Más sobre PEMEX. De la expropiación a la desposesión petrolera.

El 18 de marzo de 1938, tras una negativa de las compañías petroleras foráneas para dar observancia a las demandas de los trabajadores del sector, y después de una disposición política acaso sin parangón en México, el usufructo transnacional de la industria petrolera llegó a feliz término. Cabe destacar que muchos mexicanos aportaron sus pírricos ahorros para la indemnización a las empresas golondrinas, por concepto de la expropiación. Recursos e instalaciones pasaron formalmente a manos de la nación. Más tarde se produciría la primera traición a ese pueblo que con homéricos esfuerzos había conseguido recuperar para sí el uso común de sus bienes e industria. La nomenclatura burocrática se apropió abusivamente de la renta petrolera, y no pocas veces con fines facciosos discrecionales. En este sentido, es necio obviar que la iniciativa de reforma energética en puerta, supone tan sólo una escalada en la intensidad de las políticas de desposesión, tan altamente apreciadas en las alturas del poder, y cuyos ejecutores, promotores o cabilderos se distinguen por un extenso historial de mercenarismo en provecho de las transnacionales y el hurto. 

Hurto que se traduce en traición 

Más de una vez han intentado la venta completa e integral de las reservas e industria. Pero el gobierno se ha enfrentado a una irreductible oposición popular, que bien o mal ha detenido la privatización total de PEMEX. Pero la tenacidad entreguista de la élite política en este país no tiene límite. En ese rubro su éxito es épico. Y de hecho recién se develó un informe que apunta en esta dirección de la política rastrera correspondiente a los recursos petroleros. En adición al saqueo vía tomas clandestinas que practican consuetudinariamente las bandas delincuenciales al servicio del estado (el conocido “popoteo”), se yergue una vasta red de holdings avecindada en países extranjeros, que burlan sin decoro la legislación doméstica para apropiarse de una cuota significativa de la renta petrolera nacional. La Jornada reporta: “El gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos (¡sic!) que no reportaron al erario… Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria... La decisión de Calderón de crear una ‘tesorería falsa’, paralela a la de Pemex, permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso…” (La Jornada 18-VIII-2013). 

¿Para quién trabaja el grupúsculo de ladronzuelos que sexenalmente se apoltrona con vocación espuria en el poder? 

Reforma transformacional o saqueo imperial 

 En realidad, el capital foráneo –representado esta vez por la tríada Royal Dutch Shell-ExxonMobil-British Petroleum (aunque la parasitaria Repsol también se frota las manos)– va tras los recursos y reservas. El cascarón infraestructural (inmuebles e instalaciones industriales) no está entre sus prioridades. Específicamente, las transnacionales buscan apoderarse del usufructo de aguas profundas, pozos transfronterizos, y la obtención-comercialización de hidrocarburos no convencionales, en particular el famoso gas esquisto, cuya extracción, cabe recordar, está terminantemente prohibida en múltiples países europeos (Francia, Bulgaria etc.), a causa de los ingentes daños ambientales que acarrea esta aparatosa técnica de explotación, más conocida como fracking o fractura hidráulica (utilización de extraordinarias cantidades de agua, químicos de alta toxicidad, extensas perforaciones del territorio y de formaciones rocosas de difícil acceso). 

Vuelta al colonialismo. La reforma a la que se le ha endilgado la etiqueta de “transformacional” (cuya connotación tiene aspiraciones progresistas), apuntaen la práctica a una regresión bien conocida: a saber, la de la expoliación, devastación y desestabilización de la nación. Vuelta al saqueo imperial. 

Corporate PEMEX: la fetichización de la industria nacional 

Todo el discurso privatizador se sostiene en una narrativa falsaria y corruptora. Se arguye, con fines torpemente persuasivos, que PEMEX es un monopolio oneroso. Sin embargo, cabe señalar que por definición constitucional, la paraestatal NO es un monopolio. Remitímonos al artículo 28 constitucional: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, (…) electricidad…” 

También es falso que la paraestatal sea onerosa. PEMEX tiene ventas superiores a los 125 mil millones de dólares anuales, una cifra que de hecho rebasa el PIB anual de algunos países de América Latina (¡sic!).

Telmex, en cambio, sí es un monopolio, porque monopoliza la renta de la empresa nacional de telecomunicaciones. Telmex –que atravesó en 1990 un proceso de privatización análogo al que se trata de imponer ahora a la industria petrolera– sí es oneroso: secuestra la renta de un patrimonio nacional, y destina a las arcas de hacienda tan sólo el 6% de sus ingresos anuales (mientras que PEMEX traspasa el 67.4% de sus entradas totales). 

Si la constitución decreta que una empresa estatal como PEMEX no constituye un monopolio, es por un hecho incontrovertible: su razón social primaria no es la utilidad; su propósito vertebral es la provisión de servicios públicos y el impulso del desarrollo radicalmente nacional. No es accidental que los redactores de la letra constitucional blindaran a la empresa de una eventual inserción en los mercados de competencia. 

