Multitudinaria marcha de mujeres contra los feminicidios en Argentina

Fotos: Arsinoé Orihuela

Stella Calloni
La Jornada

Buenos Aires. Bajo una lluvia torrencial y reclamando “ni una menos, con vida las queremos” transcurrieron las históricas y multitudinarias marchas de mujeres, acompañadas por organismos humanitarios, movimientos sociales y políticos, en esta capital, en las capitales provinciales y en Mar del Plata, después del Paro Nacional de Mujeres, que abandonaron durante una hora sus lugares de trabajo en protesta por el incremento de los feminicidios en toda Argentina “y la violencia machista”. 

De acuerdo con las organizadoras de la jornada de protesta en este llamado “miércoles negro” participaron en más de 130 lugares en el país y el mundo, lo que agradecieron con emoción visible. “La convocatoria, que empezó en Argentina, en menos de una semana se multiplicó en Latinoamérica y en el mundo”, recordaron. 

La protesta se replicó en Chile, Bolivia, México, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. en tres localidades de España -Alicante, Barcelona y Madrid- y Francia. 

A las 13:00 horas locales, miles de mujeres, la mayoría vestidas de negro dejaron su escritorio, su lugar de trabajo, las mesas de redacciones de diarios, noticieros de televisión y radios para cumplir una hora de Paro Nacional, el primero en la historia de Argentina y el mundo en rechazo a la violencia de género. 

El brutal asesinato de una joven de 16 años en Mar del Plata, víctima de violación y empalamiento fue como la gota que desbordó un vaso cargado de horrores, hecho que se produjo cuando se realizaba en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el Encuentro de Mujeres que culminó con una manifestación de la que participaron más de cien mil asistentes, que fue reprimida por la policía.. 

Cada 24 horas una mujer es asesinada por violencia de género en Argentina y cada segundo una mujer llama para pedir ayuda, que lamentablemente siempre llega tarde, a pesar de la lucha de los últimos años, en que se incorporó al código penal el femicidio como causa de muerte. 

Sólo en 17 días de octubre el femicidio se cobró 19 víctimas entre ellas la joven Lucía de Mar del Plta, Viviana,Beatriz, 22 años, (se encontró su cuerpo dentro de una caja); Natalia, 41 años, asesinada a puñaladas en su automóvil; Vilma, 86 años, estrangulada por su marido; Samantha 22 años, asesinada por su pareja; Alejandra, 49 años, quemada por su esposo y asi 12 femicidios en 10 días. 

“¿Seguimos con la lista o paramos de una vez?”, se preguntaban en la convocatoria y la respuesta fue “nosotras paramos” para dejar claro que “el machismo mata, pero la inacción del Estado también. Si somos suficientes los que alzamos la voz, podemos persuadir al presidente, el derechista Mauricio Macri que habilite inmediatamente el presupuesto específico para poner en marcha el sistema de alerta de protección a mujeres en riesgo”. 

Se escucharon en las calles centenares de testimonios de víctimas de violencia de género y también lo que sucede en el plano económico, con salarios más bajos que los hombres y otros temas que marcan la enorme desigualdad en la sociedad y en el tratamiento que dan a las víctimas de este tipo de violencia policías y jueces. Se denunció asimismo que los autores de estos crímenes, no pierden la patria potestad y hay muchos niños que son entregados a los asesinos de sus madres, cuando salen en libertad. 

En este contexto se conoció una reforma propuesta por el gobierno de Macri en el Congreso, que desaparece la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, entre otras similares. Durante el debate de este martes en el plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal, los legisladores de la izquierda y el Frente para la Victoria denunciaron que la iniciativa no mencionaba a las unidades fiscales de violencia contra la mujer, en el caso de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) y la especializada en casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado en la pasada dictadura (1976-1983). 

Esto sucede en el intento de debilitar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre la que se ejerce una fuerte presión oficial para que renuncie, a pesar de su reconocido prestigio y de que su cargo es permanente, similar al de los magistrados de la Corte Suprema. La violencia de género se expresa en la persecución política y en la marcha miles de fotos de la dirigente social Milagro Salas, presa política de este gobierno desde enero pasado en la provincia de Salta fue el símbolo de esta situación.

Duarte se va; la corrupción, la impunidad y la violencia se quedan.

