jueves, 9 de abril de 2015

El Partido Verde y la externalización del costo político del fraude electoral

Una estrategia utilizada sistemáticamente por las corporaciones internacionales para obtener mayores ganancias al explotar recursos naturales es la externalización de los costos de producción, violando las regulaciones ecológicas a cambio de pagar multas. Les conviene más a las empresas pagar por contaminar que cumplir con las normas legales orientadas a minimizar los riesgos ambientales producto de sus procesos productivos. Al final las consecuencias de semejante argucia son pagadas por todos –población, gobiernos, fauna, flora, etc- menos por las empresas.

Lo anterior resulta pertinente para comprender la estrategia de comunicación que el partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual sin el menor recato ha violado una y otra vez la normatividad electoral aparentemente con excelentes resultados, al grado de que hoy por hoy compite por ser la tercera fuerza electoral en México. En las elecciones del 2012 demostró su valía al apoyar al PRI en las elecciones -aunque anteriormente fue aliado del PAN- y en estas elecciones compite para darle la mayoría simple en el Congreso de la Unión al otrora partido de la revolución.

En las últimas semanas, el PVEM se ha distinguido por demostrar su desprecio por la normatividad electoral al percatarse de que le sale más barato pagar las multas que acatar la ley. Protegido desde Los Pinos, el partido familiar por excelencia de la política mexicana (sólo ha tenido dos presidentes, Jorge González Torres y su hijo Jorge Emilio, mejor conocido como el niño muerde ¿o verde?) el también llamado partido de las cuatro mentiras puede ufanarse de innovar en el fraude electoral de nuestro país gracias a la externalización del costo político que implica el fraude sistemático en el proceso electoral en curso.

Inspirado en la máxima que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, el PVEM ha desarrollado un estrategia de comunicación política basada en la mentira –lo cual no es nuevo- pero sobre difundiendo su propaganda electoral antes del inicio formal de las campañas, lo que le permite llegar al electorado sin enfrentar casi competencia y ampliando así su capacidad de impacto en la ciudadanía. Digo casi porque el PRI con la entrega de televisiones con el lema de Peña Nieto, Mover a México, también se adelantó a los tiempos electorales, aunque eso sí, sin pagar multas.

Además de recibir la ayuda de los representantes partidistas afines al partido tricolor ante el INE para salirse con la suya, el PVEM cuenta también con el apoyo del duopolio televisivo, el cual se ha convertido en cómplice del fraude electoral (¡Qué novedad!), al albergar en sus medios de comunicación, sobre todo en revistas y periódicos, la propaganda ilegal cobrando tarifas preferenciales y haciendo caso omiso de las débiles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero al final, es éste último el que con su relativa indiferencia, cobrando multas que no hacen mella en el ‘espíritu democrático’ del verde pero sobre todo negándose a aceptar que el proceso electoral ha sido alterado por la propaganda adelantada, es el responsable principal. En sentido estricto, el INE debería proceder a retirar el registro del PVEM ante la violación reiterada de las leyes electorales y, por si fuera poco, al desafío público, sin ambages, que los representantes de dicho partido han dirigido al sistema electoral, mofándose de las multas aunque sin dejar de apelar ante los tribunales electorales para bajar el monto.

¿Quién o quiénes serán víctimas de la  externalización del costo político producto de la impunidad y la violación sistemática de la ley por parte del PVEM? En primer lugar en el INE, que le llueve sobre mojado pues al reto que representa, en términos de legitimidad, la sobrecarga de atribuciones producto de la reciente reforma político-electoral, habrá que sumarle su incapacidad o falta de voluntad política para hacerse respetar por los partidos políticos (¡Otra novedad!). El ciudadano promedio podría pensar que, ante el desafío del PVEM a la ley, la culpa no sería del partido sino de la autoridad competente,  la cual no parece percatarse del daño que dicha estrategia impone al ya de por si desprestigiado proceso electoral y a las instituciones que lo regulan. A lo anterior habrá que sumar la profundización del desencanto de los habitantes de este país por la democracia liberal, tan alabada hace menos de dos décadas. Y éste último no es un costo menor. Es por eso, y por otras razones tal vez de mayor peso, que hoy la discusión no es por cual partido votar sino si vale la pena votar. Pero de eso nos encargaremos en la siguiente entrega.

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