannah Arendt observa: “Esperar que gente que no tiene la más ligera noción de lo que es la res pública, la cosa pública, se comporte no violentamente y argumente racionalmente… no es realista ni razonable”. Si bien existen causas estructurales que explican este fatídico horizonte de la autoridad en turno, por ahora sólo cabe consignar la fragilidad de un poder sin estándares dialógicos mínimos, y el deterioro intoxicante que entraña este envilecimiento de la arena pública. 

En este sentido, cabe admitir, no sin amargura, que la violencia (cultivada unilateralmente) es la única divisa de un gobierno desguarnecido. Desprovista de sus prendas interiores, sin un ápice de respetabilidad, la política nacional (orgánicamente adscrita a la política internacional) se ve obligada a cimentar sus empeños de legitimación en la más ruin e instrumental de las herramientas: la publicidad o mercadotecnia. Es precisamente en el marco de esta corriente histórica que uno puede situar la aparición de Enrique Peña Nieto, peón de las élites empresariales, en la portada de la revista Time. Se trata de un esfuerzo conjunto, que involucra a sus superiores (el minoritario cónclave transnacional de hombres de negocios), el partido-gobierno que auspicia su apoltronamiento en la silla del águila (según sus intuiciones históricas, una donación de la familia Krauze), los polizontes en Washington, tan afectos a regímenes chicleros, y la prensa internacional con su legión de sacerdotes al servicio de las impresentables pluto-democracias emergentes. 

Para un poder ignorante e impotente (fatal binomio), el marketing y la represión son los terrenos donde se siente más cómodo e incluso opera relativamente a sus anchas. Son acaso las únicas dos jurisdicciones donde todavía goza de ciertas facultades, aunque restrictivas, pues están condicionadas por agendas extrainstitucionales. Y son justamente estas agendas las que prescribieron la inclusión de un Peña Nieto “épico” en la portada de la celebérrima aunque innoble revista norteamericana. Ante la firme oposición ciudadana a la neoliberalización del país, cortesía de las reformas en curso, el gobierno vióse comprometido a recurrir a sus dos armas de distracción-disuasión masiva: a saber, primero la represión silenciosa, y más tarde la publicidad ruidosa. “Salvando a México” es el título de esta estridente escapatoria. 

Es la clásica fórmula de los gobiernos neoliberales: garrote y circo. No más pan. 

La nota en Time ignora que México atraviesa un momento instituyente, que está más lejos que nunca de un escenario de “salvación”: la configuración de un Estado policiaco con vocación para el terror (aunque invisibilizado), la consolidación de una política de minimización de derechos (patrimonios) y maximización de privilegios, y la ampliación de la corrupción e ignorancia como horizonte relacional dominante en el orden de los asuntos públicos. 

La revista también omite el diagnóstico, tan ampliamente admitido, que hace tan sólo un par de semanas hiciéramos acerca de la política nacional. Vale recordar: “La actual condición minimalista de la política: los derechos políticos se reducen básicamente al depósito periódico de boletas en una urna. En las decisiones cruciales, en los procesos deliberativos cardinales, la sociedad no interviene ni participa: la política termina allí donde empiezan los consejos administrativos de las grandes corporaciones, o bien, de las instituciones financieras multilaterales (cabe advertir, los grandes beneficiarios de la reforma energética). La política no se dirime más en las instituciones o tribunas públicas. La democracia electoral no hace más que incorporar selectivamente a ciertos segmentos poblacionales a este hurto sistemático de los derechos políticos fundamentales. Las elecciones sólo se concentran en refuncionalizar la circulación de las élites gubernativas, pero el contenido sustantivo de la política no cambia. Una vez electos, los políticos mandan obedeciendo… pero al poder del dinero” (Nota completa: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/02/el-pasado-miercoles-5-de-febrero-se.html). 

Cuando sugieren que México “gana con el PRI”, o bien que a México lo “salva el PRI”, en realidad no hacen otra cosa que vitorear el triunfo y salvación de los grandes beneficiarios de esa entidad abstracta conocida como “México”: la alta finanza, la gran industria, la gran propiedad territorial, el gran comercio, la alta política; en suma, los ricos y poderosos. 