Al igual que con la derrota del PRI en las pasadas elecciones para gobernador en Veracruz, la solicitud de licencia de Javier Duarte no parece entusiasmar a nadie, sobre todo porque se da en un contexto de violencia exacerbada por la disputa de los cárteles para ensanchar sus territorios y rutas de influencia así como las protestas de trabajadores del estado por falta de pago de salarios y prestaciones. Y ese contexto -al que habría que agregarle la corrupción y la impunidad sistemáticas- es consecuencia directa del vacío de poder por la permanencia de un gobierno desahuciado que ahora, sin dirección, si es que alguna vez la tuvo, profundizará la crisis política por la que estamos atravesando.

Las causas de la salida del gobernador tienen que ver con factores internos y externos. Entre los primeros destaca la serie de escándalos que permitieron calibrar el grado de corrupción del gobierno duartista, dejando al descubierto la manera en la que se operaba para desviar recursos públicos a los bolsillos de Duarte y su grupo. Las consecuencias del saqueo provocaron en los últimos días manifestaciones a lo ancho y largo del estado de Veracruz -destacando el caso de Xalapa en donde empleados públicos de diversas dependencias se vieron forzados a bloquear avenidas para hacer visible su protesta por la falta de pagos de salarios y prestaciones. Pero además, el incremento de levantones y asesinatos así como de la localización de fosas clandestinas aumentaron la presión que desembocó en solicitud de licencia del gobernador.

A lo anterior hay que sumar la negativa del gobierno federal de asumir el costo político que significó el encubrimiento de las corruptelas del gobierno duartista, al grado de que la oficina de la presidencia manipuló fotografías oficiales para evitar que apareciera el infame gobernador en actos oficiales junto al presidente. La derrota electoral del PRI en Veracruz fue la gota que derramó el vaso, desencadenando una serie de acciones de la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República e incluso el propio PRI y la cámara de diputados aunque con cautela, en espera del banderazo oficial desde Los Pinos. De cara a los procesos electorales de 2017 y 2018, el gobierno federal se ha montado, con el oportunismo que lo caracteriza, en el creciente desprestigio de Javier Duarte para lavarse la cara y recuperar en la medida de lo posible la imagen positiva un presidente devaluado e inoperante, dentro y fuera del país. ¿Habría pasado lo mismo si Duarte y el PRI ganan las elecciones pasadas en Veracruz?

En todo caso, la salida de Duarte del gobierno veracruzano no garantiza que se logre hacerle pagar por los crímenes que cometió. Y no me refiero sólo a las corruptelas y desfalcos en contra del erario público sino sobre todo los crímenes de lesa humanidad -en particular de desaparición forzada- que caracterizaron a su gobierno. La impunidad es y ha sido la marca registrada del gobierno de Peña, por lo que resulta difícil imaginar un proceso legal apegado a la ley. Parece mas probable el montaje de un circo mediático (encarcelar a figuras menores, etc.) sin consecuencias penales para un gobernante que se dedicó con empeño a saquear el estado no sólo en beneficio propio sino del presidente y su partido. No es casual que Duarte niegue rotundamente que los desvíos se hayan utilizado para financiar campañas políticas, empezando con la de Peña así como de candidatos a gobiernos estatales abanderados por el PRI o sus aliados. Fue gracias a eso que se ganó el afecto y trato especial del presidente y los halagos que le prodigó por años por su importante pero ilegal labor política.

Pero además, la salida de Duarte tampoco garantiza el fin del quebranto financiero del estado ni mucho menos la dinámica corrupta del gobierno estatal. La corrupción no es un defecto del sistema y las personas que lo dirigen. Es en realidad un componente estructural del sistema político mexicano que le proporciona estabilidad y márgenes de acción para refrendar lealtades y mantener la continuidad en la dinámica gubernamental y el modelo económico. De la mano viene la impunidad, que funciona como contraparte de la corrupción para hacerla posible. La corrupción sin impunidad no es políticamente rentable . Y luego está el tráfico de influencias, que mueve incluso mayores cantidades de dinero que los desfalcos y desvíos, lubricando la relación entre gobierno y empresas y aumentando el poder económico de los gobiernos para mantenerse en el poder con campañas sucias, compra de votos y una larga lista de mapacherías tan caras a nuestra clase política.

