2017: catálogo del primer año de la desglobalización

El 2017 fue el año de constatación de un fenómeno hasta hace poco insospechado: la caída del paradigma neoliberal globalizador. 

A modo de recapitulación histórica, cabe recordar que la crisis del petróleo de 1973 fracturó el orden prescrito por los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra (“Walfare States” o Estados Nacionales regenteados por la alianza capital-trabajo). El agotamiento de ese ordenamiento engendró –no sin la intervención decisiva de las élites en ascenso– la fórmula neoliberal (Estados Neoliberales reorganizados por la fractura de la alianza capital-trabajo). Los impulsores de la “solución” neoliberal –Inglaterra y Estados Unidos– bautizaron esa arrolladora inercia oligárquica con las siglas de TINA (“There is no alternative” o No hay alternativa). Las políticas tributarias de TINA propiciaron la privatización de las empresas e instituciones estatales. Ya en manos de actores privados, las empresas e instituciones estatales transitarían otra metamorfosis: la desnacionalización o extranjerización. Tras la caída del Muro de Berlín y el llamado Bloque Soviético (1989-1991), y por prescripción del Consenso de Washington, se instaló en el mundo la “globalización”, que, si bien es cierto que tiene múltiples niveles de significación, consiste básicamente en una modalidad específica de integración internacional al servicio de la neoliberalización. Es decir: “globalización” designa la extranjerización de los procesos privatizadores. Irónicamente, los primeros en decidir (exitosamente) el repliegue de ese paradigma fueron Inglaterra y Estados Unidos –los artífices del modelo. “Brexit + Trump = el fin de la globalización”. 

En este cierre de año, y en tributo a esa tradición que eleva el periodismo a condición de “historia en tiempo presente”, dispuse reunir una serie de recortes a partir de este ejercicio de análisis que durante el 2017 desarrollé bajo este enfoque o lectura, con el propósito de identificar esos procesos e indicadores en la región que dan cuenta de la desglobalización en curso y las realidades en germen que prefigura ese ocaso: a saber, ascenso de la derecha supremacista, desmoronamiento de los integracionismos, amurallamiento de las fronteras, desinstitucionalización del sistema internacional, defenestración de los sistemas de partidos. 

Acerca del ascenso de la derecha supremacista 

“Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minorías, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias más sórdidas u oprobiosas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. Aún no florece el neofascismo. Pero están situados los sedimentos […] En este escenario pesimista –aunque no por ello improbable–, las derechas y oligarquías continentales apostarán por un repliegue político parcial, cómo ya están haciendo los gobiernos de México, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra época orientaron el compás propagandístico de la dominación pre-globalista. La evidencia sugiere que abrazarán el discurso de la unidad nacional […] Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington […] Es un recrudecimiento de la unilateralidad histórica de Estados Unidos respecto a América Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping: es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista” (http://bit.ly/2DsMhdk). 

“Ríos de tinta derramaron filisteos e incautos arguyendo la irreversibilidad de la globalización. Ese concepto, que es básicamente una envoltura mística del neoliberalismo, está muerto. La globalización murió por suicidio asistido. El problema es que esa ‘asistencia’ provino de la derecha más recalcitrante y cavernaria. No pocos analistas escribieron sobre el malestar que produce la globalización. Y el problema no es el descontento en la globalización. El problema es que las posiciones conservadoras capitalizaron esa indignación con éxito” (http://bit.ly/2DrUHkZ). 

Acerca del desmoronamiento de los integracionismos 

“La inercia anuncia que los integracionismos de la globalización están en franca descomposición. El problema es que la salida (exit) sólo está ‘autorizada’ para las potencias que diseñaron el programa globalizador. Grecia en Europa (UE), y previsiblemente México en América del Norte (TLCAN), estarán sujetos a acciones concertadas de sabotaje, máxime si la salida que proponen transcurre por el flanco izquierdo y no por el carril ultraderechista, que es el oprobioso espectro de la época” (http://bit.ly/2DrUHkZ). 

Acerca del amurallamiento de las fronteras 

“En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios […] como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara Occidental […] Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud– para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia […] El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y, por supuesto, la franja de Gaza” (Rafael de la Garza 28-II-2017; leer artículo completo: http://bit.ly/2leHG7T). 

“Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del ‘muro Trump’; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de ‘encomendero’ de la ‘era post-global’, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: ‘El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala’ (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017)” (http://bit.ly/2DrRDoY). 

Acerca de la desinstitucionalización del sistema internacional 

“En su primer libro ‘El arte de la negociación’, Donald Trump escribe: ‘si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio’. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México” (http://bit.ly/2zJ1O6c). 

Para instalar esa agenda unilateralista sin contrapesos o instancias de diálogo, Trump barrió con las instituciones internacionales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico (TPP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y tentativamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) si persiste con su idea de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. 

La defenestración de los sistemas de partidos 

“Decía José Enrique Rodó, escritor e intelectual uruguayo, que los partidos políticos no mueren de causas naturales, sino que se suicidan. En el presente, ese adagio es más exacto que nunca. La subrepresentación o nula representación de la población, la bancarrota de la representatividad, el travestismo de los colores e idearios partidarios que en el diccionario de eufemismos se conoce como ‘coaliciones’, la creciente presencia de candidaturas atadas puramente a ‘intereses especiales’, las malogradas ‘transiciones democráticas’, las ‘pesadillas de la alternancia’, y la incapacidad estructural de esas instituciones moribundas para sortear favorablemente las rutinarias crisis, perfilan un horizonte desfavorable para la prevalencia de los partidos políticos como agentes dominantes en la arena política […] En esa inercia contradictoria, que por un lado prescribe representar al soberano (ese significante flotante que unos llaman ‘pueblo’), y que, por otro, demanda proteger los intereses de las élites y las minorías opulentas, los partidos políticos firmaron su propia carta de defunción. El antagonismo que se aloja en esa inercia es insalvable. Las proporciones de las crisis en curso decretaron el agotamiento de ese paradigma de los partidos políticos […] Asistimos al suicidio de los partidos. El ‘movimiento’ (popular o de élite), y las ‘candidaturas sin partido’, alzan la mano entre los escombros de las organizaciones partidarias” (http://bit.ly/2pRqpWY). 

“Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano […] El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato ‘outsider’ –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria […] José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México” (http://bit.ly/2CkJweP).

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171230_105341_893

Un sol dado en cada hijo, alternativas a una guerra contra el narco.

Luis Emilio Gomagú 

Documentar la violencia en el México de hoy día parece tan inocuo como autodestructivo. La vida cotidiana de lo que alguna vez fue conocido como El cuerno de la abundancia, colecciona violencias como las playas guardan un poco del mar. Frente a la ausencia del Estado, relatar los sucesos parece un ejercicio ocioso, una desalmada pérdida de tiempo, el descubrimiento macabro de una verdad que se desvanece a la vista de todos. 