Insistimos, los impulsores de la reforma se valen de un metarrelato artificioso, que sólo tiene consistencia en el marco de una tergiversación de las prioridades. Ergo, una ulterior inauguración de los contratos de utilidad compartida acarrearía una doble desviación: a saber, la priorización de utilidades en detrimento del derecho público-desarrollo doméstico, y la cesión de la renta nacional. 

En suma, la iniciativa de reforma energética en curso sólo tiene congruencia en un contexto de agresiva reconquista y desposesión de un pueblo. 

Glosa de un inconforme ciber-compatriota 

“Un clásico: la reforma peñista no va tanto por privatizar a PEMEX, sino para regularizar el robo ilegal de sus recursos, practicado durante más de un cuarto de siglo, por quien controla las 39 y más lavadoras de dinero nacional. ¿A quiénes involucra –capitalistas, políticos, militares, hombres del culto, académicos– la cohorte creada en torno del innombrable talento que, mientras sus fortunas hacen palidecer a las de los jeques árabes, controlan en la miseria, dóciles y apocados, a millones de intimidados compatriotas?” 

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130823_064155_513

La reforma laboral de la educación y el neoliberalismo en México.

Las pugnas por redefinir la política educativa son cada vez más evidentes, obligándonos a reflexionar sobre sus objetivos y su futuro. Desde el sexenio pasado se ha impulsado un proyecto que tiene como objetivo central desmantelar el sistema público de la educación, que inició en el siglo XIX, con el triunfo liberal, y que se fortaleció con la revolución mexicana y el artículo tercero constitucional. La meta fue muy sencilla pero vital para la construcción de la Nación: inculcar en la población una serie de valores, símbolos y creencias que sirvieran como núcleo de la identidad nacional pero además conformar un sector de trabajadores de la educación que tuviera la misión de proteger y promover los valores de la educación como un bien público.

En ese sentido, la educación pública sirvió como punta de lanza para acabar con la hegemonía de la Iglesia en la educación y para homogeneizar contenidos y fines educativos. Pero también, su carácter público estuvo y está orientado a definir la educación pública como una inversión social y no solamente individual. De otro modo, si la persona invierte recursos para pagarse una carrera en una institución privada de educación superior, al terminar sus estudios saldrá a la calle con el deseo de recuperar su inversión. El compromiso social del egresado del sistema público, se convierte, en el egresado de una institución privada, en un compromiso personal para hacer rentable su inversión. Y es así como existe hoy una visión empresarial del conocimiento, que privilegia el beneficio personal por encima del social. Ya no se concibe a la educación como un bien social, público, sino como un bien privado, personal y es imposible negar que la tendencia neoliberal en la educación se ha ido fortaleciendo en detrimento de la visión social. 

El papel que ha jugado el neoliberalismo para transformar los valores que impulsan el proceso educativo en el mundo resulta fundamental para comprender las presiones y conflictos que enfrenta el sistema educativo mexicano y las perspectivas que se abren hacia el futuro. Aquí es importante insistir en que las acciones de un sector crítico de maestros de educación básica de la política educativa del gobierno actual no parece despertar la solidaridad de otros sectores del gremio, en particular de los profesores universitarios, que omiten considerar el impacto de la reforma educativa como una amenaza directa a sus condiciones labores. Si bien la eventual aprobación de las leyes secundarias -que tienen en la mira la regulación punitiva del ámbito laboral de los maestros de educación básica- no parece amenazar los derechos de los profesores universitarios, sería difícil negar que la ofensiva reformadora actual es en realidad parte de una proyecto de alcances más amplios, que tarde o temprano afectará a todo el universo educativo en su conjunto.

El neoliberalismo no es un simple modelo de desarrollo sino una ideología, que tiene como objetivo modificar los patrones de pensamiento, la manera de percibir los problemas y el afán por polarizar el mundo social entre los que están a favor del progreso y los que se le oponen. El neoliberalismo es, por lo tanto, conjunto de ideas que promueve intereses específicos y sataniza todo lo que no comulgue con ella. Es así como su poder no sólo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o los principios educativos sino que aspira a influir en el tejido cultural de las sociedades contemporáneas, como una plataforma desde la cual puedan ser invadidos todos los campos del conocimiento humano y poder así tener un mayor control social y poder imponerse sin necesidad del uso de la fuerza bruta. 