Esta terca concentración de poder, y la consiguiente privación de estándares de bienestar ciudadano mínimos entraña resistencia. Por añadidura a la represión, la publicidad constituye un instrumento para atenuar esta resistencia. Peña Nieto es un recluta del poder, un almirante en la represión, y el rostro protagónico de la publicidad. El titular de Time debiera rezar: “Salvando al soldado Peña”. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140221_100025_66

Santa Anna en su natalicio y la mutilación de la memoria histórica

A punto de llegar al centro de la ciudad vía Xalapeños Ilustres el pasado 21 de febrero, cuál sería mi sorpresa al ver una corona de flores, afuera de Banamex, que celebraba el natalicio de Antonio López de Santa Anna. Y digo sorpresa porque a pesar de que el otrora conocido por sus contemporáneos como el libertador de Veracruz y fundador de la república es uno de los xalapeños ilustres, no conozco una calle, parque o edificio con su nombre; mucho menos una estatua que lo recuerde. ¿Por qué los xalapeños se han empeñado en olvidar, en mi opinión, al personaje más importante de la primera mitad del siglo XIX en México, para bien o para mal? 

La leyenda negra fabricada alrededor de la figura de Santa Anna tuvo y tiene un propósito que en nada contribuye a la construcción de una memoria histórica que nos permita comprender, en lugar de juzgar, al convulso periodo que va de la consumación de la independencia y hasta la república restaurada. Responsabilizar a un individuo de los grandes males de una Nación olvida el hecho de que la historia no es, como quería Thomas Carlyle, un proceso dominado por la voluntad de los grandes hombres sino por la intervención y defensa de los intereses y proyectos de minorías y de mayorías. 

La historia es una construcción social, un encuentro de voluntades de la sociedad en su conjunto, una lucha por definir el rumbo a partir de imaginarios colectivos, de memoria histórica. Por eso resulta muy grave que una comunidad como la xalapeña se empeñe en enterrar la presencia de uno de sus hijos más conocidos, mutilando así su pasado en un falso ejercicio de pudor, mientras alaba a los gobernantes contemporáneos, carentes de relevancia histórica, con estatuas, homenajes y calles o edificios con su nombre. La relevancia histórica está dada por el impacto que la acción de una persona tuvo y tiene en la vida de muchas personas y que además permanece en el tiempo, como una huella indeleble de la morfología social.

¿Cómo olvidar que gracias a Santa Anna Veracruz amplió sus fronteras hacia el oeste, desde Acajete hasta Perote? ¿Cómo olvidar que fue el llamado héroe de Cempoala el que, junto con el gral. Terán, echaron abajo los planes de reconquista de Barradas en Tampico en 1829? Negar lo anterior, para calificarlo como un traidor a la patria por su derrota en Texas o la venta de la Mesilla, pasa por alto el hecho de que Santa Anna fue muy útil para mantener los privilegios de los grupos económicamente dominantes de la época, tanto liberales como conservadores. En buena medida fue un títere, voluble, parrandero e ignorante- de los grandes intereses económicos de la época. 

Probablemente aquí radique la clave para comprender ese olvido fabricado por los que más se beneficiaron con sus gobiernos. Cuando el ejército de los EEUU invadió México en 1846, la derrota no puede achacarse exclusivamente a Santa Anna y su egocentrismo –que por lo demás parece ser el elemento central de la mentalidad de los políticos y sus patrones, los dueños del dinero, a lo largo de nuestra vida independiente y contemporánea. Esa derrota fue consecuencia de la indiferencia y cálculo egoísta de terratenientes y comerciantes, que prefirieron aliarse con los invasores para mantener sus propiedades en lugar de hacerles frente en defensa de la identidad nacional. Bueno, hasta la iglesia católica, con el arzobispo a la cabeza, se olvidaron momentáneamente de sus diferencias con la fe protestante de los yanquis –tan anatemizada en otros momentos- para conservar capital y privilegios negociando con los infieles invasores.

El olvido interesado de su Alteza Serenísima –título asignado por sus esos que después lo condenaron- en la historia de México y de Xalapa no es entonces otra cosa que una maniobra elaborada por los poderosos de la época para ocultar que fueron ellos los verdaderos traidores a la patria ayer, hoy y siempre. Después vendrían los liberales, que al derrotar a los conservadores se dedicaron a defenestrar a sus opositores, con Santa Anna como la bestia negra, para construirse una imagen de salvadores de la Nación. No pretendo, en todo caso, alabarlo pero menos achacarle toda la responsabilidad. Lo que me interesa decir aquí es que la mutilación de la memoria histórica no es un hecho desinteresado y natural sino todo lo contrario: una maniobra con objetivos claros para defender intereses y negar responsabilidades.