En un artículo publicado por El País, Juan Villoro dice sin mayor tapujo que “En México las palabras son más peligrosas que los hechos”, declaración que sobrepasa todo límite de coherencia. Quizás debido al contexto del artículo –en el que las élites de la cultura internacional pretenden establecer una pelea inexistente– esas palabras puedan pasar desapercibidas. Pero la realidad –o los hechos para sostener literalidad– del México de hoy trascienden casi todas las barreras del simbolismo. 

A diez años y monedas de que Felipe Calderón declarara una guerra abierta contra el narcotráfico, México se despierta cada día para reconocerse en Tezcatlipoca, rostro humeante de obsidiana, espejo de aquel que enfrenta la muerte. 

La bravuconería del pequeño Hinojosa desencadenó una escalada de violencia que supera en sus detalles las brutales relaciones bélicas internacionales recientes. Al mismo tiempo, la falta de claridad –que habilite un ejercicio de memoria–, el reconocimiento de las múltiples infamias –su correspondiente búsqueda de justicia– y la persecución infatigable de la verdad, son joyas que todavía brillan por su ausencia. 

La descomposición que ha padecido en estos años el entramado social mexicano, agujereado a balazos –de plomo, de impunidad– y desaparecidos, es uno de los grandes fracasos de la guerra contra el narco, brazo armado de la política en materia de drogas encarada por intereses internacionales y obedecida por la alta burocracia mexicana. 

De la crisis social a la crisis humanitaria. 

Hablar de crisis en México es hablar de mucho más que de un desastre económico, aún cuando las cifras de pobreza son alarmantes incluso para quien las ignora. Las últimas mediciones publicadas en julio de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hablan de 55.3 millones de personas en condiciones de pobreza, poco menos de la mitad del total de mexicanos en suelo patrio y poco más que la población total de la República Argentina. 

Sumado a este desastre de consecuencias apenas imaginables, México cuenta con una desigualdad tan grande como el cañón del sumidero, una concentración económica entre las más altas de América Latina y casi tan escandalosa como contar con el sexto hombre más rico del mundo. Al mismo tiempo y como si no bastara lo descrito, los niveles de corrupción e impunidad que imperan en los ámbitos de la justicia son inhumanos; los que se encuentran del lado de la política lideran el robometro internacional, que no es poco decir, y cuentan con representantes con causas abiertas o prófugos de la justica. 

En la última publicación de los Estudios Económicos de la OCDE –un aliado condicional de los países alineados a las políticas internacionales–, luego de un intento por solapar las “reformas estructurales” de Peña Nieto, declararon que “el potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia”. En resumen, una crisis de larga data en todos los ámbitos e instituciones que la ‘mafiocracia’ –como llama Edgardo Buscaglia al sistema político mexicano– no quiere reconocer. 

Las crisis muchas veces están asociadas a ruptura, a discontinuidad súbita, lo que suele darles un carácter de explosivas, violentas. Pero cuando hablamos de crisis sociales, encontramos signos de su expresión, entre otros, en un deterioro acelerado de las instituciones del sistema, la caducidad de normas y valores, la desorganización de las representaciones del mundo y por lo tanto, de la representación de sí y de los otros, lo que se podría traducir en la pérdida masiva de referentes. 

Es en este contexto crítico que se desata una guerra en México. Liderada por el presidente de turno –hasta la fecha Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, quienes no con desilusión han recibido presupuestos millonarios venidos del norte para fortalecer las fuerzas armadas, dotar al ejército con armas, tanques, balas: instrumentos de muerte extranjeros para cuerpos y muertos locales. 

Los soldados pasaron de su entrenamiento en los cuarteles a patrullar las calles para participar en operaciones de seguridad pública y enfrentar al “crimen organizado”. Desde entonces la institución castrense registra miles de enfrentamientos entre el ejército y lo que éste considera “grupos criminales”. Además de los así llamados enfrentamientos, el país colecciona macabras experiencias en las que ambos bandos han cometido crueles asesinatos, incruentas desapariciones. 

Por si fuera poco, la persecución, silenciamiento y asesinato de periodistas ha convertido a México y algunos de sus estados en los lugares más peligroso para ejercer el oficio a nivel mundial. Hace apenas unos meses y bajo el sol del medio día de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Javier Valdés Cárdenas, periodista y narrador extraordinario que vio la muerte antes que las balas. Cuando asesinaron a su colega Miroslava Breach dijo, con absoluta certeza del sentido de sus palabras: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” La cúpula política del país, anquilosada en la forma y putrefacta en el fondo, manteniendo su rigor inoperante, sólo atinó a guardar un minuto de silencio. 

Además, como si no sobraran las desgracias, la metódica eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y clérigos de pequeñas comunidades –por su influencia social en la localidad–, así como activistas y estudiantes, es moneda corriente. El gobierno de México ha establecido una persecución perpetua de la libertad, la igualdad y la justicia sólo para aniquilarla. 

Las cifras de este desastre humanitario son tan alarmantes como inestables. Algunos números oficiales oscilan alrededor de las 300 mil muertes a causa de esta guerra absurda, valga la redundancia. La violencia desatada en México en los últimos años ha cobrado más vidas que las guerras de Afganistan e Irak juntas, cualquier cosa que eso signifique. A estas cifras escandalosas, fuera de toda lógica en una Nación “democrática”, se suma el dolor inagotable de familiares y amigos que todavía buscan a sus seres queridos. Las desapariciones forzadas con y sin implicación directa del Estado, han convertido el suelo mexicano en una fosa inagotable que arroja cadáveres con empacho. 

En Retratos de una búsqueda, un documental de Alicia Calderón, se entrecruzan las historias de tres mujeres –entre las miles– que buscan a sus hijos/as. Una de ellas visita en la cárcel a dos sujetos acusados de pertenecer al “crimen organizado”, sospechados de haber participado en la desaparición de su hija. Ellos describen a una madre –sin saberlo– los abusos sexuales que perpetraron a su hija, los detalles violentos de su muerte, lo macabro de jugar a besar su cabeza sin cuerpo y lo infame de subrayar que “ella no había hecho nada malo”. La crueldad es a veces un sol que no alumbra y sólo quema. 

La búsqueda de los más de 30mil desaparecidos –por mencionar las oscuras cifras oficiales– ha significado un derrotero infernal para familiares y amigos. Las instituciones del Estado –y la burocracia encarnada en su personal– sólo han reportado negativas y desdén, como si de buscar perros se tratara. Sin embargo, otra vez las madres con su amor y esperanza para combatir la ignominia, el horror; y una luz de esperanza con la flamante Ley general en materia de desaparición forzada. 

