México y Venezuela: la diferencia entre dictadura y contrarrevolucion

Para Rubén Espinosa y Nadia Vera (In Memoriam) 

México y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben concentrar la atención. 

Con frecuencia se dice que el problema en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso, “opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso significa “democracia”). 

Y como el léxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación. 

México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”. 

La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria). 

De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010” (La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad. 

Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador, acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición (El Universal 30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en calificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad” (Correo del Orinoco 21-I-2017). 

También en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos” (La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumentó de mil 165 a 2 mil 403. 

Sobre los presuntos casos de tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que se su esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de fisicoculturismo que un reo martirizado” (La Jornada 25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional (CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril (Telesur 19-IV-2017). 

De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS) estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin sentencia” (La Opinión 22-III-2016). 

Hasta antes de la escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López, actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 (El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”. 

A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales, instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable: que México es una narcodictadura. 

También en Venezuela persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios gubernamentales” (Ibidem). 

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado [2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo” (The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” (Telesur 3-V-2017). 

De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México, dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno más en Venezuela (Resumen Latinoamericano I-IV-2017). 

En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera, las estadísticas de los últimos años sobre el periodismo en ese país registran: “cero periodistas muertos”; “cero periodistas ciudadanos asesinados”; “cero colaboradores muertos” (https://rsf.org/es/venezuela). 

Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike Pompeo, contestó: "Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo (¡sic!)" (El Nuevo Herald 26-VII-2017). 

¿Está clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolución

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Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz.

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz  y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA. 

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales. 

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado  Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas  para inhibir sus denuncias. 

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas-  con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos. 

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La  eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

Temacapulín: neoliberalismo, fraudes hidrológicos y resistencia civil

“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda (…) a costa de Temacapulín y del ecosistema” (Iteso.mx 5-VII-2017). Esto afirmó el académico Mario López, miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de Jalisco de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena a la inundación al pueblo de Temacapulín, y a otros dos poblados colindantes, Acasico y Palmarejo. 

Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco, que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón en la región de los Altos de Jalisco. 

De acuerdo con diversos diagnósticos, e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que proscribió la continuidad de la obra. 

Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo han resistido e inhabilitado (hasta el reciente anuncio gubernamental que decreta la reanudación de la obra) el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo en el cauce del río Verde. 

A propósito del décimo segundo aniversario, El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, denunció: “Son doce años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida; somos muchos, hay Temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes”, señala el comunicado del IMDEC (Milenio 31-V-2017). 

En desatención infractora del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. 

Desde los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de justificar –sin el menor rubor o reparo– una decisión a todas luces políticamente injustificable (inundar comunidades por decreto o acuerdos empresariales), bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Es decir, la prevalencia del “interés especial” por oposición al “interés público”, con envoltorio fingidamente cientificista. 

Para el caso de estos conflictos, tan característicos de la realidad latinoamericana, el escritor Eduardo Galeano acostumbraba decir: “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación”. 

Porque está demostrado que el fondo de estos conflictos no es técnico: es político. Desde el gobierno, los heraldos evocan evaluaciones científicas que, no obstante, confirman escenarios perjudiciales, y el carácter fraudulento e insostenible del modelo hídrico de las represas. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales, convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. 

Temacapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. 

La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil, se desahoga en provecho de los inversionistas privados, y en detrimento de la población civil. 

Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores: primero la población civil, después la población civil, y al final la población civil. 

El neoliberalismo es un modelo económico (custodiado por un decálogo de fórmulas políticas e ideológicas impresentables) que anula la soberanía nacional sobre los territorios: la organización territorial no es más una facultad de la autoridad pública; es un privilegio que administran a su antojo los actores privados. El Estado es un facilitador al servicio de los inversionistas. Esto explica que un “interés especial” consiga imponer un modelo de abastecimiento de agua que hasta la Comisión Mundial de Represas admite que “es responsable del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo” (Iteso.mx 5-VII-2017). 