“El neoliberalismo, por lo tanto, más que una doctrina o una simple colección de medidas económicas, constituye una verdadera corriente civilizatoria propia del capitalismo en su actual etapa de desarrollo, es decir, dominado por el capital financiero sustentado sobre la revolución tecnológica acaecida en la segunda mitad del siglo XX.” [i]

 

La naturaleza capitalista del neoliberalismo es una tautología pues para nadie es un secreto que su fin último apunta al aseguramiento de altas tasas de ganancia para los inversionistas sin importar las consecuencias sociales que esto pueda provocar. La dinámica neoliberal aspira a la mercantilización de todas las cosas. Así, el agua, la tierra y en general todos los bienes que por siglos han sido considerados públicos son sometidos a la adjudicación de un valor monetario y su capacidad para producir ganancias. La educación, uno de los bienes sociales más importantes para el desarrollo de las sociedades contemporáneas, no ha escapado de este proceso.

En efecto, la mercantilización de la educación ha tenido como objetivo primordial transformarla en un buen negocio, aplicando los principios empresariales y organizándola para producir beneficios privados.

“Bajo la racionalidad neoliberal… el sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadunidense del eficientismo industrial que traslada al campo pedagógico y, en general al de las ciencias humanas, conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo.”[ii]

Estas ideas fundamentales someten el proceso educativo a la lógica de una racionalización del gasto, lo que se traduce en una pauperización de los salarios de los profesores, la reducción de las contrataciones de tiempo completo y el aumento de profesores contratados por horas, de manera esporádica y el fin de la educación gratuita. Asimismo, la educación debe subordinarse a las necesidades de la oferta laboral, por lo que campos de conocimiento como el de las ciencias sociales o las humanidades se está reduciendo en favor de una educación profundamente especializada y técnica, que impulse el desarrollo económico y coloque en segundo plano el desarrollo del pensamiento libre y autónomo. Pero la idea de la calidad es la que más ha influido en los procesos educativos, sobre todo para descalificar a la educación pública y ponerla como ejemplo negativo. En todo caso la idea de calidad no representa más que la conversión de la educación en mercancía,  definiendo al estudiante como un consumidor preocupado por la relación costo beneficio. 

“Esto generará dinámicas específicas al interior de la institución universitaria. Por un lado, la venta de servicios reconfigurará: 1) el perfil socio-económico del estudiantado en los programas en los cuales se debe pagar; 2) la oferta académica porque, paulatinamente, se irán privilegiando aquellos programas que son "rentables", es decir, que dejan buenos dividendos económicos. Estos aspectos remodelarán a la universidad.”[iii]

Por lo demás, los trabajadores académicos se verán constreñidos a una dinámica que reproduce el trabajo en las maquiladoras y el trabajo informal, lo que representa una fuerte contradicción en el discurso privatizador, pues la falta de seguridad laboral de los académicos impactará en su nivel de compromiso y por lo tanto con el nivel de calidad de la educación que imparten. Al verse obligado a tener otros ingresos para completar los que provienen de su labor docente, el profesor no podrá preparar sus clases, colaborar en cuerpos colegiados y evaluar de cerca el rendimiento de los estudiantes. Mucho menos de poder realizar investigación básica o aplicada, lo que redundaría en un mayor nivel de titulación, objetivo medular de la educación universitaria y talón de Aquiles de las universidades mexicanas, públicas y privadas. Este hecho es hoy por hoy una realidad y factor determinante para comprender la crisis del sistema educativo.

Asimismo, las políticas neoliberales le han dado una enorme fuerza de gestión y de control a la burocracia educativa, que con el argumento de mantener la calidad en la educación se ha convertido en el factor real de poder en el interior de los centros escolares, no sólo por su control sobre el presupuesto sino por ser el intermediario entre la comunidad y los órganos evaluadores externos, que definen en buena medida el nivel de recursos que recibirán para llevar a cabo sus labores sustantivas.

Como la espada de Damocles, los órganos evaluadores y la burocracia magisterial penden encima de la cabeza de los maestros con la finalidad de someterla a la lógica mercantil. Dichos agentes han sido los principales ejecutores de las políticas neoliberales en la educación y no se ve para cuando puedan dejar de serlo. Su celo mercantilista es hoy por hoy un fuerte obstáculo para contrarrestar dicha tendencia. 

Dada la correlación de fuerzas actual difícilmente la comunidad de maestros podrá por sí misma hacer frente al reto de combatir la mercantilización de la educación superior. Será necesario involucrar a amplios sectores sociales con el argumento de que la educación es un bien social y que por lo tanto, su defensa es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. De otro modo, parecerá más bien que los trabajadores académicos que critican la mercantilización de la educación, están simplemente tratando de salvar sus propios intereses. La lucha por la defensa del derecho al trabajo, impulsada en estos días por los trabajadores de la educación, ha sido mostrada por los medios de comunicación, por el propio estado y por buena parte de la opinión pública, como una lucha por el mantenimiento de privilegios, por una negación a las supuesta virtudes de la evaluación externa para promover una educación de calidad. En la medida en que los maestros, que hoy presionan al congreso para impedir la aprobación de leyes secundarias que materialicen el espíritu privatizador de la reciente reforma constitucional en materia de educación,  difundan la idea de que lo que se defiende es un bien público, probablemente podrá enfrentar la ofensiva neoliberal con mayor fuerza.