Estos personajes y cifras recuerdan una historia de otro tiempo, espejan dos naciones que emiten un reflejo diferente. El diez de mayo pasado, las madres y abuelas de plaza de mayo convocaron una masiva movilización para impedir la reducción de las condenas a los genocidas de la última dictadura en Argentina. El mismo día en México, donde además se celebra el día de la madre, las movilizaciones a lo largo y ancho del país –acalladas por los medios de comunicación– exigieron la aparición con vida de sus seres queridos y castigo a los culpables. 

Frente a las respuestas inhumanas del Estado, de las que podría escribirse un gran libro de la infamia, familiares y amigos han desplegado estrategias comunitarias de búsqueda a lo largo, ancho y hondo del territorio nacional. Sin abandonar los expedientes han recurrido al pico y la pala, a desmalezar montes, a recolectar huesos, a desenterrar cadáveres por montones deseando que sean ellos, pero, ¡por piedad que no lo sean! 

Para colmo de males, tanto la guerra contra el narco como la silenciosa guerra económica, han generado una masiva migración interna, desplazamientos forzados por miedo, ocupación de tierras y la búsqueda de una vida medianamente digna en un país plagado de “pueblos mágicos” y ahora también de pueblos fantasmas. La postura del flamante presidente de los Estados Unidos le suma fuego al incendio, pretendiendo devolver a constructores y sostenes de buena parte de la economía del vecino país: las y los migrantes mexicanos y centroamericanos. 

La realidad que atraviesa México por estos días supera con creces datos, cifras y detalles mencionados. Es difícil imaginar un futuro posible, en donde se promueva la memoria, la verdad, la justicia. Pero esto también es parte de una estrategia que, sabiéndolo o no, se promueve desde los comandos económicos internacionales y sobre lo que volveré más adelante. 

Tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos. 

Mientras que la lista de provincias que han regulado el uso recreativo y medicinal de la mariguana se incrementa en los Estados Unidos, su política de lucha contra las drogas se extiende de su frontera sur –próxima a recomenzar la construcción del muro de la ignominia– hasta el fin del mundo. Si bien hablar de la mota y su periplo regulatorio no es representativo de todas las drogas –legales e ilegales–, los movimientos de despenalización y legalización que se desarrollan con fuerza en varias partes del mundo abren la posibilidad de repensar términos, concepciones y estrategias. 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determinó en 2010 una Estrategia Hemisférica sobre Drogas que, desde una perspectiva estructural, tiene dos pilares fundamentales: Reducción de la demanda y Reducción de la oferta. La primera obedece a programas de reducción de riesgos y daños, entendiendo la problemática como un problema social y de salud que requeire un abordaje multidisciplinario. La segunda es la trinchera donde se guarece la guerra contra las drogas, desde donde algunos paises protegen sus fronteras de los muertos mientras liberan el paso a las ganancias y algunas sustancias ilegales. 

La hoy tambaleante Iniciativa Mérida –puntapié de la guerra que está desangrando a México por boca de Felipe Calderón Hinojosa– pretende, con un fondo de 2.3 millones de dólares asignados por el congreso de los Estados Unidos, “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”. No por casualidad, desde entonces y hasta la fecha, la violencia se ha incrementado exponencialmente y lo que consideran amenaza fagocita las vidas de aquellos que están sólo de éste lado de la frontera. 

De la misma manera, la ley contra el Tráfico de Droga Trasnacional, aprobada en el ocaso de la administración de Obama, persigue la producción y tráfico de droga que tiene lugar fuera del país cuando esta tiene como probable destino EE.UU. “Esta ley le da a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para reducir el volumen de droga que cruza nuestras fronteras. Autoriza la persecución del crimen trasnacional para reducir el flujo de drogas ilegales que llegan a EEUU desde terceros países”, dijo en su momento la legisladora demócrata que presentó la ley, Dianne Feinstein. Otra muestra de los intentos por mantener las ganancias de un negocio internacional dentro de las fronteras y la violencia de su ilegalidad fuera del territorio. 

En la misma tesitura de cooperación internacional, los gobiernos de Colombia y México, a traves de la Procuraduría General de la República –PGR, siglas que se asocian en el imaginario local a torutura y persecución nacional– y la Fiscalía General de Colombia, firmaron recientemente un acuerdo de fortalecimiento en la cooperación para “luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, la corrupción y delitos conexos”. Basicamente un intercambio de información y experiencias que les permitan establecer estrategias de control en ambos países. 

Argentina parece querer entrar al juego de la guerra; vía endeudamiento –al parecer la herramienta favorita del actual gobierno–, el ex embajador argentino en Estados Unidos solicitó un armamento presupuestado en 2500 millones de dolares para apuntalar una fuerza de paz. En una nota relacionada al tema, A. Rolandelli dice que “tratar de reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas por fuera de la órbita que actualmente tiene por ley es hacer malabares con granadas”. Y tiene razón; sin embargo, a pesar de la polémica desatada por la persistencia bélica, en días pasados se acordó la compra de aviones cazabombarderos a Francia. 

Los resultados de estas estrategias en la reducción de la oferta todavía brillan por su ausencia. La diversificación de las actividades de los grupos criminales, en México y el mundo, les ha permitido incidir en las políticas locales, emprendimientos económicos –mejor conocidos como lavado de dinero–, así como ser fuentes de crédito para sectores privados y del Estado. Las crisis económicas de los países se convierten en tierra fértil para la propagación del poder de estos grupos, además de una fuente inagotable de mano de obra, carne de cañón, vidas desechables. 

El mercado oferta y demanda. 

La Reducción de la demanda, por otra parte, conlleva estrategias en el campo de la prevención de los consumos de sustancias, tratamiento de las adicciones, la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción y reducción de riesgos y daños; estrategias que se han visto opacadas por el despliegue ‘joligudense’ de la fallida guerra contra el narco. Pero es precisamente este campo un lugar de posibilidad y, sobre todo, en el que cabemos todos. 

Inmersos en una sociedad que se rige bajo una lógica de consumo, que fomenta hábitos, prioriza valores, propone maneras de vincularse, impone ritmos y tiempos a la vez que promueve modos de tramitar los afectos, nos encontramos todos frente a un mismo reflejo: el del consumidor/a. El consumo es hoy una manera de pertenecer; consumir –productos del mercado, sustancias, servicios, etc.– es existir como miembros de esta sociedad que, a su vez, ha dejado de ofrecer productos simples y promueve en cambio experiencias de realización inmediata –de felicidad, plenitud, éxito, etc.– a través de esos consumos. 

Al mismo tiempo, el mercado va regulando aquello que considera necesario para su reproducción, para no detener el movimiento de la rueda que mueve al mundo, mientras que rechaza y excluye a aquellos que no cumplen con sus expectativas de consumo. Los excluye pero ofrece, bajo los mismos principios, un mercado ilegal con ganancias extras para sí, ya que ese dinero no se evapora sino que entra a girar y girar. 

