Las agendas divergentes en México

Cuando en este espacio se ha hecho referencia a la problemática nacional, un elemento que aparece regularmente es la incompatibilidad que existe entre la agenda de las instituciones del estado mexicano y la de buena parte de la sociedad civil. Conforme pasa el tiempo, la discrepancia aumenta y no parece existir algún remedio para detener la tendencia. Las consecuencias más evidentes son la pérdida de legitimidad del sistema político y el fortalecimiento de la idea entre la población de que para resolver sus problemas es necesario echar mano de la acción directa. 

En la coyuntura actual, el proceso electoral en marcha y las movilizaciones derivadas de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” resultan una prueba fehaciente de lo afirmado arriba. Cuando se escuchan los mensajes de los actores institucionales y los padres de familia en busca de sus hijos desaparecidos en Iguala, no queda más remedio que preguntarse si éstos se dan en el mismo país, en el mismo planeta. Las frases, los matices, las agendas parecen ir por caminos separados, paralelos, imaginando un futuro diferente, irreconciliable. 

Las recientes manifestaciones en los cuarteles del estado de Guerrero y Oaxaca -exigiendo que sean abiertos para que los padres de familia de los desaparecidos en Iguala- son inéditas en México y demuestran la enorme desconfianza en una institución central en la estructura del estado liberal: las fuerzas armadas. No debe de sorprender que ante la ineficiencia de la PGR y la secretaría de Gobernación, la búsqueda de los 43 llegue al extremo de desafiar al ejército, poniendo en jaque su precaria legitimidad ante una sociedad agraviada, víctima de la violencia sistemática, muchas veces amparada por la estructura estatal en los tres niveles de gobierno. La magnitud del desafío ha obligado a Peña Nieto a ceder ante la presión para permitir el acceso de los padres de los normalistas a los cuarteles y verificar si existe evidencia de que sus hijos hayan estado en ellos. 

Después de respuestas a medias y pifias (negar que existen crematorios administrados por el ejército y luego aceptar que si existen) el ejército tendrá que someterse al escrutinio público, obligado por las circunstancias y como producto de la incapacidad real o simulada por parte de las autoridades civiles para resolver el caso Ayotzinapa. Lo más seguro es que los altos mandos castrenses no estén precisamente contentos con la decisión, lo que aumentará las tensiones al interior del estado, y en particular, entre los mando civiles y militares. No está demás recordar que la historia está llena de ejemplos de lo que pueda suceder cuando se agudizan los conflictos entre los funcionarios civiles y militares. Baste recordar el golpe de estado de 1973 en Chile o la traición de Huerta al gobierno de Madero en los albores de la revolución mexicana. 

Mientras tanto, la oligarquía partidista parece recordarnos la frase atribuida a Carlos Salinas: ni los veo ni los oigo. Empeñados en mantener privilegios y corruptelas al por mayor, están más concentrados en el reparto del botín político y presupuestal. Y no es para menos, diría el cínico: en este año los partidos se repartirán 5 mil 365 millones de pesos. El PRI (25.7%) y el PAN (21.6%) se llevarán casi la mitad de la bolsa, dejando el resto para repartirse entre los ocho partidos restantes. Al PRD le tocará el 16.5%; al PVEM 8.3%; al PT 7.2%; al Panal y a Movimiento Ciudadano 6.9% respectivamente; y a los debutantes Partido Humanista, Morena y Encuentro Social 2.3% a cada uno. Con ésos recursos bombardearán a los habitantes de México, sólo en el periodo de precampañas, con 7 millones 200 mil spots que hablarán de todo menos de lo que a las mayorías le interesa. Por si fuera poco el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE sumarán 4 millones 320 mil spots más. Vaya cuarentena que viene, y faltan los millones de mensajes que se lanzarán en las campañas. 

Más allá del enorme costo de semejante plaga -en el marco de una crisis económica que arreciará en el presente año- los mensajes ahondarán y harán más evidente la creciente brecha entre las instituciones y el ciudadano común. Obligado a escuchar una y otra vez los mensajes que le recuerdan al potencial votante que sus demandas no son escuchadas y que además será acosado para vender su voto, o al menos, darlo a cambio de una débil esperanza, o sea, de nada, el estado mexicano y su sistema político harán más evidente el divorcio entre estado y sociedad. Y al mismo tiempo, los padres de familia siguen encontrando fosas en el estado de Guerrero (llevan 70 con al menos 89 cuerpos encontrados). Tal vez por ello la propuesta de que votar no tiene sentido, o más aún, que votar beneficia exclusivamente al partido en el poder ganará terreno lo cual, dadas las circunstancias, podría contribuir para detener la divergencia creciente entre la agenda del estado y la de la sociedad en México.

Ayotzinapa en Estados Unidos

El pasado martes 6 de enero tuve oportunidad de asistir a la protesta que tuvo lugar en la ciudad de San Francisco, California, en respuesta a la convocatoria del movimiento #UStired2 en Estados Unidos, que es el homólogo mexicoamericano del #YaMeCansé nacional, en el marco de la visita oficial de Enrique Peña Nieto a Washington. No es la primera ni la última vez que se acudirá a una jornada de protesta en Estados Unidos. Por el contrario, la asistencia al evento despertó una inquietud que refiere justamente a la posibilidad de una vinculación con la movilización de los paisanos en la Unión Americana. Más que una crónica de los hechos, interésanos compartir un par de reflexiones que gravitan alrededor de esta experiencia. 