Por todo lo anterior, celebro que un grupo de ciudadanos haya tenido el valor civil de colocar una corona que recuerde el nacimiento de Santa Anna en Xalapa. Por muy doloroso que pueda ser, hurgar en las heridas de nuestra historia patria es un ejercicio necesario para reconstruir nuestro pasado y comprender el presente. Para comprender que la manipulación de la historia, de la memoria, no es privativa del ayer sino que es una operación permanente en el presente que no tiene otro propósito que el de mantener privilegios y aumentar el poder de unos cuantos, haciéndolos aparecer como salvadores de la república. Para comprender que la historia la hacemos todos y que, en consecuencia, tenemos la responsabilidad de participar en ella, impidiendo así que unos cuantos marquen el rumbo y el futuro, a su conveniencia, de nuestras vidas y nuestra memoria.

Gregorio Jiménez: entre la venganza personal y el daño colateral

La trama la conocen todos de memoria. El típico relato canalla de un gobierno impresentable. Otro periodista más que muere presuntamente por un asunto de “venganza personal”, en una entidad en donde todos los periodistas curiosamente mueren por asuntos de “venganza personal”. Durante las últimas dos administraciones estatales, quince periodistas han sido asesinados en Veracruz. La Jornada nacional registra: “En el actual gobierno, Gregorio Jiménez es el décimo [periodista asesinado] de una lista que incluye a Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012); Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ (mayo de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Noel López Olguín, reportero (mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, muerto junto con su esposa y su hijo, el fotógrafo de Notiver Misael López Solana (2011); Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver (julio de 2011). Están desaparecidos los periodistas Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan y Liberal del Sur, y Sergio Landa, del Diario de Cardel. En el gobierno de Herrera fueron asesinados Raúl Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Luis Daniel Méndez; asimismo desapareció Jesús Mejía Lechuga (2003)”. 

Por añadidura a una indefensión epidémica e inexcusable, los periodistas referidos fueron víctimas de un triple atropello gubernamental: el de la humillación, la calumnia y el olvido. Coléricos e indispuestos a suministrar una cuota siquiera minúscula de justicia y veracidad en sus versiones, los emisarios gubernativos se ciñen ebrios a una narrativa autoexculpatoria, y a un recetario de procedimientos discursivos que culpabilizan o criminalizan a la víctima. Darío Ramírez, director de la organización internacional Artículo 19, atinadamente observa: “El asesinato de Gregorio demuestra que la entidad no sólo no resuelve los casos, sino que trata de desviar la atención de los crímenes contra periodistas, al desligarlos de su profesión”. Es la habitual estrategia empresarial de la “externalización”: deshecho expedito de apuros, transferencia de costos a los eslabones más débiles. En una entidad donde el secuestro es canon (Veracruz se sitúa entre los primeros 10 estados con índices más altos de secuestro), laboratorio de frankensteins policiacos fallidos (mando único policial), y climas desquiciadamente hostiles para la labor periodística (de acuerdo con diversas ONG, Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en toda América Latina, y se estima que 43% de las agresiones contra la prensa son imputables a funcionarios públicos), los periodistas extrañamente mueren, de acuerdo con las versiones oficiales, por cuestiones de revanchas personales, o bien, por la imprudencia connatural a su oficio en un contexto donde la colateralidad es un triste mal necesario. 

En los estercoleros de este paroxismo canallesco gubernamental, las causas estructurales de la violencia sistemática (que no incidental) se omiten tercamente. La administración en turno es una suerte de operador privado al servicio de agendas privadas. La desprotección no es fortuita: la asistencia está privativamente orientada a la protección de empresas de latrocinio, depredación, lucro discrecional (Monsanto, Walmart, Odebrecht, etc.), a la recomposición de territorios para la libre e irrestricta instalación de organizaciones delictivas, y a la conversión de Veracruz en una vulgar atracción turística para beneplácito de las oligarquías locales. Es la tiranía de la “política del lugar óptimo”: creación de condiciones paradisiacas para ciertos grupos de poder, e infernales entornos para vastos segmentos poblacionales. Asistimos a la configuración de un régimen de desprotección institucional y violencia institucionalizada, en aras de la reconstitución de un poder de clase. 

En este sombrío cuadro se enmarca la labor periodística que tantas vidas a cobrado en la entidad. 

La exigencia de remoción de las autoridades es perfectamente legítima. Pero por sí sola se antoja ineficaz. La michoacanización del estado es un horizonte factible: el avance de una estrategia de balcanización inducida (política de desastre), la intensificación de los procedimientos rutinarios de gentrificación (aristocratización socio-espacial selectiva), e incluso la eventual –aunque poco probable– sustitución de un gobierno (in)constitucional por otro extraordinario e interino, pero al servicio de la misma agenda.

La autoorganización gremial es la única alternativa en un estado condenado a una endémica desprotección laboral, jurídica y política. El asesinato de Gregorio Jiménez debe inaugurar una nueva consigna gremial: a saber, ¡que la injusticia y el relato canalla no tengan la última palabra! 

