jueves, 29 de mayo de 2014

La guerrilla informacional: Marcos-Galeano y la nueva generación zapatista

A dos décadas del surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas, su capacidad para reinventarse y responder, golpe por golpe, a los embates de la reacción neoliberal sigue sorprendiendo a tirios y troyanos. En ése entonces lo que más llamó la atención fue su habilidad para comunicar de manera creativa, armonizando dos mundos, dos cosmovisiones a la vez tan cercanas y tan alejadas una de otra. El desafío del movimiento al poder del capital fue articulado desde la palabra, acompañada siempre de la acción contundente y con enorme contenido simbólico. Fue por ello que la rebelión indígena fue caracterizada por ser una guerrilla informacional, la cual tenía como arma más poderosa la comunicación.

Cuando se revisa con cierta profundidad a los movimientos antisistémicos a lo largo del tiempo, un elemento que destaca es la capacidad para comunicar a la sociedad su visión de mundo y su proyecto político. En la medida en que puedan comunicar con eficacia, los movimientos tendrán más posibilidades de lograr sus objetivos; de otro modo, serán víctimas de la desinformación gracias a la manipulación de los dueños de los medios informativos, quienes los desacreditarán frente a la población hasta desaparecerlos del escenario político.

Es por lo anterior que sorprende y no sorprende la reciente operación simbólica en la que Marcos desaparece para dar lugar a Galeano. Sorprende porque resulta a todas luces genial el desaparecer a un personaje relativamente desgastado pero bien posicionado en la opinión pública para mantener presente en la memoria colectiva a un distinguido integrante del EZLN: Juan Luis Solís, Galeano. Su atroz asesinato, además de ser una provocación, tuvo la intención de sacar del escenario a un hombre que fue y es un ejemplo para la nueva generación de zapatistas. Sin embargo, la respuesta de sus camaradas lo ha colocado en el centro, como un símbolo de una lucha justa. Su nombre de batalla aparecerá ahora en los periódicos, en la radio y la televisión, en el ciberespacio, cada vez que se redacte un comunicado firmado con su nombre de batalla. ¿Habrá mejor manera de burlar las intenciones de sus asesinos?

Por otro lado, la transformación del personaje no sorprende porque en los últimos veinte años el movimiento zapatista ha demostrado su capacidad para responder con la palabra y con la acción a la sistemática ofensiva del poder político y económico. Así fue en el amanecer del movimiento cuando sentaron al gobierno de Salinas a dialogar; así fue también cuando llegaron hasta el Congreso de la Unión para dar una muestra de dignidad y de vocación pacífica; así fue cuando la traición a los Acuerdos de San Andrés se materializó en la infame Ley Bartlett-Fernández y surgieron los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. Una y otra vez, el zapatismo chiapaneco ha demostrado su capacidad para estar un paso adelante en la lucha por la dignidad y la justicia.

Asimismo, el retiro de la botarga anuncia una nueva época del movimiento, en la cual no hace más falta un vocero que sirva de enlace con el mundo exterior, con los habitantes de las ciudades alejadas de la realidad de las comunidades, tanto en distancia física como cultural y social. En ése entonces, traducir los valores de la lucha zapatista resultaba un elemento clave para su existencia. Y fue tan efectiva la traducción que no sólo revivió aun destacado diario mexicano, gracias a la publicación exclusiva de los comunicados, sino permeó buena parte del discurso y de la práctica de los movimientos antisistémicos en México y en el mundo. La divisa de mandar obedeciendo ha dado la vuelta al globo y mantiene hasta hoy su fuerza evocadora como principio ético básico de la humanidad, sobre todo frente a los regímenes políticos que se autodenominan democráticos.

A veinte años de su surgimiento, el zapatismo chiapaneco tiene hoy en sus filas a una nueva generación de combatientes que pueden comunicarse directamente con el mundo que los rodea. Su aprendizaje en la práctica cotidiana de los valores que giran alrededor de la dignidad y de la justicia les permite hoy prescindir de traductores para tomar ellos directamente la palabra y expresar su voz y la de sus comunidades. Este hecho me parece un indicador de la fortaleza del movimiento, de su madurez y de su conciencia de sí mismo. Han cobrado conciencia de sí y para sí, parafraseando al viejo Marx.