Peor aún, la violencia social que vivimos, alentada por la impunidad prohijada desde el poder difícilmente disminuirá ya que forma parte de un sistema económico dirigido a lograr mayores riquezas por medio del despojo y el saqueo de recursos naturales y humanos. El terror resulta una pieza clave para controlar el descontento y la protesta social provocada por el empobrecimiento generalizado y la pérdida de derechos y libertades. Por todo lo anterior y con profundo pesar no queda más remedio que aceptar que Duarte se va... pero la corrupción y la impunidad se quedan en Veracruz.

Colombia: el “sí” a la guerra es responsabilidad histórica de las élites

Resumen Latinoamericano

Otra vez el estribillo de la “guerrilla terrorista” y el epíteto antediluviano del “castro-chavismo” sofocaron la posibilidad de triunfo de un valor: la paz. Y otra vez la opinión pública, que no es pública y sí un opinionismo rústico, endosa la factura de la derrota a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). “El ‘no’ es un rechazo de los colombianos a la actitud de las FARC”, dicen los ignaros e incautos. Persiste el relato de la realidad colombiana en clave terrorista. Flagrante error de la dirigencia política en turno, que decidió someter intempestivamente a sufragio un proceso de paz, pero que no preguntó en otra época si los colombianos querían la guerra. El mundo al revés: deciden unilateralmente la guerra (que es un antivalor), y consultan a la población para la refrendación de la paz (que es un valor). El yerro consistió en “partidizar” apresuradamente los acuerdos. La apuesta de Juan Manuel Santos era refrendar ipso facto las negociaciones de paz con la impronta plebiscitaria, a fin de capitalizar electoralmente esa inercia, y condenar al uribismo a un ostracismo político. Irresponsabilidad inexcusable. Más cuando todos los medios de comunicación están atados programática e ideológicamente a la agenda del impresentable Álvaro Uribe. Es cierto que sólo votó el 37 por ciento del padrón. Pero también la abstención es responsabilidad de la élite política, que durante décadas se dedicó a sembrar odio, desinformación e indolencia entre la población. Triunfó el “sí” a la guerra porque es el humor social que han cultivado históricamente las élites colombianas. El uribismo es fruto de la guerra y de la convergencia de intereses oligárquicos en esa guerra. Las razones de la reciente disposición comicial (el “sí” a la guerra) no están en el liderazgo uribista –al menos no primeramente–, sino en las especificidades del conflicto colombiano, y en el predominio de ciertas clases sociales que se apoyan fuertemente en una lógica rígida de guerra para dirimir el conflicto político y neutralizar a la sociedad. 

La guerra es un componente primario de la política colombiana. En esa suerte de “omnivariable” se alojan las explicaciones de eso que la prensa llama “El ‘no’ a la paz”. 

En este sentido, la pregunta que todos formulan es por qué se impuso el “sí” a la guerra. Este artículo acude a cuatro claves explicatorias para responder esa pregunta. 

Las circunstancias de conflicto armado en Colombia justificaron tener un gasto militar elevado e ininterrumpido. Sólo por concepto del Plan Colombia, se estima que el gobierno colombiano aportó 4 mil millones de dólares. Por cierto, que, de ese monto, un porcentaje mayoritario correspondió a las erogaciones del primer turno presidencial de Álvaro Uribe. Cabe hacer notar que el gasto militar tiene un efecto anti-democrático, porque es un gasto que no es susceptible de fiscalización ciudadana. El gasto militar, por definición, está fuera del alcance del escrutinio público, y desplaza a la población de la arena pública. Por añadidura, el indiscreto encanto del militarismo infecta de autoritarismo a una sociedad. En la administración de Álvaro Uribe ese gasto aumentó extraordinariamente. Y Juan Manuel Santos prohijó ese dispendio como ministro de defensa de Uribe. Esa es una primera clave explicatoria. 

Una segunda clave explicatoria es que, a esa ponderación del gasto militar anti-democrático, se sumó una campaña de criminalización de la protesta social. En la administración de Uribe, esa satanización-criminalización se hizo extensiva a la totalidad de la oposición política, incluidos los actores formales e institucionales. Fue una intensa operación propagandística que tenía como propósito desautorizar a cualquier agrupación de la izquierda. Eso derechizó profundamente a la sociedad colombiana. 