Hablamos entonces de consumos, en esa amplitud, y de consumos que pueden volverse problemáticos. En México y el mundo se han desarrollado estrategias que apuntan a salvaguardar la salud de los consumidores, atendiendo el consumo problemático desde una perspectiva social, de salud y analizando su multicausalidad. Algunas de ellas funcionan con carencias en las estructuras estatales y otras en organizaciones no gubernamentales –a veces financiadas por el mismo Estado. 

Pero también en lo cotidiano hay modificaciones pertinentes, que nos permitirán sacudirnos la parálisis, implicarnos en la problemática –en la que de hecho estamos hundidos– y accionar un cambio; asumir algunas maniobras de prevención en los espacios de los que de por sí participamos. 

Federico Vite, un extraordinario escritor mexicano que no encontrarás en ninguna lista propagnadeada, comenta sobre el calvario mexicano: “Lo peor que podría pasar es que nos acostumbremos. Alguna lógica debe de tener que la literatura sirva para sensibilizar, quiero decir para ser partícipe de un dolor ajeno. En la medida en la que no sólo tienes el hambre y el plomo y descubres que puedes soñar de otra forma; con música, cine, teatro, el mundo se hace más grande”. 

Hablar de drogas con temor, como si la palabra abarcara el infierno, es confundir el todo con la parte. La percepción de riesgo desmedido con el que se asocia, relacionando sustancias con crimen organizado –discurso abonado por los medios de comunicación–, promueve en las personas una sensación de amenaza paralizante, justificando cualquier medida para combatirla y dejando a la población como espectadora de un desastre del que es protagonista. 

Sucede lo mismo al plantear la problemática en términos de “guerra contra las drogas”, “el flagelo de la droga”, “la violencia ocasionada por las drogas”, etc.. Esta nominación agrupa una diversidad de sustancias bajo una sola, al mismo tiempo que se la personifica, se le da una entidad física de la que carece, nubla el panorama. La Organización Mundial de la Salud –OMS– define droga como “toda y cualquier sustancia que al ser introducida a un organismo modifica su metabolismo, estado de ánimo o funciones internas”. Dentro de esta denominación pueden distinguirse una variedad de categorías entre las que se encuentran legalidad, ilegalidad, efectos, afinidad molecular, origen, usos, etc. Para el caso quizás es importante darse un paseo por el Universo de las drogas. 

Siguiendo la definición de la OMS, tanto el alcohol, el cigarrillo, los medicamentos de venta libre, productos con altos niveles de azúcar –por mencionar sólo algunos– forman parte de “las drogas” y su consecuente combate militar. Sin embargo, el tratamiento recibido y la mirada sobre los consumidores de estos productos es absolutamente dispar, ya que forman parte de lo necesario para la reproducción del mercado. En el orden de lo dañinio, es el alcohol el número uno en la asociación de consumo y muerte, por encima de otras sustancias ilegales. 

En este sentido, plantear un mundo “libre de drogas” es una falacia que se ríe de sí misma. Cuando en Argentina se propuso la campaña “Sol sin drogas”, protagonizada por Diego Armando Maradona, Charly García retrucó el slogan con un “Drogas sin sol”, demostrando por otra parte que la persecusión del consumidor es también –y sobre todo– una persecusión de clase social. 

Disparar sólo las balas del sonido. 

No pretendo minimizar la problemática que tiene a México sumido en la desgracia, ni mucho menos pasar por alto que las estrategias preventivas necesarias en este contexto estén abocadas a salvaguardar la vida. Pero más de sesenta años de prohibicionismo no ha hecho más que fracasar, profundizar crisis y regar de muertos la tierra donde se ha instalado como la única política en la materia. 

Javier Valdez Cárdenas, con su voz desde el más allá y dándole vigencia a Rulfo en este país regado de muertos, supo decir: “con el narco no vas a acabar; hay que invertir mucho dinero en recuperar el tejido social, en atender a niños y a jóvenes, quitarle a los narcotraficantes el mercado laboral que tienen cautivo. No se trata de detenerlos sino de ganarles el espacio social que ya tienen, que nosotros recuperemos la calle. Creo que conjuntando todo eso podemos tener otro periodismo, otra sociedad y otro país. Parece una quimera, pero yo creo que vale la pena”. Yo también. 

Es en este sentido en el que podemos sumar otra manera de pensar el problema y sus posibles soluciones. Generar espacios de cuidado colectivo en nuestros lugares de pertenencia –instituciones, organizaciones, lugares de trabajo–, volver a fortalecer esa trama social tan vapuleada por discursos y miedos, que nos permita andar cuidándonos –entre todos– y no andar con cuidado, como solía decir mi tía Anita. Mirar en el otro a un compañero, vecino o alguien que necesita ayuda y no a un delincuente peligroso que busca lastimarnos. Contraponer a esa lógica de consumo, una lógica de cuidado. 

Octavio Paz, en su laberinto de la soledad, decía que la historia tiene la realidad atroz de una pesadilla, y que “la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo, transfigurara la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación”, que debe ser por sobre todas las cosas colectiva y horizontal.

10 tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera es un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano. 

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria. 

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar. 

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada. Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío. 

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo. 

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo”, que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171208_081549_710

La otra historia del narcotráfico (I)

A propósito de un artículo publicado en la edición nacional de La Jornada (“La verdadera historia del narcotráfico”: http://bit.ly/2k9eZvc), cuyo empeño es a todas luces meritorio justamente porque da cuenta de una intencionalidad por resignificar una historia que en México tiene una actualidad determinante y atroz, juzgué oportuno adherir esa iniciativa de reinterpretación histórica e historiográfica, aportando algunas reflexiones e hipótesis sobre el tema. 

1. Para la reconstrucción de una otra historia del narcotráfico en México, la primera condición es distinguir entre “drogas” y “narcotráfico”. “Droga” es una sustancia psicoactiva utilizada con fines terapéuticos o lúdicos, legal o ilegal. Y “narcotráfico”, en su acepción más básica o general, es un campo de prácticas ilegales que involucra a una multiplicidad de actores institucionales y/o criminales, y cuyo corazón no es la droga (aún cuando tiene una relación tangencial), sino la gobernabilidad (interacción entre el Estado y actores no estatales; construcción del orden social) y los mercados (arena en la que discurren las transacciones de procesos-bienes-servicios y la apropiación de plusvalías). Ergo, la causa decisiva de la situación delincuencial (narcotráfico) es la situación económico-política. La historia que recoge la bibliografía especializada es la historia de la droga, no la del narcotráfico. 