Immanuel Wallerstein escribió hace poco un texto en el que enmarca el momento que estamos viviendo y en el que el movimiento zapatista destaca:

“No pienso que las élites puedan ya lograr manipular a sus seguidores del nivel bajo. Pienso que los seguidores del nivel bajo desafían a las élites, hacen sus propias cosas e intentan manipular a las élites. Esto, de hecho, es algo nuevo. Es una política desde abajo en vez de una política desde arriba.”

lunes, 26 de mayo de 2014

La desaparición forzada: una modalidad de violencia de Estado


Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. El discurso oficial insiste en ignorarlo. Así lo confirma un informe que hace apenas unas semanas enviara el gobierno federal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, cuyo contenido, de acuerdo con diversos analistas, minimiza la dimensión del problema, y describe irresponsablemente un horizonte optimista en relación con el procesamiento gubernamental de las denuncias. Cifras oficiales relativas al periodo 2006-2012, señalan que en el transcurso de esos seis años se consignó la desaparición de 26 mil personas. Un dato tal vez conservador si se admite que la contabilización de la desaparición forzada carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia rutinaria de las autoridades públicas. La virulencia y sistematicidad de este flagelo obliga a la siguiente conjetura: la desaparición forzada es un delito tolerado e incluso fomentado por algunos poderes públicos y privados. 

Para situarnos en un terreno más o menos común, cabe recuperar la definición de “desaparición forzada” que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: a saber, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf). 

Cabe destacar dos aspectos en esta definición: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento. 

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, Veracruz es un catálogo de pruebas auto incriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013: “Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Proceso 19-VI-2013); u otra más reciente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-V-2014). 

Pero a pesar de la insistencia gubernamental en la omisión de este delito, en ciertos estados como Veracruz la incidencia de esta modalidad de crimen rebasa la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta: “En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Proceso 18-V-2014). 

Esta cifra coincide con la información que hiciera pública el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de este año. El reporte del colectivo añade que en estas desapariciones consignadas se encuentran 122 menores de edad (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/03/desapariciones-forzadas-feminicidios-e.html). Pero la cifra es más alarmante si se considera el aumento exponencial de este delito en el último año: hasta agosto del año antepasado (2012) sólo se tenía conocimiento de 133 desapariciones forzadas. 

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial (comando centralizado para las tareas de seguridad). Se trata de una concordancia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. Las organizaciones delincuenciales sin duda son un actor central en esta coyuntura. Pero el problema primario radica en la criminalidad de ciertos poderes (enclaves económicos o políticos) que actúan desde las estructuras del Estado, o bien que se apoyan en éstas. 

El periodista italiano Federico Mastrogiovanni resume esta trama: “sembrar el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de una paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte del Estado y el incremento de actividades de los grupos criminales contra la población civil… La desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del territorio a través del terror y el silencio que cubre [la geografía nacional]… de una especie de aniquilación” (Proceso 18-V-2014). 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos parece arribar a conclusiones análogas: “El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada administración federal]” (http://cmdpdh.org/2013/01/el-resurgimiento-de-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2/). 

Si se toman los hechos y resultados como prueba de intencionalidad, la conclusión es obligada e irrevocable: la desaparición forzada es una de las múltiples modalidades de violencia de Estado. El doctor Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene categóricamente: “La única respuesta es que alguien se está beneficiando con esto y es alguien dentro de los aparatos de poder; no es alguien que está afuera…. [Los delincuentes] no son más que empleados de alguien, y ese alguien está dentro de las estructuras formales” (Nancy Flores, 2012). 

jueves, 22 de mayo de 2014

¿A quién le conviene la corrupción?

Así como los ciudadanos de a pie identifican a los políticos como el principal problema de México, así también, y como consecuencia de lo anterior, identifican a la corrupción como la bestia negra que absorbe y manipula los recursos públicos que provocan la pobreza y la desigualdad. Política y corrupción parecen así ser palabras intercambiables, agujeros negros que atraen todo lo que los rodea para desaparecerlos del universo. Sin embargo, al igual que como señalaba Arsinoé Orihuela en su artículo “La Antipolítica: un fenómeno propagandístico neoliberal” el desprestigio de los políticos y de la política funciona como una pantalla para ocultar a los poderosos, a esos que están por encima de las ideologías y de los políticos.