Por añadidura, en el marco de la gestión uribista, el gobierno propuso la Ley 975 de “Justicia y Paz”, aprobada en 2005. En la práctica, esa ley proporcionó un instrumento jurídico de amnistía y reducción de penas para los grupos paramilitares, y puso en evidencia el doble rasero de las negociaciones de paz: firmeza contra la guerrilla, indulgencia con los ejércitos paraestatales. El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibió el uribismo contra la insurgencia popular, y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, mostró en relación con los grupos paramilitares, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones de las élites gobernantes se entiende por “Justicia y Paz”. La impunidad que envolvió a la acción paramilitar es una tercera clave explicatoria. Gina Paola Rodríguez, politóloga colombiana, advierte: 

“Las condiciones obtenidas por los paramiltares en el proceso de desmovilización abierto por la Ley de Justicia y Paz dieron una muestra fehaciente del tratamiento preferencial del que eran objeto en tiempos de Uribe. La negociación de su gobierno con los paramilitares arrojó más déficit que ganancias por convertirse, con intención o no, en un proceso proclive a la asimilación y convalidación de las redes mafiosas, sus economías y zonas de influencia política antes que a la verdad, justicia y reparación de las víctimas” (Rodríguez, 2014). 

La cuarta clave explicatoria es la formación de un imaginario ciudadano contrainsurgente, que está entretejido con los procesos antes referidos, pero que ha seguido su propio decurso a través de los medios de comunicación y los discursos esgrimidos en la arena púbica. Carlo Nasi, profesor de la Universidad de los Andes, describe esa percepción social: 

“Para muchos ciudadanos del común, frente a una guerrilla que no ha hecho más que engañar en las negociaciones, causar un daño creciente… sólo existe una respuesta apropiada: derrotarlos completa e incondicionalmente. En esto, Uribe ha sido hábil en interpretar (y potenciar) un deseo colectivo” (Nasi, 2007). 

Es cierto. Pero lo que no dice Nasi es que ese “deseo colectivo” no es natural: es una fabricación en cuyas fibras reposan los contenidos de la política de guerra, tan largamente alimentada por las élites en Colombia. El modelo de publicidad política en ese país se alimenta de ese longevo escenario bélico, cuya conflictividad real ha sido ficcionalizada en desmedro de la guerrilla y de los actores políticos de oposición. Y el resultado de esa gigantesca campaña propagandística es una derechización recalcitrante de ciertos sectores de la sociedad. La política de “seguridad ciudadana” de Álvaro Uribe es el epifenómeno de ese continuum. Antonio Navarro Wolff, exmilitante del grupo armado insurgente M-19, escribe: 

“La política de seguridad centra sus esfuerzos en el terreno militar y policial. Su objetivo principal es el fortalecimiento de la fuerza pública, continuando lo que había empezado cuatro años antes, en términos de aumentar el pie de fuerza de las instituciones militares y policiales, incrementar el total de soldados profesionales, desplegar unidades policiales a todos los municipios del país, y metas similares. Si bien en ella se menciona la necesidad de participación ciudadana, el énfasis está puesto en la cooperación ciudadana para conseguir información que sirva para labores de inteligencia y la realización de operaciones contrainsurgentes. O sea, se trata de una cooperación ciudadana como elemento de guerra con una visión de corto plazo” (Navarro, 2005).

Max Yuri Gil, del centro de investigación Corporación Región, ilustra con precisión ese imaginario ciudadano tan hondamente naturalizado en Colombia: 

“Con el cuento de que tenemos un enemigo, esta sociedad ha sido diezmada, intimidada, se ha vuelto una sociedad muy autoritaria, muy favorable a la eliminación de todo lo que consideran una amenaza, así sea un niño de la calle, un desplazado, un habitante de calle, un drogadicto. Aquí hay una acción de asesinato, y la gente dice ‘ah, mejor’. Eso es limpieza. Es terrible lo que eso significa. Esto ha jugado un papel crucial en la construcción de lo que uno puede llamar una ‘sociedad contrainsurgente’ y una sociedad autoritaria. Una sociedad contrainsurgente porque todo lo que le suene a guerrilla hay que eliminarlo: sindicatos, partidos políticos de izquierda, asociaciones estudiantiles. Todo lo que le suene a izquierda hay que exterminarlo. Y todo lo que les parezca que afea a la sociedad. Pero es un discurso hipócrita, porque esos que justifican matar al niño de la calle, ante los grandes ladrones del capital financiero jamás alzan la voz, ni dicen vamos a matar a los empresarios corruptos. Nada de eso. Eso les parece que es ser muy listos. En cambio, ese otro, ese marginal, esa es la carne de moler del sistema penal colombiano”. 