“… la controversia hoy pasa también por reconocer que dejar a la educación a merced de las fuerzas del mercado implica desconocer que esta es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este debate se centra, de igual modo, en aceptar la importancia que la educación tiene y debe tener para el desarrollo de las sociedades. En este entendido, y a juzgar por lo que se comienza a ver, esta Macdonalización parece suponer que la investigación está motivada no por lo que conviene al bien común sino por lo que las grandes empresas consideran lucrativo.”[iv]

Por todo lo anterior, la defensa de la educación como un bien público constituye una táctica que puede aglutinar fuerzas diversas para enfrentar al neoliberalismo. La táctica entonces es fortalecer la crítica permanente y sistemática de la ideología neoliberal, exponiendo sus contradicciones y los intereses que la animan, evitando así que se afiance en la mentalidad nacional y se convierta en dogma. El papel de los trabajadores académicos, independientemente del nivel educativo en el que se desempeñen, es clave para frenar la tendencia a incorporar plenamente la dinámica mercantil los procesos educativos. De otro modo, abandonar a sus suerte a los maestros de educación básica facilita enormemente la imposición del proyecto educativo neoliberal. Lo que está en juego, insisto, es el sistema en su conjunto y no sólo el nivel básico. Ignorarlo parece ser una explicación plausible para comprender la pasividad del resto del universo magisterial en México frente a las acciones de repudio por parte de los maestros democráticos que hoy se movilizan en la capital del país.

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[i] Cuevas Molina, Rafael. Universidad, cultura y democracia en América Latina: La era neoliberal http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82625.

[ii] Ibídem.

[iii] Ibídem.

[iv] Ibídem.

Que no nos den pacto por liebre: el crepúsculo de un contrato que expira

A la manera de una incauta ironía de la vida, el remedo de pacto suscrito por las cupulares fuerzas políticas nacionales (léase: la camarilla de caciques “transpartidistas” y conversos a sueldo) se perfila fatalmente para prologar la defunción definitiva de aquel metafísico contrato social que según los contractualistas rige a las sociedades. Lo que es un hecho incuestionable es que el orden político se acerca a un estado de enfermedad terminal. Como cualquier otro ente orgánico en condición de salud deficitaria, el cuerpo político nacional subsiste a base de asistencia terapéutica –que no curativa-regenerativa. México es como el paciente con carcinoma pulmonar que se somete a agrestes tratamientos quimioterapéuticos pero sin renunciar nunca al vicio del tabaquismo. Para el caso de nuestro país, el vicio es la ininterrumpida dependencia con el desfile de metrópolis foráneas que han instaurado su soberana voluntad en suelo nacional. Así, cuando se habla de la necesidad de concesionar áreas neurálgicas de la industria a empresas asentadas en otras latitudes, u homologar contenidos académicos con programas educacionales diseñados e instrumentados en realidades disímiles, o aplicar estrategias de seguridad nacional coadyuvantes con el éxito de agendas extrañas, se avanza en el sentido de un suicidio asistido. Y precisamente en esa dirección marchamos. El desfallecimiento de este organismo societal no se mitiga ni con terapias electro-convulsivas. Es más, el cacareado pacto únicamente tiene como propósito invisibilizar la nulidad o vencimiento del contrato histórico, no revalidar los votos nupciales con la sociedad. 

No se trata de un diagnóstico catastrofista o irresponsable. En el México actual, las desavenencias no sólo se ciñen a la esfera de la política institucional: la lucha ahora es por el patrimonio vital, por el sostén material de la nación, y se extiende a todos los rincones de la geografía nacional. El conflicto crece en forma exponencial cuando un poder ilegítimo decide violentar las bases inviolables del contrato, y más cuando en tales bases reposa la viabilidad de la nación. En su histérica urgencia por cumplir con la agenda de compromisos contraídos, y afianzar su adhesión a la doctrina de postración sempiterna, la clase gobernante atenta contra los cimientos materiales de ese orden al que debe su existencia. 

Todas las mociones del gobierno actual apuntan en una dirección: la imposición de contrarreformas por la vía de la fuerza, especialmente las que atañen al ámbito energético, al rubro fiscal, a la educación, y a la seguridad nacional. Nótese que no es gratuita la instauración de la narco-guerra: el propósito real nunca fue la droga, y sí en cambio la militarización del país, como un recurso para la aplicación universal de la fuerza en la persecución de los fines del estado. Esta es la apuesta del gobierno. Desconocemos si el cálculo es acertado. El peligro radica en que el conflicto ya no es sólo gubernativo, sino histórico-patrimonial. No exageran los analistas cuando sostienen que la de PEMEX es la batalla del destino del país. Si la venta-privatización se concreta, México renuncia a su existencia como nación. Es la expiración definitiva del contrato, pero con consecuencias virtualmente desastrosas, y sólo reversibles en el tenor de una guerra civil. 