2. Porque aun cuando aquellos trabajos históricos documenten la emergencia de organizaciones criminales dedicadas al negocio de la droga, el problema radica en que a menudo presentan a la propia droga o a los “barones de la droga” (capos) como el factor determinante del narcotráfico. La omisión o inadecuada jerarquización de la “multiplicidad de actores” que intervienen en el narcotráfico se tradujo en una fetichización de este objeto de análisis, en la que los actores de reparto (capos de la droga) reciben tratamiento de protagonistas (frecuentemente homenajeados sin ningún rubor). Hasta un análisis epidérmico permite advertir que no existe un sólo capítulo de esa historia que no esté atravesado determinantemente por la acción del Estado, y que, en la actualidad, es difícil identificar una sola institución de Estado que no esté operativamente articulada al narcotráfico. En este sentido, es posible señalar que en el México posrevolucionario y hasta nuestra época, la tendencia prevaleciente ha sido el engarce de instancias institucionales con el narcotráfico. Por la presencia crucial de los actores institucionales en la maquinación delincuencial de los cárteles de la droga, y por la persistencia de ilegalismos tan estrechamente acoplados a la institucionalidad, una otra historia del narcotráfico debe situar en el centro del análisis a los actores institucionales que habitan en las estructuras formales, y no a los irrelevantes capo di tutti capi que no son más que empleados de los centros de autoridad y poder institucionalizados. 

3. La mayoría de los trabajos históricos coinciden en señalar que un aspecto toral en la proliferación del narcotráfico en México es la relación de los actores criminales con “algunas fracciones de la clase política”. Pero tal premisa, si bien es imposible refutar, es insuficiente y engañosa. Que existen figuras políticas envueltas en el narcotráfico es una obviedad (por cierto, ampliamente documentada). La pregunta que debe responder un trabajo histórico genuino no es solamente qué actores o factores intervienen, sino también, y acaso fundamentalmente, cómo intervienen esos actores o factores. Porque la clave radica en jerarquizar la evidencia y la información, y descubrir el proceso real del narcotráfico, y no sólo identificar a “ciertos políticos corruptos”. Esa descripción que hacen no pocos autores acerca de la relación –casi accidental, según esos relatos– entre “algunos” políticos y los jefes de la droga es la pura envoltura mística. Hasta ahora nadie escribió una historia del narcotráfico.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171201_100712_940

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? 

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció. 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP). 

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año. 

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente, e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil. 

Por cierto que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23). 

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada. 

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley. 

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente): 

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada 

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada 

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo 

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos 

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses 

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas 

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC). 

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171103_102517_735

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

Llama la atención que en los prolegómenos de la elección de 2018 el “lopezobradorismo” consideré un enemigo (en el más disparatado de los casos) o una farsa (en el más “cordial” de los casos), a la candidatura indígena que impulsan conjuntamente el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Escandaliza que una fuerza política que ha sido injustamente satanizada hasta el hastío, emule esa misma arbitrariedad para atacar a un movimiento social que ha sido el máximo referente de la lucha política autonómica en México y el mundo. Es cierto que la relación del “lopezobradorismo” con el zapatismo tiene una historia de desencuentros. Pero elevar estos desencuentros a rango de agenda de campaña –como han hecho algunas fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– es acaso tan tóxico para la política del país como las coaliciones que desde la partidocracia se conciertan para obstruir la añorada democratización del poder público. 

La pura idea (a todas luces falsaria) de que el zapatismo es responsable de las derrotas electorales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atenta contra el propio andamiaje discursivo del “lopezobradorismo”, cuya principal divisa es que la fuente de los males nacionales es la “captura” de las instituciones por “la mafia en el poder”. Esa misma “mafia” que, por cierto, persigue a sangre y fuego a las comunidades indígenas, especialmente las que habitan en los territorios autónomos de Chiapas. 

Por añadidura, todos en México saben que AMLO ganó dos elecciones presidenciales consecutivas, y que las fracciones dominantes de la élite política acudieron a la manipulación del cómputo y la compra de votos para alterar a su favor los comicios. E incluso los adherentes del zapatismo han denunciado sistemáticamente esos fraudes. 

En este sentido, el rencor que se aloja en las descalificaciones que enarbola el “lopezobradorismo” contra la candidatura indígena responde, a nuestro juicio, a dos razones: uno, a los dolorosos e injustos descalabros electorales del pasado, que produjeron un profundo traumatismo en la militancia lopezobradorista (y en el electorado en general); y dos, a un ardid inoculado desde el “estado profundo” para rivalizar a la oposición política en el país, e infectar la conciencia nacional con la fórmula acostumbrada del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el divisionismo. Duele observar que esos mexicanos con los que alguna vez compartimos el dolor de la “insoportable persistencia del fraude” hoy se enfrasquen en una reyerta estúpida con nuestros hermanos indígenas, presuntamente porque ellos –los indígenas zapatistas– representan “una maniobra para hacerle el juego al gobierno” (dixit). Qué ignorancia supina. No se dan cuenta que ellos sí le “hacen el juego al PRI” al apuntar su arsenal de “críticas” contra ese actor –el zapatismo– que ha sido un agente de transformación de conciencias, y acaso el más efectivo antídoto contra el “priísta” que todos llevan dentro. 

Y lo que es peor aún, ni por un criterio llanamente estratégico desisten de atacar a la candidatura indígena. Si la militancia de Morena tuviera un poco más de sagacidad e inteligencia, aplaudiría la incorporación del zapatismo a la tribuna electoral, porque eso significaría un corrimiento a la izquierda de eso que llaman la “posición consensual” o “justo medio” (centrismo). La más primaria de las teorías políticas previene acerca de esa intrínseca tendencia hacia el centrismo que registran los sistemas de partidos. Y es claro que una irrupción del zapatismo en la arena electoral contribuiría a desplazar el “centro” hacia la izquierda, naturalmente en beneficio de la opción electoral de “centro-izquierda” –es decir, Morena–. Pero ni eso alcanzan a discernir en las filas del “lopezobradorismo”. 

Prefieren –las huestes de Morena– continuar ceñidos al guion de la descalificación. En un arrebato de estulticia mayúscula, algunos han dicho que la candidatura indígena es fruto de la “moda” (¡sic!). Sin reparar mucho en esta miserable provocación, cabe tan sólo recordar que en nuestra época la “moda” más extendida es la “opiniomanía” o “comentocracia”, es decir, la usanza de enunciar chapucerías sin ningún reparo ni rendición de cuenta, y no por eso se le pide a la gente que deje de hablar. Decir que algo está “a la moda” sólo por desautorizar al adversario, es igual de canalla que usar el vocablo “populismo” para desestimar a un rival político incómodo. Y el “lopezobradorismo” sabe de esto. 

Nietzsche advirtió: “Aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo en el proceso. Y si te quedas contemplando un abismo el tiempo suficiente, el abismo contemplará tu interior”. 

Cuidado Morena.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171022_111535_324

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México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

El mundo está atento al acontecer político de México. Las elecciones presidenciales de 2018 presentan elementos inéditos. En el renglón cultural, México está en una situación de desgarramiento sin parangón: por un lado, una antimexicanidad inoculada desde la vecindad del norte (el gobierno en turno de Estados Unidos), y por otro, una resignificación de la mexicanidad impulsada desde el sur nacional (las comunidades indígenas nucleadas en Chiapas). En el renglón político, la rasgadura no es menos insondable: por un lado, el priísmo colonial, y por otro, el zapatismo decolonial, llegan a la elección de 2018 en su estado más maduro. Estas contradicciones agravadas hacen necesario redoblar los esfuerzos de análisis y participación. 