A la pregunta que todos hacen (¿por qué triunfó el “sí” a la guerra?), cabe responder, apartados de las ficciones liberales o politológicas instrumentales, que las determinantes esenciales de la realidad política colombiana, incluido el reciente revés plebiscitario, descansan en la guerra y su correlato social: la “sociedad contrainsurgente”. 

La condición de posibilidad de una paz auténtica en Colombia estriba en la desactivación de las fibras contrainsurgentes que impregnan la política y la sociedad colombianas. El “no” a la paz es una oportunidad para profundizar esa lucha y desmontar ese dispositivo.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161006_093057_448

A 24 meses sin los 43: Bitácora de la visita de Cristina Bautista a la Argentina

C5N con Víctor Hugo Morales

https://www.youtube.com/watch?v=GXYl8CnCTgA

Hispan TV

http://www.hispantv.com/noticias/argentina/299311/protesta-cancilleria-estudiantes-mexicanos-desaparecidos

Fundación Ceferino

https://www.youtube.com/watch?v=h7kIG4ZnZeY

Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-310260-2016-09-26.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10906-2016-09-30.html

El Tiempo

http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60598/el-suea-o-de-mi-hijo-es-ser-maestro-ser-alguien-en-la-vida

http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60543/el-reclamo-por-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-llega-a-buenos-aires

Abuelas de la Plaza de Mayo

https://www.abuelas.org.ar/noticia/recibimos-a-cristina-bautista-maml-de-benjamin-uno-de-los-normalistas-desaparecidos-en-ayotzinapa-687

El Universal Tv
http://www.eluniversaltv.com.mx/video/el-mundo/2016/realizan-marcha-por-ayotzinapa-en-argentina

FM Futura

http://fmfutura.com.ar/2016/09/ayotzinapa-dos-anos-de-injusticia-pero-tambien-de-luchas.html

EnREDando

http://www.enredando.org.ar/2016/09/25/a-dos-anos-nos-faltan-43/

FM La Tribu

http://fmlatribu.com/noticias/2016/09/26/dos-anos-de-la-desparicion-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa/

Revista Venceremos
https://www.youtube.com/watch?v=_fHFxZasYnU

Radio Semilla

https://radiocut.fm/audiocut/capuchas-y-paliacates-semana-por-ayotzinapa-en-buenos-aires-a-2-anos-/

La Imposible

http://www.laimposible.org.ar/2016/09/26/a-2-anos-de-la-masacre-de-ayotzinapa-entrevista-a-cristina-bautista-salvador/

FM de la calle

http://delacalle.org/24-meses-sin-los-43-sabemos-que-saben-donde-estan/

Resumen Latinoamericano

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/26/comunicado-de-la-asamblea-de-mexicanxs-en-argentina-fotos-de-la-marcha-desde-el-obelisco-a-la-cancilleria-junto-a-dona-cristi-bautista/

FM La Uni 91.7

https://www.mixcloud.com/FMLaUni917/26-09-pmet-arsinoe-orihuela-de-la-asamblea-de-los-mexicanos-en-argentina-26-sep-del-2014/

FM Charco de Arena

https://www.mixcloud.com/charcodearena/entrevista-a-arsino%C3%A9-orihuela-de-la-asamblea-de-mexicanxs-en-argentina/

ANNccom - Universidad de Buenos Aires
http://anccom.sociales.uba.ar/2016/09/28/ayotzi-vive/#.V_Pv4fArLIU

Revista Veintitrés 

http://www.veintitres.com.ar/article/details/99047/las-madres-nos-dijeron-que-no-nos-rindamos

FM 106.3 Radionauta

https://radionauta.com.ar/2016/09/23/el-unico-responsable-de-lo-que-paso-en-ayotzinapa-es-el-gobierno-mexicano/