PEMEX: vuelta a el laberinto de la soledad 

A la secuencia de fracasos nacionales y proyectos fallidos, que según ciertos autores ha condenado a México a vivir en un estado de soledad u orfandad, se le suma un último flagelo: el desmantelamiento total de esa planta productiva que confería a México un margen material-simbólico de autonomía. Con la privatización de PEMEX se vuelve a una situación de colonialismo, una reedición de la conquista: se entrega a un poder extra-nacional el control de nuestro más valioso recurso. Véase las ilustrativas cifras que publica Reporte Índigo en su ejemplar del miércoles: “Petróleos Mexicanos tiene costos de producción más baratos que Statoil y Petrobras, los dos modelos que se buscan replicar con la reforma energética… Supera al doble en eficiencia a British Petroleum (BP), Chevron, Shell, Exxon Mobil y otras petroleras que entrarían al país gracias a la apertura…Tiene mejores rendimientos de operación que las seis petroleras privadas más importantes del mundo… A pesar de la declinación de sus campos, de la merma en sus exportaciones, de la corrupción y los altísimos impuestos que paga, es la quinta petrolera que produce más petróleo en el mundo, la primera en el continente americano. La superan cuatro compañías con las que tiene algo en común: son estatales. Pertenece a los gobiernos de sus países.” 

En la anterior colaboración escribimos: “¿Por qué México habría de elegir la renuncia a su patrimonio e industria? El problema es que México no decide los asuntos de vital importancia para el país. Es el remedo chiclero de gobierno el que fraudulentamente toma las decisiones cruciales. Y siempre en la socorrida dirección del entreguismo”. 

México está atrapado en una coyuntura geopolítica decisiva. Estados Unidos pretende salvar su contrato histórico (su Not So New Deal) a expensas del contrato fundacional mexicano. Fieles a su servilismo e impotencia, las elites en México se ciñen a la agenda de la metrópoli, nunca a la propia, atropellando lapidariamente el puntal del contrato doméstico, y colocando peligrosamente al país en un estado de estallido social latente. 

José Arturo Salcedo Mena enarbola una alternativa de cara a la política de desposesión que impulsa el pacto que no es pacto, y a la virtual caducidad del contrato histórico: “Para que el mexicano salga de su laberinto de soledad tiene que arrojar las máscaras que cubren su rostro y convertirse en dueño de sí mismo. Evidentemente la autenticidad convergerá en emancipación y legitimidad”. 

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130817_061934_753

Las venas abiertas de PEMEX

La independencia legó a América Latina el neocolonialismo: la colonia formal devino colonia fáctica. Las gestas independentistas sólo reconfiguraron las formas de transferencia de la riqueza: se inauguran mecanismos modernos; pero la lógica extractivista se conserva incólume e íntegra. No es accidental la prosperidad que gozan los estados-nación otrora colonialistas: las colonias subsidiaron, aún subsidian, el desarrollo de las metrópolis. En el virreinato la riqueza se transfería por la vía de la tenencia de las tierras, la encomienda, la administración político-militar de los asentamientos, las concesiones de tierras, aguas, bosques, la extracción intensiva de minerales, la esclavitud, el monopolio comercial transatlántico, los gravámenes. En las democracias modernas se sofisticó este dinamismo de apropiación-desposesión: desde las casas matrices financieristas (Nueva York, Londres, Frankfurt), se costea la penetración de capitales golondrinos para la apropiación-extracción de recursos, la venta-instalación de tecnologías foráneas, y el control de las geografías, pero sin modificar el carácter figurativo de la autodeterminación de las naciones. La civilización moderna inaugura acaso el más sofisticado de los dispositivos de usurpación patrimonial: se concede la independencia formal a los pueblos, pero a la par se confisca discrecionalmente la base material que posibilita tal independencia. Nótese cómo la dominación económica suplantó a la dominación política e imperial. En este tránsito reside la sustancia de la “modernización”, noción clave en el léxico tecnocrático. Para los fines que se persiguen en el ágora neoliberal, lo moderno, es decir, lo que pertenece al presente, tan sólo atañe a las nuevas formas de confiscación de la riqueza, no al fondo exotérico del asunto: a saber, el destino de la riqueza. En este crucial renglón persiste la lógica de rapiña patrimonial. 

Con la “apertura”, “atracción de inversiones para la rentabilidad” o “flexibilización” de Petróleos Mexicanos (o elíjase el sofisma guarachero de su preferencia), se alcanza la “modernización” deseada. Naturalmente no la de la industria, y sí en cambio la de la sangría y las técnicas de atraco, saqueo, latrocinio. 