Glosa Marginal: Tras el anuncio de la muerte de Gregorio, la marchas en la entidad han estado marcadas por la persecución silenciosa y el acoso. En Acayucan, policías estatales arrebataron mantas a los manifestantes (reporteros, familiares de desaparecidos), y amenazaron con golpearlos. En Xalapa, la marcha del miércoles estuvo infiltrada por personas no identificadas que fotografiaron con cámaras de celular a los manifestantes. La disposición de amedrentamiento, hostigamiento e intimidación no cesa un solo segundo en la entidad. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140214_091205_832

La espiral del silencio alimenta la espiral de violencia

Cuando los poderosos procuran acallar cualquier crítica a las bases de su poder no paran en mientes para lograrlo, incluso si ello alimenta y agrava la violencia social. Nada hay más peligroso para el poder que la discusión de los grandes problemas de la sociedad en la plaza pública. Y al margen de las coyunturas y los acontecimientos del día a día, la violencia social tiene causas estructurales que casi siempre se pierden de vista al analizar un caso específico de la materialización de dicha violencia. 

Si nos preguntamos, por ejemplo, las causas profundas de la violencia social que vivimos, de una guerra civil disfrazada de cruzada heroica, habrá que empezar por admitir que el problema tiene que ver con el lugar que México ocupa en el sistema mundo en el que vivimos. Y ese lugar no es otro que la periferia del sistema, los sótanos de un mundo desigual y organizado alrededor de la explotación y el lucro.

Como todos sabemos, nuestra economía está profundamente sometida a los intereses del centro del sistema (léase EEUU aunque China empieza a estrechar relaciones económicas con México). Nuestro país y la mayoría de sus habitantes subsidian con sus bajos salarios a las corporaciones internacionales; la economía está diseñada para satisfacer sus necesidades de las grandes corporaciones internacionales. Ya nadie se acuerda pero la escuela de la dependencia, liderada por distinguidos economistas latinoamericanos, puso el dedo en la llaga al rebatir la peregrina idea de que si los países latinoamericanos hacían lo que en su momentos hicieron los Estados Unidos y Europa, llegaríamos al primer mundo sin problemas. Ruy Mauro Marini y otros dejaron claro que el subdesarrollo era el producto natural del desarrollo de los países del centro del sistema, por lo que pensar que el subdesarrollo se podía superar aplicando la receta de esos países no era un error, era una estrategia ideológica para seguir sacándonos el jugo. Con esto no quiero sugerir que no hay nada que hacer en nuestro país para cambiar las cosas pues el problema está afuera y no adentro. Hay que descartar la idea de afuera y adentro pues los países y el mundo son una unidad.

En este sentido, la enorme dependencia económica de México -materializada en el TLCAN- ha empobrecido enormemente a la mayoría de la población, al grado de que el narcotráfico es visto como una importante fuente de empleo para muchos. Pero además, el sometimiento económico ha generado un sometimiento político extraordinario, nunca visto en el país, ni siquiera en los tiempos de Miguel Alemán Valdéz, Mr. Amigo como le llamaban sus patrones. Este sometimiento ha conducido a nuestros gobernantes en turno a militarizar el país, siguiendo el experimento del Plan Colombia, que tan malos resultados ha tenido en ese país. Los únicos que ganan con el ejército en las calles son los fabricantes de armas y el Pentágono, que cada vez más se involucra directamente en labores de seguridad en nuestro país y de paso espía a medio mundo, tenga o no tenga que ver con actividades ilícitas, como un instrumento de control social, tan de moda desde la caída de la torres gemelas en Nueva York. El debilitamiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial ha provocado que se prefieran las soluciones de fuerza en lugar de la ampliación de consensos. En la medida en que el poder económico y político estadounidense decrece, sus dirigentes se han visto obligados a echar mano de las armas para mantener su posición de privilegio. Pero además han obligado a sus aliados a hacer lo mismo.

La militarización promovida por el gobierno de Felipe Calderón intensificó la violencia social que sufrimos y tuvo y tiene un doble propósito: mantener un clima de terror que facilite la embestida contra los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto y por el otro justificar las acciones de los gobiernos de cara no sólo a sus conciudadanos sino sobre todo a los inversionistas extranjeros. Y es aquí en donde radica un elemento central en la insistencia del control de los medios de comunicación por parte del poder, al que no le preocupa mucho el impacto nacional de sus pifias sino la internacional, ésa que difunde confianza o temor entre los dueños del dinero y que influye decisivamente en el ánimo de los inversionistas tan idolatrados por nuestros gobernantes.