#UStired2 en la agenda de México 

La comunidad mexicana en Estados Unidos sigue con detenimiento el acontecer político en México, especialmente ahora en el contexto de la crispación social que motivó las multitudinarias movilizaciones por el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero. Llama la atención la capacidad de movilización de los paisanos en Estados Unidos, cuya organización descansa visiblemente en experiencias pretéritas, el #Yosoy132 señaladamente. La maduración de este proceso de politización vinculatorio hace pensar en la posibilidad de un ensamblaje más sólido con la protesta en México. El país se encuentra en una etapa de articulación de redes de organizaciones civiles, de un encuentro con esfuerzos e iniciativas autónomas con demandas en común. Es hora de que México siga con más atención los procesos, actividades o agendas al norte de la frontera. No se ignora que existen algunas tentativas que apuntan en esta dirección. La reflexión sólo trata de poner de relieve la factibilidad de un programa que unja de centralidad a la protesta en Estados Unidos. 

Que la movilización de los mexicanos arrecie en suelo norteamericano es un asunto que preocupa notablemente a Washington. La proximidad con los diseñadores e impulsores de la política de guerra en México es un as político que el #UStired2 debe hacer valer. 

Ayotzinapa está en todo el mundo 

“Ayotzinapa está en todos los rincones del planeta”, profirió en un discurso el Subcomandante Insurgente Moisés en el marco del 21 aniversario del levantamiento de las comunidades indígenas en Chiapas. El atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo en Francia, los numerosos homicidios de afrodescendientes a manos de agentes policiales en Estados Unidos, los asesinatos sumarios de palestinos en la franja de Gaza efectuados por las fuerzas armadas israelís, las intervenciones militares estadounidenses en Afganistán, Siria e Irak, sólo por mencionar los casos que más atención acaparan en la prensa, aportan pruebas contundentes acerca de esta ominosa universalización de la agresión contra las poblaciones civiles. “Porque resulta que la pesadilla de Ayotzinapa no es local, ni estatal, ni nacional. Es mundial”, agrega el Subcomandante Moisés. Quizá por eso en Estados Unidos la comunidad hispana, y particularmente los mexicanos, se sumaron con inédito empuje al ciclo de protestas en curso. La consigna de los connacionales en Estados Unidos también es Ayotzinapa. Pero la preocupación no se reduce sólo a Ayotzinapa: la denuncia del “Plan México” o las estrategias de seguridad que promueve Estados Unidos en territorio nacional pone al descubierto el carácter universalista de la movilización mexicoamericana. El asunto que acá irrita es la guerra, el intervencionismo que encierran las políticas de asistencia estadounidenses, la violencia e inseguridad que provoca la transgresión de soberanía de un país. La protesta de los paisanos en Estados Unidos abona a la radicalidad de la lucha en México: señala la fuente del problema, o cuando menos ofrece pistas para rastrear la fuente del problema. Nos recuerdan que no basta con denunciar los abusos, la corrupción e involución de las instituciones, o la presencia de un narcoestado en México. Es en la geopolítica, reclaman ellos, donde se esconden los resortes de la crisis humanitaria que estrangula al país. 

Enarbolar la consigna “Fin al Plan México del Gobierno Estadounidense” es una aportación crucial de la red de movimientos congregados en el #UStired2. En la identificación de las causas profundas de la crisis se incuba la posibilidad de refrendar la posición protagónica de México en la agenda de la resistencia global. 

Glosa marginal: siguiendo el tenor de las consignas del #UStired2, propongo hacer eslogan la siguiente conjetura teórica: la solución militar a los problemas sociales es terrorismo de Estado.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=150111_092710_397

La visita de Peña a los EE. UU y las guerras que vienen.

Aplastado el “Mexican moment” por la fuerza de los hechos, la visita de Peña a los EE. UU se realiza en un contexto desfavorable para los dos jefes de estado. Obama tiene enfrente un congreso mayoritariamente republicano, un conflicto internacional con Rusia que coloca al mundo al borde una guerra nuclear y además tiene que lidiar con las protestas callejeras producto de brutalidad policiaca. Peña no logra sacudirse la incapacidad para dar una respuesta satisfactoria a la sociedad mexicana por los casos de Tlatlaya, Iguala y la casita blanca, por mencionar los más visibles.

En semejante coyuntura no parece haber mucho de qué hablar entre ambos mandatarios a no ser para afinar la agenda de la ‘integración’ entre los dos países, tanto en materia de energía como de seguridad. A los que piensan que Obama mostrará interés por la crisis humanitaria en la que vivimos al sur del Rio Bravo, habría que recordarles que el principal violador de derechos humanos en el mundo es precisamente el tío Sam por lo que difícilmente formará parte de los temas que explorarán en sus conversaciones. Sobra decir que por parte de Peña no existe el menor interés en ir a dar explicaciones sobre su comportamiento acerca de los derechos humanos. En todo caso conversarán sobre la manera de minimizar las protestas y manifestaciones para exigir la aparición de los estudiantes normalistas de Guerrero para generar un clima de negocios favorable en México no para detener la crisis humanitaria.