En lo que corresponde a las tendencias geopolíticas estrictamente relativas al petróleo, la iniciativa reformista es disonante con el tenor de la sinfonía regional e internacional: en Brasil, los gobiernos del Partido del Trabajo llevan años tratando de renacionalizar Petrobras; Venezuela –la segunda reserva del mundo– renacionalizó PDVSA tras la llegada de Hugo Chávez al poder (y a pesar del sonoro berrinche de Estados Unidos); en Argentina, Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF, otrora en posesión de la empresa española Repsol (y a pesar del lacayuno berrinche de México); Rusia –octava reserva del mundo– radicalizó desde 2012 la política de renacionalización de las empresas energéticas. Para redondear esta evidencia, se estima que el 90 por ciento de las reservas petroleras a escala mundial son de propiedad estatal. 

¿Por qué México habría de elegir la renuncia a su patrimonio e industria? El problema es que México no decide los asuntos de vital importancia para el país. Es el remedo chiclero de gobierno el que fraudulentamente toma las decisiones cruciales. Y siempre en la socorrida dirección del entreguismo.

Pintando el perímetro de la cancha 

El PRI ha evolucionado. Le acomoda más el papel de partido bisagra que el de partido hegemónico. Por eso lanzó al PAN y al PRD por delante, a que enarbolaran dos propuestas “radicales” o virtualmente impracticables, para que más tarde el PRI, henchido de ese clásico oportunismo que ha perfeccionado, esgrimiera la propuesta “moderada”, “realista”, “efectiva” y “conciliadora”. El PAN, en adhesión a su proxeneta la Coparmex, vulgar conciliábulo de alacranes de larga cola e ideas cortas, ha planteado sin tapujos la apertura de toda la cadena de producción, e incluso comercialización, al capital privado nacional e internacional. El PRD, en un plan aún más servil que el PAN, ha preferido bailar la danza de la indefinición valiéndose de peroratas eufemísticas, como la que espetara el dirigente de ese partido, Jesús Zambrano, a saber: “La medicina es modernización sin privatización”. Y el PRI, director de esta infame orquesta, zanjará un camino terciario que formalice la propuesta del PAN pero con el tenor verborréico del PRD. ¡Qué bonita familia! 

Adviértase que todo está cocido a fuego lento y con lujo de cálculo tigresco. La iniciativa de reforma se turnará primero al Senado, donde el PRIAN goza de una avasalladora mayoría ("En agosto habrá iniciativa de reforma por parte del presidente Peña; en agosto la tendremos como cámara de origen en el Senado" –David Penchyna, fiel operador senatorial priista), para después remitirla a la cámara de diputados, donde el polizonte de la camorra mexiquense, Don Beltrone, Manlio Fabio (señalado por el New York Times por sus vínculos con el narcotráfico), se ocupará oficiosamente de cerrar la pinza y negociar la aprobación de la reforma con las múltiples e interesadamente veleidosas facciones parlamentarias. 

Los equipos están listos. La cancha está en perfecto estado. El clima no es el más propicio, pero se puede practicar la estrategia. Sólo falta el silbatazo inicial. 

Cuando se usan responsablemente, las cifras no mienten 

Dicen los catastrofistas que Pemex está al borde de la ruina; que tiene un pasivo laboral incorregible; una plantilla laboral onerosa e improductiva que hurta las rentas de la empresa (¡sic!); rezago tecnológico; decrecimiento en las tasas de ganancia etc. Se empeñan en ignorar otras cifras, acaso alentadoras, o disuasorias: a saber, que la producción de un barril cuesta cerca de 9 dólares, y que se vende en 110 dólares; que la renta petrolera constituye el 10% del PIB nacional; que la empresa produce 2.5 millones de barriles diarios y México sólo consume 1.7 millones, lo que indica que el país alcanzaría el autoabastecimiento pleno si contara con más refinerías mínimamente funcionales, y no estaría importando el 52 por ciento del petróleo; que Pemex ingresa más de 125 mil millones de dólares anuales que representan el 40 por ciento del gasto corriente de ese gobierno que durante décadas expolió sin reserva a la paraestatal, y que ahora pretende traspasar a los patrones en turno, en razón de compromisos e interés políticos creados. 

La ilustrativa ecuación de las naranjas 

Construir una refinería en México costaría a Pemex cerca de 500 millones de dólares. Se requieren tan sólo cuatro instalaciones de refinación adicionales, para refinar todo el crudo que consume el país. Antes de los impuestos, Pemex llega a contabilizar aproximadamente 90 mil millones libres o de ganancia. Si se invirtieran sólo 2 mil millones de estos réditos anuales en la construcción de refinerías, México alcanzaría la autosuficiencia integral en materia de hidrocarburos. Exportaría derivados del crudo, y no importaría ni una gota de petróleo. Pero la triste ecuación de las naranjas cobra la forma de mandamiento en México: la impotencia de las elites nacionales condena al país a vender naranjas a precio de tianguis, y a comprar el jugo a precio de extorsión. 