En la esfera de la política, el debilitamiento de las instituciones del estado y su pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía no parecen ser un mal menor, pues provocan la polarización de los actores políticos pero sobre todo por la pérdida paulatina del derecho a un trabajo bien remunerado, a recibir educación, salud, vivienda, etcétera. La desaparición de fuentes de trabajo por decreto o por quiebras amañadas son el pan de cada día y la protesta social es criminalizada en un contexto de violencia cotidiana.

La crisis sistémica de la economía mundial ha agudizado la violencia social que vive nuestro país pero nuestros gobernantes están más concentrados en seguir ofreciendo buenas condiciones para que las corporaciones internacionales sigan disfrutando de altos rendimientos. Militarizar el país parece ser la condición básica para que México continúe distinguiéndose por ser un paraíso para los inversionistas, aun a costa de la paz social y la calidad de vida de sus habitantes. La espiral del silencio promovida desde el poder para ofrecer un alentar las inversiones extranjeras ha abierto un frente de violencia focalizada en los comunicadores quienes, a pesar del control que se ejerce sobre ellos, mantienen un espacio de autonomía que es visto como una amenaza por gobiernos empecinados en vender nuestros recursos a toda costa, midiendo su éxito en función de los capitales que atraen a su territorio y no en el mantenimiento de una sociedad sana y unida. 

Es por eso que la desaparición y asesinato de periodistas es consecuencia directa de las prioridades de los poderosos, quienes defienden la idea de que el silencio traerá crecimiento y estabilidad. Sin embargo, este argumento pasa por alto que la paz social es producto del consenso, de la participación política, del diálogo público. Olvida, o simula que olvida, que promover la espiral del silencio sólo impulsará más la espiral de violencia. La contradicción es evidente: se somete a los medios de comunicación para construir una imagen atractiva pero en el proceso se generan hechos de violencia que escandalizan a la opinión pública nacional e internacional. ¿Quién los entiende?

Venganza personal” en caso Goyo.

A continuación se publica la columna del día de hoy, del conocido periodista Julio Hernández López,  que censuró La Jornada Nacional para no afectar su relación con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Julio Hernández López
Astillero

El previsible desenlace fúnebre del episodio veracruzano del secuestro de un periodista más, puso nuevamente bajo la lupa la reprobable forma de gobernar del tutelado Javier Duarte de Ochoa y en especial la retorcida relación que su gobierno mantiene con los medios de comunicación.

En Veracruz se han asentado con fuerza específicas bandas del crimen organizado cuando menos desde el sexenio anterior, cuando Fidel Herrera sentó las bases del protectorado o cacicazgo que mantiene en la entidad a través de una hilvanada hechura suya, Duarte de Ochoa. Las intrincadas relaciones entre poder público y crimen organizado, con sus vertientes de financiación de campañas electorales priistas, estatales y federales, han institucionalizado la impunidad y la corrupción, a tal grado que el simple ejercicio tradicional del periodismo es considerado como una amenaza a ese entramado de intereses poderosos.

Duarte de Ochoa no tenía ni tiene las características básicas para ser gobernador de un estado tan difícil como Veracruz. Fue habilitado por Fidel Herrera para que diera continuidad al proyecto del político que inundó el estado de color rojo electoral y ahora ha batallado largamente en espera de un cargo diplomático que le habrían prometido como premio por méritos en campaña (la peñista), supuestamente la embajada de México en Grecia. Un periodista político veracruzano de vasta experiencia, Luis Velázquez, ha escrito en su columna, Barandal, que hay un cuarteto de asesores de Duarte de Ochoa, integrado por Carlos Brito, José Murat, Enrique Jackson y el exvocero foxista Rubén Aguilar (http://bit.ly/1h9v8bR ). Y en asuntos de prensa hay una coordinadora de comunicación todopoderosa, Gina Dominguez, quien antes ejerció funciones similares con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, luego procesado y sentenciado por asuntos relacionados con el narcotráfico. A la vocera Domínguez se le atribuye ampliamente la ejecución de políticas de control del periodismo mediante el suministro de convenios publicitarios condicionantes y de retribuciones directas a quienes se someten a las líneas oficiales. En contrapartida, los que se resisten a esas directrices sufren represalias económicas e incluso persecución y acoso.

En ese contexto, la desaparición forzada de Gregorio Jiménez de la Cruz, la mañana del día conmemorativo de la promulgación de lo que fue la Constitución mexicana postrevolucionaria detonó protestas y exigencias a niveles nacional y estatal. Hubo incluso una reunión de periodistas con funcionarios, entre ellos el procurador estatal de justicia, Amadeo Flores, y la vocera Gina Domínguez, en la que trabajadores de los medios de comunicación del sur del estado interrumpieron el discurso burocrático y a gritos exigieron resultados en la búsqueda de su compañero Goyo.