El rompecabezas continental: la colombo-mexicanización de Argentina

En los prolegómenos de la guerra contra el narcotráfico en México, un conjunto de comportamientos e indicadores alimentó el rumor de una “colombianización de México”. Unos creían que se trataba de una exageración; otros, de un augurio soberbio que carecía de asideros científicos e históricos. Si bien es cierto que el enfoque no era exactamente el más apropiado, porque el objeto de preocupación generalmente gravitó alrededor de eso que llaman “la proliferación de los cárteles” y no de la acción del Estado (es decir, la disposición de la guerra), lo cierto es que el diagnóstico prevenía acerca de una realidad que era perfectamente predecible en función de los indicadores observados en el análisis. En la actualidad, y este es el tema que nos interesa tratar, es posible observar un desenvolvimiento concertado de esos indicadores en la Argentina. Es un asunto que urge atender, porque lo que está en cuestión es la vida de miles de personas, y el riesgo latente de reinstalar el militarismo, y con ello disolver la organización social de base, que es uno de los patrimonios políticos más valiosos de la Argentina. La colombo-mexicanización de Argentina es la agenda del macrismo. “Narcotráfico cero” es el nombre que lleva esa agenda. 

La colombo-mexicanización

La colombo-mexicanización es una modalidad de administración del poder estatal, cuyas características definitorias son: 1) la judicialización de la política, sostenida en el estribillo de la corrupción o el narcotráfico; 2) la gestión gerencial-patronal-extractivista de la economía; 3) la instalación del paradigma estadounidense en los dominios de la agenda de seguridad, que involucra la guerra y la militarización-policialización de los territorios con la excusa del narcotráfico; y 4) la formación de un imaginario social contrainsurgente. 

En América Latina hay básicamente dos modalidades de gestión del capitalismo: la “colombo-mexicana” y la “bolivariana”. El predominio de una modalidad de gestión (por oposición a otra) no es un decreto unilateral de las élites: interviene el sujeto social. La alta intensidad de movilización social en Sudamérica evitó (por lo menos temporariamente) la universalización del modelo colombo-mexicano, que es básicamente sangre y fuego con pocas o nulas concesiones. La caída en cascada de las gestiones “bolivarianas” responde a una contradicción inherente de esos gobiernos: anularon a ese sujeto social al que deben su ascenso al poder. 

La gubernamentalidad colombo-mexicana es la fórmula de la restauración oligárquica que las propias gestiones bolivarianas sedimentaron, después de cooptar, anestesiar o domesticar a la base social. 

El gobierno de Mauricio Macri da señales de avanzar en la dirección colombo-mexicana. Esos cuatro elementos antes referidos se desenvuelven concertadamente en su administración. La guerra es la posibilidad de habilitar ese escenario. 

El narcotráfico 

En la narrativa oficial, la delincuencia es una amenaza extraña que distorsiona la trama de relaciones sociales comprendidas en el Estado. El mal es un subproducto de la “otredad”, nunca una cría o extensión del propio cuerpo civilizatorio. En este metarrelato, la figura del narco encarna el traumatismo exterior que interfiere accidentadamente, perturbando un equilibrio social, que, según el discurso gubernamental, es preciso liquidar con el “músculo” de las instituciones. 

Pero esa disposición “higiénica” del Estado es sólo discursiva. La evidencia demuestra que las estrategias de seguridad de los Estados, alimentadas por esta noción de presunta exterioridad de la delincuencia, nunca consiguieron el objetivo declarado: debilitar el crimen organizado. La fraudulencia de la agenda antinarco, tributaria de la receta estadunidense, es un ejemplo de esta inconsistencia. Recientemente, la OEA reportó que el porcentaje de la producción de droga colombiana es incluso superior al volumen que producía en los albores de la narcoguerra: “Colombia se convirtió en el proveedor del 85% de la cocaína mundial”. Y en México la situación no es tan diferente: en el marco de la guerra contra las drogas, la industria del narcotráfico llegó a posicionarse entre las tres primeras fuentes de ingreso de la economía nacional, sólo detrás de las remesas y el petróleo. 

La historia de la droga en esos países está marcada por pactos de sangre con funcionarios públicos de alto rango, cónclaves empresariales, agentes de la fuerza pública e instituciones financieras internacionales. La guerra favoreció ese empoderamiento criminal. 

El narcotráfico es un recurso organizacional para la configuración de un clima tóxico de negocios que es rentable para los actores dominantes de la economía, que por regla concurren en las estructuras formales. 