La verdadera agenda tiene que ver con la idea de maximizar las ganancias de los EE.UU en México. Y éstas giran primordialmente en la puesta en práctica, lo más pronto posible, de las reformas impuestas el año pasado por el congreso mexicano y asegurar la protección de las inversiones profundizando la presencia militar del ejército estadounidense en suelo mexicano, ya sea de manera velada o manifiesta. Me pregunto cómo recibirían los habitantes del estado de Tamaulipas la entrada de los marines a territorio nacional con el pretexto de colaborar en labores de seguridad.

Estos temas están estrechamente relacionados ya que los dos abonan al enriquecimiento de las empresas estadounidenses y, al mismo tiempo, forman parte fundamental de la agenda de seguridad nacional de los EE. UU. Frente al deterioro de su hegemonía en el mundo, nuestros  vecinos del norte empiezan a mostrar un mayor interés en intensificar los lazos con Canadá y con México, sobre todo porque en Sudamérica las cosas no parecen inclinarse a favor de los intereses yanquis, no se diga en el resto del mundo. Este hecho puede servir para comprender la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba que, con el mantenimiento del embargo económico en contra de la isla, más parece una maniobra para mejorar la percepción que tienen los latinoamericanos de la política exterior de Washington que un esfuerzo real por acabar con la guerra fría en el continente americano.

Así las cosas, se puede suponer que las conversaciones entre Peña y Obama no tendrían otro objetivo que fortalecer el sometimiento económico y político de México para amortiguar en la medida de lo posible las consecuencias de la salida de los EE.UU. del centro del sistema mundo contemporáneo. Las consecuencias de ésta tendencia, inaugurada en 1994 con el inicio del TLCAN, no pasan solamente por el mayor empobrecimiento de la población mexicana y el aumento de la violencia social que vivimos. La historia nos muestra que cuando un país pierde paulatinamente la hegemonía en el mundo no se cruza de brazos sino atiza la hoguera de la guerra para vender cara su derrota, procurando extender su dominio en el tiempo a cualquier costo… y arrastrando a sus aliados a los conflictos militares. Las dos guerras mundiales en el siglo XX son un ejemplo de cómo la salida de Inglaterra del centro del sistema para dar lugar a la hegemonía de Mickey mouse hundieron el mundo en una carnicería que está a punto de ser reeditada en el presente. Sólo que ahora, es más probable que el escenario bélico se traslade de Europa a América.

Las tensiones internacionales que presenciamos tienen que ver precisamente con este cambio en la correlación de fuerzas de los países integrantes del sistema mundo, por lo que profundizar en la dependencia económica y política de México en semejante coyuntura sólo puede traernos mayores desgracias que las que ya vivimos. La guerra en el futuro no será sólo la que sufrimos en nuestro territorio –pues no se ve para cuando podamos regresar a la normalidad- sino también a la que nos arrastrarán los conflictos de los EE. UU. con el resto del mundo.

Las operaciones conjuntas entre las fuerzas armadas de México y EE. UU. y la integración del ejército mexicano a los cascos azules de la ONU son sólo el principio de una estrategia política que, con el pretexto del combate al narcotráfico y el mantenimiento de la paz en el mundo, tiene la intención de incorporarnos militarmente a una guerra perdida de antemano pues el debilitamiento de la hegemonía yanqui en el mundo es un proceso irreversible. Y sin embargo, el presidente mexicano así como los actores políticos institucionales no parecen percatarse de dicha tendencia, ensimismados en las ganancias a corto plazo para, y en consonancia con el eslogan preferido de Peña, mover a México hacia el abismo. 

¿Qué significa Ayotzinapa para Guerrero, México y América?

Ayotzinapa tiene múltiples niveles de significación. Por ahora, y con el objeto de dar respuesta a la pregunta que da título al presente artículo, acá se acota el tratamiento de ese acontecimiento histórico al significado específicamente político en tres escalas geográficas, a saber: el local (Guerrero), el nacional (México) y el continental (América).

Es alentador observar que las acartonadas lecturas academicistas están cada vez más agotadas, y que los diagnósticos o análisis más exactos, teóricamente relevantes, tienen predominio en los foros de información, en los espacios de comunicación ciudadanos, en las multitudinarias protestas, en las redes sociales en Internet. A diferencia de otras ocasiones de tragedia análogas, en esta oportunidad los académicos e intelectuales a sueldo, la prensa oficialista y los medios de comunicación masiva fracasaron en su habitual empeño de imponer la versión falsaria del Estado. Para quien no había reparado, adviértase que este es un signo de debilidad del poder. 

Cabe hacer notar que el tema de la guerra y violencia en América Latina sigue básicamente tres tesituras: uno –acaso la interpretación dominante–, que el conflicto es resultado de una confrontación entre las propias organizaciones criminales o grupos armados irregulares, o bien, entre éstas y el Estado en aras de un control de territorios, rutas comerciales y soberanías; dos, que el escenario belicista está ligado a ciertas estrategias institucionales y políticas de Estado fallidas o accidentadamente aplicadas para el combate al crimen o la droga; y tres –explicación que felizmente gana terreno–, que el desencadenamiento de la violencia no responde a un asunto de traumatismos externos o estrategias institucionales fallidas, sino que es consustancial a la naturaleza militar de las políticas de Estado, a la trama de los procesos e intereses dominantes en América Latina y el hemisferio. La consigna “Ayotzinapa fue el Estado” condensa el sentido de esta lección histórica. 