En otros países, los analistas de la política acostumbran decir que la situación de México es singular; que, si bien es cierto que las estadísticas en materia de derechos humanos reportan una crisis humanitaria, la singularidad del caso (notoriamente en contraste con las dictaduras militares en otras regiones de Latinoamérica), radica en que este orden de terror discurre en “democracia”. En este espacio, no obstante, hemos insistido que la trillada distinción entre democracia y dictadura es una pura formalidad; que las “democracias realmente existentes” encierran altos contenidos de totalitarismo; y que, en México, la singularidad –a menudo obviada– es que el narcotráfico es clase gobernante, que es una modalidad de gobierno que emula fórmulas “no convencionales” –tributarias de las juntas militares– en el ejercicio del poder público (militarismo; terrorismo de Estado; organización criminal de la política etc.). México es una dictadura delincuencial. Y ningún observador decente puede objetar seriamente este hecho. 

La comandancia en jefe de este orden político es el Partido Revolucionario Institucional. Y el PRI comprende a la partidocracia en su conjunto, incluido el ejército de aspirantes presidenciales (hasta ahora suman más de 30) que han solicitado registro como candidatos “independientes” (agréguesele una treintena de comillas) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En la oferta que perfilan las elecciones de 2018, figuran dos excepciones a la dictadura delincuencial: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que es una propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El eje toral de la estrategia del PRI, en las vísperas de la elección federal de 2018, es la atomización del voto opositor. Y, para el PRI, la oposición es básicamente Morena. En relación con el CIG, representado por María de Jesús Patricio Martínez, el PRI no tiene una estrategia de “contención” electoral de gran calado, acaso porque no cuenta con instrumentos efectivos para escamotear esa candidatura y porque, en el frío cálculo de la política llanamente electoralista, el CIG no representa un adversario serio. 

El principal temor del PRI es el ascenso de Morena –que acá hemos dicho que se trata un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista–. Y tiene miedo de Morena por una cuestión de factibilidad: en los conciliábulos del PRI están conscientes de la capacidad de arrastre de Andrés Manuel López Obrador. La maquinaria electoral del PRI ya perdió dos elecciones presidenciales frente a AMLO, y tuvo que acudir al fraude y la compra masiva de votos. 

La fórmula electoral del PRI para 2018 tiene tres pasos: uno, la fragmentación del voto con base en las candidaturas independientes; dos, la compra de voluntades –ciudadanos, políticos, árbitros electorales– con base en la inyección de altísimos volúmenes de dinero ilícito a la campaña; y tres; la desautorización del principal adversario político (Morena) con base en el socorrido estribillo del “populismo”. 

Y, por abajo y a la izquierda de esta grotesca escenificación de la “alternancia democrática”, irrumpe con una fuerza moral incorruptible, la única opción política firmemente alternativa e independiente: el Concejo Indígena de Gobierno, que, por cierto, anunció recientemente que no aceptará financiamiento público del INE, y cuya historia registra fehacientemente la construcción de una opción política por fuera de ese “sistema de partidos” y el “sistema del dinero” que prohíjan las castas que gobiernan el país. 

La candidatura indígena es el “caballo negro” de la elección 2018. Pero en el “deep state” mexicano (PRI) ni siquiera los sospechan.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171013_074716_672

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La receta electoral en 2018: fragmentación, financiamiento y fraude

A punto de expirar el plazo para el registro de aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la república, no queda mas que realizar un breve ejercicio de prospectiva sobre los escenarios que configurarán el proceso electoral en 2018. Claramente se pueden observar tres tendencias que sin duda  influirán en los resultados del próximo año  y también en el aceleramiento de la descomposición del sistema político. 

Precisamente con el registro de los suspirantes a las candidaturas independientes se inicia la carrera presidencial. Colocadas en el  tapete electoral desde hace más de una  década por el conocido especialista en enchiladas  fallidas, Jorge  Castañeda y presentadas a la  ciudadanía como la  solución para acabar con el monopolio partidista de las  candidaturas, hoy juegan un  papel inverso al sugerido por  las  buenas conciencias de la política nacional. Mas allá de la pobre oferta política que pueden ofrecer individuos como Pedro Ferriz de Con, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter o el damnificado Miguel Mancera, sus posibilidades de triunfo son  nulas; esto, claro, si logran las firmas necesarias, así como  los recursos necesarios para pagar la campaña. 

Hay que subrayar que la figura de independiente trasciende a las candidaturas fuera de los partidos; estos últimos, en su afán por combatir su enorme desprestigio, también están buscando utilizar dicha figura para presentarse con un nuevo disfraz que los haga potables a los votantes. Véase  por ejemplo al Frente Ciudadano por México, que integra por el momento al PAN, PRD y MC, el cual pretende utilizar la etiqueta para presentar un candidato sin aparente filiación  partidista.  Por su parte, el PRI ha desactivado  los candados que lo  obligaban a seleccionar a un militante probado para la candidatura presidencial, dejando la puerta abierta para la llegada de José Antonio Meade o Aurelio Nuño -comodines con supuesta independencia del partido del presidente pero no de los poderes fácticos y las corporaciones internacionales- lo que los colocaría en una mejor posición para ganar la elección o al menos engañar a los incautos. Sobra decir que las cacareadas candidaturas independientes, ya sean dentro o fuera de los partidos están atadas a los intereses del dinero y mas bien son independientes de la ciudadanía. Su finalidad parece más bien apuntar a la fragmentación del voto opositor al PRI. La reciente elección en el Estado de México, con el esquirol Juan Zepeda en acción, es una clara muestra de lo anterior.

La fragmentación del voto surge así como otra táctica electoral adecuada para hacer ganar a un  partido que a lo largo de las tres últimas décadas ha perdido votos sistemáticamente en en todas las regiones del país. Junto con las alianzas con la chiquillada partidista, como el PVEM, PANAL y demás engendros caciquiles, el  PRI ha podido mantener su presencia electoral y contrarrestar relativamente su debilidad frente al electorado. En este sentido contar con  nueve o  diez candidatos a la presidencia, sean ‘independientes’ o partidistas puede darle el triunfo  al PRI en un escenario en donde la diferencia entre el primero y el segundo sea de menos de tres puntos porcentuales. La fragmentación del voto es en buena medida el motor de las candidaturas independientes, lo que además las coloca en  inmejorable posición para celebrar alianzas de facto con quien les ofrezca puestos y canonjías. Asimismo, la gritería de una decena de candidatos dirigida contra el opositor moreno puede ser muy útil para  distraer al elector y manipularlo a discreción con la ayuda de los medios de comunicación, siempre dispuestos a mentir y difamar sin rubor alguno.