En eso acierta el periodista Carlos del Frade, cuando escribe que “‘Argentina sin narcotráfico’ es decir lo mismo que ‘Argentina sin capitalismo’, porque el sistema tiene cinco vías principales de acumulación desde hace décadas: petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas” (La Tinta 1-XI-2016). 

La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia (gerencial-patronal-extractivista). La predisposición de Macri de adherir a la Argentina al Acuerdo Transpacífico, en detrimento de la integración del Mercosur, es un aliciente a esa economía que entraña altos contenidos de criminalidad. La persecución judicial del kirchnerismo por presuntos vínculos con el narcotráfico es alharaca política electoral. 

La guerra contra el narcotráfico 

Lo primero que es urgente entender es que la guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico. En este sentido, corresponde hurgar en los derroteros de esa modalidad de configuración bélica para descubrir qué es eso que sí es un objetivo militar de esa guerra. La evidencia constata que el blanco es la sociedad. 

La estrategia toral de la narcoguerra es la ocupación militar-policial de los territorios. En Colombia y México, el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior tuvo un efecto socialmente dramático.

En 2001 en Colombia, cifras no oficiales reportaron cerca de 700,000 víctimas de la guerra contra el narcotráfico. En 2014, el número de personas desplazadas ascendía a 5,368,138 (Dawn Paley en Drug War Capitalism). 

En México, las cifras de la guerra contra el narcotráfico reportan un saldo de horror: 150,000 homicidios, 27,000 desapariciones, dos millones de personas desplazadas forzadamente de su lugar de origen, 689% de aumento en materia de secuestros, más de 100 periodistas asesinados, un incremento de 1000% en materia de violaciones de derechos humanos por parte de efectivos militares. En la actualidad, México es el segundo país con más muertos por violencia, sólo detrás de Siria. 

La “guerra contra el narcotráfico” es un escenario bélico que habilita el control militar-contrainsurgente de la población. Es una violencia de Estado que engloba simultáneamente tres guerras: una guerra de ocupación militar, una guerra contrainsurgente, y una guerra de exterminio. 

Tras lanzar el programa “Argentina sin narcotráfico”, Mauricio Macri espetó: “Hay que ganar esta guerra”. 

Argentina: vuelta al laberinto de la gestión militar contrainsurgente 

En agosto del año en curso, Macri declaró: “Fijamos tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En todas ellas se necesita de las Fuerzas Armadas”. Que es básicamente una prescripción de guerra. 

Hay básicamente cinco indicadores que anuncian la colombo-mexicanización de Argentina: 1) la presencia de la consigna de "narcotráfico cero" como eje toral del programa de gobierno; 2) la derogación de la disposición que coloca a las fuerzas armadas bajo el mando civil; 3) la propaganda "inflacionaria" del fenómeno de la inseguridad que circula hasta la hipertrofia en los medios; 4) el proyecto de instalación de bases militares estadunidenses en zonas estratégicas de Argentina; 5) la satanización-criminalización de la protesta social, y una persecución ilegítima de opositores políticos.  

Estos elementos antes señalados, que apuntan al ensamblaje de un escenario de guerra contra el narcotráfico, tienen lugar en el marco de un ciclo de neoliberalización precipitada y de restablecimiento del maridaje con la agenda de Estados Unidos. El macrismo apuesta por reeditar la gestión militar contrainsurgente, con base en una mezcla de guerra sucia heredera de la dictadura y un diseño estadunidense de guerra contra las drogas. 

El anticuerpo contra la colombo-mexicanización macrista es una tarea política improrrogable.

Fragmento del programa radial "Lo menos pensado" de Radio Barbarie en Argentina

• El terrorismo de Estado en México 

• La visita de Enrique Peña Nieto a la Argentina 

• Ayotzinapa: el crimen que sigue impune 

• La desaparición forzada 

• La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

 • La mexicanización de Argentina

https://www.ivoox.com/entrevista-a-arsinoe-asamblea-mexicanxs-argentina-audios-mp3_rf_12445320_1.html

Dilma y Temer: dos caras de la misma moneda

Consumado el golpe contra Dilma Rousseff las buenas conciencias se rasgan la vestiduras y denuncian dramáticamente el fin de la democracia en Brasil. En realidad, más allá de los estilos y los matices discursivos, tanto Dilma como Temer promueven las políticas neoliberales, garantizando los grandes negocios para las corporaciones internacionales. Al igual que las aparentes diferencias entre Clinton y Trump -que han preocupado a liberales y conservadores en los EE. UU.- el conflicto en Brasil no es por el modelo económico sino por el manejo de los recursos del estado para enriquecer a grupos políticos y garantizar su permanencia en el poder. 