Esta última interpretación, aunque crecientemente aceptada, aún se encuentra en un estado teórico incipiente, y su alcance en la arena política todavía es restringido. No pocos periodistas avanzan en la documentación empírica de las contradicciones que encierra el presunto antagonismo Estado-crimen. Es probable, y naturalmente deseable, que la fundamentación teórica de este asunto crucial avance con el rigor e insistencia que demanda la emergencia nacional. 

Por ahora sólo cabe rastrear el significado y alcance político de la masacre en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Nótese que Ayotzinapa se aborda acá como un “acontecimiento”, en el sentido histórico del término, es decir, una ruptura con ciertos procedimientos rutinarios, y por consiguiente, un hecho que transgrede sustantivamente la realidad o las realidades que gravitan alrededor de esta fractura histórica. 

Ayotzinapa es la otra historia de Guerrero 

Guerrero es una entidad atravesada por las más agravantes contradicciones. Cerca del 70 por ciento de la población guerrerense vive en situación de pobreza. Las tasas anuales de crecimiento en el estado a menudo están debajo de la media nacional, que para una entidad tan profundamente desigual este estancamiento económico se traduce necesariamente en miseria crónica. Pero Guerrero también es sede de una de las industrias turísticas más prósperas del país, el principal destino de recreación de las clases medias-altas durante la segunda mitad el siglo XX. También es un territorio rico en recursos naturales. El estado está gobernado fácticamente por empresarios del ramo turístico, compañías extractivas foráneas, y poderosos cárteles de la droga. La situación social de Guerrero cambió poco en un siglo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico y el empoderamiento de las empresas criminales es acaso la novedad más visible. 

Guerrero es un estado con dos historias radicalmente reñidas: por un lado, la historia oficial de los caciques y capitales nacionales e internacionales, los megaproyectos turísticos e incursiones de las mineras canadienses o estadounidenses; y por otro, la historia confidencial, la otra historia, la de la clandestinidad de la resistencia popular, la desobediencia civil, la de la disidencia política reprimida con especial virulencia por el Estado mexicano. Ayotzinapa es una bisagra en el cruce de estas dos historias. 

La toma masiva de ayuntamientos en Guerrero por parte de distintas organizaciones sociales reunidas en la Asamblea Nacional Popular, en clara respuesta a los hechos criminales del 26 de septiembre de 2014, y en radical desconocimiento de los poderes públicos formales, representa el ascenso a la superficie de esa historia oculta, de esa otra realidad, que paradójicamente es la realidad dominante de Guerrero. 

En los cálculos del Estado, Ayotzinapa debía formar parte de la historia no oficial o subterránea. Pero esta siniestra normalidad no prevaleció. Ayotzinapa es la posibilidad de recuperar esa otra historia eclipsada por el bandidaje de los negocios involucrados en territorio guerrerense, y poner esa tradición de resistencia al servicio de las luchas en curso. Con Ayotzinapa, la rica historia de resistencia en Guerrero se eleva a rango de patrimonio de la resistencia global. 

Guerrero es todo el territorio nacional 

Ayotzinapa encendió “la llama de la insurrección”. La crispación social se extendió a toda la geografía nacional. “Todos somos Ayotzinapa”, reza la leyenda. México se miró en un espejo aquel 26 de septiembre de 2014. Tlatlaya y Ayotzinapa pusieron al desnudo la vocación criminal de las fuerzas armadas, y la complicidad de los mandos civiles en la comisión de delitos de lesa humanidad. La actuación de las autoridades públicas se reduce al encubrimiento de las operaciones delictuosas del Ejército y las policías, y al suministro de protección e impunidad para el crimen organizado. Después de Ayotzinapa, el país acabó de cobrar conciencia de una realidad inexpugnable: que el Estado está en guerra contra la población civil, y al servicio del crimen; que Guerrero es todo el territorio nacional, y que el narcoestado es la cifra dominante de ese territorio nacional. 

En relación con ese reconocimiento de maridaje entre el Estado y el crimen, en otra ocasión se dijo: “Es preciso insistir en la especificidad de un narcoestado. En suma, se trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e institucional en beneficio irrestricto de los negocios criminales. Es el predominio categórico del binomio criminalidad empresarial-violencia criminal en la trama de relaciones sociales comprendidas en un Estado… en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político, es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso se dice que tenemos un narcoestado. Otro ejemplo lapidario es la situación de los ministerios públicos o las instituciones judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de “arriba” es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos del crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98 y el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es un Estado al servicio del crimen” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/12/que-es-un-narcoestado.html). 

La identificación del enemigo en México es una avance mayúsculo. 