El desenlace oficial tuvo como antecedente la extraña profusión de versiones de que Gregorio había sido encontrado con vida. El diputado local del Panal, Eduardo Sánchez Macías, llegó a asegurar que del venturoso hallazgo “serán las autoridades correspondientes las que dirán todo el detalle cómo sucedieron los hechos y realmente fue todo un trabajo de los cuerpos de seguridad pública y de los elementos de la AVI” (http://bit.ly/1bTHZdw ). Sánchez Macías es dueño de periódicos en la entidad, El Heraldo de Xalapa y el Martinense, y hermano de Francisco, quien a su vez es propietario de los heraldos de Tuxpan, Tantoyuca, Coatzacoalcos y Poza Rica. Es tal la cercanía de ellos con el gobierno de Duarte que Francisco fue acallado a gritos por periodistas (“palero”, “vendido”, “chayotero”) en la reunión de reporteros con funcionarios comentada líneas arriba y en la que Francisco pretendía hablar de los “avances” en la búsqueda de Gregorio, y “felicitar” a las autoridades (http://bit.ly/1dGbtYU ). Otro giro extraño correspondió a lo publicado por Luis Cardona en Diario 19, quien aseguró tener información absolutamente confiable de que Goyo había sido encontrado con vida. Luego, al saberse del deceso de Jiménez, el mismo Cardona señaló que “son fuentes de mucha solvencia de las que no puedo dudar. Qué sucedió después, no me lo han podido explicar” ( http://bit.ly/1kA2r8m ).

Finalmente, ayer fue encontrado el cuerpo de Jiménez de la Cruz y la autoría intelectual del crimen fue asignada a una vecina con la que el periodista habría tenido discusiones y que lo habría amenazado. A las infamias gubernamentales cometidas en este asunto (la esposa de Jiménez, Carmela Hernández, fue llevada a Xalapa para reunirse con Javier Duarte y allí le ofrecieron una casa regalada que ella rechazó, pues dijo que no buscaba casas, sino a su marido), se suma la postura oficial de achacar lo sucedido a un entorno meramente personal, a un pleito entre vecinos que motivó una venganza personal. Ayer se esmeraban el secretario de gobierno, Erick Lagos, y el procurador de justicia, Amadeo Flores, en deslindar de lo periodístico el asesinato de un periodista que escribió en su periódico sobre secuestros de migrantes y asesinatos a golpes en un bar cuya dueña lo amenazó por esos escritos y luego, según la versión gubernamental, contrató a una banda de asesinos que hasta entonces se movían con impunidad, para que mataran al periodista que había publicado textos periodísticos en un periódico. A Javier Duarte le urge echar paletadas de tierra al asunto, así sea cometiendo un doble agravio contra Jiménez, al pretender “despolitizar” los hechos.

El horror de Veracruz, el infierno, está en esas autoridades cínicas y en el predominio de las bandas criminales (las políticas y las explícitamente delincuenciales) sobre la vida cotidiana. En Veracruz ha habido amenazas, secuestros, torturas, asesinatos y exilio de muchos periodistas. Ayer fue conocido el final de uno de ellos, Gregorio, pero no de las causas estructurales que permiten y provocan esas agresiones diarias contra la sociedad.

Y, mientras en el senado facilitan la represión a protestas sociales, ¡hasta mañana!

Un primer acercamiento al programa del Congreso Popular

El pasado miércoles 5 de febrero se inauguró en las inmediaciones del monumento a la Revolución el Congreso Popular. Como se sabe, trátase de un proyecto impulsado sin la participación directa de los partidos políticos o autoridades públicas. Acá reside su fortaleza. Sus debilidades, por otro lado, radican en su virtual parentesco con el programa político de la socialdemocracia mexicana. (Y en esa concordancia casi absoluta con el plan de acción de Morena). Coincidimos con Paco Ignacio Taibo, en su feroz señalamiento al sectarismo de la izquierda nacional. Diferimos, no obstante, en lo concerniente a la necesidad de alcanzar una “unidad” simple en la que converjan personas que deban unirse por encima de cualquier diferencia política. Nótese que acá no nos proponemos incitar esa fractura o fragmentación que atinadamente amonesta Taibo. Al contrario. Para que el proyecto prospere, es preciso fomentar la receptividad para con las posiciones divergentes, a fin de conseguir la ansiada unidad, no “simple” sino inmanentemente “compleja”. 