Con esto no se quiere exentar a los políticos de su responsabilidad en el fortalecimiento de la corrupción y de la antipolítica. No se puede ignorar el hecho de que, a pesar de no tener el poder de las grandes corporaciones internacionales, el estado posee suficientes facultades para favorecer o dificultar la acumulación de capital a los empresarios. El conflicto entre Carlos Slim y Emilio Azcárraga es una muestra de ello. Pero al igual que la idea de que los políticos son la causa principal de los problemas de nuestro país, la idea de que la corrupción es el proceso que nos tiene sumidos en la pobreza oculta el hecho de que la corrupción no es el combustible que hace que funcione la máquina sino sólo su lubricante.

De acuerdo con los expertos en estos temas, la corrupción es sólo la punta del iceberg, la dimensión visible, mientras que el tráfico de influencias representa la mayor parte pero oculta bajo las aguas. La corrupción se puede medir toda vez que se alimenta del presupuesto definido por el congreso, ya sea por desvío de recursos para campañas políticas o por simple robo; en cambio el tráfico de influencias es mucho más difícil de calcular ya que no opera con recursos asignados formalmente sino con recursos privados, utilizados para manipular licitaciones, concesiones y hasta manufactura de leyes y reglamentos.

La relación entre corrupción y tráfico de influencias es inevitable: se utilizan recursos privados para ganar una licitación para construir carreteras pero luego, y como forma de recuperar la ‘inversión’, los materiales que usa para la construcción no son de la calidad esperada y el funcionario a cargo simplemente se hace de la vista gorda. Del presupuesto autorizado para la obra, el empresario recorta el pago de las ‘comisiones’ para lograr los rendimientos esperados.

Y aquí aparece la pregunta: ¿A quién le conviene a corrupción? ¿Quiénes son sus principales beneficiarios? Si lo vemos de manera simplista la respuesta apuntaría a los políticos, que se dejan manipular por los dueños del dinero para embolsarse parte del botín, pasando por alto que la parte del león es para el gran capital. Son ellos los que se beneficiarán de los permisos para explotar los recursos naturales, la construcción de edificios públicos, carreteras, puentes, escuelas. Son ellos además los que se ocultarán atrás de los políticos para mantener sus privilegios y sus ganancias. Y efectivamente, son ellos los que gracias a su poder -materializado por ejemplo en la propiedad de los medios de comunicación- una y otra vez dirigirán los reflectores hacia los políticos y la política cuando surja un escándalo. Son ellos los que impulsarán la idea de que la educación superior debe formar ciudadanos emprendedores y no aspirantes a empleados, mucho menos individuos críticos y capaces de darse cuenta de lo que hay detrás de la pantalla de la antipolítica.



La corrupción y el tráfico de influencias le conviene sobre todo a las grandes corporaciones internacionales y sus socios, que por medio del cabildeo y otras formas menos ‘elegantes’ imponen a punta de billetes su parecer en la creación de leyes y reglamentos, en la definición de las tasas fiscales, en el diseño de los planes de estudio en todo el sistema educativo y un largo etcétera. En general los políticos simplemente operan en favor de esos intereses y se benefician con las migajas. Pero no será sino a través de la política que esta situación puede controlarse. Revalorar la política y darle su lugar en la resolución de los problemas de la sociedad no sólo representa la posibilidad de que la población se organice para defender sus intereses, al margen de falsos ídolos y paraísos futuros, sino sobre todo la oportunidad de combatir a la antipolítica y sus socios, la corrupción y el tráfico de influencias.

domingo, 18 de mayo de 2014

La antipolítica: un fenómeno propagandístico neoliberal

“¿Cuál es el principal problema de México?”, preguntó un incauto reportero a un aleatorio transeúnte no menos incauto. “Los políticos”, espetó sin vacilación el ambulante ciudadano. No tuvimos oportunidad de seguir la cruzada interrogatoria de nuestro periodista. Pero podemos adivinar que las respuestas de los inquiridos siguieron una tesitura más o menos análoga: “la política”, o “la corrupción de los políticos”, o “los sindicatos charros”. Y así hasta la hipertrofia. 

Uno quisiera atribuir esta insospechada unanimidad a una maduración política de la conciencia de un pueblo, a una suerte de reapropiación de un buen juicio ciudadano. Pero tristemente no es el caso. Esta univocidad es más bien el resultado de una campaña propagandística que cosecha un rendimiento hasta ahora extraordinario. Es tan sólo el eco de una falsa conciencia, una apreciación desgraciada, un alegato ideológico. 