Y si todo lo anterior no fuese suficiente para coronar al candidato de la continuidad, siempre estará a la mano la joya de la corona del sistema político mexicano en su fase electoral: el fraude. Porque al final todo cuenta pero es el fraude la táctica preferida, la que genera  más confianza entre la fauna partidista, la que prácticamente garantiza el triunfo de un partido decrépito y corrupto hasta la médula. El triunfo del PRI en el Estado de  México  demostró sin tapujos que las elecciones se ganan con dinero, limpio  o sucio, lo que trae a cuento la intención del PRI de acabar con el financiamiento público que le daría una ventaja clave al ser el que cuenta con el presupuesto federal y el de los estados que gobierna, así como de cárteles de empresarios, legales e ilegales. Esto sin mencionar su tradición mapacheril, ganada a pulso a los largo de muchos años,  sostenida con cuadros políticos expertos, especializados y probados por generaciones en las no tan sutiles artes de comprar y manipular al elector. El ensayo general realizado en el  estado de México es solo una muestra de lo que seguramente caracterizará al proceso electoral de 2018: la compra de votos, la manipulación de las actas electorales, la quema de urnas o las balaceras intimidatorias. Todo lo anterior con la colaboración, velada o no, de los órganos electorales quienes una y otra vez han demostrado que por encima de su misión de promover los valores democráticos está la de ser el sostén de la impunidad y la simulación en aras de proteger  al régimen y sus beneficiarios, cueste lo que cueste.

En pocas palabras, la escenario electoral se moverá en un contexto de polarización política (Todos contra MORENA) utilizando la fragmentación del voto, los oscuros caminos del financiamiento y el omnipresente y todopoderoso fraude electoral. Lo de menos será la discusión de proyectos e ideas para acabar con la realidad que nos oprime, el diálogo entre   sectores sociales y el sistema político, confirmando así que la solución está en otro lado y no una contienda perversa, costosa y manipuladora. 

3 preguntas clave a 36 meses sin los 43

La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la policía municipal, estatal y federal, y personal de las fuerzas armadas. El saldo del atentado fue de seis muertos, entre ellos tres normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A tres años (36 meses) de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos (presuntos perpetradores) ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune. Y el destino final de los 43 es un enigma… O un secreto de Estado. 

1. ¿Dónde están los 43 normalistas? 

La población civil en México desconoce el paradero de los 43 normalistas. De acuerdo con peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría General de la República, hasta ahora sólo se ha confirmado el hallazgo de los restos óseos de un estudiante: Alexander Mora. De los otros normalistas no se tiene ninguna información. 

Desde un principio, el gobierno federal trató de desactivar las líneas de investigación –recomendadas por instancias internacionales– que comprometían a las propias autoridades cívico-militares, e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justica en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los Padres de Familia de los 43 y al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó ex profeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Este empecinado boicot a la investigación por parte de las autoridades en México apuntala una conjetura generalizada. 

El ex-general mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, asegura que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conocen el paradero de los estudiantes: “Enrique Peña Nieto sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa” (http://bit.ly/2edomXp). 

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, comparte la sospecha del exgeneral: “Ellos (el gobierno), son los responsables de la desaparición de los estudiantes […] ellos saben, porque participaron, la Marina, los judiciales, los municipales de Iguala, y que fue por mandato de Enrique Peña Nieto. No tengo miedo a nada, si me van a matar un día aquí me encuentran; yo no ando resguardado como los políticos” (http://bit.ly/2yF0Ad9). 

El padre y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde (una de las figuras más destacadas de la lucha social en México) refuerza esta hipótesis: “Sin duda alguna, puedo decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo y sabe perfectamente bien lo que pasó aquella noche y madrugada con los jóvenes de Ayotzinapa, él sabe y conoce el paradero de los 43 estudiantes” (http://bit.ly/2xJ7T5y). 

Realmente, la única posibilidad de conocer la respuesta a la pregunta de “dónde están” es un eventual rompimiento del pacto de silencio y los cotos de impunidad que sostienen a todo el andamiaje institucional y la estructura de poder en México. 

2. ¿En que situación se encuentra la investigación? 

Existen básicamente dos investigaciones: la oficial y la extraoficial. La oficial es eso que llaman la “verdad histórica” y que no tiene ningún asidero empírico o validez jurídica. La extraoficial está basada en peritajes científicos, visitadurías de organismos internacionales, investigaciones documentales, y trabajos periodísticos de confiabilidad probada. 

La “verdad histórica” –que urdieron el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– es el relato que fabricó el gobierno para ocultar lo que realmente pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que esta versión fue construida con base en la siembra de evidencia falsa y confesiones obtenidas mediante tortura. 

De acuerdo con tal versión, que no es sino una “mentira histórica”, la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala entregaron a los 43 normalistas a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos –un cártel de la droga presuntamente dirigido por la esposa del exalcalde José Luis Abarca–, quienes los habrían llevado al basurero del municipio de Cocula, donde los calcinarían –a los 43– en una hoguera. El colofón de esta desprolija e inverosímil historia es que los fragmentos de los normalistas fueron depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan; y que, supuestamente, esto explica que los restos desaparecieran sin dejar rastro alguno. 

Con base en investigaciones difundidas por instancias que no responden al comando del gobierno (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajos enciclopédicos de periodismo de investigación), hoy sabemos que en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala participaron agentes de la policía estatal y federal (mando único policial), elementos del escuadrón del 27 Batallón de Infantería, jefes militares (capitán José Martínez Crespo; subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa), y el Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo, llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. 

No obstante, ninguno de los 130 presos acusados de participar en los hechos (por cierto, todos policías municipales y albañiles que arrestaron extrajudicialmente), está condenado por desaparición forzada. Y ningún funcionario de mediano o alto rango está bajo investigación, aun cuando la propia Procuraduría General de República reconoció que agentes de esa dependencia y personal de la Marina recurrieron sistemáticamente al método de la tortura para conseguir declaraciones a modo. 

Por añadidura, los múltiples peritajes científicos que fueron efectuados en la escena del crimen confirman fehacientemente la insostenibilidad de la “verdad histórica”. Sin embargo, una vez instalada por la fuerza del terror y la manipulación, el gobierno no renunciaría jamás a esa versión de los hechos, a pesar de las nutridas pruebas que refutan categóricamente el relato oficialista. 

3. ¿Qué significa el caso de Ayotzinapa para México? 

 Acaso junto con el reciente terremoto, Ayotzinapa es un recordatorio de que México es un país dirigido por una clase gobernante criminalmente omisa o diligente, según el caso en cuestión. La inacción dolosa de la autoridad tras los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, y la acción homicida de esa autoridad en las masacres estudiantiles de 1968 (Tlatelolco) y 2014 (Ayotzinapa), es un indicador lapidario de que la estructura de poder en México, a pesar de las transformaciones y reingenierías, conserva su contenido fundamental: la necropolítica, es decir, la facultad gubernativa de matar y dejar morir. 