Temacapulín es un reclamo de justica hídrica, sostenibilidad del ecosistema, y respeto de los derechos humanos básicos. 

Desde el comité “Salvemos Temacapulín” advierten: “Nuestras raíces, están en Temaca pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos… En estos doce años de lucha muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo” (Milenio 31-V-2017). 

En redes sociales circula la consigna: “Temaca se va a salvar”.

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170714_072312_263

La modernización del TLCAN y la guerra civil en México

De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (II): Desmontando el orden racista-patriarcal

Es alarmante el recrudecimiento del racismo y el sexismo en México y el resto del mundo. Basta atender los tabloides de la prensa para dar cuenta que los crímenes de odio racial están en aumento, acaso tanto como los feminicidios. El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas fracasaron. Y fracasaron porque se montaron sobre una falsificación de significados. Falsificaron las nociones de fraternidad e igualdad. Y mintieron acerca de sus aspiraciones e intenciones. Paradójicamente, el “cosmopolitismo cultural” cohabitó –cohabita– con el etnocentrismo (europeo-occidental). El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas quisieron abolir el racismo y el sexismo, pero no por la fuerza de la razón o la justicia social, sino por el recurso de una prédica panfletaria, incolora e ideológica. Pensaron –o quisieron hacer pensar– que el racismo y el sexismo eclipsarían por decreto, y sin penas que purgar para sus beneficiarios históricos. Donald Trump contribuyó a hacer estallar la mentira, y recordó al mundo que esos antivalores siguen reinantes, con intermitencias, pero enraizados como fuerzas vivas. 

No obstante, si Donald Trump conquistó el poder rebasando el “multiculturalismo” y la “equidad de género” por arriba y a la derecha (reeditando ánimos racistas-sexistas cavernarios), los indígenas zapatistas en México apuestan por rebasar, por abajo y a la izquierda, esos valores cuyos significados han sido adulterados, y desmontar el poder podrido que reproduce el racismo-sexismo. 

A propósito de esa falsificación, y en referencia a la postulación de una candidata indígena para la elección de 2018 en México, la escritora y dramaturga mexicana, Malú Huacuja del Toro, reparó: “Una cosa es ser la esposa de un expresidente al servicio de la economía de guerra, como Margarita Zavala y Hillary Clinton —candidateadas para darle continuidad a la presidencia del marido—, y otra muy distinta es ser elegida por votación directa y democrática por todos los pueblos originarios de México… Por eso, cabe aclarar y reiterar que, probablemente, lo más amenazador de la vocera elegida por el Congreso Nacional Indígena sea el simple hecho de que en sí misma no constituye un instrumento contra las mujeres —como acostumbra disponer el patriarcado en su guerra contra la mitad del mundo cuando no le quedan muchas opciones—, sino una verdadera representante de sus pueblos dispuesta a defenderlos” (http://www.congresonacionalindigena.org/2017/04/25/el-cni-y-su-candidata-presidencial-en-el-marco-de-la-guerra-de-trump-contra-las-mujeres-en-general-y-contra-las-mexicanas-en-particular/). 

El nombramiento de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la república en 2018, no es un hecho menor para un país cuyo gobierno mantiene una guerra de exterminio contra los pueblos originarios, y cuya violencia feminicida reporta una de las tasas más altas del mundo. La vocería de una mujer indígena en un país neoliberal, profundamente racista y patriarcal, tiene, por sí solo, un valor inherente: representa una transgresión de amplio espectro contra ese orden racista-patriarcal. “Que retiemble en su centro la tierra”, han expresado los indígenas zapatistas, recogiendo un verso del himno nacional.