Advertencia: no se aspira acá a redimir al político, o bien a enaltecer su figura. Nada más remoto e incierto. Ya suficientes colegas viven de ese ingrato oficio. Es más, concordamos con la implacable acusación de corrupción que involucra frecuentemente al político y su ejercicio en la función pública. Pero se difiere, y cabe acá ser enfáticos, con la primacía que se le concede a este fenómeno en el inventario de fechorías tan licenciosamente extendidas en nuestra época. 

Se sostuvo arriba que esta preeminencia del político en el catálogo de perversiones es un artificio propagandístico. Luego, corresponde preguntar cuál es el origen o fuente de esa propaganda. Una primera respuesta: el interés de los dueños del dinero. ¿Por qué nunca figura la actividad empresarial o los empresarios en la reprobación ciudadana o la condena a la corrupción? Por allí un lingüista sostuvo alguna ocasión que el lenguaje nos fue concedido para ocultar lo que pensamos. El discurso dominante desempeña una función similar: oculta ciertas realidades inconfesables. Este discurso que condena unidireccionalmente al político tiene un solo propósito: mantener en el anonimato la fuente real de poder: a saber, la gran empresa. Es un fenómeno o estado de ánimo que se conoce como “antipolítica”, y que goza de adeptos a granel. 

(Glosa marginal: La última elección presidencial en México tuvo un momento afortunado. Quedó constancia de un cambio relevante: antes el presidente definía los contenidos de la prensa; ahora los dueños de la prensa definen los contenidos de la política, e incluso ponen y deponen presidentes). 

No es tan difícil rastrear la procedencia de esta cruzada antipolítica. Basta apenas con mirar los contenidos de la prensa corporativa o empresarial. Recuérdese la lista de los “10 mexicanos más corruptos” que publicara en 2013 la revista Forbes (acaso la más influyente en el mundo de los negocios). De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional (¡sic!), los personajes nacionales más corruptos aquel año fueron los siguientes: Alejandra Sota (la ex vocera del ex presidente Felipe Calderón), Arturo Montiel (ex gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional), Fidel Herrera (ex gobernador de Veracruz), Humberto Moreira (ex gobernador de Coahuila), Tomás Yarrington (ex gobernador de Tamaulipas), Andrés Granier Melo (ex gobernador de Tabasco), Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública federal en la administración de Felipe Calderón), Raúl Salinas de Gortari, (hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari), Carlos Romero Deschamps (líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros), Elba Esther Gordillo (ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). (Nota completa: http://www.forbes.com.mx/sites/los-10-mexicanos-mas-corruptos-de-2013/). 

Nadie, en su sano juicio, objetaría la corrupta trayectoria de estos personajes. Pero acá hay gato encerrado. Nótese que en esta lista negra no figura ¡ni un solo empresario! 

Que “la maestra” Elba Esther Gordillo malversara 200 millones de dólares durante su jefatura en el sindicato magisterial, la volvió acreedora del primerísimo lugar en la lista de los más corruptos. En cambio, Carlos Slim, que ese año registró una fortuna valuada en 69 mil 860 millones de dólares (¡sic!), fue merecedor de un honorabilísimo segundo lugar en la lista de los magnates más prósperos e ilustres de todo el mundo. O véase también el caso de la empresa Walmart Stores Inc. (unidad México), que ha sido reiteradamente acusada de corrupción y sobornos, y que, no obstante las acusaciones, sigue desfilando año tras año en las listas de las empresas más rentables y exitosas globalmente, con toda la impunidad e inmunidad que otorgan las leyes no escritas. 

En relación con este logro propagandístico (que se tradujo en la universalización de un estado de ánimo antigubernamental o “antipolítico”), el lingüista estadounidense Noam Chomsky alguna vez alertó: “Lo que se ha creado durante este medio siglo de propaganda corporativa masiva, es lo que se conoce como ‘antipolítica’. Cualquier cosa que sale mal se culpa al gobierno. Y efectivamente, hay muchas cosas que reprocharle al gobierno. Pero el gobierno es la única institución que la gente puede cambiar, es la institución que uno puede afectar con la participación… Esa es exactamente la razón por la cual toda la ira y el miedo están dirigidos contra el gobierno. El gobierno tiene un defecto: es potencialmente democrático. Las corporaciones no tienen defectos: son tiranía puras. Por eso se trata de mantener en el anonimato a las corporaciones, y concentrar toda la ira en el gobierno. Si no te gusta algo, si los salarios están a la baja, culpa al gobierno. No culpen a los hombres que figuran en [la revista de negocios] Fortune 500, porque nadie lee esta revista… Uno nunca lee acerca de las ganancias astronómicas [de las grandes empresas]… Como se ha dicho, hay mucho que reprochar al gobierno. Pero el gobierno es exactamente lo que Dewey describió como la ‘sombra proyectada de los negocios sobre la sociedad’. Si se quiere cambiar algo, es preciso cambiar la sustancia no la sombra” (http://www.youtube.com/watch?v=jVMUc9swTiQ). 