Con las reformas estructurales (económicas y de Estado), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconfiguró las formas de dominación, pero dejó intocados los contenidos profundos. Si la Masacre de Tlatelolco es la “fracción singular” que contiene la “imagen de conjunto” del PRI-nacionalista, la Masacre de Iguala y la Desaparición Forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa es la condensación del PRI-neoliberal. 

Ayotzinapa es la suma de todos los males, y acaso la confesión involuntaria de nuestro endémico fracaso nacional. Es el colofón obligado de la fórmula guerra-militarismo-narcotráfico sostenida por décadas como única forma de gobierno. Porque en esa fórmula se incuba la posibilidad de alcanzar el objetivo añorado por las castas dominantes en México: a saber, la opacidad absoluta en el ejercicio del poder. 

Pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza; la autoafirmación de nuestras posibilidades de éxito nacional. Omar García, normalista sobreviviente, repara sobre una conquista que apenas ahora comienza a recibir la atención que amerita. Dice él: “[A diferencia de los familiares de otros desaparecidos]… las familias de Ayotzinapa tuvieron suerte de que sus hijos fueran estudiantes de una escuela organizada […] De haber sido familias aisladas, que no hubieran tenido un lugar donde concentrarse, un lugar donde alimentarse, y tener un techo donde dormir, autobuses a disposición que generan los estudiantes, seguramente los habrían destrozado desde el principio, que es lo que han hecho con otras familias. Porque el resto de familias asiladas no tienen la posibilidad de tener un centro, una retaguardia, desde donde organizarse” (http://bit.ly/2wUkOm1). 

Ayotzinapa instala la obligatoriedad de reflexionar exhaustivamente, y de modo totalizador, la realidad política y la historia de nuestro país. 

Alguien en algún lugar escribió: “Vivimos en un régimen barbárico. Ayotzinapa nos despertó”. Y gracias a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los Padres de Familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: “El gobierno es nuestro enemigo. Fue el Estado”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170929_073641_429#


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El referéndum en Cataluña y la monarquía española

Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede el reino de España y las consecuencias posibles de un triunfo del independentismo catalán. La envenenada transición política de los años setenta en España a llegado a su límite y que los catalanes la impugnen promoviendo la independencia, vuelve a colocar en el centro de la discusión el agotamiento de una monarquía constitucional que ha sido claramente la continuación del franquismo, su existencia por otros medios.

La dictadura de Franco no resolvió nada y peor aun, sumió en una larga noche a España y a Europa. Sólo aplazó la tendencia republicana de un pueblo que claramente ha desde los años veinte había rebasado los límites de una monarquía decrépita y abrazada con la iglesia católica y los terratenientes. Con su regreso, gracias a Franco y la ambición de Juan Carlos, se le quiso dotar de legitimidad imponiendo una constitución que sin tapujos modificó el régimen para que todo siguiera igual. Hoy por hoy esa constitución, y las instituciones que emanaron de ella, han demostrado su verdadero carácter oligárquico, despreciando las necesidades de una sociedad que ha recuperado su talante republicano y que ha rebasado por mucho el espíritu reaccionario de la constitución posfranquista.

El movimiento de los indignados del 15M demostró claramente que la monarquía constitucional no podía mas mantener el consenso y la legitimidad necesaria para seguir viva. Muchos se preguntaron cual había sido la contribución del movimiento a la política en España; bueno, ahora lo tenemos a la vista, aunque no se puede pasar por alto tampoco a Podemos, que puso en evidencia el debilitamiento de un sistema de partidos corrupto y profundamente conservador. Pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado: las aspiraciones independentistas que se expresaron claramente en el país vasco -en tiempos de Franco y luego con la monarquía constitucional- fueron cobrando fuerza en una región que sufrió mucho la derrota de la república en 1936, que fue duramente castigada por ser pieza clave en la guerra civil para la defensa de los valores republicanos. Hay que recordar que el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana unas horas antes de la constitución de la II República. Mas allá de la masacre que se desató como consecuencia de la derrota republicana, el agravio a los catalanes se amplió al ilegalizar su lengua y anatemizar cualquier expresión cultural y política que reivindicara el derecho de la población a mantener su espíritu vivo. 

 

Los actores políticos involucrados son, por un lado los partidos políticos que han lucrado ampliamente con los privilegios obtenidos a cambio de su respeto a la monarquía y a la iglesia católica. El Partido Popular y el PSOE no pueden menos que condenar las aspiraciones independentistas de Cataluña pues los colocaría en una situación de ruptura que a todas luces no les favorece. Los acompaña por supuesto la monarquía y todos lo terratenientes que con títulos nobiliarios siguen imponiendo sus caprichos en las grandes extensiones de tierra que poseen gracias a su apoyo al rey. No es una casualidad que sean los grupos más favorecidos con la transición político de los setentas los que se rasguen las vestiduras ante la celebración del referéndum catalán: las consecuencias serían imprevisibles para el mantenimiento de sus privilegios.

Por otro lado están la Candidatura de Unidad Popular (CPU) , en la que se apoya la coalición Junts pel Si que encabeza la organización del referéndum, tiene un discurso que evidentemente pone en la picota a los beneficiarios del franquismo monárquico. En un manifiesto firmado por la CUP se puede leer lo siguiente: “Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista” Y a pesar de ser una fuerza política legal en Cataluña, con representantes electos, Rajoy se ha referido a ellos diciendo que son “la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años” 

 

La reacción de los opositores al referéndum ha echado mano de todo el poder del Estado para detenerlo: desde anatemas del Tribunal Constitucional hasta registros efectuados por la Guardia Civil de cuatro departamentos de la Generalitat, detenciones y confiscación de material gráfico que promueve el referéndum. La desesperación parece cundir entre Rajoy y sus socios que no pueden menos que tratar por todos los medios de impedirlo. No defienden al pueblo que dicen representar, defienden sus privilegios y los de la monarquía, que tanto los ha beneficiado. No sorprendería a nadie, tomando en cuenta lo que está en juego, que el Estado español impida el referéndum con la fuerza de las armas. Después de todo, el franquismo y su razón de ser siguen vivitos y coleando.

Mas allá de que se lleve a cabo y su resultado le dé vida al independentismo catalán -y porque no, al vasco y el de otras regiones de España- las cartas están echadas: la monarquía constitucional, continuadora del régimen franquista, está cada vez más debilitada y desprestigiada, mientras que el movimiento por la III República crece día con día. Es probable que la independencia de Cataluña, en caso de convertirse en una realidad, no resolverá todos los problemas que enfrentan los catalanes pero una cosa es aún más probable: el principio del fin de la monarquía franquista, como manifestación clara de la crisis terminal que experimenta el estado liberal en España y el mundo.