María de Jesús Patricio Martínez no aspira a competir electoralmente, o a tomar el aparato de estado para cambiar “de arriba abajo” el mundo. No. María de Jesús es sólo una recipiendaria de un poder popular indígena, que acude (sin invitación) a la fiesta de los políticos profesionales, gestores del poder de arriba y el dinero sin fronteras. El propósito de la candidatura indígena es poner en circulación la palabra de las resistencias en México, y conminar al autogobierno; llamar a la organización de los pueblos originarios y la sociedad para detener la destrucción de los territorios, y desmontar la fachada democrática que oculta la intensificación del racismo y el sexismo. En suma, exhortar a construir desde abajo y a la izquierda, y “estropear” –han dicho ellos– la verbena electoral de los poderosos. 

En 2001, el Subcomandante Marcos narró: 

“Un grupo de jugadores se encuentra enfrascado en un importante juego de ajedrez de alta escuela. Un indígena se acerca, observa y pregunta que qué es lo que están jugando. Nadie le responde. El indígena se acerca al tablero y contempla la posición de las piezas, el rostro serio y ceñudo de los jugadores, la actitud expectante de quienes los rodean. Repite su pregunta. Alguno de los jugadores se toma la molestia de responder: “Es algo que no podrías entender, es un juego para gente importante y sabia”. El indígena guarda silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los contrincantes. Después de un tiempo, aventura otra pregunta “¿Y para qué juegan si ya saben quién va a ganar?”. El mismo jugador que le respondió antes le dice: “Nunca entenderás, esto es para especialistas, está fuera de tu alcance intelectual”. El indígena no dice nada. Sigue mirando y se va. Al poco tiempo regresa trayendo algo consigo. Sin decir más se acerca a la mesa de juego y pone en medio del tablero una bota vieja y llena de lodo. Los jugadores se desconciertan y lo miran con malestar. El indígena sonríe maliciosamente mientras pregunta: “¿Jaque?”. (Palabra Zapatista 12-III-2001). 

La candidatura de una mujer indígena es el “jaque” que pone en aprietos al rey. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170630_072027_072


Leer también:

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (I): De la reforma política de 2014 a la postulación de María de Jesús Patricio Martínez. 

Siete razones para apoyar la propuesta del CNI-EZLN

Gilberto López y Rivas
La Jornada

Desde que se hizo pública la propuesta consensada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de integrar un Concejo de Gobierno Indígena para México, cuya vocera será registrada como candidata independiente para las elecciones presidenciales en 2018, varios de los adherentes a la Sexta Declaración, nos hemos dado a la tarea de participar en mesas redondas, conversatorios y talleres, para reflexionar, analizar, exponer, y desde luego, debatir, esta singular acción política, en sus múltiples dimensiones, retos y compromisos. 

Se trata de una más de las iniciativas que provienen del mundo indígena, y, en particular, del zapatismo y su entorno cercano, con el objetivo de articular las resistencias, desde abajo y a la izquierda, para enfrentar esa tormenta de alcances civilizatorios que constituye la actual mundialización capitalista y que se expresa en una recolonización y guerra de conquista de territorios, recursos naturales, seres humanos desechables, destrucción de la naturaleza, mismas que están llevando a la especie humana y las formas de vida conocidas a las derivas de su posible extinción. Esto es, la lucha actual de los pueblos indígenas y no indígenas sobrepasa los esquemas gastados y despojados de contenido de izquierda y derecha, y se sitúa en la dicotómica posición de estar por la vida o por la muerte. Rosa Luxemburgo, que no vivió la pesadilla del nazi-fascismo ni la de la actual forma de acumulación capitalista delincuencial y militarizada, planteaba ya hace más de un siglo la disyuntiva de socialismo o barbarie. 

En este contexto, ¿cuáles son algunas de las razones para asumir como propia la propuesta del CNI-EZLN?: 1. Es una idea discutida a profundidad por las comunidades mayas zapatistas, y posteriormente, por las más de 40 expresiones de los pueblos originarios que integran el CNI. No es fruto de un grupo de notables que piensan por los demás, sino resultado de las deliberaciones horizontales de innumerables asambleas que la analizaron hasta llegar a su aprobación, bajo uno de los principios del mandar obedeciendo: convencer y no vencer. No es una ocurrencia de una determinada persona, ni tiene promotores ocultos gubernamentales que la izquierda institucional y el anonimato de las redes sociales pretenden denunciar. 