La antipolítica es un fenómeno típicamente neoliberal. La institución dominante en nuestra época no es el gobierno ni el Estado (aunque alguna vez lo fue), sino la corporación. El poder más efectivo es aquel que gobierna en la sombra (a menudo referido como criptocracia o gobierno invisible). La antipolítica es el velo que dota de sombra e impunidad al poder real: a saber, el poder corporativo.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140517_142506_632

domingo, 11 de mayo de 2014

El desarme de las autodefensas: la guerra que apenas empieza

El 10 de mayo –fecha que ciertos heraldos del gobierno fijaron para el desarme de los grupos de autodefensa– se decreta el fin de un ciclo de las guardias michoacanas. Y se estrena una segunda etapa que amenaza con inaugurar un conflicto sin fin. Este escenario corresponde mas o menos con la predicción que se hiciera hace unos meses: a saber, la fractura de las autodefensas y la conformación de dos grandes bloques, que aunque heterogéneos, compartirán internamente un posicionamiento relativamente común. Por un lado, concurrirán los que comulguen con la iniciativa gubernamental, y por otro, los que promuevan una desvinculación con cualquier tentativa de cooptación estatal. 

Esta bifurcación no es accidental, e incluso estuvo prevista con anticipación. La ambivalencia corre en el ADN de estas organizaciones. En un artículo escrito a principios de 2013, Rafael de la Garza oportunamente explicó la singularidad de los grupos civiles armados, y ofreció ciertas pistas para distinguir entre policías comunitarias, autodefensas y paramilitares. La actual coyuntura invita a recordar: 

“Las policías comunitarias obedecen a las autoridades de los pueblos y comunidades, que mantienen operando sus propios sistemas normativos, llamados por algunos usos y costumbres. En este sentido no son un fenómeno reciente, ya que en el sistema de cargos de las comunidades indígenas existe la figura del guardián del orden, quien puede detener al supuesto delincuente pero está obligado a remitirlo a las autoridades locales, quienes a su vez los ponen a disposición del ministerio público. No reciben un salario por sus actividades –la comunidad les proporciona alimentos refugio– y las armas que utilizan normalmente son de su propiedad y no son de uso exclusivo del ejército. 

“Los grupos de autodefensa, por su parte obtienen su legitimidad de un grupo de la comunidad y por lo tanto no tienen la obligación a rendirle cuentas de sus acciones a los consejos o asambleas. Al identificar una amenaza, miembros de la comunidad deciden armarse para enfrentarla y hacer justicia según les parezca, aunque siempre en nombre de los habitantes de su región o localidad. El armamento utilizado puede incluir armas de alto calibre y, en teoría no reciben un pago por su trabajo. Empero y debido a las características mencionadas pueden ser cooptadas por los poderes fácticos de la región donde operan, convirtiéndose así en grupos paramilitares. Su legitimidad proviene de sí mismos y de su posición frente a la amenaza identificada. “Los paramilitares son lo que comúnmente se conocen como guardias blancas –grupos de individuos armados por los grupos de poder en la región: terratenientes, comerciantes, autoridades y delincuencia organizada. Su legitimidad es nula pues responde a los intereses de sus mecenas y por lo tanto sólo les rinden cuentas a ellos. Si bien pueden estar integradas por miembros de las comunidades de la región no titubean para atacarlas y saquearlas si esas son las órdenes del jefe. Se les llama paramilitares pues actúan de manera paralela a las fuerzas armadas, recibiendo de éstas apoyo logístico, entrenamiento y armas. Su jerarquía está claramente inspirada en el orden militar y utilizan armamento sofisticado. 