Las no tan oscuras intenciones del tío Woodrow 

“Un país –decía Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos allá por 1913– es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido”. Y no se trata de ninguna fórmula profética. La apertura de Pemex a la inversión privada tiene objetivamente un sólo fin: la transferencia de potestades, propiedades, rentas –que por mandato constitucional pertenecen exclusivamente a la nación– a firmas privadas foráneas. La clásica política económica de un gobierno tullido. En España lo tienen claro. Jalife-Rahme oportunamente recupera una arenga no tan remota de Mariano Rajoy, actual presidente ibérico: “Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar...” 

Refrendamos lo sostenido: “La modernización vía desposesión-privatización es el mantra de un gobierno lacayo. Punto” (http://lavoznet.blogspot.mx/2013/07/pemex-simbolo-poder-e-ideologia.html).

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130810_061348_804

La guerra contra el narcotráfico y el consumo legal de la mariguana en México

Los últimos acontecimientos en Michoacán, Guerrero y Zacatecas demuestran que la guerra contra el narcotráfico no ha podido invertir la espiral de violencia sino todo lo contrario. Los cambios de forma, que no de fondo, que ha impulsado el gobierno federal, acatando fielmente el guión fabricado en el Departamento de Estado de los EE. UU, pretenden cambiar la percepción de los habitantes de este país respecto a la guerra civil que vivimos, promoviendo la idea de la existencia de un supuesto nuevo estilo de gobernar, pero los resultados prometidos no parecen estar cerca. La luz al final del túnel es en realidad el foco de la locomotora de la barbarie que se acerca.

En este contexto, todo el proceso de discusión con respecto a la posibilidad de legalizar el consumo de la mariguana en México parece más una maniobra de distracción para ocultar el fracaso del control del mercado ilegal de drogas que una estrategia a largo plazo, dirigida a desarticular poco a poco el poder del narcotráfico, derivado del aumento del consumo de sus productos. La enorme difusión de la posibilidad de la legalización ha tomado fuerza sobre todo en las redes sociales pero ha estado presente en todo el espectro mediático.

Habrá que reconocer que en el contexto internacional el tema ha tomado fuerza a raíz de la legalización en Uruguay y en algunos estados de nuestros vecinos del norte, no sólo para con fines médicos sino también recreativos. Si a esto agregamos que a nivel continental la estrategia yanqui de combate a las drogas basada en la militarización ha demostrado ser ineficaz, y fuertemente criticada incluso por jefes de estado, no sorprende entonces que la discusión sobre la despenalización de la mariguana haya tomado fuerza en estas tierras.

En las últimas semanas los foros de discusión han involucrado a grupos de intelectuales, políticos y organizaciones no gubernamentales que se han reunido para discutir los pros y contras de la cuestión. Los argumentos giran alrededor de definir el problema como una cuestión de salud pública, de seguridad y violencia sin olvidar el componente moral, este último utilizado por los que se oponen al legalizar el consumo. Pocos han sido los actores políticos que no se han pronunciado sobre el tema y las posibilidades de que en el Distrito Federal prospere una legislación que redefina el problema del consumo de la mariguana resulta probable, a contrapelo de buena parte del resto del país.

En todo caso y sin afán de despreciar la discusión y sus posibilidades resulta extraño que el tema haya cobrado fuerza y que además, haya convocado a buena parte del estamento político institucional a considerar seriamente la cuestión. Extraño no porque buena parte de nuestros representantes consuman drogas cotidianamente, legales e ilegales, e incluso se beneficien económicamente del tráfico sino porque la dinámica de combate al narcotráfico seguirá siendo la misma –militarización y criminalización del consumo, aderezado con altas dosis de corrupción y contubernio por parte de las autoridades encargadas de su control. Extraño porque los principales beneficiados del narcotráfico, los accionistas de las instituciones financieras, seguramente no verán con buenos ojos la posibilidad de que sus enormes ganancias disminuyan para engordar al presupuesto de los países productores. 

Algunos analistas han señalado que una política de despenalización del consumo de la mariguana en un ambiente de corrupción, tráfico de influencias e impunidad generará más violencia, pervirtiendo todo el proceso y logrando un efecto contrario al que se busca. ¿Qué capacidad y calidad moral tiene el estado mexicano para controlar la producción, la distribución y el consumo de la mariguana? Eso en el caso de que sea el estado mexicano el que se ocupe del asunto pues en tiempos furiosamente privatizadores habría que considerar la posibilidad de que semejante industria sea vendida al mejor postor, por ejemplo, las corporaciones internacionales que vende tabaco o las cerveceras. Cuando Vicente Fox declaró que el negocio de la mariguana le resultaba atractivo, estaba diciendo en público lo que muchos empresarios no se atreverían a manifestar, pero una vez que sea legal su venta seguramente estarían dispuestos a entrarle al negocio, sin lugar a dudas.