Se reproduce a continuación el texto que se turnó a la coordinación del Congreso Popular, y que contiene un breve diagnóstico de la actualidad política, así como un conjunto de propuestas que a nuestro juicio conviene tomar en consideración. 

Diagnóstico y antecedentes 

Esta iniciativa proto-parlamentaria tiene dos antecedentes epocales básicos: 

1. La actual condición minimalista de la política: los derechos políticos se reducen básicamente al depósito periódico de boletas en una urna. En las decisiones cruciales, en los procesos deliberativos cardinales, la sociedad no interviene ni participa: la política termina allí donde empiezan los consejos administrativos de las grandes corporaciones, o bien, de las instituciones financieras multilaterales (cabe advertir, los grandes beneficiarios de la reforma energética). La política no se dirime más en las instituciones o tribunas públicas. La democracia electoral no hace más que incorporar selectivamente a ciertos segmentos poblacionales a este hurto sistemático de los derechos políticos fundamentales. Las elecciones sólo se concentran en refuncionalizar la circulación de las élites gubernativas, pero el contenido sustantivo de la política no cambia. Una vez electos, los políticos mandan obedeciendo… pero al poder del dinero. 

2. La conversión del Estado benefactor en Estado neoliberal. Los zapatistas lo previeron: la neoliberalización de los procesos productivos y la vida pública redundaría en una erosión de los contenidos políticos, económicos, sociales, históricamente conquistados. El Estado no se adelgaza (el creciente gasto militar desmiente esta hipótesis falsaria); sí en cambio, se adelgazan los derechos y patrimonios de los pueblos. México es uno de los países más virulentamente castigados en este contexto de neoliberalización. El paquete de reformas recientemente avalado, donde destaca la reforma energética, constituye una profundización en este proceso de desposesión patrimonial y privación de derechos. Asistimos al réquiem de la libre empresa: los emprendedores no impulsan la innovación ni tampoco invierten en empeños empresariales; la fórmula en boga consiste en apropiarse de patrimonios públicos, lucrar sin consentimientos, y acumular poder con base en la desposesión. 

En otra oportunidad se sostuvo: “El vasallaje de la clase política al modelo de desposesión patrimonial, no responde a una lógica procedimental neutral. Es tan sólo la expresión de su impotencia, que estúpidamente asumen extensiva a todos los mexicanos. La modernización vía desposesión-privatización es el mantra de un gobierno lacayo. Punto” (Véase nota completa: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/07/pemex-simbolo-poder-e-ideologia.html). 

Siete proposiciones 

En este sentido, cabe esbozar sucintamente siete propuestas tentativas, unas concretas, otras orientadas a estimular la discusión e intercambio de ideas: 

1. Recuperar la industria y recursos energéticos por la vía de la desobediencia civil, el boicot económico a las petroleras foráneas, y la ocupación física de predios o lotes consignados para los procedimientos de fracturación hidráulica. 

2. Creación de un órgano de fiscalización ciudadano, autónomo, que se ocupe de consignar los abusos de empresas domésticas o extranjeras en la explotación y producción de energía e hidrocarburos. 

3. Incorporar a esta iniciativa a los trabajadores damnificados de PEMEX, bien por despido, liquidación, transferencia o jubilación anticipada. 

 4. Demandar colectivamente la desmilitarización del país. Ambas mociones, la reforma energética y la militarización de la vida pública forman parte de una sola agenda: la del poder. 

5. Repatriar, redignificar y reconstituir el valor de la política. 

6. Articular esta lucha particular a las luchas generales contra el proceso global de desposesión. 

7. Repolitizar la economía. Esto es, dotar de centralidad a la economía en esta iniciativa de politización ciudadana. 

Colofón 

La existencia de una comunidad política debe ser un plebiscito cotidiano. 

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140207_100339_995

El Congreso Popular: tres observaciones

La iniciativa del Congreso Popular que impulsan artistas e intelectuales, y cuya instalación está programada para el próximo 5 de febrero (97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917), es una propuesta con un potencial insospechado, pero que sólo podrá alcanzar su cima transformacional si adopta posicionamientos políticos claros, teóricamente consistentes, éticamente firmes. Las buenas voluntades individuales no se traducen automáticamente en resultados deseables, especialmente cuando la trama en cuestión es la política. La arena pública atraviesa una confusión ideológica lacerante. Es necesario identificar los orígenes de esta confusión, como un primer paso en la definición de un programa y plan de acción. 