“Como se ve, las policías comunitarias son las que están más cerca de la población, de las comunidades y pueblos, como fuente de legitimidad. Por su parte, los paramilitares se encuentran en el punto opuesto: su razón de ser es precisamente agredir los intereses comunes y defender los particulares. Sólo obedecen al dinero, que es a final de cuentas lo que los motiva a actuar. En medio se quedan las autodefensas, quienes fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función de la coyuntura que se presente” (http://lavoznet.blogspot.mx/2013/03/policias-comunitarias-autodefensas-y.html).

Con base en este antecedente, y en respuesta a la univocidad de las opiniones que circulaban con más entusiasmo, en enero del presente año se publicó un artículo que llevaba por título: “Michoacán: el preámbulo de una revolución” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-preambulo-de-una-revolucion.html). En cierto sentido se trató de una provocación. Pero en realidad se buscaba rescatar otra lectura no tan categórica, que atendiera a ciertos aspecto teóricos que menudo se omiten en la turbulencia de la ocasión. Por ejemplo, como advierte de la Garza, que las autodefensas “fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función de la coyuntura que se presente”. 

En esa oportunidad se sostuvo, no sin alarma: “Pocos espacios informativos aciertan a la hora de elaborar diagnósticos, o bien por compromisos institucionales, o bien por las agravantes limitaciones analíticas que imponen las estériles ideologías dominantes. Ni siquiera la llamada prensa ‘progresista’ arriesga una lectura diferente”. 

Decía un filósofo alemán que allí donde se repiten ciertos procesos históricos, la primera vez suelen reportar un cariz trágico; y la segunda, un viso inequívoco de farsa. Si bien la conversión de guardias civiles en paramilitares funcionó exitosamente en Colombia, es altamente improbable que ese primer éxito coseche frutos en la secuela mexicana, aún con la incursión del colombianísimo general Oscar Naranjo en las operaciones de contrainteligencia domésticas. Es por eso que se antojan desmedidas e irresponsables las primeras apreciaciones relativas a las autodefensas michoacanas, especialmente las que denunciaban, casi al unísono, la unilateralidad reaccionaria de las guardias. 

Cito textualmente algunas de las posiciones que se manifestaron con más fuerza, sin referir a las fuentes: 

“Debemos aceptar que los terratenientes y agroindustriales organicen grupos civiles armados? se les olvida que el interlocutor de las autodefensas fue siempre el gobierno federal y no la sociedad? Yo se que es muy complicado ver el país degradándose de este modo, pero si lo que quieren es revolución no la van a encontrar de la mano del discurso de Mireles y los suyos” 

“Es una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror”  

“Los grupos de autodefensa en Michoacán son financiados por grupos criminales y por empresarios que persiguen intereses particulares y no los de los ciudadanos” 

Nótese que ningún diagnóstico considera siquiera marginalmente la ambivalencia de estos grupos. Por eso se convino voltear hacia el otro horizonte de probabilidad: el de un avance embrionario en dirección a un levantamiento social. En consonancia con esta lectura, se arguyó: “Es francamente débil la hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el nacimiento de las autodefensas) en una moción exclusivamente gubernamental” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-una-ventana-de-oportunidad.html).

En cierto sentido, esas opiniones unívocas revelan una cierta evocación inconsciente de un pasado marcado por la preeminencia irrestricta del Estado. Denise Maerker, que no pocas veces yerra en sus juicios, esta vez tuvo un extraño acierto: “Hay cierta dosis de nostalgia en quienes imaginan que el Estado fue capaz de idear, operar y controlar en la práctica un levantamiento popular de la magnitud de las autodefensas de Tierra Caliente. Si el Estado mexicano actual tuviera esa capacidad, la presencia, las redes y los liderazgos locales que se necesitan para llevar a cabo una empresa de esa envergadura, el levantamiento no hubiera ocurrido sencillamente porque el orden habría estado garantizado por esa misma estructura” (Nexos IV-2014). 

Una vez descartada la omnipotencia del Estado en los destinos de las autodefensas, cabe ahora consignar el antagonismo que se avecina. En Michoacán lo tienen claro: el movimiento esta internamente dividido. Por un lado, está en curso el plan de acción del gobierno federal: la conversión de las autodefensas en paramilitares. José Manuel Mireles advierte: “Ya está ocurriendo una colombianización [paramilitarización] porque desde que se mete el gobierno federal dizque a ayudar empiezan los problemas, empiezan por prohibir el avance, eso no es ayudar. Nosotros ya teníamos un avance lento pero seguro y sin mucho derramamiento de sangre, para nosotros estaba funcionando al 100%”. Y por otro lado, se asoma la tentativa de ciertas fracciones por encauzar el movimiento hacia la conformación de policías comunitarias. “Después del 10 de mayo vamos a seguir combatiendo el crimen organizado, pero nuestras camisas van a decir ‘defensa rural de Michoacán’, vamos a cambiar la camiseta pero la lucha es la misma” (Proceso 8-V-2014). 