Si bien la despenalización del consumo de la mariguana es un tema complejo –no sólo toca cuestiones de salud pública o de seguridad sino económicas y hasta filosóficas- y podría abrir la puerta a soluciones alternativas a la militarización y el descabezamiento de los cárteles, dadas las circunstancias, resulta más lógico pensar que no es más que una simple maniobra para obtener beneficios políticos -traducidos en votos, of course- del sistema político y al mismo tiempo ocultar el tremendo fracaso de la guerra contra el narcotráfico y el aumento de la violencia. Un guiño a la empobrecida/endeudada clase media urbana mexicana, para simular que el progreso es inevitable, aunque sea en medio de un mar de sangre y sufrimiento.

"Snowden debería ser premiado"; no es amenaza para EU: Chomsky

La Jornada

En mi opinión, Snowden debería ser premiado. Hizo lo que todo ciudadano debería hacer: decirle a los estadunidenses lo que el gobierno está haciendo. Así debe ser. Los gobiernos siempre argumentan la seguridad sin importar cuál sea el motivo. El reflejo defensivo es la seguridad. Pero cualquiera que haya visto lo que ha sido revelado, por lo menos lo que se ha publicado, concluirá que no es ninguna amenaza a la seguridad, con una excepción: la seguridad del gobierno ante su propia población. De hecho, si alguien ha dedicado cualquier tiempo a examinar archivos desclasificados –yo lo he hecho; estoy seguro que muchos de ustedes también– encuentra que, abrumadoramente, la seguridad es la seguridad del Estado frente a su propia población y es por eso que las cosas tienen que ser mantenidas en secreto. 

Hay algunos casos donde sí hay preocupaciones de seguridad auténticas, pero estas son bastante limitadas. 

El argumento del gobierno de Estados Unidos en este caso, por la vigilancia y más, es que es parte de la seguridad contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo la política estadunidense está diseñada para incrementar el terror. El propio Estados Unidos está llevando a cabo la campaña de terrorismo internacional más pavorosa, jamás vista supongo, con la campaña de drones y fuerzas especiales. Eso es una campaña terrorista mayor, por todo el mundo, y también está generando terroristas. Uno puede leer y escuchar eso de las fuentes más altas: el general McChrystal, expertos y otros.

Por supuesto que la campaña de drones está creando terroristas potenciales y uno puede fácilmente entender por qué. Si tú estás caminando por las calles de Ginebra y no sabes que en cinco minutos habrá una explosión del otro lado de la calle, por algo controlado desde miles de millas de distancia, y que eso aniquilará a algunas gentes y otras más que están pasando por allí, te quedas aterrorizado. No te gusta, y puede que decidas responder. Eso está ocurriendo por todas las regiones que están sujetas a la campaña de terror de (Barack) Obama. 

Entonces, no puedes seriamente, por un lado, llevar a cabo terror masivo y hasta generar terroristas potenciales contra ti mismo y, por otro, decir que debemos tener vigilancia masiva para protegernos contra el terror. Eso es una burla, merecería grandes encabezados periodísticos.  

Después está el interesante asunto de la extradición. Estados Unidos acaba de anunciar una vez más que castigará a cualquiera que rehúse extraditar a Snowden. Al mismo tiempo, Estados Unidos es uno de los líderes en negar extradiciones. El caso de Bolivia es interesante. Estados Unidos presionó para intentar bloquear el avión boliviano porque querían que Snowden fuera extraditado (en referencia al incidente con el avión del presidente Evo Morales a su regreso de Rusia, hace un par de semanas). Durante años Bolivia ha estado intentando extraditar de Estados Unidos a un ex presidente que ya está formalmente acusado en Bolivia por todo tipo de delitos. Estados Unidos rehúsa extraditarlo. 

De hecho, lo mismo está ocurriendo ahora mismo en Europa. Italia ha estado intentando extraditar a 22 agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) involucrados y acusados por participar en un secuestro en Milán. Secuestraron a alguien, lo enviaron, creo, a Egipto a que fuera torturado. Después reconocieron que era inocente. Hay otros casos como estos, muchos casos en donde Estados Unidos simplemente rehúsa hacerlo. 

Uno de los casos más notables es, de nuevo, en América Latina, no sólo el de Bolivia. Uno de los terroristas más importantes del mundo es Luis Posada (Carriles), quien estuvo involucrado en hacer estallar una aeronave de Cubana de Aviación en la que murieron 73 personas, entre otros actos terroristas. Él (Posada) está felizmente sentado en Miami, y su colega Orlando Bosch, otro terrorista mayor, también está ahí felizmente. 

Cuba y Venezuela están intentando extraditarlos. Pero ya saben, mo hay posibilidades de hacerlo. Entonces, el que Estados Unidos esté llamando a que otros extraditen a Snowden es un poco irónico. De nuevo, todo esto debería ser de grandes titulares. 

Comentarios de Noam Chomsky sobre Edward Snowden y las políticas de vigilancia de Estados Unidos, ante el Club de Prensa de Ginebra, el 26 de julio pasado.