Ayotzinapa o la virulencia de Monroe  

La guerra contra el narcotráfico tiene costos humanos inenarrables. A la pregunta de por qué es importante Ayotzinapa para los países al sur de México, la respuesta es casi una obviedad: si Colombia fue un laboratorio de la militarización con base en la narcoguerra, México es la confirmación del terror, la violencia, el pillaje, el ultraje de soberanías, la destrucción de culturas y comunidades que provoca la importación de esas políticas o la incursión gratuita en escenarios belicistas. Ayotzinapa representa el más vivo argumento en contra de la estúpida guerra contra el narcotráfico. Esa guerra es una guerra de ocupación y contra las sociedades domésticas. Ningún interés, proyecto o agenda justifica la instrumentación de la guerra contra las drogas. Tras Ayotzinapa, esta es una enseñanza que América Latina nunca debe olvidar. 

Hacia el norte del país, el significado de Ayotzinapa no es tan distinto. Se expuso en la entrega anterior: “…se puede concluir que la gestión militarizada de los asuntos públicos y el control criminal de las poblaciones, ejes torales del TLCAN-NAFTA, se traducen en terrorismo de Estado. Y que la solución militar a los problemas sociales es terrorismo” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/12/terrorismo-de-estado-fase-superior-del.html).


http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=150104_020440_928

Terrorismo de Estado: fase superior del TLCAN-NAFTA

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA en inglés) es un proyecto de integración regional cuyas principales características son el bandidaje a gran escala, el coloniaje y la agresión sistemática a las poblaciones. A diferencia de otras tentativas integracionistas, acaso como la Unión Europea, el TLCAN no ofrece ni una sola concesión a las poblaciones civiles, sólo despojo, opresión y represión. En Europa, aún cuando la Unión resultó considerablemente lesiva para los países más rezagados (España, Grecia, señaladamente), los ciudadanos y trabajadores medianamente calificados tienen la oportunidad de salir de sus países de origen y emigrar a otros dentro de la Unión en busca de horizontes laborales, con una situación jurídica regular. No se trata de aplaudir las cosas que allá se hacen bien o mal; y tampoco ignoramos que esa integración europea responde más o menos a los mismos procesos, fuerzas e intereses que privan en el TLCAN, en claro beneficio de las élites regionales e internacionales. La referencia sólo pretende poner de relieve la dimensión de la tiranía que identifica al bloque que corresponde a nuestra región. Acá los mexicanos (y por extensión los centroamericanos) son víctimas de los más siniestros atropellos en su intento por cruzar “al otro lado”. Y los pocos que lo consiguen, a menudo son objeto de discriminación, violación de derechos laborales y humanos: migran de una realidad vejatoria a otra, con el agravante de la irregularidad legal e indocumentación indefinida, y con frecuencia a vivir en condiciones de hacinamiento infrahumanas. Esas son las “bondades” de “nuestra” integración regional, que por cierto no es “nuestra” sino de ellos, de los barones que arriba administran la calamidad en provecho de intereses facciosos e inconfesables. 

La simultaneidad de la agitación política en México y Estados Unidos no es accidental: el TLCAN es una política de estrangulación social transfronteriza, sin concesiones o consideraciones. Es una política de todo para ellos, nada para nosotros. Fórmula rudimentaria pero implacablemente fehaciente. 

Y dado que el pillaje, el ultraje de soberanías, y la violencia contra familias e individuos, naturalmente produce resistencia e indignación, se hace necesario, desde la perspectiva de los poderes constituidos, escalar las tácticas de represión, elevarlas a rango de producto único y vital de Estado. La primacía de las políticas de seguridad nacional y la gestión militarizada de los asuntos sociales en ambos países es parte de una estrategia cuyo objetivo es intimidar, controlar y aplastar cualquier viso de oposición al proyecto de los capitales congregados en el TLCAN. 

Los casos más visibles –mediáticamente– de este escalamiento de violencia y represión, correspondientes a la zona de “seguridad” que comanda Estados Unidos, son, por un lado, los estudiantes normalistas ejecutados y/o desaparecidos en Iguala, Guerrero (no se deben ignorar las decenas de miles de cadáveres sembrados en fosas comunes a lo ancho de toda la geografía nacional), y por otro, los cerca de 20 asesinatos de civiles afroamericanos cometidos en los últimos dos años por agentes policiales en EE.UU. Pero como bien apuntan múltiples analistas, eso es tan sólo la punta del iceberg. 

Desde que arreciaron las movilizaciones en los dos países, el número de ejecuciones extraoficiales, secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios, han aumentado exponencialmente. La diferencia versa en que ahora las poblaciones están alertas y consignan todas esas ocasiones de crimen, claramente imputables al Estado. Se cobró conciencia de que esas modalidades de delito nunca fueron hechos aislados, sino el signo de una epidemia de brutalidad estatal cuya letalidad va a la alza.  

En México, por ejemplo, las organizaciones civiles reportaron en menos de una semana tres feminicidios que encienden la alarma (por añadidura a 19 plagios en Guerrero, y 70 desapariciones forzadas en Puebla, en el transcurso de un mes). Y no sólo por la saña de los atentados sino también, y acaso más señaladamente, por el perfil de las víctimas: jóvenes estudiantes que se presume participaron en la jornada de protestas que recién transcurrió. 