La modernidad inauguró básicamente tres credos: el progreso, el Estado, y la razón (técnica, ciencia). Ninguna de las tres ideologías dominantes en la esfera política partidaria, a saber, conservadurismo (liberal), liberalismo, socialismo (liberal), torpe e imprecisamente escenificadas por el PAN, PRI y PRD, cuestiona seriamente alguno de estos credos. Adviértase que acá nadie objeta la pertinencia de valerse de los recursos que están al alcance de un movimiento en ciernes. Pero es fundamental arrancar esta moción protoparlamentaria con un orientación crítica sin contemplaciones, particularmente en relación con las generalidades programáticas e ideológicas, no pocas veces invisibles, que a menudo impulsan los partidos políticos: la noción destinal de la historia (progreso o la eterna promesa de un futuro mejor), la modernización sostenida en dispositivos de regulación o “reingeniería” de los comportamientos individuales, la obligatoriedad del Estado en la construcción de cánones de socialización, el frío cálculo de la racionalidad técnica para la administración de los recursos públicos. La falta de cuestionamiento a estas prescripciones, que involucra a las fuerzas e instituciones políticas más visibles, ha propiciado un desconcierto ciudadano en torno a los asuntos de orden público, inhabilitando la participación política activa de vastos segmentos sociales que advierten, no sin razón, una obstinada subrepresentación de sus preocupaciones, demandas e intereses, y una sobrerrepresentación de las mismas agendas que administración tras administración avanzan cualesquiera que sean los colores o idearios en el timón. En este sentido, el Congreso Popular debe fijar un posicionamiento claro, y contribuir, con base en acciones contundentes y no con discursos, a despejar la nebulosidad ideológica que prima en la arena política. 

Aunque es evidente que esta moción nace como resultado de un posicionamiento político, que sin duda enriquecerá su posición en el transcurso de su gestación, es importante comenzar a reflexionar acerca de los asuntos que inevitablemente deberá abordar. Acá sólo se tocan tres. 

I. La relación con los partidos políticos 

La iniciativa del Congreso Popular se ampara en el artículo 39 constitucional, que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Hasta acá todo va bien. El problema se presenta cuando se trata de establecer qué dispositivos o vehículos salvaguardarán la tenencia de la soberanía en manos del “pueblo”. Si los partidos políticos y/o el Estado no desempeñan más esa función (o acaso nunca la desempeñaron), ¿a que órganos corresponde la tarea de guarnecer la residencia de la llamada “soberanía popular”? Si no se reconceptualiza la noción de “pueblo” (e incluso la de “soberanía”), el peligro de tropezar en las ciénagas del liberalismo ideológico se hace más factible. 

En este sentido, es fundamental establecer una postura en relación con los partidos, cuya caducidad o inutilidad, para los fines que acá se persiguen, es inexcusable. Y esto conduce a otro asunto medular: si los partidos son órganos de representación de un interés parcial (se asume que inescapablemente), ¿qué alternativa organizacional cabe reivindicar? 

II. La relación con la iniciativa privada 

Está implícito en esta propuesta extraoficial parlamentaria, que los partidos políticos, instituciones públicas y órganos de Estado representan intereses abreviados: a saber, los de la clase en el poder. Y aunque esta clase es aparentemente caleidoscópica (corporaciones foráneas, megabancos transnacionales, empresariado nacional, caciques regionales), está claro que el poder instituyente (el pueblo) carece de herramientas político-jurídicas para intervenir en procesos deliberativos que atañen a temas públicos, precisamente porque están centralizados en poderes privados, formal o fácticamente constituidos: vale decir, en una clase dominante, unificada en torno a contenidos cruciales. 

El Congreso Popular debe contar con un programa que apunte a confiscar progresivamente esas facultades extraordinarias que usufructúan las esferas privadas con fines naturalmente privados. En suma, contribuir a frenar el régimen de prerrogativas privadas en aras de un auténtico derecho público. 

III. La articulación con otras luchas 

Otras iniciativas de contrapoder (o poder paralelo al poder oficial) han fracasado por una falta de acercamiento y coordinación con otras luchas análogas. La discrepancia entre las izquierdas que advierten algunos analistas, se debe no solo a diferencias facciosas o ideológicas, sino esencialmente a posicionamientos políticos irreconciliables que conciernen a condiciones materiales de vida. El Congreso Popular puede efectuar la tarea de vincular esta moción con otras, pero a partir de la identificación de un terreno común de reivindicaciones. La autonomía o autogobierno, y la propiedad pública sobre los recursos naturales, humanos e infraestructurales, son reclamos que incumben a una multiplicidad de movimientos, grupos y franjas poblacionales. 

La reforma energética no puede ser el único factor de aglutinación. Es un suicidio político ceñirse a un solo programa unidimensional. En cambio, es políticamente inteligente extender los horizontes de esta iniciativa, y diversificar su campo de acción política. 

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