La comparación entre estos
dos hechos históricos puede parecer a primera vista una exageración pero debe
ser útil para analizar los cambios y permanencias de la sociedad y el estado en
México. Huelga decir que las matanzas en Iguala y Tlatelolco tuvieron las mismas
víctimas: los jóvenes estudiantes ejerciendo su derecho a la libre
manifestación de ideas. Es por eso que se impone la necesidad de establecer algunas
líneas de comparación que nos permitan comprender mejor los tiempos que estamos
viviendo.
Lo primero que conviene
destacar es el cambio de un estado que en el 68 se definía como un estado de
bienestar, protector de la incipiente industria nacional y estrechamente
relacionado con los distintos sectores corporativos del partido del estado. El
estado mexicano de fines de la década de los sesenta conservaba la ideología de
la revolución mexicana aunque se empezaban a notar debilidades en el régimen
político, sobre todo en su capacidad para incluir en el pacto corporativo a los
sectores emergentes de una sociedad que se alejaba cada vez más del mundo rural
para concentrar a la mayoría de la población en las ciudades. Un estado que se
enfrentaba a una sociedad más activa y crítica de la lógica excluyente de un
régimen incapaz de gestionar y satisfacer las nuevas demandas sociales emanadas
del cambio demográfico de las décadas posteriores al fin de la segunda guerra
mundial.
En los años ochenta
el giro en el carácter del estado para organizarse alrededor de las máximas
neoliberales corta de tajo la posibilidad de darle continuidad al proyecto de
la revolución. Este hecho modificó profundamente las relaciones entre estado y
sociedad, alterando para siempre las expectativas de los sectores sociales en
ascenso para colocarlos en un estado de precariedad hasta nuestros días. Las
reformas estructurales se mantuvieron a pesar de su costo político y como
solución parcial el régimen efectuó varias reformas políticas para ajustarse a
una situación en la que el partido del estado perdería paulatinamente su
hegemonía para convertirse en un partido dominante.
En este sentido, el
estado que articula la represión al movimiento estudiantil en 2014 no es el
mismo que el del 1968, -aunque cumpla con la misma misión. La composición de
los integrantes de los gobiernos mexicanos de hoy no se parece mucho a la del sexenio
de Díaz Ordaz así como tampoco su ideario político. Sin embargo, su mesianismo
y su desconfianza de la participación política de la ciudadanía no se han
alterado casi nada, a pesar de todas las leyes surgidas al calor de la llamada
transición política mexicana. Y otro detalle: la relación entre los políticos y
los militares ha cambiado sustancialmente en la última década. Hoy estamos
frente a una situación en la que la participación de los militares en la
política ha dejado de ser un tabú político para convertirse en moneda
corriente. Seguramente un análisis de contenido de las declaraciones y
menciones de las fuerzas armadas en la prensa contemporánea confirmaría la hipótesis
que apunta a un mayor protagonismo político de los militares en el gobierno
nacional y en la definición de los grandes problemas nacionales.
De lo anterior se
podría afirmar que el estado mexicano contemporáneo es un estado más alejado de
la población, más dependiente de los mercados financieros internacionales y con
menores niveles de autonomía en la toma de decisiones económicas internas y de
política exterior. Es por lo tanto un estado mucho más sensible a los
dictámenes de los organismos financieros internacionales y las necesidades de
las grandes corporaciones internacionales y por ende, menos dispuesto a
escuchar y gestionar los intereses de las mayorías.
Esto puede verse
reflejado en la forma en que se diseñó y ejecutó la represión. En el 68 la
matanza la realizó directamente el ejército y el presidente aceptó su responsabilidad
en los hechos con el argumento de que había que detener una conspiración
internacional para acabar con el estado mexicano, muy en el estilo de la guerra
fría, lo que además neutralizó cualquier protesta de los países de occidente.
La matanza de Iguala, sin negar la responsabilidad del ejército en los hechos,
fue llevada a cabo por grupos de narcotraficantes que, en el mejor estilo
paramilitar, procuraron ocultar la responsabilidad del estado. De hecho Peña
Nieto y su gabinete la han negado sistemáticamente, lo que ha generado una ola
de descontento popular en constante crecimiento. Sin embargo, en ambos casos,
el agravio a la sociedad mexicana ha sido visto como un parteaguas en la historia
nacional. ¿Cómo reaccionó la sociedad ante Tlatelolco e Iguala? La respuesta
aparecerá en nuestra próxima entrega.
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