Por el momento, cabe hacer notar que existe más de una célula “desobediente”. Por ejemplo, en Aguililla, Jorge Vázquez, el dirigente de esa autodefensa (en la clandestinidad), da a conocer una disposición que apunta en la dirección de una moción antigubernamental: “Es preciso sacarle más provecho al levantamiento, y que no quede sólo en un plan preconcebido del gobierno… En Aguililla hemos creado un Consejo Ciudadano, con base en la ley orgánica municipal; queremos que sea este consejo el que rija a la autodefensa, y que los comunitarios respondan al pueblo, no a los líderes” (Nexos IV-2014). 

El 10 de mayo se definirá con más claridad la discordancia e incompatibilidad de estos bandos. El desarme de las autodefensas, acordado para esa fecha, es tan sólo la antesala de un conflicto de larga duración.

jueves, 8 de mayo de 2014

Territorio y política: la fábrica de San Bruno, la autogestión y la memoria.

Poco antes de las celebraciones del primero de mayo, achicadas y manipuladas para evitar manifestaciones incómodas al poder por parte de los trabajadores, apareció en algunos medios de comunicación un tema que merece nuestra atención como habitantes de esta ciudad capital. Resulta que vecinos organizados del Barrio de San Bruno, en Xalapa, Ver., decidieron recuperar las instalaciones de la vieja fábrica de textiles para fomentar actividades culturales y recreativas que fomenten la identidad de los habitantes del histórico barrio.

Ante la ausencia de una propuesta por parte de las autoridades municipales, las cuales aducen falta de dinero para habilitar los terrenos de la fábrica, representantes de calles y colonias aledañas tomaron el toro por los cuernos para limpiarla y ponerla en condiciones  para que sirva como un espacio que contribuye a la salud pública de la zona. Este hecho aparentemente insignificante en el maremágnum de reformas, encarcelamientos y escándalos, como el escenificado por el recién depuesto presidente del PRI en el Distrito Federal,  posee un enorme significado histórico pero también político pues se inscribe en la tendencia creciente entre los habitantes de este país para hacer efectivos procesos autogestionarios que impulsen al autonomía y la participación política.

En la excelente nota publicada por Claudia Montero en el portal de alcalorpolítico.com el día 22 de abril, se describen una serie de hechos que demuestran claramente que las luchas obreras de los años veinte no difieren mucho de las de hoy. Al igual que en estos días en que somos testigos de los mecanismos corporativos que utiliza el gobierno estatal para controlar a los trabajadores de la educación, por poner el ejemplo más conocido, los obreros de la fábrica en 1924 enfrentaron la represión sistemática del gobierno del estado, encabezado por Adalberto Tejeda, para impedir que la dirigencia sindical, controlada por obreros comunistas, promoviera los valores de la autonomía y la democracia sindical entre obreros y campesinos de la región. Obsesionados con mantener el control de los trabajadores a como diera lugar,  empresa y gobierno decidieron acabar con semejante amenaza asesinando a los que desde entonces se les recuerda como los Mártires del 28 de agosto: José Hernández, Francisco Moreno, Alberto Calderón, Ezequiel Alatriste, Manuel Hernández, Isauro Sánchez, Ignacio Viveros, Isidoro Avendaño y Armando Ramírez.

Recordados en los nombres de las calles del barrio de San Bruno, los trabajadores asesinados -en aras de fortalecer el control corporativo que caracterizará al régimen político hasta nuestros días- no pueden ni deben ser olvidados. Su lucha representa parte sustancial de la memoria histórica de Xalapa, Veracruz y de México, que sistemáticamente ha pretendido ser borrada de la historia oficial para que su valeroso ejemplo no cunda entre los trabajadores de hoy.