Esta ola de criminalidad sin freno tiene un correlato: la inacción inescrupulosa de las instituciones judiciales. En materia de justicia y seguridad, la única presunta solución que alcanzan a enunciar, y no sin dificultades, es el trillado recurso militar. Si se hiciera un seguimiento de todos los casos de tratamiento militar a los problemas sociales en la región, no alcanzaría una obra enciclopédica para englobarlos todos. El TLCAN se basa en esta fórmula: gestión militarizada de los asuntos sociales, y control criminal de las poblaciones. 

No se ve por ningún lado una voluntad para desviarse de estas coordenadas. Pese a los recortes previstos en materia de “ayuda exterior”, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó el otorgamiento de 115 millones de dólares a México con la condición de que 80 millones de ese monto estuvieran dirigidos a “tareas de seguridad y antinarcóticos” (léase militarización), y sólo “35 a refuerzo de las instituciones democráticas” (Semana 12-III-2014). El plan sigue en marcha a pesar de los señalamientos que fincan responsabilidades a las fuerzas castrenses en los ominosos casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y aún con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que denuncian un incremento del 1000% (¡sic!) en materia de violaciones de derechos humanos por parte de los militares a raíz de su involucramiento en tareas de seguridad pública. 

Otro desafortunado aspecto que mancomuna a los dos países suscritos al TLCAN es el de las prácticas de tortura y detención clandestina. Cabe recordar que en fechas recientes comenzaron a circular un par de informes, uno de Amnistía Internacional otro del Senado en Estados Unidos, que revelan que las fuerzas de seguridad en México y EE.UU. incurren sistemáticamente en estos actos criminales y violatorios de los derechos humanos fundamentales. 

Además, en México y Estados Unidos las instituciones de justicia y seguridad están en bancarrota. Que un gran jurado decidiera absolver a Darren Wilson –oficial de policía blanco– por el homicidio del joven negro Michael Brown, tras un juicio plagado de irregularidades e inusual, pone al descubierto que la desprotección jurídica es un ave migratoria, y lesiona la integridad de las poblaciones de los dos lados del río. 

Pero estos problemas intramuros no frenan a Estados Unidos en la persecución de su agenda extramuros, máxime cuando se trata de su doliente socio: México. El TLCAN debe seguir su desastroso curso. Después de las reformas aprobadas al sur del Río Bravo, la preocupación de EE.UU. por la solvencia de los negocios involucrados en ese ciclo reformista se hace más patente. Las acciones de protesta por Ayotzinapa tienen en estado de vilo a los inversionistas en el país vecino. Estas jornadas de movilización desnudaron a su virrey, Enrique Peña Nieto, y destaparon su debilidad. Y si alguna vez la consigna desde Estados Unidos fue “salvar al soldado Peña” (revista Time), ahora, frente al desmoronamiento-harakiri de esa administración, la gavilla de estrategas reunidos en Washington comienza a fabular un plan de emergencia, en la eventualidad de un virtual jaque al peñanietismo. Y dado que el único renglón de la supremacía de Estados Unidos que sigue ilesa es la fuerza militar, el conflicto que enfrenta el pináculo de la jerarquía estadunidense en tierras subsidiarias se suscribirá lógicamente al recurso militar. Las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el sentido de una presunta manipulación de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, anuncian el uso de los mandos militares en México para restablecer la paz sepulcral que añoran los inversores norteamericanos al sur de su frontera, en beneficio exclusivo de sus agendas empresariales. A esta misión evangelizadora se sumará también el capo de la diplomacia estadunidense, John Kerry, quien hace unos días sostuvo: "apoyaremos al presidente Peña Nieto en sus esfuerzos para promover las reformas fundamentales de seguridad y justicia que México merece" (La Jornada 10-XII-2014). Todo indica que será Kerry quien se ocupe de coordinar las acciones diplomático-militares en tierras guadalupanas. 

Pero en México únicamente se autoengañan las autoridades. La población conoce el fondo oscuro de esos bienaventurados “apoyos”. Raúl Zibechi escribe: “Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares… para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales”. (La Jornada 11-XII-2014).  

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que firmaron los dos países en 2005 y que es el agregado militar del TLCAN, representa una intensificación de esos diseños de intervención-ocupación con fines de desposesión. 

Por todo lo sostenido anteriormente, se puede concluir que la gestión militarizada de los asuntos públicos y el control criminal de las poblaciones, ejes torales del TLCAN, se traducen en terrorismo de Estado. Y que la solución militar a los problemas sociales es terrorismo. 

Aunque ya se ha dicho en diversos foros, cabe insistir que no estamos frente a hechos aislados de violencia barbárica. Se trata de un terrorismo de Estado, conscientemente concertado y ejecutado. Y este terrorismo de Estado es consustancial a la fase superior del TLCAN-NAFTA.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=141214_130336_0

¿Qué es un narcoestado?