2. La integración de un Concejo Indígena de Gobierno para México se sustenta en varias décadas de experiencias autonómicas de facto, en toda la geografía de nuestro abatido territorio nacional, que contrastan notoriamente con los corruptos, deslegitimados y desacreditados gobiernos en sus tres niveles y poderes de la partidocracia, que han producido un hartazgo ciudadano y una crisis profunda de la llamada democracia representativa. Es evidente que el grupo actualmente en el poder no representa los intereses del pueblo y de la nación mexicanos, y conforman gobiernos de traición nacional que han renunciado al ejercicio de la soberanía, y entregado el país, su territorio, mano de obra y recursos naturales y estratégicos a las corporaciones capitalistas trasnacionales, y se han sometido dócilmente a la dominación económica, política, ideológica y militar de EU, brazo armado hegemónico del imperialismo mundial. El Concejo Indígena de Gobierno y lo que resulte del mismo, es el embrión de la representación y soberanía popular-nacional, a partir de lo que establece el artículo 39 de la Constitución, todavía vigente. 

3. El Concejo de Gobierno y la candidatura independiente de la compañera María del Jesús Patricio Martínez provienen del sector de los explotados, oprimidos y discriminados que ha forjado a lo largo de estas décadas una estrategia de resistencia contra el capitalismo, la autonomía, la cual instituye, a la vez, una práctica de gobierno y hacer política radicalmente distinta a la que conocemos, sin burocracias, intermediarios, políticos profesionales y caudillos. Pese a la precariedad estructural, la guerra contrainsurgente de desgaste, los paramilitares, el crimen organizado, la represión y la criminalización de sus luchas, estos autogobiernos han mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitución, toma de conciencia, participación de mujeres y jóvenes, fortalecimiento de identidades étnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiación colectiva y autónoma de la seguridad comunitaria, la impartición de justicia, la salud, la educación, la cultura, la comunicación y las actividades económicas y productivas, así como la defensa del territorio y sus recursos naturales. 

4. En un país en el que reina la corrupción y el cinismo generalizado de la clase política, la propuesta indígena se fundamenta en la notable congruencia ética de sus postulantes. Tanto el EZLN como el CNI han practicado por décadas lo que predican, y han hecho realidad los principios de no venderse, no claudicar, no traicionar, no suplantar ni aprovecharse de las luchas de otros. El para todos, todo, para nosotros, nada, es una realidad a lo largo de todos estos años. Estas organizaciones han estado estableciendo el poder popular del mandar obedeciendo, sin pedir nada a cambio y, pese a las difíciles condiciones de vida, se han solidarizado con todas las luchas de los de abajo. 

5. La candidatura de una mujer indígena va más allá de una política de cuotas y de posiciones feministas que no toman en cuenta la triple opresión que han sufrido las mujeres indígenas y la especificidad cultural en la que demandan derechos plenos. Se sitúa como una clara respuesta al patriarcalismo imperante, desde una política de genero de nuevo cuño, cuyo origen lo encontramos en la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. 

6. Es una propuesta incluyente, no sólo de los indígenas y con los indígenas, que hace suyas las reivindicaciones de todos los explotados, oprimidos y discriminados de la tierra, sin importar sus orígenes étnico-nacionales y sus características culturales. No es una propuesta esencialista o etnicista. Los destinatarios de la misma son todos los pueblos de México, incluyendo el de la nacionalidad mayoritaria. Ese mundo donde cabemos todos y todas. 

7. La iniciativa no divide a la izquierda partidista; como lo señala Paulina Fernández, la exhibe, y añadiría, en todo su racismo y sus miserias.