Por otro lado, recuperar el territorio en el que se escenificaron luchas heroicas en defensa de la independencia y la democracia sindical para mantener viva su memoria, nos permitirá a los habitantes de Xalapa conocer un periodo oculto, despreciado, de nuestra historia. La idea de instalar un museo que recuerde a los trabajadores  que perdieron la vida por enfrentarse al control político del estado mexicano debe ser bienvenida. Pero si además, semejante esfuerzo es producto de la autogestión de los propios habitantes del barrio no puede menos que aplaudirse. La recuperación de la memoria histórica no puede ser dirigida desde el poder porque ineludiblemente se impondrán intereses acordes con el proyecto político en turno. Deben ser los propios herederos de dicha memoria los que la reconstruyan y la difundan, garantizando así el apego a los hechos históricos, que por su brutalidad deben servir como ejemplo de los excesos del poder.

A la iniciativa de recuperación de la antigua fábrica de San Bruno se han sumado grupos estudiantiles de la Unidad de Humanidades y organizaciones de la sociedad civil. La tarea es enorme, no sólo por el ruinoso estado en el que se encuentra la fábrica sino porque su contenido eminentemente autogestivo, que podría ser visto como una amenaza para gobernantes y empresarios. Las actividades, en este sentido, no pueden limitarse a poner en buenas condiciones el terreno sino garantizar que la administración y control de las actividades culturales y deportivas sean llevadas a cabo por los propios vecinos, en pleno ejercicio de su autonomía. De tener poder de decisión sobre el territorio en el que habitan. Esto no depende exclusivamente de la buena voluntad de las autoridades municipales sino de que la organización vecinal defina sus metas y objetivos por medio de consensos, que no siempre son fáciles de obtener pero que resultan una experiencia significativa de reconocimiento y respeto mutuo.


Y es en este último aspecto en donde radica su contenido eminentemente político: la confianza en la capacidad de los propios ciudadanos para intervenir de manera directa en la resolución de sus problemas y en el mejoramiento de su calidad de vida. Ese fue al menos el espíritu de las luchas obreras de los Mártires del 28 de agosto. Sin menospreciar las posibilidades de contar con ayuda gubernamental, los vecinos de San Bruno tienen la oportunidad de ampliar y mejorar la calidad de su participación política, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia participativa con contenido eminentemente popular, elemento clave para salir del marasmo en el que nos encontramos. 

domingo, 4 de mayo de 2014

El Primero de Mayo no se olvida: la recuperación de una conmemoración universal

A los maestros, con afectuosa y solidaria dedicatoria 

La desavenencia entre el Estado y el trabajo es un hecho incontestable. En el actual ciclo de neoliberalización, los Estados “no reconocen más ley que la ley del trabajo fuera de la ley”. El trabajo, en la era posmoderna, es la más degradada de las mercancías; y el trabajador, a lo sumo, una cadavérica osamenta de una economía antisocial.

Adviértase que el Primero de Mayo es más un asunto de seguridad para el Estado que un asunto de conmemoración o convalidación de votos nupciales. La época de la alianza contractual expiró irremediablemente. Ahora corresponde solamente a los trabajadores evocar a sus mártires, y recuperar, sin la otrora solícita connivencia del Estado, la más universal de las conmemoraciones: a saber, el Día Internacional de los Trabajadores. 

En noviembre de 2012, en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, dictó la conferencia magistral de clausura, que llevaba por título: “Los derechos de los trabajadores: ¿un tema para arqueólogos?” A continuación, y modo de contribución a la fecha conmemorativa, se reproducen tres fragmentos de aquella notable intervención. 


La tarántula universal 

 “Ocurrió en Chicago, en 1886. El primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnóstico: ‘el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal, y se ha vuelto loco de remate’. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de ocho horas, y por el derecho de organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros acusados de asesinato, fueron sentenciados sin pruebas, en un juicio mamarracho… marcharon a la horca; mientras el quinto condenado… se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo el mundo entero los recuerda… Y con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse: prohíben los sindicatos obreros, y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí”.

Un raro acto de cordura  

“En 1998 Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado en su utopía. Pero hubo que esperar cinco siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. ¿Al fin y al cabo para que sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duro la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años”. 


El origen del mundo 

“Hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda, con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria; mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó, me contó esta historia. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio, me lo contó. El era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna. Pero el muy ateo, el muy tozudo no entendía razones. ‘Pero papá –le preguntó Josep, llorando– pero papá, si dios no existe, ¿quién hizo el mundo?’ Y el obrero cabizbajo, casi en secreto, dijo: ‘Tonto, tonto, al mundo lo hicimos nosotros los albañiles’”. (http://www.clacso.tv/conferencias_foros_debates.php?id_video=17)