Wil G. Pansters, en un texto que lleva por título “Del control centralizado a la soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México”, documenta que en la víspera de las elecciones presidenciales de 2000, el New York Review of Books publicó un artículo en el que se inquiría si el Estado mexicano era un narcoestado. La preocupación en realidad gravitaba alrededor de la candidatura de Francisco Labastida, exgobernador de su natal Sinaloa, y sobre cuya persona circulaban rumores acerca de presuntos vínculos con el narcotráfico. En esa época todavía existían académicos, funcionarios e intelectuales que sostenían que el narcotráfico era una lacra constitutiva a la supremacía indisputada del Partido Revolucionario Institucional. Naturalmente, las expectativas de esos grupos “críticos” (nótese el entrecomillado) estaban colocadas en el candidato de oposición: Vicente Fox Quezada, del proto-falangista Partido Acción Nacional. Sin embargo, la fallida “alternancia” refutaría esos torpes diagnósticos, y confirmaría que el problema no podía explicarse sólo “en términos de redes y lealtades partidistas en sí” (G. Pansters). 

El texto referido tiene algunas virtudes. Pero, como ocurre a menudo con los estudios acerca del narcotráfico, yerra en las premisas de fondo, y atiende el problema admitiendo la hipótesis falsaria que coincidentemente utiliza el discurso oficial para justificar la guerra contra el narcotráfico: a saber, la de una disputa entre soberanías, o bien, la de un desafío del crimen organizado al poder del Estado. Esta lectura es altamente lesiva para la comprensión del fenómeno en cuestión. E inevitablemente refuerza la tesis de ciertos autores como Edgardo Buscaglia, que a nuestro juicio distorsiona la trama de la alianza Estado-narcotráfico en México. Buscaglia escribe: “El crecimiento de la delincuencia organizada extremadamente violenta y transnacional se alimenta siempre de vacíos y fallas del Estado”. Si se extiende un poco más este razonamiento, termina desembocando allí donde acaban casi todos los análisis estériles: en sostener que el Estado mexicano es un Estado fallido. Y por extensión, en responsabilizar principalmente a la clase política por el drama del narcotráfico y la narcoviolencia. Esto se traduce en una explicación insolvente, que el propio Buscaglia resume ciñéndose a una falacia teórica garrafal: que “el corazón del narco son los políticos”. Desde luego que los políticos están involucrados en el narco. Pero conferirles el rol protagónico en la materia, es por lo menos tan errado como creer que la alternancia partidaria va a resolver el problema. 

Por eso se hace necesario definir qué es un narcoestado. Justamente para evitar estos tropiezos explicatorios. 

Narcoestado es más que una mera consigna empuñada al vapor del ciclo de protestas en curso. Hay quienes piensan que se trata de un neologismo con un alcance sólo panfletario. La propuesta, no obstante, es que el término tiene un valor conceptual. Y que por consiguiente connota y denota algo preciso, concreto. 

Narcoestado es más que un maridaje histórico entre el narcotráfico y el Estado. De hecho, no existe un Estado que se pueda sustraer de esta unión con la criminalidad, o con los ilegalismos que engloba el concepto de “narco”. El narcoestado es algo más que esa relación coyuntural o histórica entre crimen y Estado. 

Lo que acá se plantea es que un narcoestado es un modo específico de organización de la violencia y los intereses dominantes. Y que estos intereses dominantes están orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado. 

Cabe hacer algunas precisiones para entender esta ecuación. 

Para situarnos en un terreno común, adviértase que un Estado es básicamente una forma organizada de la violencia. Y que esa organización de la violencia –el Estado– responde a los modos de una clase dominante o un poder constituido. Es decir, el Estado es una violencia al servicio de un poder. 

En este sentido, un narcoestado no puede ser llanamente un contubernio entre un partido político y las redes del narcotráfico, como sugirieran algunos documentos como el arriba citado. Tampoco se trata de un Estado donde el crimen organizado tiene injerencia en los procesos y procedimientos de la administración pública. Mucho menos se puede hablar de narcoestado ahí donde ciertas empresas criminales cosechan réditos extraordinarios con el tráfico de la droga. Para tal caso, todos los Estados serían narcoestados. 

Por eso es preciso insistir en la especificidad de un narcoestado. En suma, se trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e institucional en beneficio irrestricto de los negocios criminales. Es el predominio categórico del binomio criminalidad empresarial-violencia criminal en la trama de relaciones sociales comprendidas en un Estado. 

Por ejemplo, en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político, es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso se dice que tenemos un narcoestado. Otro ejemplo lapidario es la situación de los ministerios públicos o las instituciones judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de “arriba” es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos del crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98 y el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es un Estado al servicio del crimen. 

Para recapitular, cabe recordar lo sostenido en otra entrega: “Un narcoestado es un Estado donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. La narcopolítica es la cría de los negocios criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narcofuncionarios, los patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. En este sentido, la impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley natural de un narcoestado. El Estado es el brazo legalmente armado de la empresa criminal...” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/11/fin-al-narcoestado.html). 

Resumidamente, el narcoestado es la modalidad específica de organización de la violencia en México. Desde luego que no es un Estado fallido: es un Estado criminal. La guerra nunca fue contra las drogas o el narcotráfico. La guerra es una política de Estado para organizar la violencia en beneficio de la empresa criminal. Y el resultado de esa política es la configuración de un narcoestado.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=141205_065806_954

Iguala y Tlatelolco: lo que los une y lo que los separa. 2/2

La matanza de Tlatelolco ha sido señalada como un punto de inflexión en el devenir del régimen político en México, ya que la sociedad nunca volvió a ser la misma. El agravio fue de tal magnitud que una década después el estado se vio obligado a reformarse, abriendo el juego electoral a partidos marginados en la clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano (PCM). La reacción de la sociedad mexicana, si bien en apariencia inexistente en un primer momento, configuró poco a poco una nueva relación entre sociedad y estado. Por un lado, la sociedad empezó a organizarse al margen del corporativismo posrevolucionario y por el otro empezó a producir información acorde con una agenda propia para contrarrestar  la información oficial.