Para algunos el golpe orquestado en el congreso brasileño es un atentado contra la democracia, al grado de afirmar que con la salida de Dilma se acabó la democracia en Brasil. Pero es necesario señalar que la democracia a la que se refieren es la democracia liberal que tiene como función ocultar el conflicto de clase para que los intereses de la clase dominante aparezcan como los intereses generales. Ahora resulta que un gobierno represor como el de Dilma -que, por ejemplo, desplazó a miles de personas con lujo de violencia para garantizar los negocios del mundial de futbol y las olimpiadas- es legítimo toda vez que logró la mayoría en las elecciones. Su legitimidad no radica así en la defensa de los intereses generales sino en haber ganado una elección, aliada precisamente con los políticos que luego la defenestraron, para ejecutar duras reformas económicas que empobrecieron a millones de personas manteniendo el modelo económico, agroexportador, neoextractivista; para fortalecer el modelo militarista indispensable para contener el descontento social provocado por la desposesión y la represión sistemática de los gobiernos petistas. 

Ya desde los años de la presidencia de Lula, y a pesar de su contenido popular, el PT procuró establecer un débil equilibrio entre las políticas sociales y los intereses de los productores de soya transgénica, mineros, terratenientes y banqueros. Dicho equilibrio se sostuvo sobre todo por el alto precio de las materias primas producidas en el Brasil pero una vez que los precios se desplomaron, su sucesora no dudó en aplicar la receta neoliberal para mantenerse en el poder, rindiéndole pleitesía a dicha receta al grado de efectuar alianzas con los grupos más conservadores de la política nacional. Y éstos, una vez debilitada la popularidad de Dilma decidieron tomar las riendas del gobierno convirtiéndola en mártir. 

Es cierto que el golpe en Brasil modifica radicalmente la correlación de fuerzas en Latinoamérica, sobre todo si se suma a la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, al acoso permanente al gobierno de Maduro en Venezuela y a la eventual salida de Evo Morales del gobierno en Bolivia. La impronta autoritaria y golpista parece extender su manto al sur del Río Bravo, subordinando la región a los designios de Washington, quien frente al fortalecimiento de la presencia de China y Rusia en el rompecabezas internacional pretende protegerse, en la medida de lo posible, con gobiernos afines en su otrora indiscutible esfera de influencia. Pero también es cierto que Lula, Dilma y el PT perdieron una oportunidad histórica, que probablemente no se vuelva a presentar en muchos años, para inclinar la balanza a favor de una alianza latinoamericana que le hubiera dado la puntilla a las pretensiones de los EE. UU de seguir siendo el poder hegemónico mundial. En lugar de ello se dedicaron a favorecer los intereses de los poderosos y a repartir las migajas entre sus votantes, basados en la esperanza de que la coyuntura económica favorable a las exportaciones de materias primas se mantuviera por muchos años. 

Es cierto también que Dilma no es la mujer hiper corrupta que pintan los que la traicionaron. Pero es innegable que ni ella ni Lula detuvieron el tráfico de influencias de sus compañeros de partido o de sus opositores. Dejaron hacer, esperando que el escándalo no los tocara a ellos, pero al final los medios de comunicación los colocaron en el mismo saco, lo que provocó un cambio en la percepción de la población acerca de las verdaderas intenciones del PT y sus líderes, lo que precipitó su caída. 

Dicho lo anterior, la tragedia brasileña, como la llama Atilio Boron, no radica en el golpe contra Dilma y menos aun en la crisis de la democracia liberal -la cual es bienvenida en la medida en que potencie los movimientos antisistémicos y retire la venda que impide a la población reconocer las verdaderas intenciones de ésa democracia. No, la tragedia brasileña radica en la creencia de que se va un gobierno popular, supuestamente atento a las necesidades de la mayoría, y llega un gobierno neoliberal, pues ambos Dilma y Temer son las dos caras de la misma moneda: el neoliberalismo caracterizado por el despojo sistemático, el desprecio por la vida y sobre todo por el militarismo fascistoide.