Un elemento central en este proceso fue el surgimiento de dos corrientes políticas que articularon una respuesta para enfrentar la represión y el debilitamiento de la legitimidad del gobierno federal a partir de 1968. La primera corriente se concentró en aglutinar fuerzas para crear un partido político opositor con base en la ideología socialdemócrata que privilegió la lucha electoral para transformar al país. La segunda corriente se concentró en el trabajo de base, orientado a organizar desde abajo a la población para gestionar sus intereses frente al estado. Una fracción de esta corriente se radicalizó, surgiendo grupos guerrilleros en varias ciudades y en zonas rurales como la de Guerrero, argumentando la imposibilidad de cambiar desde la vía pacífica.

Habría que señalar que la aparente inmovilidad de la sociedad después del 2 de octubre estuvo causada en parte por el férreo cerco informativo que aplicó el estado para evitar que la sociedad se enterara cabalmente de los hechos. Un ejemplo de ello fue la actitud de Jacobo Zabludovski, quien un día después en el noticiario más visto del país, informó de todo menos de lo acontecido en Tlatelolco.  Pero además la represión fue brutal y tanto en la ciudad de México como en el resto del país se detuvo a cientos de estudiantes y ciudadanos que habían manifestado públicamente su apoyo al movimiento estudiantil. A su vez, el corporativismo mexicano logró que los sindicatos se mantuvieran al margen, obligando a los trabajadores a protestar de manera individual; los tres sectores del PRI cerraron filas y si tomamos en cuenta que buena parte de la población estaba nominalmente en el partido del estado, las protestas sociales se redujeron a su mínima expresión.

Casi medio siglo después, las relaciones entre el estado y la sociedad mexicana se han modificado de manera importante aunque no se puede pasar por alto que el PRI sigue gozando del apoyo de importantes sectores de la sociedad.  Hoy existe una sociedad más consciente de su responsabilidad para salvaguardar sus libertades civiles frente a un estado que se ha militarizado, reforzando su carácter autoritario a pesar de transiciones democráticas, creación de órganos autónomos y reformas constitucionales orientadas a colocar en el centro del marco constitucional a los derechos humanos.  La herencia del 68 se materializó en la rebelión de las comunidades indígenas en Chiapas; el primero de enero 1994 dijeron ¡Ya Basta! arrastrando consigo a sectores de la población tradicionalmente marginados de la lucha política pero sobre todo a la juventud mexicana, que vio en el levantamiento zapatista un ejemplo de dignidad y resistencia, un camino legítimo para actuar. El EZLN puso al descubierto para muchos la simulación reformista y democratizadora del estado, abriendo un nuevo ciclo de luchas sociales que persiste hasta nuestros días.

A partir de 1994, las nuevas tecnologías de la información debilitaron fuertemente poder del estado para ocultar y manipular la información. Esto no quiere decir que el cerco informativo haya desaparecido y aunque hoy esté debilitado sigue operando, al grado de que hoy los medios de comunicación sostienen alianzas con el estado con mucho mayor margen de negociación que hace casi medio siglo. Sin embargo, las redes sociales han abierto un espacio, limitado si se quiere pero muy efectivo para hacer visible el autoritarismo estatal. La indignación de la sociedad mexicana le deber mucho a la difusión de la barbarie en las redes sociales aunque habría que agregar el aumento de la pobreza, la inseguridad y la soberbia de los actores políticos institucionales, en particular los partidos políticos y los gobiernos federal y estatales.

Los ejemplos de autogestión y autonomía se han multiplicado desde 1994. Frente a la situación de inseguridad en la que vivimos han surgido o se han fortalecido policías comunitarias, autodefensas y municipios autónomos. Los casos de Michoacán y Guerrero han demostrado la eficacia de éstas formas de organización para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y, al mismo tiempo, el temor del estado por perder su maltrecho monopolio de la fuerza legítima. Es aquí donde radica un elemento central que separa la sociedad del 68 y la de ahora.

En este sentido. la presente coyuntura está estrechamente relacionada con la matanza de Tlatelolco y dicha relación no está dada sólo por la existencia de delitos de lesa humanidad, como lo son el genocidio y la desaparición forzada, sino sobre todo porque los integrantes del estado y los gobiernos siguen demostrando su desprecio por la población que dicen representar, hoy más que nunca. Más allá de reformas cosméticas y estilos de gobernar, el estado mantiene su misión última: mantener el sistema de dominación, cueste lo que cueste. Y esto representa sin duda un elemento que nos permite comparar dos hechos que, a pesar de su distancia en el tiempo, visibilizan la naturaleza del estado liberal. Del estado no se pueden esperar acciones para que la barbarie desaparezca; sólo la sociedad puede lograrlo, manteniendo la ruta trazada por los zapatistas y dándole vida en todos los espacios posibles.